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Capaña Internacional; la INjusticia argentina

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Este documento será entregado por Alerta Argentina a las autoridades nacionales.

LA INJUSTICIA EN LA ARGENTINA

Los abajo firmantes venimos a denunciar la situación de inseguridad e indefensión jurídica que se vive en la Argentina, a partir de hechos públicos y evidentes que apuntan a una mutilación del pleno ejercicio de la democracia: en este momento hay 32 mujeres y hombres presos por defender sus derechos.

Se ha cruzado un umbral a partir del cual las autoridades burlan garantías jurídicas de l@s ciudadan@s, ignoran derechos constitucionales, para disciplinar y amenazar con la cárcel a una sociedad que sigue sumergida en su más profunda crisis histórica.

Esta justicia no tiene vendas sobre los ojos, ni balanzas.

Es un instrumento eficaz y coherente, que:

Encarcela a quienes hacen uso de su derecho a manifestar libremente, utilizando policía disfrazada de civil o provocadores pertenecientes a los servicios de inteligencia estatales.
Acusa a los manifestantes sin más prueba que el testimonio de los propios agentes policiales encargados de su detención.
Fuerza figuras jurídicas para adjudicarle a las detenidas y detenidos delitos no excarcelables.
Obliga a las personas así castigadas sufren otra condena cotidiana, al permanecer encarceladas en condiciones deplorables.
Utiliza el poder estatal para perseguir a referentes de los grupos que reclaman, con el evidente propósito de descabezar esos conflictos, y no de solucionarlos.
Busca dificultar y entorpecer la tarea de los abogados, a quienes los jueces engañan y eluden para generar situaciones de hecho que dificultan todo ejercicio razonable de la defensa.
Amenaza con el desalojo a trabajadores que han recuperado fábricas y empresas que fueron vaciadas por empresarios fraudulentos, que casi siempre quedan sin castigo.
Al mismo tiempo, y con la misma lógica, los mismos jueces que encarcelan a quienes reclaman sus derechos dejan impunes los más horrendos delitos cometidos en la reciente historia democrática, como en el caso del juez Galeano, quien dirigió la investigación del atentado a la AMIA y hoy está acusado de destruir pruebas, sobornar testigos y consagrar la impunidad.
La Justicia apañó los crímenes de la dictadura en los ‘70; la construcción de la impunidad en los ‘80 y el crimen económico de los ‘90. Ahora intenta, a través de diferentes fallos, limitar las garantías ciudadanas protegidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Consideramos que la responsabilidad no es sólo de aquellos funcionarios judiciales que deshonran sus cargos, sino también del gobierno de Néstor Kirchner, que fomenta esta falsa “legalidad” para encubrir una política de represión judicial frente al creciente descontento social y las manifestaciones de demanda de cumplimiento de los derechos sociales postergados.

A estos jueces y a estos funcionarios venimos a denunciar públicamente

Y a exigirles:

Que reconozcan el estatus de presas y presos políticos a todos aquellos que fueron privados de su libertad en manifestaciones públicas de reclamo social
Que cese el forzamiento de la interpretación de los hechos que hacen los jueces en sus fallos para encuadrarlos en conductas o tipos penales a todas luces inexistentes y que están sentando precedentes jurídicos inaceptables, con el fin de procesar y encarcelar a quienes participan en manifestaciones públicas.
Que cese la persecución de las organizaciones sociales y sus referentes, ordenada a los Servicios de Inteligencia.
Que cese la participación de personal policial en manifestaciones públicas sin uniforme ni identificación.
Que se investigue las denuncias sobre torturas, abusos y malos tratos infrigidos por el personal policial a las detenidas y detenidos durante las manifestaciones públicas.
Libertad a todas las presas y presos por defender sus derechos


ALERTA ARGENTINA

www.alerta-salta.org.ar

octubre 2004



INFORMES DE CASOS TESTIGO DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL:

1) L@s detenid@s frente a la Legislatura porteñaEl contexto: La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, el 7 de Julio, un Código Contravencional que constituye un claro retorno a los edictos policiales de la dictadura. Los edictos más habituales son los que caracterizan como “contravención” la mendicidad, la vagancia, el merodeo, el desorden público, el escándalo, el cambio de ropa respecto del género, la ebriedad y la prostitución; en abierta contradicción con la Constitución Nacional que prohibe, por discriminatoria, toda figura que tipifique delitos de autor: esto es portación de cara, color, condición social, apariencia física. La Constitución, además, no da a las provincias ni a las ciudades la posibilidad de definir figuras penales identificadas como “pequeños delitos” ya que implican conductas no consideradas delictivas en nuestro Código Penal.

¿Qué implica el nuevo código ya aprobado por esta Legislatura?

Darle más poder a la policía permitiéndole actuar de oficio como denunciante, testigo y autoridad pudiendo armar pruebas, causas y aplicar coimas y extersiones para su “caja chica”
2) Penaliza con multas impagables casi la totalidad de las contravenciones.

3) Criminaliza la protesta social, las manifestaciones y los escarches y todo tipo de petición ante las autoridades con multas de 200 a 1.000 pesos;

4) Penaliza la venta ambulante con multa, decomiso de la mercadería y hasta del dinero condenando a 20.000 trabajadores ambulantes de parques y plazas, 11.000 cartoneros y cantidad no determinada de artesanos, artistas callejeros, pide monedas, volanteros

5) Penaliza y persigue la oferta de sexo en la vía pública y condena a mujeres y travestis en estado de prostitución a zonas rojas controladas por el proxenetismo policial y mafioso. Con esto viola, además, el tratado internacional firmado en 1949 en que Argentina se compromete a abolir la prostitución y condenar su explotación, y, en consecuencia, se compromete a desarrollar políticas públicas de salud, trabajo y educación para personas en estado de prostitución.

