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Espionaje ilegal: procesan a un agente de la AFI

El juzgado federal de Esquel procesó a un agente de inteligencia por realizar espionaje ilegal a vecinos y vecinas del movimiento No a la Mina en el marco de una causa por terrorismo contra una comunidad mapuche. La medida judicial revela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales.

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El juzgado federal de Esquel procesó a un agente de inteligencia por realizar espionaje ilegal a vecinos y vecinas del movimiento No a la Mina en el marco de una causa por terrorismo contra una comunidad mapuche. La medida judicial revela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales.

Espionaje ilegal: procesan a un agente de la AFI
Un agente de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (su nombre aún permanece oculto porque es el Estado quien debe relevar su secreto) fue procesado por realizar tareas de espionaje prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia. El juzgado federal de Esquel le trabó además un embargo por 30 mil pesos y le prohibió salir del país. La Corte Suprema, mientras tanto rechazaba juzgar a una comunidad mapuche según el patrón de la impresentable Ley Antiterrorista, ocurrencia plasmada por el gobierno de Cristina Kirchner. El supuesto delito: demandas sociales por tierras que ocupa el emporio internacional Benneton.
Los elementos de este caso son: una comunidad mapuche, una corporación, un espía, tres fiscales, una asamblea, una mina. Los ingredientes de esta historia perfilaban para convertirla en una película de Oliver Stone, pero las circunstancias la transformaron en un capítulo del Superagente 86. ¿Cómo ocurrió? Hay que leer el guión.
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Llega una persona

El 28 de mayo de 2015 “una persona” se presentó “espontáneamente” ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel (provincia de Chubut) para dejar información sobre la investigación que tres fiscales generales estaban realizando sobre la toma de tierras que una comunidad mapuche había iniciado en una estancia de la corporación Benetton, ubicada en la localidad de Leleque, departamento de Cushamen. La “persona” se identificó como un agente de inteligencia, exhibió su credencial y el fiscal general Fernando Rivarola lo invitó a pasar a su despacho y sentarse.
La recuperación de los territorios ancestrales mapuche había comenzado en marzo, dos meses antes. Benetton no perdió tiempo: presentó una denuncia por “usurpación”, que abrió una causa judicial, y llegó a imputar a los mapuche por terrorismo, ya que los tres fiscales que instruían la causa (María Bottini, Fernanda Révori y el propio Rivarola) entendieron que “el accionar” afectaba “directamente los intereses de la Nación, hasta el punto de poner en riesgo la seguridad interior”.
¿Conclusión? La Justicia provincial buscó aplicar por primera vez en Chubut la Ley Antiterrorista y emitió órdenes de captura internacionales para los mapuche, en medio de represiones con balas de plomo.
En ese contexto llegó el agente de inteligencia al Ministerio Público Fiscal de Esquel. En una reunión de una hora, donde les dejó su mail y número de teléfono, les dio a los fiscales un disco externo que los funcionarios públicos guardaron en la computadora del fiscal Rivarola. La información quedó guardada allí, junto a otras medidas de prueba solicitadas por la fiscalía. Tres meses después, tan solo unos minutos antes de la audiencia pública donde Benetton se constituiría como querellante, el defensor público Fernando Radziwilowski consultó el legajo para ver qué medidas habían sido solicitadas por los fiscales. Llegó a las carpetas guardadas desde mayo y observó, entre archivos y carpetas, un documento word que le llamó la atención, porque en mayúsculas titulaba:

  • “Activistas antimineros en Zona de Comarca Andina”.

¿Qué hacía un archivo así en una causa sobre la recuperación de tierras mapuche?
Doble click.
La pantalla se pobló con 26 fichas de inteligencia sobre periodistas, activistas, asambleístas, empleados públicos, docentes y otras profesiones reales o supuestas de personas vinculadas a la asamblea No a la Mina, el movimiento que detuvo el avance del modelo extractivo en la región gracias a movilizaciones, boca a boca, comunicación y a un plesbicito que, en 2003, no dejó dudas: el 82% de Esquel se opuso al ingreso de la minera Meridian Gold.
El texto completo del procesamiento, en formato pdf

La justicia acusada

El defensor público imprimió las fichas y denunció el delito en la audiencia. Se viralizaron por Facebook y Twitter y obligó a los tres fiscales a dar una conferencia de prensa donde explicaron que las fichas “nunca” habían sido parte de una línea de investigación propia. Como acto reflejo, los fiscales Rivarola, Bottini y Révori denunciaron el acto de espionaje ilegal ante el juzgado federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, pero ya era tarde: en la calle la asamblea pedía la renuncia de los funcionarios y escrachaban el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el juzgado emitió el 12 de abril un auto donde procesó al agente (su nombre aún permanece oculto porque es el Estado quien debe relevar su secreto) por realizar tareas de espionaje prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia. También le trabó un embargo por 30 mil pesos y le prohibió salir del país. El auto podría ser considerado una pieza de ficción si no se tratara de un hecho escandaloso: funcionarios públicos aceptando información ilegal de un agente que nunca requirieron y que guardaron y remitieron a la defensa pública junto al expediente que investigaban.
¿Cuál es entonces el enlace entre James Bond y el Superagente 86? La respuesta está en la foja 41 del auto de procesamiento del juzgado federal, donde se cita la declaración indagatoria del agente de inteligencia, que dice que Rivarola marcó su número de teléfono y lo llamó cuando el escándalo estalló.
Y, para la antología de la historia judicial argentina, le dijo:
-Me mandé un cagadón.

