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Alerta ONU: el informe de los impactos del Covid en Argentina sobre medioambiente, pobreza y violencia machista

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La ONU publicó un informe sobre el impacto socieconómico y ambiental que está provocando la epidemia de coronavirus en Argentina. Las mediciones de pobreza y la estimaciones sobre el mercado de trabajo. La necesidad de una respuesta urgente para los barrios populares. La violencia machista que no cesa. La destrucción humana de ecosistemas como base fértil para la propagación de nuevas enfermedades. Y por qué la respuesta exige un cambio de paradigma desde la política social. Los principales puntos y el informe completo para su descarga, en esta nota.

“La epidemia causada por el virus COVID-19 tendrá en la Argentina un impacto multidimensional. Afectará al total de la ciudadanía, a los distintos sectores de la economía y actores de la vida del país, al ambiente y los recursos naturales. El impacto no será homogéneo; dependerá tanto del estado previo a la pandemia y de la propia capacidad y resiliencia de cada uno de los involucrados, como del apoyo que se les brinde desde el mismo Estado, de las políticas que se implementen, y del compromiso solidario de los más diversos partícipes del desarrollo sostenible del país”.

Así comienza el informe de las Naciones Unidas titulado Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental, elaborado sobre la base de las agencias, los fondos y los programas de la ONU en el país, acompañado por el Banco Mundial, que subraya el “impacto transversal, socioeconómico y ambiental” de la crisis, con sus efectos en los derechos humanos de lxs ciudadanxs, “que obliga a recalcular cualquier plan de desarrollo sostenible, revaluar prioridades y reasignar recursos”.

De esa forma, el informe se pregunta por la “dimensión temporal” del impacto, ya que apunta que el temor es que esta etapa coyuntural se convierta en estructural, donde los nuevos pobres de esta crisis se conviertan en los nuevos pobres del país. Si bien destaca que Argentina riene un “potencial inmnenso” de recuperación (entre recursos naturales y humanos), subraya como síntoma el hecho de que el país tenga capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas asistir de forma alimentaria a 11 millones.

Y expresa: “La crisis de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad y la discriminación hacia los y las menos protegidos/as de la sociedad, destacando profundas desigualdades económicas y sociales que requieren atención urgente como parte de la respuesta y recuperación, en especial las mujeres y hombres, niños, niñas, jóvenes y personas mayores, pueblos indígenas, personas refugiadas y migrantes”.

El informe ubica que el estallido de la pandemia encuentra un país ya afectado por una crisis alimentaria, sociosanitaria y productiva, que se combinan por la “contricción fiscal” para demandas básicas y la “compleja” negociación por la deuda externa.

Así, el informe separa el análisis en cinco grandes segmentos:

  1. Estado de situación de la pandemia en Argentina.
  2. Efectos económicos y sociales
  3. Derechos Humanos
  4. Perspectiva ambiental
  5. Guías para la acción

Aquí repasamos alguno de sus principales puntos y compartimos el material completo.

Estado de situación: desde dónde partimos

El primer apartado comienza con el análisis geográfico de la cantidad de casos confirmados en el país. Destaca la creación de 12 hospitales modulares y la creación de la Unidad Coronavirus en el Estado, pero apunta: “El sistema de salud en Argentina presenta grandes desafíos, entre ellos, factores estructurales como la fragmentación del sistema, la dispar capacidad de los servicios de salud tanto en el nivel nacional como subnacional, y la gran cantidad de población adulta mayor, en especial en CABA (lo cual responde a la estructura poblacional). Además, presenta particularidades en el contexto de un sistema federal de gobierno, con diferencias sustantivas en el sistema sanitario de cada jurisdicción. Es importante destacar que adicionalmente se encuentran en curso dos brotes que ponen en tensión, junto con el COVID-19, al sistema de atención: dengue —con un récord de casos este año— y sarampión”.

En ese sentido, advierte sobre los grupos poblaciones que requieren adultos mayores, y quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, afecciones cardiovasculares o respiratorias. Apunta los efectos en la salud mental de las personas y el riesgo de discontinuar tratamientos por la reducción del acceso a la consulta de salud mental ambulatoria. Lo mismo advierte en personas con VIH y las personas trans, por su dificultad en acceder a insumos básicos de alimentación y productos de higiene, además de los “grandes problemas habitacionales” que padecen.

También contempla la dificultad para la población refugiada y migrante en el acceso al servicio de salud y el hacinamiento que enfrentan las personas privadas de su libertad.