Los hechos: El 16 de julio de 2004 se llevó a cabo una manifestación de protesta contra el nuevo Código convocada por la Coordinadora contra el Código Contravencional – que nuclea a organismos de derechos humanos, asentamientos populares, movimientos de gays, lesbianas, travestis, transexuales y transgéneros, vendedores ambulantes, piqueteros, estudiantes y partidos de izquierda- para denunciar esta criminalización de la pobreza. Al finalizar la manifestación, 23 participantes fueron detenidos por personal policial de civil y sin identificación. Estas personas fueron seguidas y trasladadas en vehículos no identificados fuera del lugar de la manifestación. Varios días después, fueron liberados ocho, quedando los restantes 15 imputados por la jueza Silvia Ramond por los delitos de daños, resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada y coacción agravada. Esta imputación fue confirmada por la Sala V de la Cámara del Crimen en un fallo basado, básicamente, en las declaraciones de los policías que participaron de las detenciones y forzando hechos para encuadrarlos en figuras penales no excarcelables.

Los detenidos: María del Carmen Infran Ferreira, Marcela Rosana Sanagua, Carlos Hernán Santamaría, Eduardo Héctor Suriano, Adolfo Rafael Sánchez, Javier Daniel Scaramella, Horacio Ariel Ojeda, Jorge Antonio Nieva, Eduardo Marcelo Ruiz, Héctor Eduardo Gómez, Jesús Aníbal Fortuny Calderón, Margarita Meira, Pablo Martín Amitrano, Francisco Lino Barbi y César Herminio Gerez.


Marcela Rosana Sanagua se encuentra cumpliendo su detención en el penal de Ezeiza, junto a su beba de 18 meses. Al igual que María del Carmen Infran Ferreira, pertenece a la ONG Ammar Capital, que trabaja con mujeres en estado de prostitución y que ha denunciado judicialmente a personal policial por delitos de corrupción. En su mayoría, el resto de los detenidos pertenece a una agrupación de vendedores ambulantes que también presentó denuncias contra la policía. Tod@s los detenid@s están cunpliendo la reclusión en penales en pésimas condiciones.



2) Los detenidos en Caleta Olivia

El lugar. Caleta Olivia es una localidad de la Provincia de Santa Cruz que tiene 40 mil habitantes, de los cuales 110 están procesados por defender sus derechos en causas abiertas desde febrero hasta hoy.

Los reclamos. El 19 de agosto de 2004 unas 200 personas, en su mayoría mujeres, reclamaron “trabajo genuino” frente a la Municipalidad y, unos días después, se trasladaron a la playa de tanques del consorcio de empresas petoleras Terminales Marítimas Patagónicas (Termap)

La represión. Los manifestantes se habían trasladado ya a la playa de tanques, cuando notaron la presencia de una brigada especial antidisturbios de la Gendermería Nacional, llegada de General Acha, La Pampa, para reforzar a la policía local. La tensión se resolvió con la firma de un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz que prometió trabajo a los manifestantes –unos 500 puestos, con sueldos entre 500 y 700 pesos– y les aseguró que no iba a haber represalias. Sin embargo, en la noche el 3 al 4 de septiembre, cuando ya habían cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción nº 1 de Caleta Olivia: 21 órdenes de detención, de las cuales la policía concretó 15. Se llevó a las personas de sus casas, a los golpes y sin explicar los motivos.

Los presos. Son seis: Elsa Orozco, Selva Sánchez, Marcela Sandra Constancio, Mauricio Perancho, Federico Mansilla, y Hugo Iglesias. Tres hombres y tres mujeres a las que se los acusa de ser los cerebros intelectuales y organizadores de los delitos. Como en Caleta Olivia no hay establecimientos de detención para mujeres, las tres manifestantes están presas en comisarías ordinarias, junto a otros hombres. Una tiene siete hijos y uno de esos niños es discapacitado; otra tiene un bebé al que no puede amamantar y la tercera, dos hijos que han quedado al cuidado de sus vecinos porque no tienen familia. “En la comisaría primera de Caleta somos tres en un cuarto de dos por dos. En una semana de detención solo hemos recibido un balde de agua cada uno para bañarnos”, escribió en una carta pública Iglesias, quien al momento de ser detenido participaba de un curso de capacitación para ingresar a la industria petrolera: había conseguido un puesto de trabajo en una manifestación anterior.

Las acusaciones. “Usurpación con impedimento de funciones públicas”, “privación ilegítima de la libertad y daños”, “usurpación” y “entorpecimiento de la actividad económica”. Esta última es una figura especial del Código Penal y el juez de Caleta es quien la aplicada por primera vez: el artículo 174, inciso 6 fue uno de los pocos puntos sobrevivientes de la Ley de Subversión Económica –derogada por exigencia del FMI-, originalmente pensada para evitar el vaciamiento y el lock out de grandes empresas.

Las pruebas. No hay testigos que individualicen a las personas detenidas entre los participantes de las tomas. De hecho, Mansilla e Iglesias solo se habían acercado al lugar para solidarizarse.Las pruebas en las que se basa el tribunal son los informes y seguimientos fotográficos (que no son fotos in situ, sino escaneadas de otras fuentes) realizados por una unidad especial de inteligencia de la zona, que actúa de civil.


La justicia. Si próximamente no se resuelve la liberación, pueden llegar a estar varios años presos, hasta que las causas lleguen a juicio oral. El trámite no parece que vaya a ser rápido. El juez Bailaque muy proximamente va a dar examen en el Consejo de Magistratura para ser ascendido a la Cámara Penal de Caleta Olivia. Si esto se confirma, cuando estos casos lleguen a esta instancia, deberá excusarse y esto prolongaría por bastante tiempo la definición de esta instancia de apelación. De ser condenados, las seis detenidas y detenidos podrían pasar hasta 16 años en la cárcel.

Los procesados. Además de las personas presas, este reclamo de puesto de trabajo dejó más de 60 procesados, acusados de ser partícipes necesarios. En esta situación están personas que se acercaron a solidarizarse o familiares y vecinos que llevaron agua y pan a l@s manifestantes.



3) L@s detenid@s en Plaza de Mayo

Los hechos: El martes 31 de agosto, 102 personas fueron detenidas en Plaza de Mayo y alrededores durante una movilización convocada por varias organizaciones para reclamar la libertad de Raúl Castells, líder del MIJ, acusado de extorsión por la ocupación de un casino en la provincia del Chaco y repudiar la presencia del enviado del FMI, Rodrigo Rato, en el Ministerio de Economía. Para la Cordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la arbitrariedad de las detenciones quedó demostrada cuando sin siquiera citarlos para declarar, el juez federal Juan José Galeano ordenó la libertad sin restricciones de 94 mujeres y hombres, reteniendo en cambio a ocho: siete varones y una mujer, pertenecientes a las organizaciones Quebracho, al MTR-CUBa y a la FTC Mesa Nacional.