El cono del silencio

“El procesamiento es una buena noticia”, celebra Pablo Galperín, periodista de la radio comunitaria FM Kalewche, integrante del movimiento No a la Mina y una de las 26 personas fichadas por el agente de inteligencia que descansaban en el Ministerio Público Fiscal. “El fiscal Rivarola queda bastante mal parado porque el juez remarca contradicciones entre lo que declaró, la pericia informática que se hizo sobre su computadora y la versión del espía. Recordemos que la primera reacción de los fiscales fue salir a despegarse aclarando que desconocían la existencia de ese material. Pero las pericias informáticas llaman la atención porque puntualizan en las fechas en las que se crearon las carpetas en su computadora y se volcó la información suministrada. Según la descripción del juzgado, Rivarola iba monitoreando el material que le pasaba el espía”.
¿Cómo puede saberlo el juzgado federal? Los fiscales filmaron la reunión que tuvieron con el agente de inteligencia y el video es prueba que la fiscal federal Silvina Ávila analizó y cruzó junto a la pericia de la CPU de Rivarola, para verificar la creación de carpetas y archivos. Todas coinciden con el día en que el espía visitó su despacho. La reunión comenzó a las 9:11 horas y duró 57:52 minutos. El espía se presentó como agente de la Secretaría de Inteligencia, exhibió credencial y aclaró que hacía unos años estaba realizando tareas de investigación abocado “a los hechos de ´Vuelta del Río´ (paraje donde se produjo la toma)”. Le dijo al fiscal que tenía identificadas a “montones de personas”, pero aclaró que sus intervenciones no eran “precisamente las judicializables”, sino que después deberían ser corroboradas “por los canales correspondientes para quedar a salvo de cualquier objeción de algún abogado defensor”.
Rivarola le dijo que estaba “de acuerdo”.
El fiscal estaba solo. A casi 7 minutos de comenzada la entrevista vio pasar a la Fiscal Jefe María Bottini por el pasillo del Ministerio Público. Le pidió que se sumara. Lo hizo. Rivarola le preguntó entonces al espía “en concreto, de esta gente qué datos maneja”. El agente contestó que trataban de identificar a las personas que iban a las reuniones o a colaborar al lugar de ocupación. “Para ello, tomaban fotografías y anotaban la patente de los vehículos que las trasladaban”, explica el auto. El juzgado consigna al espía como Agente AFI (por las siglas de la Agencia Federal de Inteligencia) Y sigue: “Sobre esto, mencionó que tenía identificada a una pareja de Bariloche, ingenieros nucleares del Balseiro, que concurren a prestar apoyo, también a una doctora”. El espía aclaró que toda la información la tenía “la brigada” porque “se manejaba con ellos”.
La fiscal Bottini le preguntó por el financiamiento de la toma. El espía respondió que los mapuche estaban “rentados” y que la organización italiana Ya Basta “gira dinero”. Agregó que la FM Kalewche recibió “remesas de dinero muy importantes sin explicación en publicidad”. Cabe aclarar que Kalewche es una radio comunitaria.
A los 18:50 minutos de comenzada la entrevista el espía sacó de su bolsillo el disco externo y comentó que tenía filmaciones. Rivarola se mostró interesado. “Lo bajamos, sí”, le dijo. Según el auto, “Rivarola y Bottini observaron el contenido del dispositivo conectado a la computadora, mientras [Agente AFI] realizaba explicaciones a medida que avanzaban por fotos, videos y documentos de texto”. El espía les dice que tiene información de una periodista de El Bolsón que “acostumbra a escrachar a los agentes de inteligencia que concurren de incógnito a las manifestaciones”, y mencionó que después le mostraría la “ficha” de una mujer que tenía identificada. Rivarola manifestó que le interesaba: “Yo tengo que imputarla”. El auto describe cómo los fiscales fueron pasando por carpetas y archivos, y a casi 40 minutos, describe: “Rivarola preguntó ´¿esto´”, a lo que el agente respondió “que se trataba de un teléfono que estaba ´dentro de listado´ y pertenecía a una periodista del diario Crónica”.
Nadie se salvaba.
Más: “Al revisar otro archivo [Agente AFI] comenzó a decir ´ah, ese es un periodista´ y Rivarola completó ´militante de la Cámpora´. [Agente AFI] explicó que ´lamentablemente uno tiene que saber quiénes son y qué quieren´”.
Rivarola desconectó el disco externo a los 50:25 minutos. Es decir, más de media hora después. Textual del auto:

  • “Rivarola culminó diciendo ´bueno, la verdad nos ha traído algunos datos importantes´. Intercambiaron sus direcciones de mail y Rivarola le dijo que ´todo lo que usted me quiera pasar por mail como dato a nosotros nos sirve, después veremos si lo podemos verificar o no´. Cuando se despidieron [Agente AFI] dijo que los visitaría una vez por mes, mientras Rivarola le decía que cuando venga le pase los datos que tenga para ir actualizando”.

El espía se fue a la 10:07 de la oficina del fiscal Rivarola.
Tres meses después estalló el escándalo inevitable.

El rastrero

Algunas de las declaraciones testimoniales que tomó el juzgado federal también son indicativas de la relación promiscua entre las fuerzas de seguridad y espías respecto a tareas de inteligencia con escaso o nulo sustento legal. La primera declaración citada es la de Adrián Alejandro Muñoz, jefe de la División Investigaciones de Esquel. Muñoz declaró que el espía acudió a su oficina “en el marco de la investigación relativa a la ocupación territorial de Leleque”. Sostuvo que no lo conocía, pero “reconoció que trabaja de manera coordinada con la ex Secretaría de Inteligencia”.
Según Muñoz, “en la brigada consideraron que era lo que en la jerga se conoce como ´rastrero´, saca información y la lleva”, y quiso dejar en claro que “este agente nunca intervino con la policía dando indicaciones”. Muñoz aporta un dato interesante:

  • “Señaló que el mismo día en que se hizo público a través de redes sociales la existencia de documentación referida a personas del movimiento ´No a la Mina´, dos integrantes de la ex Secretaría de Inteligencia concurrieron a su oficina y le pidieron entrevistarse con el Fiscal Rivarola porque tenían información para darle. Dijeron ´viste, [Agente AFI] se la re mandó, venimos a pedir disculpas a la Fiscalía y al Juzgado Federal. Rivarola accedió a reunirse con ellos a las 18 horas en la dependencia policial”.

