Nota
Corrientes, la guerra contra la naturaleza

lavaca recorrió rutas y parajes asolados por el fuego que, según el INTA, ya destruyó el 11% del territorio provincial: la superficie quemada equivale a 46 veces la Ciudad de Buenos Aires. Pobladores que perdieron sus casas. Familias sin agua. Bomberos que vienen de otras provincias a ayudar con lo que pueden. Cuarteles locales que rezan por la lluvia. Chicos del ejército casi sin entrenamiento. Las primeras comunidades que alertaron del desastre. La transformación territorial que cercó territorios ancestrales con monocultivos. Y un cacique guaraní que trajo la lluvia con chamamé. Una crónica desde la otra guerra.
El reloj marca las 10:45 de la mañana, la temperatura en la Ruta Provincial 5 alerta 41 grados, y en el pastizal que se está quemando a la derecha del camino en Loma de Vallejos, a 94 kilómetros de Corrientes, sobresale, primero, un sombrero.
Luego, un caballo.
Luego, un hombre.
Se lo ve arriando a sus vacas para alejarlas de un foco que humea denso, silencioso, aparentemente distante, pero que avanza sin pausa. El hombre se acerca a la ruta, transpirado -piel curtida, mirada cansada- y pide un poco de agua. Se llama Ireneo Mesa, propietario del campo, tiene 70 años, 300 cabezas de ganado, y tenía una casa: la acaba de perder.
“Se me quemó toda”, dice, voz tranquila, resignada. “Perdimos todo el material, el alambrado, la cocina. No puedo llamar a nadie porque no tengo teléfono. Todavía no vino nadie. El incendio empezó a las 5:30, antes de las 6. Para mí fueron unos que pasaron en moto, porque ayer no había nada. ¿Por qué? Para hacer la maldad, nomás”.

Hay enfrente un patrullero de la policía provincial. El comisario inspector Peralta saluda y dice que aguardan por una dotación de 16 brigadistas que llegaron de San Juan. “Fueron a cargar combustible”, avisa. Es del interior de la provincia y nunca vio algo así. Señala el lado izquierdo de la ruta, enfrente del campo de Ireneo: “Este comenzó a quemarse el sábado. Tuvimos que cortar el paso dos horas porque era imposible transitar por el humo. Parecía que salía fuego del asfalto mismo, porque cuando ya no hay nada que quemar, sigue por abajo. Mire lo que es: no quedó nada”.
Miramos: todo negro.
Causas y consecuencias
Los fríos números encadenan cada día un eslabón más al desastre: el cuarto informe del INTA Corrientes, en base a datos que aporta el Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria provincial, alertó que al 21 de febrero la superficie correntina arrasada era del 11%.
El porcentaje equivale a 934.238 hectáreas, unas 46 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Sobre la ruta, los números toman forma: el color es negro, la textura de las raices se quiebra al tacto, el olor es a ceniza. “Esto era una cañada, un pastizal que se inundaba temporalmente”, señala Emilo Spataro, experto en gestión ambiental, uno de los fundadores de Guardianes del Y’verá, organización que hace décadas denuncia y alerta sobre las causas y consecuencias de la transformación de un modelo productivo que hoy estalló de forma dramática. Aquí, a 15 kilómetros del pueblo de San Luis del Palmar, lo que señala Emilio es un ejemplo: donde había agua este verano hubo vegetación seca.

Fotos: Juliana Faggi
Por la Ruta Provincial 5, entre el humo espeso, se comienza a ver un efecto de ese reordenamiento: de un lado bosque nativo, del otro pinos o eucaliptos. “De un lado, decenas de especies, y del otro especie única”, traduce Spataro. Las organizaciones señalaron que esa masa única es gran responsable de la crisis actual: uno de los clusters de forestaciones se produce todo alrededor del Parque Nacional Iberá, en el centro de la provincia, una de las zonas más afectadas por los fuegos.
“El monocultivo forestal, como todo monocultivo, es la destrucción total de variables ambientales de forma sistemática”, explica Spataro. “En el caso de las forestaciones, fumigan con glifosato para eliminar la vegetación. En los pastizales, hacen surcos para sembrar pinos y eucaliptos. En los humedales, introducen canales y terraplenes para sistematizar el manejo del agua: a medida que crecen, aumenta el consumo. La especie, además, es invasora: el viento lo dispersa y crece al borde de una laguna, lo coloniza y se arma un pinar espontáneo, que lo seca”.
El auto se detiene.
El humo lo tapa todo.