Las imputaciones: Los ocho detenidos fueron imputados por un mismo hecho general, que el juez Galeano considera constitutivo del delito conocido como “prepotencia ideológica”, descripto en el art. 213 bis del Código Penal como “el que comete el que organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Tiene una pena de 3 a 8 años de prisión. Además, en diversas combinaciones, se les imputaron los delitos de intimidación pública calificada (3 a 10 años); daño calificado (3 meses a 4 años) y coacción contra funcionario público agravada (6 meses a 2 años).

La imputación más absurda es la sufrida por la única mujer, Analía Mónica Cerezo, a quien finalmente le concedió la libertad, a la que no pudo endilgarle ningún otro delito más que el del art. 213 bis. El juez Galeano considera probado que era parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas por la fuerza porque en la mochila tenía un elemento cortante (un “cutter” escolar), un handy, revistas y panfletos. Más absurdas aún son algunas de las razones por las que el juez justifica mantenerlos detenidos: dice que muchos se cubrían el rostro con pañuelos, lo que “prueba la intención de eludir la justicia…”

Los detenidos: Los ocho manifestantes que continúan detenidos son: Héctor Reynoso, Pablo Marcelo Sánchez, Rodolfo Casanore, Ezequiel Johnatan Díaz, Roberto Bence, Rafael Barrios y Roberto García.
Por otra parte, el juez Galeno ordenó la captura del dirigentes de Quebracho Fernando Esteche y de Gustavo Franquet por una causa de la que ni el propio juez de Lomas Ferreyra Pella recuerda los detalles, como declaró al diario Clarín.



4) La detención de dos integrantes del MIJD


Los hechos: En julio de 2003, los integrantes del MIJD realizaron una movilización en la ‘Rotonda de Pasco’ reclamando la entrega de alimentos a la Municipalidad de Quilmes. El frigorífico Penta, cercano a ese lugar, durante el transcurso de la jornada, colaboró con unos pocos alimentos a la olla popular: cinco kilos de mondongo y tres kilos de carne con hueso.
Un año después de aquellos hechos, cuando la causa se encontraba archivada, es reabierta por el fiscal general Dragui porque la empresa, a través de un contador, denuncia que en aquella oportunidad se sintió ‘amedrentado’.
Los detenidos: Son Susana Acosta y Julio Tejerina, imputados de ‘extorsión’, a partir de una denuncia realizada por el Frigorífico PENTA.



5) La persecución al Movimiento Teresa Rodriguez (MTR)

Lo hechos: El día 13 de mayo de 2004, la organización de trabajadores desocupados Movimiento Teresa Rodriguez (MTD)decidió realizar un escrache a la empresa Repsol para reclamar “contra el aumento unilateral de las tarifas y la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos”. Durante la protesta, se arrojaron bombas de alquitrán en la puerta de la empresa.

Las autoridades de Repsol YPF presentaron cargos contra los manifestantes por el delito de daño. Hubo dos detenidos. La policía los detuvo en la estación Bolívar del subterráneo, cuando ya hacía varias horas que había finalizado la protesta.

La causa: La causa judicial nro. 7319/2004 que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9 a cargo del dr. Juan José Galeano (el mismo que instruyó la causa AMIA) resulta una manifiesta investigación política-ideológica .Así el Fiscal a cargo de la investigación, dr. Carlos Stornelli, ha solicitado al Juzgado se requieran diversas medidas de instrucción que nada tienen que ver con los hechos, sino que por el contrario marcan un claro tinte de persecución política. Un ejemplo: a fs. 92 “se practique por intermedio de la División Delitos Federales de la PFA tareas de inteligencia tendientes a determinar a.- La identidad de las personas que conformaron la movilización llevada a cabo el día de los hechos, pertenecientes en algún carácter al Movimiento Teresa Rodríguez, con indicación de aquellos grupos de referencia participantes y sus cabecillas, organizadores o integrantes. Deberá recabarse información sobre los grupos participantes y los pormenores de la investigación b.- Por otra parte se recabe información sobre la identidad de las personas que conforman el denominado Movimiento Teresa Rodríguez, recabando respecto de cada uno de ellos sus datos filiatorios, participación en el movimiento, lugar de reuniones y cualquier otro dato.”A fs. 196/197 el Juez Galeano hace lugar a las medidas solicitadas.

De la simple lectura de las medidas solicitadas por el Fiscal y ordenadas por el Juez se desprende, sin necesidad de ser abogado para interpretarlas, que no se está investigando el supuesto ataque al edificio de Repsol/YPF (delito que motiva la investigación penal) sino a la propia organización Movimiento Teresa Rodriguez y a sus integrantes.

La persecución: Al día de la fecha las medidas de inteligencia están en plena implementación con seguimientos, vigilancia, fotografías y demás medidas de “inteligencia” sobre militantes, dirigentes y los locales y comedores barriales que tiene la organización.

No se entiende desde el punto de vista procesal qué efecto jurídico en la prosecución de la causa puede tener la vigilancia sobre los comedores barriales, así como el pedido de recopilación de volantes, comunicados de prensa y demás informes sobres las actividades políticas del Movimiento
Teresa Rodriguez y sus integrantes. Sí es claro que las medidas representan un aval judicial a las tareas de espionaje político. Como ejemplo de lo expuesto podemos rescatar que en la causa penal figura un informe policial donde se denuncia el domicilio real y los números de documentos de dos dirigentes que fueron a preguntar por los detenidos el mismo día de su detención, aún antes de que interviniera el actual magistrado. Lo llamativo del informe no es su contenido sino que ambos dirigentes han manifestado que en ningún momento dieron sus domicilios al personal policial que los recibio, así como tampoco sus números de documentos y que además
esos domicilios actuales no son los que figuran en los registros del estado pues no están actualizados sus documentos personales. Ello nos demuestra palmariamente que los dirigentes sociales están bajo minuciosa vigilancia de los organismos del estado a punto tal que figuran en
sus “legajos” cambios de domicilios que aún no se han materializado formalmente ante el Registro de las Personas o la Cámara Electoral (únicos organismos que oficialmente llevan el control domiciliario de la población).
La causa esta siendo orientada hacia la pretensión de ilegalizar al Movimiento Teresa Rodriguez y a alguno de sus dirigentes, no por los supuestos hechos de Repsol, sino por sus actividades políticas.