Muñoz declaró que cuando llegó a su oficina, Rivarola ya estaba reunido con los dos agentes y con “el oficial Carrizo”. Según la declaración de otro de los integrantes de la Brigada, la reunión duró “20 minutos”. Muñoz dijo que en ese momento se enteró de la existencia del archivo con información de las personas del No a la Mina.
El “oficial Carrizo” es Pablo Nicolás Carrizo, segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de Esquel, que también prestó declaración al juzgado federal. Confirmó parte de lo dicho por Muñoz: “Luego de la ocupación territorial en Leleque se presentó en la brigada una persona que se identificó como agente de la ex Secretaría de Inteligencia”. El agente pidió hablar “con el Jefe”. Es decir, Muñoz.
¿Qué dijo sobre la reunión de los otros dos agentes con Rivarola? Que sólo “se quedó cebando mate”. Según el oficial Carrizo, en ese momento se enteró de todo lo que se había destapado. Según la declaración, Carrizo “advirtió que los tres estaban al tanto de lo que había pasado y Rivarola pedía asesoramiento a los dos agentes”, que le confirmaron que la persona que había concurrido a su despacho con el disco externo era “compañero de ellos”. La declaración termina: “Se mostraban indignados”.
Otra declaración que remarca esa promiscuidad es la de José Luis Santillán, comisario 2do de El Maitén, que dijo que “en una oportunidad una persona que desde hace años conoce como [Agente AFI] y sabe que es agente de la ex Secretaría de Inteligencia lo fue a buscar a la Comisaría”. Agregó que, de allí, lo mandaron a verlo a su casa. Santillán declara que fue al hogar del espía, que estaba “con su esposa e hija”. Comentó que hablaron de temas personales. Según el auto, el agente le manifestó que estaba “trabajando con el tema de los mapuche”, pero que Santillán “no le hizo ninguna pregunta sobre ello porque sabe que se manejan de manera confidencial”.
Otro que declaró fue Claudio Alfredo Rodríguez, encargado de la Sección Comarca Andina de la Brigada de Investigaciones de Esquel, y su importancia radica en que, como expresa el auto, “tuvo intervención desde el primer momento en la investigación por la ocupación”. Rodríguez afirmó que en marzo se presentó el espía, que dijo ser de “la SIDE”. Según el oficial, “tuvo por lo menos dos o tres encuentros” con el agente, que le “trataba de sacar información” y que bajó información en su computadora, pero que “la borró” porque “no tenía nada que ver con sus investigaciones”. Dijo que no vio nada sobre las fichas del No a la Mina.
El juzgado federal requirió el listado de llamadas recibidas y emitidas por el espía. La empresa prestataria del servicio de telefonía móvil informó que su celular estaba domiciliado en Puerto Madryn y registrado bajo la titularidad de “SIDE”. Según el listado completo citado en el auto de procesamiento:

  • Recibió 17 llamadas desde el celular del subcomisario Rodríguez entre el 12 de abril y el 2 de octubre de 2015. “A su vez, lo llamó en veinticinco ocasiones y le envió cinco mensajes de texto entre el 12 de abril y el 15 de agosto”.
  • Recibió 3 llamadas del Comisario Muñoz entre el 17 de marzo y el 3 de junio de 2015. El espía lo llamó 17 veces y le envió 3 mensajes de texto entre el 25 de marzo y el 20 de julio de 2015.
  • El 4 de junio llamó al celular del “oficial Carrizo”.
  • El 28 de agosto recibió una llamada del fiscal Rivarola. El juzgado federal constató que la llamada fue a las 18:05 horas y duró siete minutos. El auto no aclara otra llamada, por lo que se podría intuir que fue en esa comunicación que el funcionario público se sinceró: “Me mandé un cagadón”. La fecha coincide con el día en que el defensor público denunció la existencia de las fichas.

Qué dice Pablo Galperín, de FM Kalewche: “La importancia de este auto es poner en evidencia la complicidad en el manejo irregular de información entre servicios de inteligencia, la justicia y la policía. El espía alcanzó un nivel de gestión con distintos funcionarios judiciales y policiales que llama la atención que sea por pura iniciativa propia. Es mucho trabajo. Una cosa es aportar un material, otra cosa es todo esto. Además, genera cierta inquietud que aún no se conoce su identidad. Puede seguir trabajando. No hay muchas garantías de que esto no siga pasando”.

Qué dice el espía

El agente de inteligencia prestó declaración indagatoria el 2 de febrero. El juzgado le imputaba que, en su condición de agente de la Delegación Provincial de Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia, “cumplió funciones de investigación criminal sin autorización legal ni requerimiento judicial alguno realizado en una causa concreta”.
Qué respondió el espía. Extractos textuales del auto:

  • En defensa de esta imputación, [Agente AFI] refirió que concurrió a esta zona comisionado por órdenes superiores para realizar una tarea que ´no puedo revelar en el marco de la ley de inteligencia´. Vino en cuatro oportunidades, inició su comisión el 12 de marzo y estuvo en la región en abril, mayo y junio. Que se presentó ante las ´distintas autoridades´ a raíz de ´los nuevos paradigmas de la AFI´, hablando de la apertura del organismo, que está trabajando en un ´marco abierto y plena colaboración´.”.
  • Dijo que Rivarola no lo convocó, sí sabía que ´estaba trabajando y me entrevistaba con la policía´. Sólo estuvo dos veces con él, en mayo y junio, y conversó por teléfono en una sola oportunidad. El vínculo era a través de Muñoz”.
  • ´Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, yo le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial´. Dijo que Rivarola creó una carpeta en su computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. ´Todos los documentos que copió en su computadora los abrió, los miro y decidió copiarlos… si mal no recuerdo, me parece [que la carpeta] la tildó como ‘Inteligencia’…´. Las fotos que ´yo había tomado de la toma´ le servían para su investigación”.
  • Dijo que la información que le dio a Rivarola “no es clasificada”, sino sacada de “redes sociales, medios masivos de comunicación, de radios, de declaraciones públicas”.