Bautismos de fuego
El fuego viene del estero Santa Lucía, en el departamento de San Miguel, a 167 kilómetros de Corrientes capital. Sobre la ruta 118 hay una dotación de tres bombreros del cuartel de Leones, de Córdoba, que ahora almuerzan porque fueron relevados. Otros dos cuarteles -Villa Dolores y Yacanto, también de Córdoba- están trabajando en otros parajes. Llegaron el sábado y se están quedando en una escuela rural a 30 km junto a otros bomberos y brigadistas que dependen del Sistema Nacional de Manejo de Fuego.

Bruno Maurer es bombero voluntario, tiene 28 años y un deseo: “Esperemos que llueva a ver si nos da una mano porque no damos abasto. Vamos cubriendo en la medida que podemos. Es triste por el medioambiente: podés hacer poco y nada mientras ves cómo daña un ecosistema que no se recupera más”. Jorge González, 40, y una hija que llama todos los días para que no se preocupe y se ponga a llorar: “Nos da impotencia, porque no podemos estar en todos lados”. Angel Pena, 46, y es el jefe: “Lo único que queremos es poner nuestro granito de arena, aunque sea lo mínimo, para ayudar en algo”.
A cinco metros hay un camión del ejército con cinco chicos del Batallón de Ingenieros Blindados de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que están descansando. Lo de chicos no es una generalidad: David Zanabria es voluntario de segunda en comisión y tiene 23 años. “Llegamos el sábado y el domingo nos metieron de lleno contra el fuego. Los brigadistas lo llaman ‘bautismo de fuego’. Se nos reían porque nos decían: ‘Cómo los van a meter a ustedes que tienen un curso apenas en terrible bautismo’”.
Con el humo que lo inunda todo, cada testimonio suena aún más tremendo. El curso de un mes lo hicieron en el batallón: “Nada que ver con lo que estamos enfrentando ahora. Nos dijeron de técnicas, movimientos, herramientas, pero no hicimos las prácticas. Acá tenemos el fuego enfrente y tenemos que hacer una brecha en menos de cinco minutos para que no avance del otro lado. Sin ese curso, estaríamos en pelotas”.
Los soldados Ernesto Goydar y Marcelo del Valle cumplieron 20 y 22 años el martes: “Nos dieron un budín”, dicen, en festejos que pasaron entre el humo. “Es una tragedia lo que pasa: la gente llora, destrozada, ven que viene el fuego y no quieren abandonar sus cosas, su casa, intentan salvar lo que puedan, entre lágrimas. Por suerte los dos fuegos que estaban por llegar los pudimos tirar”.

Se levantan todos los días a las 5:30 y no tienen hora de repliegue. Zanabria: “Si estamos batallando y está calmado a las 8 de la noche tiran la orden, pero si se reactiva tenemos que quedarnos hasta que se apacigüe para irnos tranquilos. Si no se puede, nos vamos hasta el día siguiente”.
¿Y sus familias? “Tratamos de no pasarles el nerviosismo para que no se preocupen. Capaz nos duele todo, pero aunque estemos quebrados, lo camuflamos”.
Sobre la ruta, apoyados en una moto, Olegario (42) y María Ester (41) observan todo con lágrimas en los ojos, y no es por el humo. “Nacimos y nos criamos acá. Nunca vimos esto, desde el sábado que estamos así. El domingo se le quemó la casa a un abuelito, perdió todo. Lo vimos. Nosotros estamos muy cerquita, nos está rondando. Tenemos 5 hijos y una nietita de 2. Estamos en una crisis porque no hay fruta, no tenemos verdura, nada, porque no tenemos agua. ¡No hay agua! Todo seco, no se produce nada. El otro día alguien vino de Corrientes y nos trajeron agua mineral, pero nada más. A veces te largás a llorar de impotencia, porque nadie sabe lo que va a pasar. Antes se quemaba un pedacito, no tenías miedo: hoy tenemos miedo hasta de dormir”.
Ella trabaja haciendo changas de panadería en su casa en Paraje Caimán.
Él, en un aserradero, con eucaliptos: “Trabajo de 5 a 10 y otro poquito por la tarde, pero no puedo faltar porque no cobro, si no. Mirá”, dice y se muestra la pierna, con sangre aún sin cicatrizar. Se muestra el dedo: “Está machucado. Si te distraés, fuiste”.
Cobra 140 pesos la hora. “Una miseria”, dice, como si hiciera falta aclararlo.