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La ronda, en la mirada de Cecilia Bethencourt

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Tercera entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que se propone así transmitir el valor de la constancia, de los pies en el espacio público, de la gota a gota que orada la piedra, la no violencia contra la violencia, su valor social, su peso histórico, sus 40 años de coreográfico diseño: media hora, todos los jueves, 2.391 veces al 15 de enero, fecha a la que corresponde esta cobertura realizada por la fotógrafa Cecilia Bethencourt. Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

La ronda, en la mirada de Cecilia Bethencourt
Foto: Cecilia Bethencourt. Hermanas pertenecientes a la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, marchan en la Ronda de numero 2391 por la lucha de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Buenos Aires, Argentina el 8 de febrero de 2024.

“Elegí trabajar interviniendo las fotos a través de la perforación de las imágenes como acto de resiliencia y lucha para llenar de luz el valor de la constancia, la memoria, esa huella que queda en cada paso de esfuerzo de Las Madres de Plaza de Mayo. Una luz que habla de la resistencia, la fortaleza, un atravesar la violencia con la no violencia, un reclamo por la Verdad y la Justicia”.

La ronda, en la mirada de Cecilia Bethencourt
Foto: Cecilia Bethencourt. Pina del Fiore, Madre de Plaza de Mayo se colaca el pañuelo blanco sobre su cabeza, simbolo con el que se identifican a lo largo de estos años para reclamar por sus hijos desaparecidos en la dictadura militar durante la Ronda de los jueves numero 2391 en Plaza de Mayo, Buenos Aires, Argentina el 8 de febrero de 2024.

La ronda, en la mirada de Cecilia Bethencourt
Foto: Cecilia Bethencourt. Pina del Fiore, Madre de Plaza de Mayo, perteneciente a la Asociación llega a Plaza de Mayo para marchar en la Ronda de los jueves numero 2391 en reclamo de Verdad y Justicia en Buenos Aires, Argentina el 8 de febrero de 2024.

La ronda, en la mirada de Cecilia Bethencourt
Foto: Cecilia Bethencourt. Carmen perteneciente a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, marcha junto a militantes, activistas y turistas en la Ronda numero 2391 en Buenos Aires, Argentina el 8 de febrero de 2024.

Sobre Cecilia Bethencourt

IG @cebethania
Es fotógrafa, psicóloga y comunicadora audiovisual. A través de su trabajo explora temas de construcción de identidad, cuerpos, sexualidad, memoria y procesos de transformación con un enfoque transdisciplinario. Centrándose en nuevas formas y posibilidades de vinculación. En el año 2022 edito su primer libro “Otra Piel” trabajo fotográfico de autorretratos realizado en pandemia. Actualmente trabaja en sus dos nuevos proyectos multidisciplinarios uno sobre el cuerpo en las trabajadorxs sexuales y sus derechos negados y otro sobre la desintegración del lenguaje, recuerdo y memoria.

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“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

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La comunidad mapuche lof Paillako realizó una recuperación territorial en 2020, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en lo que históricamente fue hábitat mapuche tehuelche. Días después de iniciarse el fuego, Ignacio Torres apuntó como responsable a la comunidad y puntualmente a uno de sus integrantes, Cruz Cardenas, con pruebas inexistentes. El “mapuchómetro” y los incendios que vienen desde 2008. Las no respuestas del gobernador y del presidente interino del Parque. El comunicado de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, lo que dice la Constitución y la respuesta de toda una comunidad que cuenta cómo, desde su cosmovisión, la vida se vive de otra manera.

Texto: Francisco Pandolfi/ Fotos: Nicolás Palacios

desde Esquel

El jueves 25 de enero por la noche comenzó el incendio en el Parque Nacional Los Alerces que, dentro de su jurisdicción y fuera de sus límites ya en tierras provinciales, quemó alrededor de 8 mil hectáreas. Cinco días después del primer foco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó lo siguiente sobre las responsabilidades del fuego:

“Una vez controlado el incendio vamos a empezar con una investigación muy fuerte para quienes hacen esto desde hace muchos años en Chubut. Lo hacen para tomar tierras. Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras en Neuquén, en Río Negro, en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo”.

“Hay que separar los pueblos originarios de los delincuentes que no están legalmente constituidos, como es el caso de la toma en el Parque Nacional Los Alerces, que no tiene nada que ver con los pueblos originarios. El delito es del exbrigadista Cruz Cardenas que se autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido. Quiero hacer esta diferenciación: en Chubut convivimos en total armonía con Pueblos Originarios, que es gente trabajadora y de bien y no tiene nada que ver con estos pseudo mapuches que se embanderan para cometer delitos, tomar tierras, amedrentar a los vecinos, incendiar campos y zonas privadas”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

Escenas del bosque incendiado en la Patagonia. (Foto Nicolás Palacios para lavaca)

Apuntados por el gobernador

Al escuchar estas declaraciones en Radio Rivadavia –luego replicadas por una tropa de medios de comunicación– se podría presumir que absolutamente todas las pruebas existentes en la causa judicial por el incendio, que lo lleva el Tribunal Federal de Esquel, condenan como autor a Cruz Cardenas, integrante de la comunidad mapuche Paillako.

Sin embargo, hasta el momento no hay absolutamente ningún indicio que culpe a Cruz Cardenas ni a nadie de la lof.

Desde lavaca intentamos comunicarnos con Ignacio Torres para preguntarle qué pruebas ostenta para asegurar lo que dijo tres semanas atrás, el domingo 28 de enero. Hasta el cierre de la edición de esta nota, no había respondido al pedido de entrevista.

