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Espionaje ilegal: procesan a un agente de la AFI

Publicada

hace 8 años

03/05/2016

El juzgado federal de Esquel procesó a un agente de inteligencia por realizar espionaje ilegal a vecinos y vecinas del movimiento No a la Mina en el marco de una causa por terrorismo contra una comunidad mapuche. La medida judicial revela la promiscua relación entre espías, funcionarios judiciales y policiales.

Espionaje ilegal: procesan a un agente de la AFI
Un agente de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (su nombre aún permanece oculto porque es el Estado quien debe relevar su secreto) fue procesado por realizar tareas de espionaje prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia. El juzgado federal de Esquel le trabó además un embargo por 30 mil pesos y le prohibió salir del país. La Corte Suprema, mientras tanto rechazaba juzgar a una comunidad mapuche según el patrón de la impresentable Ley Antiterrorista, ocurrencia plasmada por el gobierno de Cristina Kirchner. El supuesto delito: demandas sociales por tierras que ocupa el emporio internacional Benneton.
Los elementos de este caso son: una comunidad mapuche, una corporación, un espía, tres fiscales, una asamblea, una mina. Los ingredientes de esta historia perfilaban para convertirla en una película de Oliver Stone, pero las circunstancias la transformaron en un capítulo del Superagente 86. ¿Cómo ocurrió? Hay que leer el guión.
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Llega una persona

El 28 de mayo de 2015 “una persona” se presentó “espontáneamente” ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel (provincia de Chubut) para dejar información sobre la investigación que tres fiscales generales estaban realizando sobre la toma de tierras que una comunidad mapuche había iniciado en una estancia de la corporación Benetton, ubicada en la localidad de Leleque, departamento de Cushamen. La “persona” se identificó como un agente de inteligencia, exhibió su credencial y el fiscal general Fernando Rivarola lo invitó a pasar a su despacho y sentarse.
La recuperación de los territorios ancestrales mapuche había comenzado en marzo, dos meses antes. Benetton no perdió tiempo: presentó una denuncia por “usurpación”, que abrió una causa judicial, y llegó a imputar a los mapuche por terrorismo, ya que los tres fiscales que instruían la causa (María Bottini, Fernanda Révori y el propio Rivarola) entendieron que “el accionar” afectaba “directamente los intereses de la Nación, hasta el punto de poner en riesgo la seguridad interior”.
¿Conclusión? La Justicia provincial buscó aplicar por primera vez en Chubut la Ley Antiterrorista y emitió órdenes de captura internacionales para los mapuche, en medio de represiones con balas de plomo.
En ese contexto llegó el agente de inteligencia al Ministerio Público Fiscal de Esquel. En una reunión de una hora, donde les dejó su mail y número de teléfono, les dio a los fiscales un disco externo que los funcionarios públicos guardaron en la computadora del fiscal Rivarola. La información quedó guardada allí, junto a otras medidas de prueba solicitadas por la fiscalía. Tres meses después, tan solo unos minutos antes de la audiencia pública donde Benetton se constituiría como querellante, el defensor público Fernando Radziwilowski consultó el legajo para ver qué medidas habían sido solicitadas por los fiscales. Llegó a las carpetas guardadas desde mayo y observó, entre archivos y carpetas, un documento word que le llamó la atención, porque en mayúsculas titulaba:

“Activistas antimineros en Zona de Comarca Andina”.

¿Qué hacía un archivo así en una causa sobre la recuperación de tierras mapuche?
Doble click.
La pantalla se pobló con 26 fichas de inteligencia sobre periodistas, activistas, asambleístas, empleados públicos, docentes y otras profesiones reales o supuestas de personas vinculadas a la asamblea No a la Mina, el movimiento que detuvo el avance del modelo extractivo en la región gracias a movilizaciones, boca a boca, comunicación y a un plesbicito que, en 2003, no dejó dudas: el 82% de Esquel se opuso al ingreso de la minera Meridian Gold.
El texto completo del procesamiento, en formato pdf