En tanto, sobre los pueblos indígenas, alerta: “El acceso a los servicios de salud de estos pueblos en Argentina es limitado debido a la calidad de los servicios prestados y la estigmatización y discriminación que sufren. Todo ello genera más vulnerabilidad de estas poblaciones al coronavirus. La provincia del Chaco, que es la tercera provincia con más pacientes con coronavirus, tiene una amplia comunidad indígena y se han registrado contagios masivos en el barrio Qom de dicha provincia. Asimismo, en la provincia de Salta, aun existe una emergencia sociosanitaria que afecta a los/las niños/as indígenas, quienes deben ser hospitalizados o mueren debido a la desnutrición. La falta de acceso al agua limpia es otro desafío en esta área. Los esfuerzos para mitigar la pandemia deben prestar especial y diferenciada atención a estas poblaciones, fortaleciendo los mecanismos de llegada de las políticas públicas a los lugares en los que habitan, reforzando obras de saneamiento, entre otras, y asegurando la participación de los pueblos indigenas en las medidas que los/las afecten”.

Alerta ONU: el informe de los impactos del Covid en Argentina sobre medioambiente, pobreza y violencia machista
Fuente: Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental – ONU

Pobreza, trabajo y asistencia

El informe puntualiza que la crisis presenta un triple shock económico: uno de oferta (por las medidas de aislamiento social), uno de demanda (por los menores ingresos por la paralización de la actividad económica) y otro financiero (por los problemas de liquidez que enfrentan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas). El cuadro se completa con el impacto extero de la crisis global.

  • “Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la combinación de estos factores excepcionales llevará a que la economía argentina caiga un 8,2% en 2020 si la pandemia se controla, y hasta un 10% en caso de que se registre un segundo brote de coronavirus en el país”.
  • “En el segundo semestre de 2019, la pobreza afectaba al 53% de los/las niños/as, y podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020”.
  • “Por su parte, la pobreza extrema podría llegar al 16,3% hacia el final de 2020. En términos de volúmenes de población, implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,76 millones; la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones. El análisis realizado muestra fuertes desigualdades. La incidencia de la pobreza aumenta significativamente cuando niñas, niños y adolescentes residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), son migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%)”.
  • “De acuerdo con las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizadas en base a distintos escenarios de caída del PIB, se perderían entre 750.500 y 852.500 empleos en Argentina en 2020”.
  • Según la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, “en los meses de marzo y abril de 2020, se registraron caídas de aproximadamente el 3% anual en el empleo privado registrado en empresas de más de 10 trabajadores. Esta es la mayor caída de los meses de marzo y abril desde el año 2002”.

En ese sentido, destaca la batería de medidas implementada por el Gobierno: prohibición de despidos, el Programa de Asistencia al Trabajo y Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aumento en fondos de obras de infraestructura, educación y turismo, créditos blandos. Si bien destaca que Argentina cuenta con la mayoría de sus instituciones laborales (legislación para protección del trabajo, negociación colectiva, mecanismos de protección social contributivos), estos están diseñados para cubrir fundamentalmente a la masa asalariada “formal”. Por el contrario, este tipo de shock “dejan en una situación de desprotección a un gran porcentaje de las personas trabajadoras del país”, sobre a todo al sector informal y cuentapropista.

En tanto, la Encuesta Rápida liderada por UNICEF confirmó la alta cobertura del sistema de protección social en Argentina: “El 35% del total de hogares ha recibido alguna transferencia de ingresos: es decir, 2,1 millones de hogares que representan 9,4 millones de personas. El 22% de los hogares encuestados afirmaron haber accedido al IFE, el 28% al bono extraordinario por la AUH, el 2% recibió el bono de jubilación y el 19% accedió a la tarjeta Alimentar u otros mecanismos de apoyo alimentario”.

Alerta ONU: el informe de los impactos del Covid en Argentina sobre medioambiente, pobreza y violencia machista
Fuente: Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental – ONU

Barrios Populares

Si bien Argentina es uno de los países más urbanizados de la región, contiene más de 4.400 barrios populares (villas y asentamientos informales), donde al menos 4,2 millones de personas (10% de la población total) viven sin acceso formal a los servicios básicos y con un alto índice de pobreza e indigencia. De acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP):

  • el 88,7% de los mismos no cuenta con acceso formal al agua corriente;
  • el 97,85% no tiene acceso formal a la red cloacal;
  • el 63,8% no cuenta con acceso formal a la red eléctrica,
  • y el 98,9% no accede a la red formal de gas natural.