La comunidad mapuche Paillako (“tranquilo”, en mapuzungun) recibe a este medio para charlar, como una especie de derecho a réplica, sobre el señalamiento del máximo mandatario provincial. El encuentro se da en ronda dentro de la comunidad, que está dentro de los límites del Parque Nacional Los Alerces, que a su vez está dentro de lo que históricamente fue territorio habitado por el pueblo mapuche-tehuelche.

Hace cuatro años que la lof Paillako inició la recuperación de su territorio en ese lugar, donde hace más de cien años vivieron sus ancestros. “Mis abuelos paternos se instalaron un tiempo antes de la creación de Parques Nacionales (1937), que cuando llegó empezó con los desalojos y sometimientos hacia las poblaciones. Antes acá era todo abierto y Parques achicó y cerró espacios, hasta llegar al día de hoy que para hacer cualquier cosa debés pedirle permiso, ya sea para hacer un baño o poner una chapa”, cuenta Cruz Cardenas, el apuntado por Torres y compañía.

Tiene 35 años, le dicen “Lemu” y trabajó varios años como brigadista. Aunque no está acostumbrado a dar notas, consensuaron colectivamente salir a hablar. “Necesitamos que se difunda lo que está pasando acá. Esto es día a día y están avanzando contra nosotros; acaban de arrestar a un peñi de otra comunidad (Matías Santana, testigo en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado), están cazando mapuche por todos lados”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

Cruz Cárdenas, señalado por el gobernador. (Foto Nicolás Palacios para lavaca)

Mapuchómetro

El gobernador se refirió a Cárdenas como quien se “autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido”.

Reflexiona Cruz: “El ser mapuche siempre lo sentí, aunque mis padres no se reconocían así; me decían que mi apellido era español, no mapuche. Junto a una machi (líder espiritual) fui haciendo mi propio camino de reconocimiento y comprendí la importancia de reivindicar y recuperar el territorio. Acá se dio la resistencia de las poblaciones preexistentes y las masacres winkas; estuvieron los invasores, con sus armas poderosas. Eso generó nuestra recuperación del territorio hace cuatro años”. Va más allá: “Cada familia tiene un proceso de reconstrucción, en lo espiritual, en la lengua”.

Maru, a su lado, también conforma la comunidad. Su compañero es mapuche y ella pertenece al pueblo charrúa. Tiene a su pichi (pequeño) en brazos. “Uno de los motivos para preservar el territorio es el acompañar a las crianzas, que tengan una alimentación real, que no se críen pensando que la comida crece en una góndola, sino que sepan que viene de la tierra, cómo cultivarla; que entiendan cómo criar, cuidar y respetar a un animal, incluso si lo van a comer; que puedan crecer más sanos y que si se enferman, conozcan la medicina que también crece en la tierra”.

A la izquierda está Lliuto, lamien (hermana) de la lof: “El ser mapuche no tiene que ver con lo externo, sino por lo que uno siente, la conexión con el lugar. Es un bajón que el gobernador utilice un mapuchómetro cuando habla. Es difícil conectarse con el entorno rodeados de cemento, de ruido, del estrés que nos provoca la rutina. Cuando uno quiere volver al territorio siempre está latente la pregunta, ¿cuál es el mío? Ahí caemos en la realidad de que somos un pueblo que quisieron exterminar, que sufrió un genocidio, que hubo mucha tristeza. Mis abuelos dejaron de hablar en mapudungun para resguardar a sus hijos y a sus nietos, porque les pegaban en la escuela. Por esa historia, este proceso lo atravesamos con mucho dolor, pero lo encaramos con más fuerza para reivindicar nuestra tierra, que nos siguen negando hoy”.

Enlaza la cosmovisión mapuche con lo que está pasando en Los Alerces. “Si uno tiene un vínculo con el territorio, si puede sentir esa conexión, se es mapuche en todos lados; siempre con respeto, claro. Por eso jamás se nos ocurriría hacer un daño como provocar un incendio; nos duele un montón saber que se están perdiendo años y años de vida… porque la vida va más allá de lo humano y nosotros luchamos por defender lo que hay a nuestro alrededor”.

Foto Nicolás Palacios para lavaca

¿Quién negocia con las tierras?

Tras las declaraciones del gobernador, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro repudió sus dichos: “Sobre el pueblo mapuche históricamente se ha construido la imagen de la violencia: invasor, asesino y ahora terrorista, negando su preexistencia al Estado. Este discurso ha sido utilizado para avalar la violencia estatal, que hace 145 años ocupó el territorio de la Patagonia, luego de la campaña genocida. En la actualidad la defensa del territorio por parte de las comunidades mapuche tehuelche frente al extractivismo salvaje es catalogada como terrorismo. Este argumento pretende ser utilizado para enviar nuevamente al Ejército al territorio”.

En otro fragmento, denuncian: “En este discurso anti-mapuche, el gobernador se arroga el derecho de reconocer quién es mapuche y quién no, algo claramente contrario a derecho. Años atrás éramos quienes poníamos en amenaza la soberanía argentina, ¿hoy somos quienes incendiamos nuestro propio territorio? El gobernador expresa que la intencionalidad de los incendios y la responsabilidad del pueblo mapuche tehuelche están dadas porque detrás de cada conflicto comunitario hay un negocio inmobiliario de tierras. Es ilógico, no somos nosotros quienes negociamos el territorio con empresarios extranjeros. No somos nosotros los invasores. No somos nosotros quienes provocamos los incendios de nuestro propio territorio”.

La comunidad Paillako además de defenderse de las acusaciones del gobierno provincial, también denuncia atentados: “En los cuatros años que lleva esta recuperación, intentaron prendernos fuego ocho veces, porque no quieren que estemos acá”, afirma Cruz Cardenas. “Es muy doloroso la destrucción; lo que se está perdiendo en el bosque costará muchos años en volver. Se regenerará si se cuida como se debe, si es que estos fuegos no se originan para explotar la montaña, para limpiar y después hacer algún emprendimiento”.

–Con las leyes actuales de Parques Nacionales las tierras no se pueden vender.

–Cruz: Muchos dicen que en Parques Nacionales no pueden hacerse negocios inmobiliarios, ni explotaciones, pero hay muchas hectáreas quemadas que ya no corresponden a Parque, son parte de terrenos fiscales de la provincia.

