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Antisionismo no es antisemitismo

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(por Ezequiel Adamovsky, historiador e investigador de CONICET)

israelEn estos días, una acción de una agrupación de izquierda en denuncia a los crímenes del Estado de Israel fue presentada en los medios como una “agresión antisemita” o “antisionista”, como si ambos términos fueran sinónimos. Fue evidente la intención de los diarios y canales de TV de presentar a la izquierda en general como “antisemita” y violenta, sin la menor preocupación por contrastar la dudosa información que se filtró inicialmente. No puede aceptarse esta igualación, que muchos defensores de Israel pretenden imponer para silenciar cualquier crítica. La izquierda tiene una larga tradición de rechazo al sionismo y, al mismo tiempo, de defensa de los judíos contra toda discriminación. Nadie como la tradición de izquierda defendió y acogió en su seno a los judíos. La historia aporta muchos ejemplos. Hacia fines de la década de 1920 el Partido Comunista en Argentina tenía una importante proporción de afiliados judíos, que en Capital superaban el 14% (ninguna otra fuerza política podía mostrar en esa época un porcentaje similar). Los comunistas controlaban por entonces varios sindicatos de gremios en los que la mayoría de trabajadores eran judíos, como los de sastres, parquetistas, gorreros y panaderos israelitas. Obreros judíos animaban una Sección Judía del PC, que editaba periódicos y revistas en idisch de amplia circulación. Crearon además numerosas escuelas de expresión idish y otras entidades de apoyo a los judíos de todo el mundo. En los actos y conferencias partidarias el dirigente Máximo Rosen solía dar sus discursos en esa lengua, un signo de amistad hacia los judíos que ninguna otra fuerza acostumbraba mostrar. Ellos, sin embargo, estaban convencidos de que el sionismo era una forma de nacionalismo agresivo emparentada con el fascismo y el imperialismo. Por eso, el apoyo a los puntos de vista del PC palestino y la lucha contra el sionismo fueron preocupaciones centrales de las organizaciones de los judíos comunistas argentinos en esos años, que en varias ocasiones se enfrentaron incluso físicamente con los que pertenecían a organizaciones sionistas, a los que veían como enemigos. En una publicación de 1929, por ejemplo, se refirieron a ellos con los términos más duros:

[L]os ‘fascistas sionistas’ se reagrupan llevando la ofensiva de brutales provocaciones a los camaradas comunistas, y escudados en el sentimiento nacionalista arraigado en la mentalidad de ciertas capas de obreros israelitas, continúan su labor de engaños y sofismas, de colectas por las cuales esquilman desde hace cuarenta años el bolsillo de los crédulos, y llevando a cabo la propaganda castradora y chauvinista al seno de las masas judías. (Véase H. Camarero: A la conquista de la clase obrera: los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina 1920-1935, Bs As, Siglo veintiuno, 2007, p. 311)

Si los judíos comunistas de entonces hubieran tenido la ocasión de ver la violencia que el Estado de Israel ejercería mucho después contra los palestinos, el racismo abierto que profesan algunos de los líderes israelíes hoy en el gobierno y su íntima alianza con las tropelías del imperialismo norteamericano en Medio Oriente, no caben dudas que habrían visto confirmados sus peores pronósticos.

