La ONU publicó un informe sobre el impacto socieconómico y ambiental que está provocando la epidemia de coronavirus en Argentina. Las mediciones de pobreza y la estimaciones sobre el mercado de trabajo. La necesidad de una respuesta urgente para los barrios populares. La violencia machista que no cesa. La destrucción humana de ecosistemas como base fértil para la propagación de nuevas enfermedades. Y por qué la respuesta exige un cambio de paradigma desde la política social. Los principales puntos y el informe completo para su descarga, en esta nota.

“La epidemia causada por el virus COVID-19 tendrá en la Argentina un impacto multidimensional. Afectará al total de la ciudadanía, a los distintos sectores de la economía y actores de la vida del país, al ambiente y los recursos naturales. El impacto no será homogéneo; dependerá tanto del estado previo a la pandemia y de la propia capacidad y resiliencia de cada uno de los involucrados, como del apoyo que se les brinde desde el mismo Estado, de las políticas que se implementen, y del compromiso solidario de los más diversos partícipes del desarrollo sostenible del país”.

Así comienza el informe de las Naciones Unidas titulado Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental, elaborado sobre la base de las agencias, los fondos y los programas de la ONU en el país, acompañado por el Banco Mundial, que subraya el “impacto transversal, socioeconómico y ambiental” de la crisis, con sus efectos en los derechos humanos de lxs ciudadanxs, “que obliga a recalcular cualquier plan de desarrollo sostenible, revaluar prioridades y reasignar recursos”.

De esa forma, el informe se pregunta por la “dimensión temporal” del impacto, ya que apunta que el temor es que esta etapa coyuntural se convierta en estructural, donde los nuevos pobres de esta crisis se conviertan en los nuevos pobres del país. Si bien destaca que Argentina riene un “potencial inmnenso” de recuperación (entre recursos naturales y humanos), subraya como síntoma el hecho de que el país tenga capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas asistir de forma alimentaria a 11 millones.

Y expresa: “La crisis de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad y la discriminación hacia los y las menos protegidos/as de la sociedad, destacando profundas desigualdades económicas y sociales que requieren atención urgente como parte de la respuesta y recuperación, en especial las mujeres y hombres, niños, niñas, jóvenes y personas mayores, pueblos indígenas, personas refugiadas y migrantes”.

El informe ubica que el estallido de la pandemia encuentra un país ya afectado por una crisis alimentaria, sociosanitaria y productiva, que se combinan por la “contricción fiscal” para demandas básicas y la “compleja” negociación por la deuda externa.

Así, el informe separa el análisis en cinco grandes segmentos:

1. Estado de situación de la pandemia en Argentina.
2. Efectos económicos y sociales
3. Derechos Humanos
4. Perspectiva ambiental
5. Guías para la acción

Aquí repasamos alguno de sus principales puntos y compartimos el material completo.

Estado de situación: desde dónde partimos

El primer apartado comienza con el análisis geográfico de la cantidad de casos confirmados en el país. Destaca la creación de 12 hospitales modulares y la creación de la Unidad Coronavirus en el Estado, pero apunta: “El sistema de salud en Argentina presenta grandes desafíos, entre ellos, factores estructurales como la fragmentación del sistema, la dispar capacidad de los servicios de salud tanto en el nivel nacional como subnacional, y la gran cantidad de población adulta mayor, en especial en CABA (lo cual responde a la estructura poblacional). Además, presenta particularidades en el contexto de un sistema federal de gobierno, con diferencias sustantivas en el sistema sanitario de cada jurisdicción. Es importante destacar que adicionalmente se encuentran en curso dos brotes que ponen en tensión, junto con el COVID-19, al sistema de atención: dengue —con un récord de casos este año— y sarampión”.

En ese sentido, advierte sobre los grupos poblaciones que requieren adultos mayores, y quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, afecciones cardiovasculares o respiratorias. Apunta los efectos en la salud mental de las personas y el riesgo de discontinuar tratamientos por la reducción del acceso a la consulta de salud mental ambulatoria. Lo mismo advierte en personas con VIH y las personas trans, por su dificultad en acceder a insumos básicos de alimentación y productos de higiene, además de los “grandes problemas habitacionales” que padecen.

También contempla la dificultad para la población refugiada y migrante en el acceso al servicio de salud y el hacinamiento que enfrentan las personas privadas de su libertad.

En tanto, sobre los pueblos indígenas, alerta: “El acceso a los servicios de salud de estos pueblos en Argentina es limitado debido a la calidad de los servicios prestados y la estigmatización y discriminación que sufren. Todo ello genera más vulnerabilidad de estas poblaciones al coronavirus. La provincia del Chaco, que es la tercera provincia con más pacientes con coronavirus, tiene una amplia comunidad indígena y se han registrado contagios masivos en el barrio Qom de dicha provincia. Asimismo, en la provincia de Salta, aun existe una emergencia sociosanitaria que afecta a los/las niños/as indígenas, quienes deben ser hospitalizados o mueren debido a la desnutrición. La falta de acceso al agua limpia es otro desafío en esta área. Los esfuerzos para mitigar la pandemia deben prestar especial y diferenciada atención a estas poblaciones, fortaleciendo los mecanismos de llegada de las políticas públicas a los lugares en los que habitan, reforzando obras de saneamiento, entre otras, y asegurando la participación de los pueblos indigenas en las medidas que los/las afecten”.