Y apunta: “Resulta preocupante que el 40% y casi el 70% de la población es menor a 15 y 29 años, respectivamente. Por otra parte, casi el 70% de ellos tienen más de 20 años de antigüedad, lo que supone consecuencias intergeneracionales a largo plazo. Al mismo tiempo, de acuerdo a las estimaciones realizadas a partir de datos oficiales, la tasa de pobreza monetaria por impacto de la cuarentena en hogares de barrios populares donde residen niñas y niños superaría el 90%. Alrededor del 40% de los barrios y del 50% de sus habitantes se encuentran en la provincia de Buenos Aires, donde unas 345.000 familias viven en 1.450 poblamientos con alta vulnerabilidad social”.

Patriarcado y violencia

“La violencia contra las mujeres también constituye una situación preocupante que se agrava en contextos de aislamiento social como el actual”, detalla la ONU. Cita al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que comunicó que a partir del 20 de marzo, el promedio diario de llamados recibidos por la línea telefónica 144 superó en un 39% al de los días anteriores. “Asimismo, durante el período de aislamiento se han incrementado los femicidios: entre el 20 de marzo y el 16 de abril hubo 21 femicidios en el país. Por esta misma razón, el Gobierno sumó otros canales de comunicación, como mensajería instantánea (WhatsApp) y personal especializado, entre otras medidas”.

Sin embargo, a partir de un pedido de información pública al Ministerio, Lavaca contó que a la fecha el Ministerio ejecutó menos del 27% de su Presupuesto, y la mayoría fue para pagar remuneraciones y “gastos menores”, según  la respuesta al pedido de información pública que realizó esta agencia.

En tanto, el informe de la ONU advierte que cualquier encuesta teléfonica sobre el tema debe “tomarse con cautela” por los subreportes que puede generar: en muchos casos, el agresos convive en el mismo hogar y se encuentra presente al momento de realizar la encuesta. El desafío -alerta- es mayor en casos de violencia intrafamiliar. Aun así, los datos indicaron que en el 2,4% de los hogares (142.000 hogares) las mujeres reportaron sentirse agredidas o maltratadas verbalmente. Una proporción sensiblemente menor, del 0,13% (7.992 hogares), declara haber sufrido agresión física, en el 72% de los casos por parte de las parejas. En el 86% de los casos no se tomaron acciones.

También existen las “repercusiones secundarias”, como el hecho de que las mujeres continúan siendo las más afectadas por el trabajo de cuidados no remunerado: “En contextos normales, en Argentina las mujeres destinan en promedio 6,4 horas diarias a actividades domésticas y de cuidado, mientras que los varones declaran invertir 3,4 horas. El aislamiento obligatorio genera una sobrecarga de trabajo a las mujeres”.

Alerta ONU: el informe de los impactos del Covid en Argentina sobre medioambiente, pobreza y violencia machista
Fuente: Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental – ONU

En ese sentido, agrega: “El brote de COVID-19 afecta de modo diferente a las mujeres y a los hombres, y puede exacerbar las disparidades previamente existentes asociadas al género. Según la Encuesta Rápida de UNICEF, el 51% de las mujeres entrevistadas mayores de 18 años expresó que, durante el aislamiento social, ha sentido una mayor carga de las tareas del hogar respecto al período previo. Las causas de la sobrecarga son la limpieza de la casa (32%); la tarea de cuidados (28%); la preparación de la comida (20%) y la ayuda con las tareas escolares (22%)”.

Alerta ONU: el informe de los impactos del Covid en Argentina sobre medioambiente, pobreza y violencia machista
Fuente: Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental – ONU

Cultura

“A nivel macroeconómico, la cultura en Argentina genera un valor agregado de más de 200.000 millones de pesos, lo que supone alrededor del 2,5% del valor agregado del país”, expresa el informe. “A pesar de que todavía no existe información oficial y sistematizada sobre cómo afecta el coronavirus al sector cultural, se han elaborado una serie de medidas que anticipan este impacto negativo”.