Sobre humos & especulaciones
Los bomberos y los brigadistas se desplazan a la ruta a ordenar el tránsito porque el humo -ahora gris- ya impide la visión. Hay que pasar con cuidado. El tramo no llega a ser de un kilómetro pero es una prueba de cómo, en segundos, puede cambiar todo.
“Muchos echaron la culpa a los pobladores de los fuegos”, dice Spataro, cuando la visión se despeja un poco. “Muchos tienen únicamente la banquina para pastar las 3 ó 4 vacas que tienen, en otro efecto de la acaparación de tierras. Están acostumbrados a quemar el pastizal para que rebrote, pero nadie les dice ni les explica que estamos en un contexto de cambio climático: es responsabilidad del poder político difundir cuáles son las particularidades para que los pobladores no quemen”.

También hay intereses sobre las tierras: en medio de este contexto crítico, Juntos por el Cambio pidió derogar la ley de Manejo del Fuego, que prohíbe la venta y el cambio de uso de tierras incendiadas en un lapso de 60 años para evitar especulaciones. “Es muy obvio”, dice Spataro. ¿Qué tipo de proyección productiva hay en esas tierras? “Plantaciones forestales y ganadería. Los humedales son caros de intervenir porque necesitan una inversión fuerte, pero ahora que están secos el fuego los destruye de forma barata”. Un ejemplo: “Tenés 10 mil hectáreas: 5 mil de pasturas y 5 mil de humedales profundos. Con fuego, para fin de año, podés tener 10 mil de pastura”.
Allí se entiende la importancia de la Ley de Humedales que el Congreso cajoneó y este año perdió por tercera vez estado parlamentario. Hay promesas de presentarlo con la apertura de sesiones en marzo, pero el humo no es exclusividad correntina: “La ley crearía los instrumentos de gestión del territorio necesarios para que esto no pase más. Implica que cada provincia tenga que incluir a sus humedales en un proceso de reordenamiento territorial participativo. Que haya sectores que discutan si es útil destruir buenas tierra de pastura, cañadas y lagunas para forestaciones homogéneas o si es buena idea forestar parajes rurales alrededor de los pueblos con el riesgo de incendio que significa. No estamos en contra de la producción, los extractivistas lo están. Hubiera cambiado esta historia si hace 10 años hubiéramos tenido ley de humedales”.


La naturaleza rebelde
Las camionetas de Guardianes del Yverá llegan al cuartel de bomberos de Concepción, a 190 kilómetros de Corrientes, a dejar donaciones: bidones de agua, bebidas isotónicas, mochilas, calzado, medicamentos. Les recibe la delegación con María Rosana Ojeda, 42 años, 12 como presidenta de la asociación civil: “Agradezco mucho a Dios que aquí no tuvimos pérdidas materiales de las casas. Muchos animalitos sí murieron porque se quemaron los bosques nativos. Otros que sobrevivieron están en problemas hoy, porque muchas personas están sin agua potable”.
Cuenta que no tuvieron visitas de brigadistas y que la única ayuda recibida fue de Nación. “Hay cuatro aviones hidrantes en el predio y bomberos de un lado a otro”. Dentro de la regional que integran, muchos pueblos no tienen móviles, entonces Concepción -con tres vehículos, una estructura que otros zonas no tienen, ni siquiera con cuarteles- puede asistir. Ojeda: “Esta crisis evidenció el abandono total. Da mucha bronca porque nadie aparece, nadie dice nada, vienen para la foto. Mintieron demasiado: si recibimos subsidios provinciales es porque se está quemando Corrientes (en el interior llaman Corrientes a la capital). Lo que tenemos son móviles nacionales, y después hay mucho chiquitito para hacernos callar la boca. A veces te aguantás y te tenés que agarrar de donde venga. Hay mucha impotencia”.
¿Qué queda? “Rogar que llueva, y que sea lo que Dios quiera”.

