Este documento será entregado por Alerta Argentina a las autoridades nacionales.

LA INJUSTICIA EN LA ARGENTINA

Los abajo firmantes venimos a denunciar la situación de inseguridad e indefensión jurídica que se vive en la Argentina, a partir de hechos públicos y evidentes que apuntan a una mutilación del pleno ejercicio de la democracia: en este momento hay 32 mujeres y hombres presos por defender sus derechos.

Se ha cruzado un umbral a partir del cual las autoridades burlan garantías jurídicas de l@s ciudadan@s, ignoran derechos constitucionales, para disciplinar y amenazar con la cárcel a una sociedad que sigue sumergida en su más profunda crisis histórica.

Esta justicia no tiene vendas sobre los ojos, ni balanzas.

Es un instrumento eficaz y coherente, que:

Encarcela a quienes hacen uso de su derecho a manifestar libremente, utilizando policía disfrazada de civil o provocadores pertenecientes a los servicios de inteligencia estatales.
Acusa a los manifestantes sin más prueba que el testimonio de los propios agentes policiales encargados de su detención.
Fuerza figuras jurídicas para adjudicarle a las detenidas y detenidos delitos no excarcelables.
Obliga a las personas así castigadas sufren otra condena cotidiana, al permanecer encarceladas en condiciones deplorables.
Utiliza el poder estatal para perseguir a referentes de los grupos que reclaman, con el evidente propósito de descabezar esos conflictos, y no de solucionarlos.
Busca dificultar y entorpecer la tarea de los abogados, a quienes los jueces engañan y eluden para generar situaciones de hecho que dificultan todo ejercicio razonable de la defensa.
Amenaza con el desalojo a trabajadores que han recuperado fábricas y empresas que fueron vaciadas por empresarios fraudulentos, que casi siempre quedan sin castigo.
Al mismo tiempo, y con la misma lógica, los mismos jueces que encarcelan a quienes reclaman sus derechos dejan impunes los más horrendos delitos cometidos en la reciente historia democrática, como en el caso del juez Galeano, quien dirigió la investigación del atentado a la AMIA y hoy está acusado de destruir pruebas, sobornar testigos y consagrar la impunidad.
La Justicia apañó los crímenes de la dictadura en los ‘70; la construcción de la impunidad en los ‘80 y el crimen económico de los ‘90. Ahora intenta, a través de diferentes fallos, limitar las garantías ciudadanas protegidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Consideramos que la responsabilidad no es sólo de aquellos funcionarios judiciales que deshonran sus cargos, sino también del gobierno de Néstor Kirchner, que fomenta esta falsa «legalidad» para encubrir una política de represión judicial frente al creciente descontento social y las manifestaciones de demanda de cumplimiento de los derechos sociales postergados.

A estos jueces y a estos funcionarios venimos a denunciar públicamente

Y a exigirles:

Que reconozcan el estatus de presas y presos políticos a todos aquellos que fueron privados de su libertad en manifestaciones públicas de reclamo social
Que cese el forzamiento de la interpretación de los hechos que hacen los jueces en sus fallos para encuadrarlos en conductas o tipos penales a todas luces inexistentes y que están sentando precedentes jurídicos inaceptables, con el fin de procesar y encarcelar a quienes participan en manifestaciones públicas.
Que cese la persecución de las organizaciones sociales y sus referentes, ordenada a los Servicios de Inteligencia.
Que cese la participación de personal policial en manifestaciones públicas sin uniforme ni identificación.
Que se investigue las denuncias sobre torturas, abusos y malos tratos infrigidos por el personal policial a las detenidas y detenidos durante las manifestaciones públicas.
Libertad a todas las presas y presos por defender sus derechos


ALERTA ARGENTINA

www.alerta-salta.org.ar

octubre 2004



INFORMES DE CASOS TESTIGO DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL:

1) L@s detenid@s frente a la Legislatura porteñaEl contexto: La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, el 7 de Julio, un Código Contravencional que constituye un claro retorno a los edictos policiales de la dictadura. Los edictos más habituales son los que caracterizan como «contravención» la mendicidad, la vagancia, el merodeo, el desorden público, el escándalo, el cambio de ropa respecto del género, la ebriedad y la prostitución; en abierta contradicción con la Constitución Nacional que prohibe, por discriminatoria, toda figura que tipifique delitos de autor: esto es portación de cara, color, condición social, apariencia física. La Constitución, además, no da a las provincias ni a las ciudades la posibilidad de definir figuras penales identificadas como «pequeños delitos» ya que implican conductas no consideradas delictivas en nuestro Código Penal.

¿Qué implica el nuevo código ya aprobado por esta Legislatura?