–Lliuto: En el Parque hay una gran cantidad de negociados, emprendimientos inmobiliarios que no lo tiene la gente mapuche…

Cruz, ¿por qué creés que el ensañamiento fue hacia vos?

–Ellos saben que para cualquier explotación y mega proyecto que dañe la tierra, van a tener una oposición del pueblo mapuche. Entonces, esto les sirve para pedir con más fuerza que nos desalojen y poner a la gente en nuestra contra para sacarnos del camino.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

El bosque sigue humeando tras los incendios. Foto Nicolás Palacios para lavaca

Preexistencia sin valor

Cruz Cardenas, junto a su compañera, fueron denunciados por el delito de usurpación cuando llevaron a cabo la recuperación territorial. El abogado defensor, Gustavo Franquet, le explica a lavaca: “La acusación de usurpación no tiene ningún sustento, porque las familias de Cruz y de su compañera son pobladoras del lugar, han estado históricamente ahí; ellos hicieron una recuperación de su identidad e inmediatamente comenzó el hostigamiento de Parques Nacionales y la denuncia por usurpación. La respuesta que reciben del Estado no es de reconocimiento, ni de respeto a ese proceso entendiendo que son pueblos preexistentes como dice la Constitución Nacional y que tienen derecho a recuperar y construir plenamente su identidad. No, al contrario, lo que supuestamente te lo dan en las grandes palabras que figuran en la Constitución, después te lo sacan en las mezquindades de los funcionarios y del Poder Judicial”.

La causa está elevada a juicio en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. En las declaraciones que hizo Torres dijo que “la causa es por una toma de hace varios años, de 2016”. El mismísimo expediente lo desmiente, ya que la recuperación data de enero de 2020. Dice Franquet: “La cantidad de cosas sin sentido que dijo el gobernador de Chubut… Esta gente es todo el tiempo así, está acostumbrada a decir cualquier cosa. Evidentemente decir cualquier cosa es la característica de esta época, pero claro que tuvo una intención: lo hizo para apretar a que los desalojen”.

La vegetación que sobrevive, y la que quedó incendiada en la ladera de uno de los cerros. (Foto Nicolás Palacios para lavaca)

5 grandes incendios en 15 años

Este incendio no es el primero que ocurre en este Parque. En los últimos quince años hubo cuarenta focos intencionales y cinco grandes fuegos que arrasaron en 2008, 2015, 2016, 2023 y 2024 alrededor de 17 mil hectáreas.

La anterior gestión del Parque Nacional Los Alerces había iniciado una mesa de diálogo con la lof Paillako para destrabar el conflicto. “Habíamos llegado a un buen acuerdo; la negociación implicaba varios puntos, entre ellos que nosotros habilitemos un camino que cerramos por seguridad cuando hicimos la recuperación, y desde Parque se iba a reconocer nuestro territorio. Para eso nos exigieron tener una personería jurídica, que en verdad nosotros no creemos necesario tener, pero igual la hicimos. Sin embargo, el intendente de Parque (Hernán Colomb) renunció en agosto pasado y el diálogo se cortó”.

Dice la comunidad: “A raíz de los últimos incendios, levantamos el bloqueo del camino que habíamos hecho; hablamos con los brigadistas y razonamos que lo mejor era habilitar ese lugar y que se volviera a utilizar ese camino”.

Hoy en día, Parques Nacionales no tiene autoridades elegidas. El directorio está acéfalo y en el Parque Nacional Los Alerces se nombró como interino al guardaparques Danilo Hernández Otaño, con quien la comunidad aún no tuvo contacto. El pedido de entrevista previo a la publicación de esta nota, no fue contestado.

Re-existir

En Paillako hay vacas, caballos, gallinas, abejas y anhelan a que pronto haya ovejas también. Hay huertas familiares, comunes entre varias rucas (casas) y hay una siembre comunitaria, entre la totalidad de la lof. “Acá se da muy bien la papa, la haba, el ajo, las arvejas, el trigo; los cereales se dan casi todos”, dice Maru. Agrega Cruz: “También los árboles frutales, como manzanas, ciruelas, guindas, frambuesas y frutillas. Nuestro propósito es ir haciendo mayores escalas para garantizar una buena alimentación y que nos permita hacer intercambios”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

Vida vegetal y vida humana: una idea de comunidad. (Foto Nicolás Palacios para lavaca)

¿Qué molesta de que estén acá? Intercalan la voz, en ronda, y confeccionan una respuesta común: “Nada, nada, no les estamos molestando en nada. Si les molesta es porque somos mapuche. Porque ni siquiera es que jodemos al turismo. Pensemos: quienes perjudican el turismo son los que le echan miedo al turista por la existencia del mapuche, esas personas generan los problemas, no nosotros. Y otra cosa: la comunidad tiene menos de 2 mil hectáreas, mientras que el Parque Nacional Los Alerces cuenta con 250 mil. O sea, tampoco es que estamos tomando el parque, ¿no?”.

Agregan: “Creemos que lo que jode es que nunca vamos a estar de su vereda, nunca pensaremos en explotar la tierra para hacer plata y hacerla bosta. Hoy ni siquiera se puede acampar gratis en el Parque (dormir una noche en un camping oscila entre 12 mil y 14 mil pesos), antes era todo libre y ahora la mayoría es privado. Por eso es importante recordar que las leyes de Parque están hechas en tiempo de dictadura (firmadas por Jorge Rafael Videla); en base a eso se manejan hoy”.

Cierra la comunidad, entre mate y mate, mientras los pichis corren, comen frutas, se caen y se vuelven a parar: “Se viene difícil el futuro, complicado, eso lo sabemos; nosotros tenemos que estar fuertes, amparados por las fuerzas que nos protegen en este lugar; acá vamos a resistir, no pueden sacarnos de nuestro territorio, no vamos a permitir más desalojos”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut por el fuego en Los Alerces

La reunión de parte de la comunidad con lavaca. (Foto Nicolás Palacios para lavaca)

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Nota

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

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El incendio generado en el Parque Nacional Los Alerces, que ya lleva quemadas alrededor de 8 mil hectáreas, se extendió a la población rural de Alto Río Percy, a 13 kilómetros de la ciudad de Esquel, en Chubut. La casa más alejada es la de Gisela y Lorena, dos amigas que debieron autoevacuarse con las llamas a menos de quinientos metros. Creyeron que habían perdido todo, pero su casa se salvó. Alrededor, se quemó todo. La explicación de lo inexplicable. La falta de prevención. La vida en un paraíso, ahora arrasado por el fuego. Y una colecta colectiva, para empezar la reforestación. Desde Esquel. Texto: Francisco Pandolfi

Dos pasos y medio. Ni más ni menos. 