Si bien descata la medidas económicas que se tomaron desde el Ministerio de Cultura -programas y subsidios, desde Puntos de Cultura hasta el Fondo Nacional de las Artes-, dimensiona el impacto: “Del mismo modo, salas de cine, teatro y otros espectáculos culturales de CABA cerraron sus puertas, medida que se fue repitiendo en las distintas provincias, especialmente desde que se decretó la cuarentena total en el nivel federal. Más allá del impacto social y emocional que todo esto conlleva, la clausura de museos, centros e instituciones culturales y la imposibilidad de realización de espectáculos con público empeorará la situación de precariedad y vulnerabilidad económica de artistas y creadores/as, en su mayoría monotributistas. Del mismo modo, pondrá en peligro el empleo y la supervivencia de pequeñas empresas dedicadas a las industrias cultural y creativa. En el sector, el empleo cultural alcanzó los 305.292 puestos de trabajo en 2018, lo que supone el 1,8% del total del trabajo privado del país”.

Ambiental

El informe no ahonda sobre las actividades extractivas que no cesaron en el país, pero sostiene: “En 2016, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) analizó los problemas emergentes globales desde la perspectiva ambiental. Este anticipó que las enfermedades provenientes de la zoonosis podían causar pandemias, con pérdidas económicas que podían llegar a los varios trillones de dólares. Dicho informe identificó, además, que el coronavirus asociado al síndrome respiratorio agudo severo (SARS) podría fácilmente causar una pandemia global, debido al tráfico ilegal de especies silvestres vivas. La actual pandemia viene a recordarnos el vínculo de la salud humana con la de la naturaleza, y la importancia de mantener el equilibrio de los ecosistemas para evitar situaciones de emergencia como la del presente. La conducta humana está llevando a una pérdida severa de la biodiversidad, cambiando la interacción animal-humano y distorsionando los procesos del ecosistema que regulan la salud planetaria y controlan muchos servicios de los que dependemos. En un país cuyo índice de urbanización asciende a casi el 95% de la población, es importante destacar que recientes estudios globales indican que los mayores índices de mortalidad por COVID-19 se dan en las ciudades con los peores índices de calidad del aire”.

Cambio de paradigma

Alerta ONU: el informe de los impactos del Covid en Argentina sobre medioambiente, pobreza y violencia machista
Fuente: Covid 19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental – ONU

La conclusión de la ONU es que la respuesta del Estado necesitará ser “multidimensional, amplia y coordinada”, para tener en cuenta a la diversidad de sectores y grupos poblacionales que componen la sociedad argentina: “Un cambio de paradigma para que las políticas integrales y sistémicas, como el caso de esta pandemia lo exige, no se implementen por ministerios o “carteras” de estructuras temáticas, sino que entiendan y en consecuencia actúen de forma transversal. Si bien la pandemia es una crisis sanitaria, su abordaje, como bien explica este informe, no depende solamente del Ministerio de Salud, sino que debe ser encarado por un comité multidisciplinario de expertos/as”.

Y cierra: “Todo lo que hagamos durante esta crisis y después de ella deberá centrarse en la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, y que sean más resistentes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros desafíos mundiales a los que nos enfrentamos. Lo que el mundo necesita ahora es solidaridad. Con solidaridad podemos derrotar al virus y construir un mundo mejor”.

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La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

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Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.

Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Hay muchos jóvenes.

Muchos docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.

Hay una Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que llega y gente que se va.

Gente que estuvo todo el tiempo.

Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.

Está el movimiento disca, también siempre presente.

Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.

Hay carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.

Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.

Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

“Milei cumplí la ley”

Es la cuarta.

Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.

Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.

Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.

Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.

El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.

Algunos datos de contexto:

  • Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
  • El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
  • La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
  • Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas. 
  • Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.
La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Docentes Uber

Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.

Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”. 

Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.

Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”. 

Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”. 

Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.

Plata para la deuda

Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”. 

Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”. 

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario
Foto: Juan Valeiro

En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”. 

En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.

El contagio

Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.

La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.

Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos: 

  • “Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y 
  • “No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”. 

Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:

“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.

Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.

Y sonríe.

Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.

Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.

Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.

¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.

Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.

Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán 

  • junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
  • Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
  • De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
  • De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:

“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.

La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:

“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.

La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.

Que la cosa sigue.

En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.

Sigue cada miércoles en el Congreso.

Y todas las veces que hagan falta.

Porque hay muchos jóvenes.

Docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.

Hubo otra Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.

Hay más carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

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Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

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Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.

Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol

–El sueldo no alcanza ni para comer.

Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.

También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.

Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.

Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Salir a la calle

El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.

La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.

La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.

Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:

  • Docentes con sueldos indecentes.
  • Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
  • Basta de mentiras, amenazas y presión.
  • Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
  • Salud mental es llegar a fin de mes.
  • Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Migajas

Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.

–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.

–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.

Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–. 

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas

-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.

Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”. 

 ¿Cómo sigue el curso de esta historia?

Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

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