  • Con relación al archivo ´ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA ANDINA.doc´ (donde estaban las fichas del No a la Mina) dijo que Rivarola ´lo abrió, lo vio e incluso dijo que le podía interesar´. En ese momento, él se dio cuenta que se le había ´traspapelado´, ´pero como me dijo que le podía interesar se lo dejé que lo copie´”.
  • Agregó que él no confeccionó ese archivo, sino que había circulado en ´redes sociales´ tiempo atrás con motivo a un conflicto suscitado entre la UOCRA y sectores anti mineros. Ignoraba que todavía estuviera en su computadora. Estimó que el archivo debió haber sido creado en 2014. ´Yo no lo levanté, llegó a mi computadora porque fue visto en la delegación, estaba dentro del marco social conflictivo de esa época, entre estos sectores había escraches mutuos´».
  • Por último, comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo ´me mandé un cagadón´. Primero le dijo que le habían sacado la información y después que no sabía cómo se le había traspapelado. Le dijo que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a tener él. Le hizo referencia al archivo de activistas anti mineros, él le dijo que no sabía ni de donde había salido. Rivarola le dijo que tenía que hacer una denuncia. Después no tuvo más contacto con él”.
  • “Dijo no estar al tanto de la reunión que mantuvieron compañeros suyos con Rivarola en la sede de la Brigada. Nunca escuchó los nombres de los agentes que habrían participado en esa reunión, ni como nombres de cobertura”.

Dardos cruzados

Desde la Agencia Federal de Inteligencia, aún en tiempos de Oscar Parrilli, informaron al juzgado que el organismo no ordenó ninguna de las actividades que se desprenden en la causa. Antes de dictar el procesamiento, el juez federal Otranto subraya que la información suministrada por el espía “no consistió en una mera búsqueda a través de alguna red social en Intenet”, ya que “las características de los datos recabados dan la pauta de que fue producida por alguien que venía recabando datos y realizando una observación prolongada de la actividad anti minera y de defensa de pueblos originarios en la región”. El juez se apoya en el peritaje informático: el archivo fue creado sólo cinco días después del comienzo de la recuperación mapuche en tierras de Benneton.
El juzgado también remarca la contradicción entre la declaración del espía con la declaración del fiscal Rivarola. El funcionario afirmó en sede judicial que la existencia del fichaje le pasó inadvertida. El agente, por su parte, declaró que Rivarola lo vio. Para el juzgado, “no se ha podido establecer con exactitud –hasta ahora- en qué momento abrieron el archivo” que contenía las fichas. Sin embargo, el magistrado aclara que lo que sí pudo establecerse es el momento de la entrevista en el que los fiscales observan las fotografías que el agente de inteligencia obtuvo cuando acudió a una reunión del movimiento No a la Mina. Es decir, observaron un delito.

Por ese motivo el juzgado no saca la lupa sobre el proceder de los fiscales.

Una alta fuente de ese juzgado federal encargada de la investigación había asegurado en septiembre del 2015 a MU que el accionar de los fiscales había sido irregular: “No hay protocolo en estos casos, porque la respuesta debe ser una: no hay que recibir este tipo de información. No es lo mismo un vecino que un agente de inteligencia”.
No pensaba lo mismo Bottini, que en una entrevista a esta revista dijo: “¿Por qué yo voy a pensar que los agentes públicos cometen ilegalidades?”. Rivarola, en tanto, además de confirmar que “la Ley Nacional de Inteligencia nunca la manejamos”, fue por el mismo carril: “No podíamos inferir que un agente de un servicio nacional, que se presentara de esta forma, infligiera la ley y nos dejara un documento ilegal”. No fue gratis: el Procurador provincial los apartó de la causa y el Consejo de la Magistratura aprobó por 8 a 5 la apertura de un sumario a los tres fiscales. Para el doctor Jorge Amado Gutiérrez, instructor del sumario, los funcionarios “no han incurrido en mal desempeño de sus funciones ni en desconocimiento inexcusable del derecho”, por lo que propone el archivo de la causa, según su dictamen del 9 de abril. De todos modos, aún resta que el informe sea abordado por el Consejo, que sesionará el 10 y 13 de mayo.
¿Cómo se leerá en ese contexto el procesamiento del espía?

¿Casualidad o causalidad?

¿Qué pasó con la acusación de terrorismo hacia los mapuche? La Corte Suprema de Justicia de la Nación derribó en nueve líneas el intento de aplicación de la Ley Antiterrorista. El fallo firmado en diciembre por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda hizo propias las palabras del Procurador Fiscal ante la Corte, Victor Abramovich, cuyo dictamen deshizo la interpretación del juez provincial Martín Zacchino, que entendía –apoyado por la instrucción de las fiscales Bottini y Révori y el fiscal Rivarola, hoy apartados de la causa- que el “accionar” mapuche ponía “en riesgo la seguridad interior” de la Nación.
Dice Abramovich:

  • Por el contrario, los acontecimientos bajo análisis están enmarcados en una protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales, lo que ameritaría aplicar, eventualmente, la excepción prevista en el artículo 41 quinquies del Código Penal, en la medida que prevé que «las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional».

¿Es casual que las fichas hayan aparecido en el marco de esa causa?
Galperín concluye: “Que aparezcan justo en una investigación territorial no puede leerse como una casualidad y una coincidencia, sino como la amenaza que ven ciertos sectores hacia lo que son los procesos de organización y movilización social como las comunidades originarias y la asamblea No a la Mina, que en el fondo discuten lo mismo: la tierra, los recursos naturales, los bienes comunes. Todos los que aparecemos en al auto somos integrantes y referentes de la asamblea y de diferentes comunidades, que peleamos por la reivindicación de ciertos derechos”.