Darle más poder a la policía permitiéndole actuar de oficio como denunciante, testigo y autoridad pudiendo armar pruebas, causas y aplicar coimas y extersiones para su «caja chica»
2) Penaliza con multas impagables casi la totalidad de las contravenciones.

3) Criminaliza la protesta social, las manifestaciones y los escarches y todo tipo de petición ante las autoridades con multas de 200 a 1.000 pesos;

4) Penaliza la venta ambulante con multa, decomiso de la mercadería y hasta del dinero condenando a 20.000 trabajadores ambulantes de parques y plazas, 11.000 cartoneros y cantidad no determinada de artesanos, artistas callejeros, pide monedas, volanteros

5) Penaliza y persigue la oferta de sexo en la vía pública y condena a mujeres y travestis en estado de prostitución a zonas rojas controladas por el proxenetismo policial y mafioso. Con esto viola, además, el tratado internacional firmado en 1949 en que Argentina se compromete a abolir la prostitución y condenar su explotación, y, en consecuencia, se compromete a desarrollar políticas públicas de salud, trabajo y educación para personas en estado de prostitución.

Los hechos: El 16 de julio de 2004 se llevó a cabo una manifestación de protesta contra el nuevo Código convocada por la Coordinadora contra el Código Contravencional – que nuclea a organismos de derechos humanos, asentamientos populares, movimientos de gays, lesbianas, travestis, transexuales y transgéneros, vendedores ambulantes, piqueteros, estudiantes y partidos de izquierda- para denunciar esta criminalización de la pobreza. Al finalizar la manifestación, 23 participantes fueron detenidos por personal policial de civil y sin identificación. Estas personas fueron seguidas y trasladadas en vehículos no identificados fuera del lugar de la manifestación. Varios días después, fueron liberados ocho, quedando los restantes 15 imputados por la jueza Silvia Ramond por los delitos de daños, resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada y coacción agravada. Esta imputación fue confirmada por la Sala V de la Cámara del Crimen en un fallo basado, básicamente, en las declaraciones de los policías que participaron de las detenciones y forzando hechos para encuadrarlos en figuras penales no excarcelables.

Los detenidos: María del Carmen Infran Ferreira, Marcela Rosana Sanagua, Carlos Hernán Santamaría, Eduardo Héctor Suriano, Adolfo Rafael Sánchez, Javier Daniel Scaramella, Horacio Ariel Ojeda, Jorge Antonio Nieva, Eduardo Marcelo Ruiz, Héctor Eduardo Gómez, Jesús Aníbal Fortuny Calderón, Margarita Meira, Pablo Martín Amitrano, Francisco Lino Barbi y César Herminio Gerez.


Marcela Rosana Sanagua se encuentra cumpliendo su detención en el penal de Ezeiza, junto a su beba de 18 meses. Al igual que María del Carmen Infran Ferreira, pertenece a la ONG Ammar Capital, que trabaja con mujeres en estado de prostitución y que ha denunciado judicialmente a personal policial por delitos de corrupción. En su mayoría, el resto de los detenidos pertenece a una agrupación de vendedores ambulantes que también presentó denuncias contra la policía. Tod@s los detenid@s están cunpliendo la reclusión en penales en pésimas condiciones.



2) Los detenidos en Caleta Olivia

El lugar. Caleta Olivia es una localidad de la Provincia de Santa Cruz que tiene 40 mil habitantes, de los cuales 110 están procesados por defender sus derechos en causas abiertas desde febrero hasta hoy.

Los reclamos. El 19 de agosto de 2004 unas 200 personas, en su mayoría mujeres, reclamaron «trabajo genuino» frente a la Municipalidad y, unos días después, se trasladaron a la playa de tanques del consorcio de empresas petoleras Terminales Marítimas Patagónicas (Termap)

La represión. Los manifestantes se habían trasladado ya a la playa de tanques, cuando notaron la presencia de una brigada especial antidisturbios de la Gendermería Nacional, llegada de General Acha, La Pampa, para reforzar a la policía local. La tensión se resolvió con la firma de un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz que prometió trabajo a los manifestantes –unos 500 puestos, con sueldos entre 500 y 700 pesos– y les aseguró que no iba a haber represalias. Sin embargo, en la noche el 3 al 4 de septiembre, cuando ya habían cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción nº 1 de Caleta Olivia: 21 órdenes de detención, de las cuales la policía concretó 15. Se llevó a las personas de sus casas, a los golpes y sin explicar los motivos.