Cerca del cuartel vive Miriam Sotelo, delegada del Consejo de Participación Indígena (CPI), y referente de la comunidad Yahaveré, aquella que empezó a denunciar la tragedia anunciada hace años: “La naturaleza está en total rebeldía. En todo su esplendor, nos está mandando un mensaje. Cuando nos despojaron de nuestra tierra, nos sacaron y nos humillaron, nadie hizo nada. Nosotros somos dueños de esos lugares y no hicimos ningún negocio, pero no fuimos defendidos de la misma manera. Hoy la respuesta política está siendo subsidiar a las mismas empresas que nos llevaron a esto. Yo tengo un hijo y un sobrino de 9 años: ¿qué les estamos dejando a ellos?”.

A nivel social también quedó, con el desastre en curso, que la respuesta política fuera que el gobernador correntino Gustavo Valdés y el ministro de Medio Ambiente de Nación, Juan Cabandié, se culparan mutuamente. Spataro: “La responsabilidad primigenia es del gobierno provincial porque es la titular de los recursos naturales. Además, lo del gobernador fue bochornoso: estaba de vacaciones, culpó a la mala suerte y pidió plata a Estados Unidos. Pero el ministro se escuda en falsedades”.
En 2021, la Corte Suprema revolvió que Nación tiene competencia para intervenir y regular el uso del agua en el caso del Río Ayuí: se trata del proyecto que unía al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, con el millonario George Soros, en la construcción de una represa. La provincia había demandado a Nación diciendo que violaba la autonomía provincial, pero la Corte lo rechazó. “Dijo que la tutela de los recursos no implica que Nación no tenga postedad de supervisar el cumplimiento de las leyes nacionales. Entonces Cabandié no sólo podía, sino que debía hacer más”.


Cristian Piriz es de San Miguel, una de las zonas afectadas ayer y hoy. Referente de Guardianes del Yverá, se sumó a la organización después de un encuentro de pueblos fumigados que se hizo en Pellegrini, luego de ver durante años cómo las forestales destruyeron las comunidades: “Vendían las tierras por monedas y se iban a vivir a otro lugar. Sabemos cuál es la raíz del problema. Más de uno la vivió en carne propia”.
Por eso, con las denuncias de años hechas realidad de forma trágica, hoy piensa que tiene que haber una acción diferente. “Tiene que haber un punto de quiebre. A la sociedad le hizo un click distinto el hecho de visualizar luchas que parecían aisladas, en distintos lugares, pero que tenían que ver con este tipo de eventos. Los únicos que no reaccionan es la clase dirigente, que sí sabe, pero no le importa, y continúa con decisiones que afectan los territorios. Hoy estamos básicamente dependiente de la lluvia. Si después de esto no hay un cambio mucho mayor, no va a haber solución”.
Hasta la raíz
Ceferino Ríos tiene 57 años, es el karaí guasú (cacique) de la comunidad guaraní Ñu Puhi, y es otro de los referentes que luchó en defensa del territorio contra las empresas que alambraron con púas y monocultivos el Iberá. “Querían sacar a todos los lugareños y adueñarse de los campos, porque el interés de ellos es el agua y el turismo. Este modelo nos hizo mucho daño. La forestación trajo muchos problemas. Si no fuera por la organización Guardianes del Yverá, nos hubieran echado hace años”.
Hoy siguen resistiendo. La comunidad pertenece al departamento de Ituzaingó, al norte de la provincia (otra de las zonas afectadas), pero Ceferino viene cada 15 días al potrero que era de su familia, en Concepción. Mientras habla, a 300 metros se ve fuego. Ya fue y vino una camioneta de bomberos (“Si se complica, avise”, le dijeron) y se ven avionetas que sobrevuelan y arrojan agua que parece no hacer nada.