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Lo que dice una de las Madres de Plaza de Mayo en la ronda: «Me tienen podrida»

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La Ronda de Madres de cada jueves como lugar de encuentro, denuncia y reflexión, desde los 12 hasta los 93 años. Elia Espen y lo que vienen pidiendo hace más de 40 años. Por Lucas Pedulla

Tiene 12 años, se llama Catalina y es la primera vez que viene. «Es hermoso», dice, con brillo en los ojos, después de tomarse un tren y un subte desde Lomas de Zamora, sur del conurbano, con su tía Daniela, para venir a la ronda de las Madres en Plaza de Mayo, segunda después del triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial.

La caminata la encabezan Nora Cortiñas y Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora. Hay menos personas que la semana pasada, pero el movimiento sigue siendo vital para pensar esta época.

Catalina, por ejemplo, cuenta que en su colegio se discutió mucho durante las elecciones, y si bien fueron pocos los compañeros que apoyaban a Milei, lo hacían con argumentos que le parecían extraños: «Hablaban de la dolarización y pedían que vuelvan los militares».

Lo que dice una de las Madres de Plaza de Mayo en la ronda: «Me tienen podrida»

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Zurda vas a correr

Daniela –31 años, preceptora– abre los ojos: «¿Por qué será que siendo tan jóvenes crean eso? Soy docente y he tenido problemas por tratar de frenar esos discursos. Tenía estudiantes que me chicaneaban, y aun si lo hacían para hacerme enojar, eran chicanas violentas: ‘Se te acaba la joda’, ‘viene el Falcon verde’. Mi otro sobrino, el hermano de ella, me dijo: ‘Zurda vas a correr’. Tiene 10 años».

¿Dónde vio eso? «En Tik Tok», dice. Catalina suma su visión: “Hay mucho Tik Tok y mucha violencia. Las redes sociales no ayudan para nada”. Daniela piensa que son necesarias nuevas formas de comunicar: “Trato de dar información, hablar con mi mejor tono, y enfatizar los ejemplos: los militares secuestraban personas y las tiraban vivas de los aviones. Pero no cala. En algo estamos fallando. Ahora todo son 10 segundos efímeros”.

De fondo, mientras caminamos, una voz lee nombres:

Lopez Ceferino.

López Bravo José María.

Lópes Calvo María Eugenia.

Son personas que siguen desaparecidas.

Lo que dice una de las Madres de Plaza de Mayo en la ronda: «Me tienen podrida»

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

El lugar donde se mira al mundo

Otro de los camina en ronda es Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven de 28 años que desapareció el 1º de agosto de 2017 en medio de una brutal represión de Gendarmería a una comunidad mapuche en Esquel, provincia de Chubut. Su cadáver, sospechosamente aparecido meses después, fue señalado como efecto de un “accidente”. Eran tiempos de Mauricio Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Tiempos en que también fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel en la Patagonia. Maldonado está en Buenos Aires porque el 11 de diciembre iba a tener la audiencia de apelación por el intento del juez Gustavo Lleral de cerrar la causa, pero se la postergaron hasta el 28 de febrero.

Percibe, en general, un sentimiento de retroceso: “Todas las instituciones se rompen, como un desmoronamiento general. Ya no es un negacionismo, sino desidia. Hubo una disconformidad que se manifestó, pero también es irresponsabilidad: es triste ver cómo la tercera fuerza se mete ahora a manejar el gobierno, con el discurso de rebeldía, pero el ministro de Economía va a ser el mismo que nos endeudó por 100 años (Nicolás Caputo). Hay un grupo de gente que no votó con el bolsillo, sino de manera irracional”.

No sintió miedo, pero sí preocupación: “Bullrich está coqueteando con el Ministerio de Seguridad, aunque hoy también sonó para Trabajo. Representa dos épocas nefastas, porque como ministra de Trabajo en 2001 ya le recortó el 13% a los jubilados. Y ni que hablar que ahora, si asume en Seguridad, tiene como vicepresidenta a alguien que reivindica el genocidio”. 

¿Por qué, entonces, venir a la Plaza? “Quedan poquitas Madres y esto tiene que seguir. Nos encontramos con seres queridos en una misma línea. Capaz no sabés la fecha de cumpleaños, pero es un lugar de reencuentro. Desde acá se mira el mundo y también se interpela a la Casa Rosada. No hay que perder el vínculo con las Madres”.

Lo que dice una de las Madres de Plaza de Mayo en la ronda: «Me tienen podrida»

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Pensar todo otra vez

Lua tiene 16 años y Paloma 17. Son estudiantes de cuarto año del colegio porteño Carlos Pellegrini. Paloma viene por primera vez: “Estamos en una situación complicada y ahora, que se está reivindicando la dictadura, es súper importante cuidar la memoria”.

Lua ya vino varias veces: “Se cuestiona algo tan básico que siempre me pareció incuestionable. Y es importante venir para que en las casas se vuelva a hablar”. Percibió que Milei entró en el Pellegrini más silenciosamente, a diferencia de otros colegios donde el apoyo fue más colectivo, precisa: “La mayoría son por las familias; o lo toman como chiste, un meme, algo nuevo; o por la desconfianza en la política. Muchos descreen de lo político, entonces tampoco hablan, por lo general, con alguien que no piensa como ellos”.

¿Qué pudieron hablar post balotaje en el Pellegrini? “Siento que es un momento donde deberíamos hablar más que nunca, pero en mi colegio la juventud no se está pudiendo organizar lo suficiente para pensar estos cuatro años. Recién pasaron dos semanas, pero tuvimos una instancia para hablar y éramos nada más que 20 personas. Siendo un colegio tan politizado, es poco, y hay que replantearnos cosas básicas y volver a esquematizar todo”.

¿A qué te referís con esquematizar?