Sesenta centímetros.

Ni más ni menos.

No hay nadie en el poblado rural Alto Río Percy, donde viven alrededor de cien personas en las afueras de la ciudad chubutense de Esquel, que no hable de “milagro”, de “cosa de mandinga”, “de creer o reventar”, “de algo fuera de lo común, nunca visto”.

Acá, todo lo que se ve es impresionante. Impresionantemente triste. Impresionantemente carbonizado.

Y en medio de todo quemado, una casa sin quemar.

La vida, como oasis en un desierto rodeado de muerte.  

Autoevacuadas

El fuego en el Parque Nacional Los Alerces comenzó el 25 de enero y una semana después, el domingo 4 de febrero, arrasó con centenares de hectáreas del Percy. En total, ya se quemaron alrededor de 8000 hectáreas, el fuego continúa activo y, aunque según las autoridades el fuego está controlado, preocupan las condiciones meteorológicas (más de 30 grados) y que sigan prendidos varios focos.

Uno de ellos está ahí nomás de una casita hermosa que levantaron con muchísimo esfuerzo Gisela Finocchiaro y Lorena Domínguez, amigas desde hace más de 15 años. La nombraron Monte Lontano. Lontano, en italiano, significa lejano. 

Esta casita es la última del poblado, la más alejada. Tan distanciada que, cuando empezó el fuego en Los Alerces, y previendo que podría avanzar hacia el Percy, colgaron un cartel a un kilómetro del hogar, para avisarle a las autoridades que más allá había una vivienda. El cartel voló por el calor. Y ellas debieron irse cuando las llamas se les vinieron encima: “El domingo 4 de febrero fue el momento más crítico; el fuego se acercó bastante y decidimos irnos a Esquel, que está a 13 kilómetros, con la convicción de que el incendio no alcanzaría la casa. Pero ni bien llegamos, nuestro vecino Fabián nos llamó para decirnos que ya estaba muy cerca, que lo mejor era volver a sacar lo más importante. Regresamos y el fuego ya estaba detrás nuestro, a 500 metros; nos quedamos paralizadas, nuestra casa que habíamos hecho con tanto cariño y amor, no iba a zafar. En esos minutos le rogamos a Defensa Civil que bajaran nuestras cosas, pero debimos autoevacuarnos solas. Por una aplicación de la NASA, seguimos el devenir del fuego y vimos cómo había pasado por nuestra casa, pero a la mañana siguiente nos llamaron que se había salvado; no lo podíamos creer”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Gisela y Lorena en el bosque quemado a metros de su casa / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Prevenir para no curar

Gise invita a pensar: “No nos gusta generar discordia por cómo debimos autoevacuarnos, pero sí nos parece importante contar lo que pasó. Al tener un vehículo pudimos sacar algunas cosas en tiempo récord, pero a nivel país debemos prepararnos de otra manera; hay que tener cuadrillas ya preparadas y no esperar a que pase algo para saber qué es lo que se puede hacer; hay que ganarle de mano al fuego, tener los caminos preparados; si queremos bosques nativos hay que cuidarlos, limpiarlos; acá no se puede llegar donde está el fuego porque no está preparado el área o los suficientes recursos para atacar el fuego. Hace más de 15 años que a Alto Río Percy no le dan bola; el intendente acaba de asumir y este fue su bautismo; confío que todo va a cambiar, pero necesita ayuda de provincia y nación”. 

Lore invita a pensar: “No podés tener brigadistas sin estar en planta permanente, contratados, con un mísero sueldo. Están arriesgando su vida… Me da la sensación de que el gobierno improvisa, va viendo en el camino lo que va pasando, pero todo lo que está en juego es vida. Desde el insecto más pequeño, los árboles, los animales hasta la gente que vivimos acá; estamos hablando de vidas. Alto Río Percy es parte del ejido municipal de Esquel, hoy es noticia nacional, pero nunca se le prestó atención; la gente tiene problemas en el invierno para arrear los animales, no se limpian los caminos, no hay agua, no hay gas”.

Cementerio en el paraíso

Los postes de ciprés que sostienen la casa a un metro de altura están tiznados. Los vidrios que dan a la sala de estar y a la cocina están quebrados. El que da a una habitación en el primer piso, a seis metros de altura, también. ¿Cómo no explotaron? “Pusimos doble vidrio y se rompió la placa del exterior, pero soportó la interna. De haber sido un vidrio común, la casa estaría toda quemada, porque una vez que agarraba las cortinas y luego la madera, chau”. 

Dentro del hogar todo está intacto; con cenizas y un leve olor a humo, pero nada haría imaginar lo que se ve a través de esos vidrios resquebrajados: un cementerio de árboles en medio del paraíso. Esqueletos de un bosque que ya nunca será igual. “Era el hábitat natural de muchas especies nativas que han muerto. Se quemaron lengas, ñires, lauras, radales, todo el bosque nativo. Respecto a la fauna, no sabemos cuántos animales se quemaron y cuántos se escaparon, en una zona donde hay ciervos, liebres, huemules, chanchos jabalíes, pumas, vacas y muchas aves. Esto es una catástrofe natural inconmensurable, a nuestro vecino más cercano, que está a mil metros de acá, se le quemó el 85% de su campo y el fuego quedó a menos de cien metros de su casa”. 

El olor a quemado penetra por las fosas nasales, aunque lo peor se lo llevan los ojos. Todo es gris alrededor de Monte Lontano. O casi todo. Las chicas están sentadas en el deck de madera. Contemplan hacia adelante, literal y metafóricamente. “Miramos el filo del pasto seco, lo que dejó el fuego y es inevitable pensar qué hubiera pasado si se quemaba la casa. Posiblemente hubiéramos vendido todo, o regalado, porque quién te va a comprar esto si no tiene bosque. Quizá nos hubiéramos ido, incluso de la ciudad”. 