“Está desde enero el humo y nadie lo puede apagar”, dice, tranquilo. “Únicamente el de arriba puede, con lluvia, porque el fuego va bajo tierra: se quema arriba, se quema más abajo, y se quema hasta la raíz, ahí sigue bajo tierra. Era un monte con juncal y totora, de raíz gruesa. ¿Miedo? No. Estamos acostumbrados. Lo que sí es molestoso es el humo, porque algo así nunca vimos. Es, cómo te puedo decir: una epidemia”.
Ante la repregunta, el cacique insiste en su tranquilidad: “Lo único que queda es tener fe. No podemos inventar nada contra la naturaleza. Ella es la que manda”.
De fondo, el fuego ya no se ve: no porque no esté, sino porque lo tapó el humo. “No va a llegar”, confía Ceferino, cuenta que ya hizo un cortafuego (trazó una zanja con un tractor para impedir el avance de llamas), y dice que ahora van a “serenatear”. Saca una guitarra, se suma otra, un bajo y un acordeón. Comienzan a tocar y cantar chamamé. Las voces son bellísimas, la digitación de la guitarra es precisa, el acordeón marca el pulso, pero el humo avanza y, con los minutos, ya es una neblina dentro del concierto.
De pronto, cae una gota del cielo.
Y otra.
Y otra.
Está lloviendo.

Nota
57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.
El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».
Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.
A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.
Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.
Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:





Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.
Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.
Nota
Trabajadores de Morvillo toman la fábrica tras el anuncio del cierre de la planta, que implica 200 despidos

Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.
Por Lucas Pedulla
El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:
“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.
El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.
Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.
La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.
Avon, papel & toma
Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.
En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:
- “Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”.
- “Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”.
- “En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.
La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.
Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.
Gris de espera
Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.
El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.
Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.
Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.
Nota
Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

Empezó el segundo proceso judicial a integrantes de la lof mapuche, a quienes se les endilga el delito de usurpación en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, Río Negro.
El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca y que se realizará de manera virtual, tendrá 132 testigos que serán llamados a declarar y como mínimo, se espera que dure hasta abril. Expresan desde la comunidad: “Somos sometidos injustamente, acusados de usurpar nuestro propio territorio, el mismo que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.
Para entender el conflicto hay que retroceder a 2017, cuando la lof inició la recuperación de su territorio a partir del levantamiento de una machi –guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche–, y la construcción del rewe –un sitio sagrado de conexión con otras energías del espacio en donde la machi atendía a quien fuera a curarse–. La respuesta del Estado fue de terror: un operativo de desalojo comandado por la vigente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura, el 25 de noviembre de aquel 2017. Todo ese proceso derivó en el primer juicio contra la comunidad, donde fueron condenados siete mapuche.
Tiempo después del crimen de Rafita, la comunidad volvió al territorio hasta que en 2022, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutó otro desalojo represivo.
En el juicio que arrancó hoy y continúa mañana, se juzga de la usurpación de distintos terrenos a Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Colhuan, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Se defienden desde la comunidad: “Nos encontramos frente a un contexto muy difícil alimentado por un sistema político y judicial perverso, que agudizó la persecución hacia el Mapuche con más violencia y encarcelamientos, con el fin de debilitarnos y quitarnos nuestro territorio”.
El juez a cargo se llama Alejandro Silva y es el mismo que presidió el proceso por el fusilamiento de Rafael Nahuel y que condenó a sus responsables con penas ínfimas.
Ataques
El contexto al que hacen referencia refiere a un gobierno que agudizó el hostigamiento preexistente hacia el pueblo mapuche, además de un avasallamiento de derechos a las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Algunos ejes de esa persecución: el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el decreto que barrió a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) que mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios y que allanó el terreno para el desarraigo de la comunidad Paillako a principio de este año; y el señalamiento sin pruebas como causantes de los incendios en la Patagonia. Por citar un caso, Victoria Heredia Núñez, integrante de Lof Pillan Mahuiza, cumple arresto domiciliario desde el 12 de febrero acusada del incendio en la Estancia Amancay, en la localidad chubutense de Trevelin, pese a demostrar mediante georreferenciación que al iniciarse el fuego estaba a más de 90 kilómetros.