Los presos. Son seis: Elsa Orozco, Selva Sánchez, Marcela Sandra Constancio, Mauricio Perancho, Federico Mansilla, y Hugo Iglesias. Tres hombres y tres mujeres a las que se los acusa de ser los cerebros intelectuales y organizadores de los delitos. Como en Caleta Olivia no hay establecimientos de detención para mujeres, las tres manifestantes están presas en comisarías ordinarias, junto a otros hombres. Una tiene siete hijos y uno de esos niños es discapacitado; otra tiene un bebé al que no puede amamantar y la tercera, dos hijos que han quedado al cuidado de sus vecinos porque no tienen familia. «En la comisaría primera de Caleta somos tres en un cuarto de dos por dos. En una semana de detención solo hemos recibido un balde de agua cada uno para bañarnos», escribió en una carta pública Iglesias, quien al momento de ser detenido participaba de un curso de capacitación para ingresar a la industria petrolera: había conseguido un puesto de trabajo en una manifestación anterior.

Las acusaciones. «Usurpación con impedimento de funciones públicas», «privación ilegítima de la libertad y daños», «usurpación» y «entorpecimiento de la actividad económica». Esta última es una figura especial del Código Penal y el juez de Caleta es quien la aplicada por primera vez: el artículo 174, inciso 6 fue uno de los pocos puntos sobrevivientes de la Ley de Subversión Económica –derogada por exigencia del FMI-, originalmente pensada para evitar el vaciamiento y el lock out de grandes empresas.

Las pruebas. No hay testigos que individualicen a las personas detenidas entre los participantes de las tomas. De hecho, Mansilla e Iglesias solo se habían acercado al lugar para solidarizarse.Las pruebas en las que se basa el tribunal son los informes y seguimientos fotográficos (que no son fotos in situ, sino escaneadas de otras fuentes) realizados por una unidad especial de inteligencia de la zona, que actúa de civil.


La justicia. Si próximamente no se resuelve la liberación, pueden llegar a estar varios años presos, hasta que las causas lleguen a juicio oral. El trámite no parece que vaya a ser rápido. El juez Bailaque muy proximamente va a dar examen en el Consejo de Magistratura para ser ascendido a la Cámara Penal de Caleta Olivia. Si esto se confirma, cuando estos casos lleguen a esta instancia, deberá excusarse y esto prolongaría por bastante tiempo la definición de esta instancia de apelación. De ser condenados, las seis detenidas y detenidos podrían pasar hasta 16 años en la cárcel.

Los procesados. Además de las personas presas, este reclamo de puesto de trabajo dejó más de 60 procesados, acusados de ser partícipes necesarios. En esta situación están personas que se acercaron a solidarizarse o familiares y vecinos que llevaron agua y pan a l@s manifestantes.



3) L@s detenid@s en Plaza de Mayo

Los hechos: El martes 31 de agosto, 102 personas fueron detenidas en Plaza de Mayo y alrededores durante una movilización convocada por varias organizaciones para reclamar la libertad de Raúl Castells, líder del MIJ, acusado de extorsión por la ocupación de un casino en la provincia del Chaco y repudiar la presencia del enviado del FMI, Rodrigo Rato, en el Ministerio de Economía. Para la Cordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la arbitrariedad de las detenciones quedó demostrada cuando sin siquiera citarlos para declarar, el juez federal Juan José Galeano ordenó la libertad sin restricciones de 94 mujeres y hombres, reteniendo en cambio a ocho: siete varones y una mujer, pertenecientes a las organizaciones Quebracho, al MTR-CUBa y a la FTC Mesa Nacional.

Las imputaciones: Los ocho detenidos fueron imputados por un mismo hecho general, que el juez Galeano considera constitutivo del delito conocido como «prepotencia ideológica», descripto en el art. 213 bis del Código Penal como «el que comete el que organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor», por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Tiene una pena de 3 a 8 años de prisión. Además, en diversas combinaciones, se les imputaron los delitos de intimidación pública calificada (3 a 10 años); daño calificado (3 meses a 4 años) y coacción contra funcionario público agravada (6 meses a 2 años).

La imputación más absurda es la sufrida por la única mujer, Analía Mónica Cerezo, a quien finalmente le concedió la libertad, a la que no pudo endilgarle ningún otro delito más que el del art. 213 bis. El juez Galeano considera probado que era parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas por la fuerza porque en la mochila tenía un elemento cortante (un «cutter» escolar), un handy, revistas y panfletos. Más absurdas aún son algunas de las razones por las que el juez justifica mantenerlos detenidos: dice que muchos se cubrían el rostro con pañuelos, lo que «prueba la intención de eludir la justicia…»

Los detenidos: Los ocho manifestantes que continúan detenidos son: Héctor Reynoso, Pablo Marcelo Sánchez, Rodolfo Casanore, Ezequiel Johnatan Díaz, Roberto Bence, Rafael Barrios y Roberto García.
Por otra parte, el juez Galeno ordenó la captura del dirigentes de Quebracho Fernando Esteche y de Gustavo Franquet por una causa de la que ni el propio juez de Lomas Ferreyra Pella recuerda los detalles, como declaró al diario Clarín.