Pobreza, trabajo y asistencia

El informe puntualiza que la crisis presenta un triple shock económico: uno de oferta (por las medidas de aislamiento social), uno de demanda (por los menores ingresos por la paralización de la actividad económica) y otro financiero (por los problemas de liquidez que enfrentan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas). El cuadro se completa con el impacto extero de la crisis global.

• “Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la combinación de estos factores excepcionales llevará a que la economía argentina caiga un 8,2% en 2020 si la pandemia se controla, y hasta un 10% en caso de que se registre un segundo brote de coronavirus en el país”.
• “En el segundo semestre de 2019, la pobreza afectaba al 53% de los/las niños/as, y podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020”.
• “Por su parte, la pobreza extrema podría llegar al 16,3% hacia el final de 2020. En términos de volúmenes de población, implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,76 millones; la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones. El análisis realizado muestra fuertes desigualdades. La incidencia de la pobreza aumenta significativamente cuando niñas, niños y adolescentes residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), son migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%)”.
• “De acuerdo con las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizadas en base a distintos escenarios de caída del PIB, se perderían entre 750.500 y 852.500 empleos en Argentina en 2020”.
• Según la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, “en los meses de marzo y abril de 2020, se registraron caídas de aproximadamente el 3% anual en el empleo privado registrado en empresas de más de 10 trabajadores. Esta es la mayor caída de los meses de marzo y abril desde el año 2002”.

En ese sentido, destaca la batería de medidas implementada por el Gobierno: prohibición de despidos, el Programa de Asistencia al Trabajo y Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aumento en fondos de obras de infraestructura, educación y turismo, créditos blandos. Si bien destaca que Argentina cuenta con la mayoría de sus instituciones laborales (legislación para protección del trabajo, negociación colectiva, mecanismos de protección social contributivos), estos están diseñados para cubrir fundamentalmente a la masa asalariada “formal”. Por el contrario, este tipo de shock “dejan en una situación de desprotección a un gran porcentaje de las personas trabajadoras del país”, sobre a todo al sector informal y cuentapropista.

En tanto, la Encuesta Rápida liderada por UNICEF confirmó la alta cobertura del sistema de protección social en Argentina: “El 35% del total de hogares ha recibido alguna transferencia de ingresos: es decir, 2,1 millones de hogares que representan 9,4 millones de personas. El 22% de los hogares encuestados afirmaron haber accedido al IFE, el 28% al bono extraordinario por la AUH, el 2% recibió el bono de jubilación y el 19% accedió a la tarjeta Alimentar u otros mecanismos de apoyo alimentario”.

Barrios Populares

Si bien Argentina es uno de los países más urbanizados de la región, contiene más de 4.400 barrios populares (villas y asentamientos informales), donde al menos 4,2 millones de personas (10% de la población total) viven sin acceso formal a los servicios básicos y con un alto índice de pobreza e indigencia. De acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP):

• el 88,7% de los mismos no cuenta con acceso formal al agua corriente;
• el 97,85% no tiene acceso formal a la red cloacal;
• el 63,8% no cuenta con acceso formal a la red eléctrica,
• y el 98,9% no accede a la red formal de gas natural.

Y apunta: “Resulta preocupante que el 40% y casi el 70% de la población es menor a 15 y 29 años, respectivamente. Por otra parte, casi el 70% de ellos tienen más de 20 años de antigüedad, lo que supone consecuencias intergeneracionales a largo plazo. Al mismo tiempo, de acuerdo a las estimaciones realizadas a partir de datos oficiales, la tasa de pobreza monetaria por impacto de la cuarentena en hogares de barrios populares donde residen niñas y niños superaría el 90%. Alrededor del 40% de los barrios y del 50% de sus habitantes se encuentran en la provincia de Buenos Aires, donde unas 345.000 familias viven en 1.450 poblamientos con alta vulnerabilidad social”.

Patriarcado y violencia

“La violencia contra las mujeres también constituye una situación preocupante que se agrava en contextos de aislamiento social como el actual”, detalla la ONU. Cita al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que comunicó que a partir del 20 de marzo, el promedio diario de llamados recibidos por la línea telefónica 144 superó en un 39% al de los días anteriores. “Asimismo, durante el período de aislamiento se han incrementado los femicidios: entre el 20 de marzo y el 16 de abril hubo 21 femicidios en el país. Por esta misma razón, el Gobierno sumó otros canales de comunicación, como mensajería instantánea (WhatsApp) y personal especializado, entre otras medidas”.

Sin embargo, a partir de un pedido de información pública al Ministerio, Lavaca contó que a la fecha el Ministerio ejecutó menos del 27% de su Presupuesto, y la mayoría fue para pagar remuneraciones y “gastos menores”, según  la respuesta al pedido de información pública que realizó esta agencia.