–Pensar cómo vamos a salir, cómo van a ser nuestras marchas, cómo nos vamos a cuidar. Probablemente a mucha gente no la dejen ir a las marchas, porque somos pibes de 16, 17, 18 años, incluso menos. Tenemos que ser un gran volumen.

Lo que dice una de las Madres de Plaza de Mayo en la ronda: «Me tienen podrida»

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Me tienen podrida

Elia Espen tiene 93 años. El 18 de febrero de 1977, su hijo Hugo Orlando Miedan Espen fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención y tortura El Atlético. Sigue desaparecido. 

«Están diciendo pobrecitos los generales, que tienen que liberarlos, mientras nuestros hijos siguen desaparecidos, fueron tirados al mar –habla, micrófono en mano, una vez terminada la ronda–. Estamos como empezamos: me tienen podrida. ¿Qué más podemos decir? Seguimos pidiendo lo mismo que pedimos hace más de 40 años: verdad y justicia. Estoy escuchando cada cosa por la radio y televisión que me espanta. Todavía no sabemos nada de lo que pasó con nuestros familiares. Ojalá se unan, ustedes, todos. Lo único que tenemos que seguir haciendo es estar juntos».

Luego, le pasó el micrófono a Nora Cortiñas, 93 marzos. Su hijo Gustavo está desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Nora habló y dejó frases para tomar apuntes:

  • “Todavía este pueblo no llegó a captar los horrores que vivimos durante el terrorismo de Estado porque, si no, las elecciones hubieran sido diferentes”. 
  • “Vamos a tener que seguir hablando”. 
  • “Como vienen días muy difíciles tratemos de estar juntas, juntos, y pensar que no queremos que se repita más lo que vivimos”. 
  • “Tenemos que estar en la calle todo lo que podamos”. 
  • «En vez de absorber el veneno que tienen les contestaremos con el amor que tenemos».
  • “Hay que salir y reivindicar lo que lucharon nuestros 30 mil”.
  • “Vengan acá, vengan a acompañarnos porque así vamos a demostrar que exigimos memoria y verdad hasta el final”.
  • “A seguir luchando. Vamos a vencer”.
  • “No pasarán”.

Voto cansancio

Rocío, 23 años, de Lomas de Zamora, estudiante de Periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda (UnDAV), militante del Movimiento Evita, la escucha con atención. También, es la primera vez que viene. “Me movilizó mucho venir ahora que Milei es gobierno, ver todo el sufrimiento de las Madres, pero que siguen acá. Vine por eso. Y seguro vuelva”.

Rocío es de las que piensa que no fue un voto negacionista sino un voto cansancio: “Venimos haciendo las cosas muy mal y hay reconocerlo: en los últimos cuatro años no hubo grandes políticas que le cambiaran la vida a la gente, que es por lo que el peronismo se identifica. Hay un cansancio: no creo que el 55% sea negacionista. Espero que no”.

Le cuento que recién, en otra entrevista, una docente hablaba de la necesidad de nuevas formas de comunicar. ¿Qué piensa una estudiante de periodismo? “Las empresas de medios siguen siendo funcionales al sistema. Yo me tiro del lado de los medios autogestivos, ahí se cuenta la realidad de los hechos. Soy mamá de una nena de cuatro años y no quiero que se malinforme por Tik Tok. Deberíamos volver a lo que hicieron las Madres y contar desde ahí. Por no querer confrontar, la juventud peronista fue tibia. Tenemos que perder el miedo y dejar de ser sumisos. El Nunca Más es Nunca Más en muchas cosas”.

-¿Qué destacás en las Madres como comunicación?

-La sensibilidad. Las Madres son un gran ejemplo de cómo enfrentaron la dictadura. Hubo estrategia ahí. Cuentan un hecho terrible que vivieron en carne propia, pero desde la sensibilidad con el otro, de entender al otro, de comunicar hacia el otro. Es por ahí y es lo que nos está faltando. 

Repite: “Es por ahí”.

El jueves que viene, a las 15:30, habrá ronda otra vez, como hace 46 años.

Lo que dice una de las Madres de Plaza de Mayo en la ronda: «Me tienen podrida»

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

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Crimen de Rafael Nahuel: condenan a los prefectos a 4 y 5 años de prisión; la familia apelará

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La condena por el asesinato de Rafael Nahuel llegó tarde y mal: el prefecto Sergio Guillermo Cavia, responsable del delito de homicidio agravado, fue condenado a 5 años de prisión. Sus cuatro compañeros, cómplices, a 4 años y 6 meses. Y hasta tanto no quede firme la condena, seguirán libres. La familia anunció que apelará el fallo, a las puertas de una nueva presunta asunción de Patricia Bullrich, la responsable política del asesinato. Crónica de la audiencia de un veredicto anunciado, en cobertura colaborativa con Perycia.

Por Ludmila Cabana Crozza. Fotos de Jaime Carriqueo

desde fiske menuco

El fiscal llegó antes que nadie. Al habilitarse la sala de audiencias era la única persona sentada en la sala, en su lugar. Por momentos cerraba los ojos, por momentos revisaba su teléfono celular. Cuando ingresó al Juzgado saludó a una de las decenas de policías federales que custodiaban el edificio del Tribunal Federal de la ciudad de General Roca adentro y afuera. Antes de iniciar la subida por la escalera recibió un buen deseo. Va a estar todo bien, doctor, le dijo un policía.

Desde las 7:25 am hasta que se habilitó el ingreso a la prensa, el fiscal Rafael Vehils Ruiz estuvo solo en la sala. Entraron la prensa y la familia de Nahuel. Se llamó a un breve cuarto intermedio y todos regresaron, junto al Tribunal, cerca de las 11 para presenciar la lectura de la decisión final. 

Este miércoles 29 de noviembre de 2023 en la sala de audiencias Alfredo C. Nielsen se leyó el veredicto que los jueces federales Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava entendieron como justicia por unanimidad: condenar a Sergio Guillermo Cavia por considerarlo autor material responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de arma de fuego y con exceso de legítima defensa, a 5 años de prisión e inhabilitación especial por 8 años.