La reciente difamación de la prensa no es un hecho puntual: forma parte de una verdadera campaña. En los últimos meses en varias ocasiones los representantes de las organizaciones más importantes de la comunidad judía han denunciado supuestos “brotes antisemitas” en Argentina. Que el antisemitismo existe y debe ser combatido, no cabe ninguna duda. Pero no ayuda a ello el uso político que de este tema realizan quienes apoyan las políticas israelíes. El mote de “antisemita” se viene usando con creciente intensidad con la sola finalidad de silenciar a aquellos que se atreven a criticar las injusticias que el estado de Israel viene cometiendo contra los palestinos. Es vergonzosa en este sentido la actitud del INADI de convalidar ese uso, confirmando la sospecha de “antisemitismo” que las organizaciones por-israelíes pretenden echar sobre todos los que no están de acuerdo con su línea política. La parcialidad de su titular, María José Lubertino, contrasta con la buena labor que viene realizando en otras áreas, y no es casual. En enero de este año tuvo el atrevimiento de acusar a Israel de “violar el derecho internacional” con su invasión a la Franja de Gaza, una afirmación de sentido común por la que, sin embargo, recibió durísimos ataques de los líderes de las entidades representativas de la colectividad judía y también del Jefe de Gabinete. Tras el incidente, que casi le cuesta su cargo, Lubertino parece haber aprendido la lección: no se puede ir en contra de la política del sionismo sin exponerse a serias consecuencias.

Son sin embargo cada vez más los judíos que comprenden que el legado cultural milenario de un pueblo no puede atarse a los intereses de un estado militarista. Prominentes intelectuales como Naomi Klein vienen denunciando un nuevo “apartheid” contra los palestinos y llamando a un boicot contra Israel. Incluso rabinos y soldados israelíes han hecho pública su oposición. Pero además se han hecho oír voces de hartazgo frente a la manipulación de la denuncia “antisemita” y de la memoria del Holocausto. Sir Gerald Kaufman, miembro del Parlamento británico, se quejó públicamente de que el gobierno israelí “explota cínicamente el sentimiento de culpa que hay entre los cristianos por la masacre de judíos durante el Holocausto”, con el sólo fin de “justificar el asesinato de palestinos”. Su voz se suma a la de otros, como la del filósofo Michael Neumann, que viene protestando por lo mismo desde hace años. Para Neumann resulta un “escándalo” la atención que recibe el problema del antisemitismo en relación con otras formas de racismo de igual o mayor importancia. Más aún, opina que, teniendo en cuenta que quienes defienden la causa israelí sistemáticamente la relacionan con la identidad judía, no es sino comprensible que haya reacciones antijudías como parte del rechazo de la política del sionismo. Tanto Kaufman como Neumann son descendientes de víctimas del nazismo. En Argentina son varios los que alzaron su voz contra el uso político de la memoria de los sufrimientos del pueblo judío. Entre otros, lo hizo Laura Ginsberg, familiar de una víctima del atentado a la AMIA. Más recientemente lo han hecho Néstor Kohan y el grupo “No en Nuestro Nombre”.

Es preciso reconocer que la forma más preocupante y extendida de discriminación a nivel global no es hoy la que afecta a los judíos. Los árabes y musulmanes vienen siendo objeto de ataques de odio racial en numerosos países. Los prejuicios antimusulmanes son moneda corriente en la cultura de masas (basta ver la cantidad de films en los que se los relaciona con la irracionalidad y el terrorismo). El racismo antiárabe está arraigado en la propia sociedad israelí. Como informó la BBC en 2007, encuestas llevadas a cabo entre jóvenes de ese país mostraron que un 75% opinaba que los árabes eran menos inteligentes y más “sucios” que otros pueblos. Indudablemente, la tolerancia que la opinión pública internacional viene mostrando frente a las sistemáticas violaciones de derechos humanos que afectan a musulmanes se explica en buena medida por esos prejuicios. En el mundo de Guantánamo y Abu Ghraib, de las cárceles clandestinas de la CIA en Europa y del fósforo blanco cayendo sobre niños en Palestina, combatir el racismo antiárabe debería aparecer como la prioridad principal para cualquier persona justa. No debe llamar la atención que la tradición de izquierda denuncie hoy el sionismo, como lo ha hecho siempre. Y tampoco puede nadie asombrarse de que hoy defienda a los árabes y musulmanes de las discriminaciones y agresiones que reciben, tal como lo hizo en el pasado cuando los judíos eran las principales víctimas de ese tipo de ataques. El odio contra árabes y musulmanes es el nuevo antisemitismo.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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