La gente de la comunidad frente a la policía durante una inspección ocular en octubre de 2023. Fotos: Jaime Carriqueo
Absurdos
La defensa de la comunidad está a cargo de la Gremial de Abogadas y Abogados. Uno de ellos, Gustavo Franquet, le dice a lavaca ni bien concluida la primera audiencia: “Esto comenzó en 2017 y estamos en 2025; llevamos más de 7 años donde se supone que juzgados de instrucción federal, fiscalías federales, fuerzas federales de investigación como Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura investigaron a la comunidad y no pudieron conseguir elementos para acusarlos de otra cosa que no fuera usurpación, motivo por el que ni tendrían que estar en el banquillo. El Estado argentino, desde la Constitución de 1994, reconoce los derechos preexistentes de los pueblos originarios, por lo que no puede ni debe criminalizar el conflicto territorial; en una recuperación, no hay delito. Si esto fuera juzgado como corresponde, no pueden de ninguna manera condenar a nadie”.
En cuanto a cómo abrió el juicio, cuenta: “Sólo en un par de horas que duró, ya se cometieron varios despropósitos jurídicos, aunque estamos seguros que lo más horroroso de este juicio está por venir; vamos a escuchar cosas muchísimos más jodidas, hoy fue un precalentamiento”.
¿Qué despropósitos?
Entre las barbaridades que dijeron, hubo tres que no se pueden creer.
A una de las mujeres, Yéssica Bonefoi, la quisieron acusar de la usurpación de una cabaña, que cuando la fiscalía pidió la elevación a juicio, ni se mencionó. Fue algo insólito, porque no pueden inventar elementos nuevos. Pidieron un cuarto intermedio y cuando volvimos retiraron ese planteo porque obviamente estaba fuera de lugar. Es tanta la voluntad de persecución, de acusación gratuita, que ni se fijaron en eso.
Un segundo despropósito es que cuando se produce lo que llaman la usurpación del ex Hotel Mascardi, una de las acusadas (la machi Betiana) seguía siendo menor. Por ley de minoridad, hay todo un proceso que en este caso no se cumplió cuando se acusa a menores de entre 16 y 18 años y que ahora imposibilita al juez a dictar sentencia contra ella. Como una cuestión lógica le exigimos al juez que no la someta al juicio, y en vez de aceptarlo, dijo que lo va a decidir al final del proceso. Algo totalmente absurdo y re victimizante para la machi.
Y un tercer punto que es la pretensión de la fiscalía y de las querellas de que consideren a la usurpación como un delito continuado. Se denomina con esta tipificación a delitos como la desaparición forzada, o un secuestro, pero no a una usurpación, que es un tipo específico de hurto o de robo, en este caso de un inmueble. Si alguien comete un robo, el delito es en ese momento, no continúa en el tiempo. Ahí hay otro absurdo.
Truchos
En 2022, antes del segundo desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, se incendió un trailer y un remolque de Gendarmería. Desde los gobiernos provinciales y nacionales se acusó al pueblo mapuche, al igual que de usurpar una cabaña. Recuerda Gustavo: “Ahí empezó toda esta farsa. Esa zona está protegida por fuerzas federales, pero señalaron a la lof y así allanaron el camino para desalojarlos”.
Ese desalojo fue brutal, con más de 250 efectivos del Comando Unificado que irrumpieron en el territorio. Romina Rosas, una de las mapuche detenidas, estaba embarazada de ocho meses y fue golpeada y arrastrada por el piso; días después, parió a su bebé rodeada de policías. Celeste, decía esto de aquel 4 de octubre de 2022: “Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Fue una cacería”.
Retoma Gustavo Franquet: “A las seis personas que están enfrentando el juicio jueces federales les dictaron su falta de mérito, porque no hay ningún elemento que los ligue a lo que se los acusa. Toda esta causa es trucha porque fue creada para criminalizar, para desalojar y para allanar a la comunidad. Y por ende, todo este juicio es trucho”.
Lafken, en mapudungún, significa espejo de agua. Winkul, espíritu guardián de la montaña. Y Mapu, tierra. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, concluyen: “Seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (creencia) y esencia mapuche. A enfrentar al winka con nuestra verdad, por más que el aparato estatal utilice todos los medios a su alcance para difamarnos pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones. Pero tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.

Matías Santana, la Machi Betiana, Luciana Jaramillo y Romina Rosas son cuatro de los seis acusados, durante la primera audiencia del juicio en su contra.
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