Eran cinco los prefectos procesados por la muerte de Rafael Nahuel en 2017 en Bariloche. Francisco Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años por el tribunal oral criminal federal de General Roca ya que los consideraron partícipes necesarios del delito de homicidio agravado cometido por Cavia. Los 5 condenados no tendrán condena preventiva: serán detenidos cuando la sentencia quede firme. Hasta tanto no podrán abandonar el país ni retirarse de su domicilio por más de 24 horas salvo que avisen con anticipación. 

Pero antes de los 6 minutos que tardó la lectura del veredicto hecha por el presidente del tribunal, Alejandro Silva, los cinco procesados tuvieron un momento para decir las palabras finales. Todos hicieron uso de ese derecho y dijeron casi lo mismo: que obraron en cumplimiento del deber, conforme a derecho, sin cometer excesos y con una orden judicial que los legitimaba.

Cavia agregó que tenía fe en que se iba a hacer justicia; Obregón dijo que respetó la vida propia y la de terceros en cuanto se pudo. García dijo que actuó en este “lamentable hecho conforme a derecho”. Todo fue escuchado y visto en una pantalla, porque ninguno de los acusados pisó el Tribunal Federal en ninguna de las audiencias: siguieron el juicio desde sus casas, conectados a internet. Recibieron el veredicto en las mismas circunstancias.

Durante el debate oral hubo dos querellas: una por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el abogado Mariano Przybylski como representante, y otra por parte de los padres de Rafael Nahuel con los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino. En los alegatos ambas querellas pidieron prisión perpetua para los 5 prefectos por homicidio agravado.

El pedido de pena máxima se desprende de lo que el abogado Marigo entiende es un delito político, un delito de violencia institucional pero fundamentalmente una deuda de la democracia: no haber terminado con prácticas que vienen de la dictadura militar. Se refiere a usar el aparato estatal (en este caso las fuerzas de seguridad) en contra de ciudadanos comunes. 

La defensa fue por la absolución, no reconoció ningún delito pese al resultado de una persona muerta y dos heridos de bala del mismo lado. El fiscal Vehils Ruiz, por su parte, pidió 5 años de prisión para los acusados. No consideró quitar el atenuante en la acusación original de homicidio en exceso de legítima defensa y fue por la idea de un enfrentamiento entre las partes. Esta posición, pese al pedido de las querellas, limitó la decisión del Tribunal en cuanto a la pena dictada: la más alta fue la que pidió el Ministerio Público Fiscal. 

Rafael Nahuel fue alcanzado por un disparo por la espalda y murió el 25 de noviembre de 2017, tenía 22 años. Quienes lo acompañaban también fueron heridos y oficiaron de testigos en una de las jornadas del juicio que ayer terminó, no estaban armados. 

El miércoles 29 de noviembre, día del veredicto, la mamá de Rafael Nahuel cumplió años. Se llama Graciela, es una mujer bajita, lleva zapatillas negras de caña alta, medias de color rosa, un pantalón animal print y una remera mangas largas con otra blanca encima con la cara de su hijo asesinado. La misma remera llevan Alejandro, el padre y Ezequiel, el hermano. Graciela tiene, en el día de su cumpleaños, que estar lejos de su casa en Bariloche, a 481 kilómetros, porque le falta un hijo y busca justicia.

Lleva dos hebillas con brillos en el pelo, tiene una bolsa de tela de Unelen que revisa buscando alguna cosa, hace un gesto como de revolver algo en la boca mientras escucha y mira lo que dicen los jueces sobre los acusados de la muerte de su hijo, que son culpables y están en sus casas -¿qué mastica Graciela? ¿bronca?-.

Afuera, al sol, dijo frente a un micrófono que no está conforme, que esperaba más, que está desilusionada. El abogado Marigo aseguró que apelarán, Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos humanos de la Nación que acompañó la jornada dijo que, a pesar del cambio de gestión que se acerca, esa también es la intención de la Secretaría. 

El 29 de Diciembre de 2023 a las 11 hs. es el día fijado para dar a conocer los motivos del hecho en el que se funda el veredicto conocido hoy. «Que tengan un excelente día, cuídense», fueron las palabras del juez antes de dejar el recinto.

En 2017, el año del hecho juzgado hoy, la poeta neuquina Silvia Mellado escribió:

Rafael Nahuel

han soltado los albatros

en el medio del bosque

donde dice tierra ancestral

leen coto de caza los perdigueros que olisquean

gustosos un pedazo de tu muerte 

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La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

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(Desde Mar del Plata/lavaca.org) Guillermo Pérez se quedó mirando absorto unos pupitres escolares que había enviado el cura Héctor Díaz, muchísimo más conocido como Chobi. Los pupitres estaban siendo acomodados por toda la gente de la Campaña Somos Lucía en el patio de una casa ubicada en la calle Alvarado al 4500.

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

Las mujeres y luchas en el acto. Fotos: Lina Etchesuri.

En medio del vértigo de la inminente inauguración Guillermo (mecánico de automóviles) le habló a su esposa, la enfermera Marta Montero:

–Acá hay un mensaje. Acá empezó todo– dijo señalando los pupitres garabateados en algunos casos, un símbolo de la escuela pública a la que iba Lucía cuando fue captada como tantas otras adolescentes por narcos que vendían lo suyo a la salida de las clases. En el caso de Lucía, el negocio terminó en el femicidio de esa chica que iba a 4º año del secundario, en octubre de 2016, caso que provocó el primer Paro Nacional de Mujeres.  

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

La ministra Mazzina, Marta, Guillermo, Raquel Vivanco, Yamila Rodríguez. Fotos: Lina Etchesuri.