Reflexiona Lore: “Tomamos este mensaje que nos da la naturaleza, que tuvo una fuerza imparable y esquivó a la casa dándonos un mensaje. La naturaleza nos quiere acá y vamos a reforestar para poner este lugar mucho mejor de lo que estaba. Teníamos un proyecto a futuro que era construir unos dormis para alojar a turistas”. 

La interrumpe Gise: “Lo tenemos, no hablemos en tiempo pasado”. 

“Es verdad, lo tenemos”. Sonríe Lore y agrega: “Retrocedimos un montón de casilleros, pero lo vamos a lograr en algún momento”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Alto Río Percy, poblado rural arrasado por el fuego / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Un desastre que no termina

El terreno lo compraron en 2018 y a inicios de 2019 empezaron a construirlo, con la ayuda del papá y los hermanos de Lore que son albañiles. A finales de ese año comenzaron a habitarlo. “En esta casa veo a mi papá, que falleció hace un año por una grave enfermedad; veo el esfuerzo de mis hermanos; veo a mi sobrinos chiquitos, que les encanta venir. Como no hay señal, no usan el celular, no están detrás de una pantalla y salen a buscar huesos de dinosaurios, a explorar el bosque; saben que no deben matar insectos ni arrancar ramas de los árboles. Tal vez sean ellos quienes vean esto totalmente verde, como alguna vez existió”.

El fuego sigue activo en todos sus frentes (en la cola, que es en la zona del cerro Centinela donde se originó el incendio; en la cabeza, que es en el Percy; y en los flancos derecho e izquierdo). Contextualiza Lore: “Hay árboles de hasta 200 años quemados y esto no terminó, es un desastre. Se levanta el viento y se reactiva el fuego; hay camionetas, helicópteros y aviones trabajando todo el día, es un caos todavía”.

Completa: “El fuego se originó de forma intencional, no hay dudas; se hicieron dos focos simultáneos dentro del bosque en una zona que no es accesible, que no todo el mundo conoce y que hay que saber llegar y luego salir después de hacer fuego; todavía no hay elementos para culpabilizar a nadie”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Lengas, ñires, radales, algunas de las especies carbonizadas /Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Colecta colectiva

Lo que se pisa es pura cenizas. Y con los pasos, lo que se huele es puro humo. Se ve un caño de plástico de un biodigestor destrozado por el fuego; se ve una mesa de roble en la que los sobrinos de Lore juegan a tomar el té, que sobrevivió. Se ven raíces sobresalidas y muertas, troncos y ramas carbonizadas; se ve una parra de uva rosada que le regaló la abuela de Gise, antes de fallecer unos meses atrás, que también sobrevivió. Debajo del piso flotante, se ven enormes troncos de leña que habían juntado para calefaccionar el hogar. El fuego quedó a centímetros de ahí. Un poco más allá del escenario sombrío y calcinado, la belleza de los cerros Colorados y Nahuelpan; los morros coloridos y un ecosistema que fusiona la estepa patagónica y el bosque andino. “Este lugar es maravilloso. Tenemos montaña. Tenemos ríos. Tenemos lagos; tenemos agua que brota de las montañas. Nosotras sacábamos agua de una vertiente, que el fuego la arrasó, al igual que la manguera que teníamos y el estanque”, siente Lorena, de 34 años. 

La escucha Gise, de 39, que comparte: “El otro día fuimos a preguntar cuánto nos costaba comprar los metros de manguera que necesitamos para sacar el agua de la casa del vecino más próximo y casi nos largamos a llorar. Para nosotras hoy es imposible comprarlos. Hace cinco años salía ocho veces menos de lo que sale ahora. Sin agua, además de no poder vivir, tampoco podremos reforestar”. 

A las chicas se les quemaron 700 metros de manguera de dos pulgadas. Ahora necesitan 1000 metros. Comprar de una pulgada y abaratar los costos, les sale más de un millón de pesos. Los 1500 metros de alambrado también se quemaron. Reponerlos cuesta un millón ochocientos mil pesos. También se incineraron filtros, postes, varillas, caños, la tranquera y el estanque. 

Para colaborar con Gise y Lore, comenzamos desde lavaca una campaña de donación a esta cuenta:

Gisela Roxana Finocchiaro
CVU: 0000003100033965245782
Alias: SICILIANA.NEL.CUORE
CUIT/CUIL: 27308957700
(Por transferencia bancaria o Mercado Pago)

“Mucha gente se comunicó de afuera, de La Plata, Formosa, Mendoza, Córdoba,  Buenos Aires para ayudar; eso nos llena el alma. Las pérdidas materiales duelen, pero la pérdida invaluable es el bosque, aunque estamos convencidas que lo vamos a recuperar”, sienten y comparten ambas. “Teóricamente, desde provincia, nación y empresas privadas pusieron mucha guita, esperemos que llegue donde realmente hace falta. Los damnificados estamos a la vista. Ojalá que no haya que esperar, porque la gente se cansa de esperar”.

Piano, piano

–¿Hay algo que quisieran agregar para terminar la nota? 

–Lore: Que ese domingo la pasamos muy feo. Que cuando tuvimos que cerrar la puerta, le dije a Gise que dejara puesta la llave, que para qué iba a cerrar… Gise agarró una virgencita y empezó a rezarle, y yo le pedí a mi papá que no permitiera que se quemara la casa.

–Gise: Somos las últimas pobladoras del Percy, pero fuimos las primeras para el fuego. Por eso Monte Lontano, estamos en la loma del culo, quién nos mandó acá…

Se ríe Gise. Se ríe Lore. Se ríen juntas. Después de la charla, después de las fotos, se levantan y van a buscar las botellas de agua que pudieron cargar desde la ciudad de Esquel, y empiezan a regar zonas carbonizadas, pero con un hilito verde, con un pastito, con alguna raíz que aparenta estar viva. “Piano Piano va lontano”, dice Gise en italiano, y luego lo traduce al castellano: “Despacio, despacio, se llega lejos”.

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