4) La detención de dos integrantes del MIJD


Los hechos: En julio de 2003, los integrantes del MIJD realizaron una movilización en la ‘Rotonda de Pasco’ reclamando la entrega de alimentos a la Municipalidad de Quilmes. El frigorífico Penta, cercano a ese lugar, durante el transcurso de la jornada, colaboró con unos pocos alimentos a la olla popular: cinco kilos de mondongo y tres kilos de carne con hueso.
Un año después de aquellos hechos, cuando la causa se encontraba archivada, es reabierta por el fiscal general Dragui porque la empresa, a través de un contador, denuncia que en aquella oportunidad se sintió ‘amedrentado’.
Los detenidos: Son Susana Acosta y Julio Tejerina, imputados de ‘extorsión’, a partir de una denuncia realizada por el Frigorífico PENTA.



5) La persecución al Movimiento Teresa Rodriguez (MTR)

Lo hechos: El día 13 de mayo de 2004, la organización de trabajadores desocupados Movimiento Teresa Rodriguez (MTD)decidió realizar un escrache a la empresa Repsol para reclamar «contra el aumento unilateral de las tarifas y la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos». Durante la protesta, se arrojaron bombas de alquitrán en la puerta de la empresa.

Las autoridades de Repsol YPF presentaron cargos contra los manifestantes por el delito de daño. Hubo dos detenidos. La policía los detuvo en la estación Bolívar del subterráneo, cuando ya hacía varias horas que había finalizado la protesta.

La causa: La causa judicial nro. 7319/2004 que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9 a cargo del dr. Juan José Galeano (el mismo que instruyó la causa AMIA) resulta una manifiesta investigación política-ideológica .Así el Fiscal a cargo de la investigación, dr. Carlos Stornelli, ha solicitado al Juzgado se requieran diversas medidas de instrucción que nada tienen que ver con los hechos, sino que por el contrario marcan un claro tinte de persecución política. Un ejemplo: a fs. 92 «se practique por intermedio de la División Delitos Federales de la PFA tareas de inteligencia tendientes a determinar a.- La identidad de las personas que conformaron la movilización llevada a cabo el día de los hechos, pertenecientes en algún carácter al Movimiento Teresa Rodríguez, con indicación de aquellos grupos de referencia participantes y sus cabecillas, organizadores o integrantes. Deberá recabarse información sobre los grupos participantes y los pormenores de la investigación b.- Por otra parte se recabe información sobre la identidad de las personas que conforman el denominado Movimiento Teresa Rodríguez, recabando respecto de cada uno de ellos sus datos filiatorios, participación en el movimiento, lugar de reuniones y cualquier otro dato.»A fs. 196/197 el Juez Galeano hace lugar a las medidas solicitadas.

De la simple lectura de las medidas solicitadas por el Fiscal y ordenadas por el Juez se desprende, sin necesidad de ser abogado para interpretarlas, que no se está investigando el supuesto ataque al edificio de Repsol/YPF (delito que motiva la investigación penal) sino a la propia organización Movimiento Teresa Rodriguez y a sus integrantes.

La persecución: Al día de la fecha las medidas de inteligencia están en plena implementación con seguimientos, vigilancia, fotografías y demás medidas de «inteligencia» sobre militantes, dirigentes y los locales y comedores barriales que tiene la organización.

No se entiende desde el punto de vista procesal qué efecto jurídico en la prosecución de la causa puede tener la vigilancia sobre los comedores barriales, así como el pedido de recopilación de volantes, comunicados de prensa y demás informes sobres las actividades políticas del Movimiento
Teresa Rodriguez y sus integrantes. Sí es claro que las medidas representan un aval judicial a las tareas de espionaje político. Como ejemplo de lo expuesto podemos rescatar que en la causa penal figura un informe policial donde se denuncia el domicilio real y los números de documentos de dos dirigentes que fueron a preguntar por los detenidos el mismo día de su detención, aún antes de que interviniera el actual magistrado. Lo llamativo del informe no es su contenido sino que ambos dirigentes han manifestado que en ningún momento dieron sus domicilios al personal policial que los recibio, así como tampoco sus números de documentos y que además
esos domicilios actuales no son los que figuran en los registros del estado pues no están actualizados sus documentos personales. Ello nos demuestra palmariamente que los dirigentes sociales están bajo minuciosa vigilancia de los organismos del estado a punto tal que figuran en
sus «legajos» cambios de domicilios que aún no se han materializado formalmente ante el Registro de las Personas o la Cámara Electoral (únicos organismos que oficialmente llevan el control domiciliario de la población).
La causa esta siendo orientada hacia la pretensión de ilegalizar al Movimiento Teresa Rodriguez y a alguno de sus dirigentes, no por los supuestos hechos de Repsol, sino por sus actividades políticas.