Guillermo completó su idea:

–Y acá puede continuar todo ahora: a esto vamos con todo lo que estamos haciendo–  dijo señalando los pupitres, porque el proyecto de la Casa de Lucía es que sea un lugar para capacitaciones, talleres, para compartir ideas, acciones y la contención de las familias víctimas. Un punto de encuentro crucial para el trazado de estrategias de vida frente a la violencia contra las mujeres en la ciudad, y la impunidad que suele acompañarla desde siempre.  

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

La mamá de Candela, la mamá de Iaria. El sentido de tener un lugar de encuentro. Fotos: Lina Etchesuri.

Tres datos para sintetizar la historia   

  • El femicidio de Lucía provocó un cimbronazo social que derivó en aquel primer Paro Nacional de Mujeres el 19 de octubre de 2016. La familia llevó el caso a un juicio (2018) que resultó vergonzoso, con jueces dedicados a sembrar sospechas sobre la víctima menor de edad y a exculpar a los narcos acusados, Matías Gabriel Farías (29) y Juan Pablo Offidani (48). El tercero, Alejandro Maciel, había fallecido en 2020.
  • Marta y Guillermo se propusieron entonces lo que parecía impensable: la anulación de esa vergüenza, y la realización de un nuevo juicio que se realizó finalmente en febrero de este año, en el que sí se pudo lograr la condena a perpetua por femicidio de Farías, y a 15 años a Offidani como “partícipe secundario”, tema que está apelado.
  • La familia además impulsó un jury aún pendiente, que juzgue a los jueces del primero de esos juicios, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas (el tercer juez, Alejandro Carnevale, eludió el proceso al jubilarse antes).
  • Ahora la Campaña Somos Lucía obtuvo algo más: recibió del Estado, a través de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) una casa abandonada y derruida que en apenas dos meses lograron acondicionar a pulmón y corazón, y que fue inaugurada este martes 28 de noviembre junto a otras familias de víctimas de femicidios que se acercaron a compartir ese momento acaso histórico.   
  • Lugar de encuentro y aprendizaje   
  • Así contado todo parece veloz, pero en la práctica significó años, meses, días y cada segundo de energía, de lágrimas, de insomnios, de amenazas, que Guillermo y Marta, y también su otro hijo Matías Pérez, lograron superar.

No lo hicieron dedicados solo al caso de Lucía sino también buscando acompañar y reunir a otras familias que pasaron por infiernos similares. Así fue que inspiraron otra organización clave: Familias Victimas de Femicidios, Transfemicidios y Desparecidas.

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

Madres que no bajan los brazos, y el sacerdote Héctor Díaz, Chobi, siempre acompañando las luchas marplatenses. Fotos: Lina Etchesuri.

Entre los familiares estuvieron Gustavo Mellman, papá de Natalia (asesinada en febrero de 2001). Los policías condenados están presionando para obtener su libertad. Estaba también Mariela Quintanilla, la mamá de Iara Nardelli (sus huesos aparecieron este año, pero el caso sigue sin investigarse como femicidio), Carola Labrador, madre de Candela Rodríguez (asesinada por una banda narcopolicial en 2011, cuando ella tenía 11 años),  Marisa, la madre de Luna Ortiz (asesinada en 2017 a los 19 años). Participaron también integrantes de la Asamblea por un mar libre de petroleras, y de la multisectorial Ni un hundimiento más, creada por familiares del barco pesquero El Repunte, hundido en 2017.  

Estuvieron además las hijas de Evangelina Sánchez, asesinada el 20 de noviembre pasado. Por el lado oficial se hizo presente la ministra nacional de Mujeres, Igualdad y Género, Ayelén Mazzina. El presidente Alberto Fernández no pudo asistir, y fue representado en el acto por una de sus asesoras, Raquel Vivanco, así como Yamila Zavala Rodríguez representó a Estela Díaz, ministra provincial de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.  

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

Marta, Guillermo, y una idea: “No nos podemos quedar en el dolor, el sufrimiento y que todo termine así. Nuestras hijas son la semilla». Fotos: Lina Etchesuri.

“Lucía está acá” dijo Marta durante su intervención, junto a la gigantografía con los ojos de su hija. “La perversidad de la justicia fue de tal magnitud… pero no pudieron con nosotros, que somos gente de la calle, y eso muestra que nadie nunca debe bajar los brazos”. Marta nombró y presentó a quienes fueron a compartir la inauguración formal de la casa y destacó que en los casos de femicidios no alcanza con la condena: “Siguen las vidas de quienes quedan, pero el Estado tiene que estar presente como tiene que ser. Que las hijas de Evangelina, por ejemplo, puedan tener comida, educación, que puedan cubrir sus necesidades básicas porque quedaron solas, criaturas enfrenando un mundo perverso de adultos. No es una dádiva, es un derecho el que hay que darles. Y organizados vamos a hacerlo” dijo mirando a dos de las hijas de Evangelina Sánchez.

Dijo también: “Esto va a ser un lugar de encuentro, de aprendizaje. Acá no terminó nada. Acá seguimos sin bajar los brazos para que crezca una esperanza de vida, de respeto y de derechos. Esto hay que hacerlo porque en el fondo lo que se quiere es que estemos desunidos. Si estamos desunidos, ganan ellos”.

La casa de Lucía: inauguración en Mar del Plata de un centro de capacitación y encuentro, símbolo de una epopeya

Familiares de un pesquero hundido, El Repunte. Fotos: Lina Etchesuri.

“No nos podemos quedar en el dolor, el sufrimiento y que todo termine así. Nuestras hijas son la semilla. Jamás nos van a convencer de que somos unos negros de mierda. Somos mujeres y hombres trabajadores, que no son egoístas, gente que piensa que no somos el ombligo del mundo, sino que necesitamos comunidad para trabajar”.   

Después fue el tiempo de las fotos, los abrazos y las lágrimas de tantos familiares, que por esta vez no fueron de tristeza sino que simbolizaron una puerta al futuro.  

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Fotos: Lina Etchesuri.

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