En tanto, el informe de la ONU advierte que cualquier encuesta teléfonica sobre el tema debe “tomarse con cautela” por los subreportes que puede generar: en muchos casos, el agresos convive en el mismo hogar y se encuentra presente al momento de realizar la encuesta. El desafío -alerta- es mayor en casos de violencia intrafamiliar. Aun así, los datos indicaron que en el 2,4% de los hogares (142.000 hogares) las mujeres reportaron sentirse agredidas o maltratadas verbalmente. Una proporción sensiblemente menor, del 0,13% (7.992 hogares), declara haber sufrido agresión física, en el 72% de los casos por parte de las parejas. En el 86% de los casos no se tomaron acciones.

También existen las “repercusiones secundarias”, como el hecho de que las mujeres continúan siendo las más afectadas por el trabajo de cuidados no remunerado: “En contextos normales, en Argentina las mujeres destinan en promedio 6,4 horas diarias a actividades domésticas y de cuidado, mientras que los varones declaran invertir 3,4 horas. El aislamiento obligatorio genera una sobrecarga de trabajo a las mujeres”.

En ese sentido, agrega: “El brote de COVID-19 afecta de modo diferente a las mujeres y a los hombres, y puede exacerbar las disparidades previamente existentes asociadas al género. Según la Encuesta Rápida de UNICEF, el 51% de las mujeres entrevistadas mayores de 18 años expresó que, durante el aislamiento social, ha sentido una mayor carga de las tareas del hogar respecto al período previo. Las causas de la sobrecarga son la limpieza de la casa (32%); la tarea de cuidados (28%); la preparación de la comida (20%) y la ayuda con las tareas escolares (22%)”.

Cultura

“A nivel macroeconómico, la cultura en Argentina genera un valor agregado de más de 200.000 millones de pesos, lo que supone alrededor del 2,5% del valor agregado del país”, expresa el informe. “A pesar de que todavía no existe información oficial y sistematizada sobre cómo afecta el coronavirus al sector cultural, se han elaborado una serie de medidas que anticipan este impacto negativo”.

Si bien descata la medidas económicas que se tomaron desde el Ministerio de Cultura -programas y subsidios, desde Puntos de Cultura hasta el Fondo Nacional de las Artes-, dimensiona el impacto: “Del mismo modo, salas de cine, teatro y otros espectáculos culturales de CABA cerraron sus puertas, medida que se fue repitiendo en las distintas provincias, especialmente desde que se decretó la cuarentena total en el nivel federal. Más allá del impacto social y emocional que todo esto conlleva, la clausura de museos, centros e instituciones culturales y la imposibilidad de realización de espectáculos con público empeorará la situación de precariedad y vulnerabilidad económica de artistas y creadores/as, en su mayoría monotributistas. Del mismo modo, pondrá en peligro el empleo y la supervivencia de pequeñas empresas dedicadas a las industrias cultural y creativa. En el sector, el empleo cultural alcanzó los 305.292 puestos de trabajo en 2018, lo que supone el 1,8% del total del trabajo privado del país”.

Ambiental

El informe no ahonda sobre las actividades extractivas que no cesaron en el país, pero sostiene: “En 2016, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) analizó los problemas emergentes globales desde la perspectiva ambiental. Este anticipó que las enfermedades provenientes de la zoonosis podían causar pandemias, con pérdidas económicas que podían llegar a los varios trillones de dólares. Dicho informe identificó, además, que el coronavirus asociado al síndrome respiratorio agudo severo (SARS) podría fácilmente causar una pandemia global, debido al tráfico ilegal de especies silvestres vivas. La actual pandemia viene a recordarnos el vínculo de la salud humana con la de la naturaleza, y la importancia de mantener el equilibrio de los ecosistemas para evitar situaciones de emergencia como la del presente. La conducta humana está llevando a una pérdida severa de la biodiversidad, cambiando la interacción animal-humano y distorsionando los procesos del ecosistema que regulan la salud planetaria y controlan muchos servicios de los que dependemos. En un país cuyo índice de urbanización asciende a casi el 95% de la población, es importante destacar que recientes estudios globales indican que los mayores índices de mortalidad por COVID-19 se dan en las ciudades con los peores índices de calidad del aire”.

Cambio de paradigma

La conclusión de la ONU es que la respuesta del Estado necesitará ser “multidimensional, amplia y coordinada”, para tener en cuenta a la diversidad de sectores y grupos poblacionales que componen la sociedad argentina: “Un cambio de paradigma para que las políticas integrales y sistémicas, como el caso de esta pandemia lo exige, no se implementen por ministerios o “carteras” de estructuras temáticas, sino que entiendan y en consecuencia actúen de forma transversal. Si bien la pandemia es una crisis sanitaria, su abordaje, como bien explica este informe, no depende solamente del Ministerio de Salud, sino que debe ser encarado por un comité multidisciplinario de expertos/as”.

Y cierra: “Todo lo que hagamos durante esta crisis y después de ella deberá centrarse en la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, y que sean más resistentes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros desafíos mundiales a los que nos enfrentamos. Lo que el mundo necesita ahora es solidaridad. Con solidaridad podemos derrotar al virus y construir un mundo mejor”.