La justicia acusada

El defensor público imprimió las fichas y denunció el delito en la audiencia. Se viralizaron por Facebook y Twitter y obligó a los tres fiscales a dar una conferencia de prensa donde explicaron que las fichas “nunca” habían sido parte de una línea de investigación propia. Como acto reflejo, los fiscales Rivarola, Bottini y Révori denunciaron el acto de espionaje ilegal ante el juzgado federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, pero ya era tarde: en la calle la asamblea pedía la renuncia de los funcionarios y escrachaban el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el juzgado emitió el 12 de abril un auto donde procesó al agente (su nombre aún permanece oculto porque es el Estado quien debe relevar su secreto) por realizar tareas de espionaje prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia. También le trabó un embargo por 30 mil pesos y le prohibió salir del país. El auto podría ser considerado una pieza de ficción si no se tratara de un hecho escandaloso: funcionarios públicos aceptando información ilegal de un agente que nunca requirieron y que guardaron y remitieron a la defensa pública junto al expediente que investigaban.
¿Cuál es entonces el enlace entre James Bond y el Superagente 86? La respuesta está en la foja 41 del auto de procesamiento del juzgado federal, donde se cita la declaración indagatoria del agente de inteligencia, que dice que Rivarola marcó su número de teléfono y lo llamó cuando el escándalo estalló.
Y, para la antología de la historia judicial argentina, le dijo:
-Me mandé un cagadón.

El cono del silencio

“El procesamiento es una buena noticia”, celebra Pablo Galperín, periodista de la radio comunitaria FM Kalewche, integrante del movimiento No a la Mina y una de las 26 personas fichadas por el agente de inteligencia que descansaban en el Ministerio Público Fiscal. “El fiscal Rivarola queda bastante mal parado porque el juez remarca contradicciones entre lo que declaró, la pericia informática que se hizo sobre su computadora y la versión del espía. Recordemos que la primera reacción de los fiscales fue salir a despegarse aclarando que desconocían la existencia de ese material. Pero las pericias informáticas llaman la atención porque puntualizan en las fechas en las que se crearon las carpetas en su computadora y se volcó la información suministrada. Según la descripción del juzgado, Rivarola iba monitoreando el material que le pasaba el espía”.
¿Cómo puede saberlo el juzgado federal? Los fiscales filmaron la reunión que tuvieron con el agente de inteligencia y el video es prueba que la fiscal federal Silvina Ávila analizó y cruzó junto a la pericia de la CPU de Rivarola, para verificar la creación de carpetas y archivos. Todas coinciden con el día en que el espía visitó su despacho. La reunión comenzó a las 9:11 horas y duró 57:52 minutos. El espía se presentó como agente de la Secretaría de Inteligencia, exhibió credencial y aclaró que hacía unos años estaba realizando tareas de investigación abocado “a los hechos de ´Vuelta del Río´ (paraje donde se produjo la toma)”. Le dijo al fiscal que tenía identificadas a “montones de personas”, pero aclaró que sus intervenciones no eran “precisamente las judicializables”, sino que después deberían ser corroboradas “por los canales correspondientes para quedar a salvo de cualquier objeción de algún abogado defensor”.
Rivarola le dijo que estaba “de acuerdo”.
El fiscal estaba solo. A casi 7 minutos de comenzada la entrevista vio pasar a la Fiscal Jefe María Bottini por el pasillo del Ministerio Público. Le pidió que se sumara. Lo hizo. Rivarola le preguntó entonces al espía “en concreto, de esta gente qué datos maneja”. El agente contestó que trataban de identificar a las personas que iban a las reuniones o a colaborar al lugar de ocupación. “Para ello, tomaban fotografías y anotaban la patente de los vehículos que las trasladaban”, explica el auto. El juzgado consigna al espía como Agente AFI (por las siglas de la Agencia Federal de Inteligencia) Y sigue: “Sobre esto, mencionó que tenía identificada a una pareja de Bariloche, ingenieros nucleares del Balseiro, que concurren a prestar apoyo, también a una doctora”. El espía aclaró que toda la información la tenía “la brigada” porque “se manejaba con ellos”.
La fiscal Bottini le preguntó por el financiamiento de la toma. El espía respondió que los mapuche estaban “rentados” y que la organización italiana Ya Basta “gira dinero”. Agregó que la FM Kalewche recibió “remesas de dinero muy importantes sin explicación en publicidad”. Cabe aclarar que Kalewche es una radio comunitaria.
A los 18:50 minutos de comenzada la entrevista el espía sacó de su bolsillo el disco externo y comentó que tenía filmaciones. Rivarola se mostró interesado. “Lo bajamos, sí”, le dijo. Según el auto, “Rivarola y Bottini observaron el contenido del dispositivo conectado a la computadora, mientras [Agente AFI] realizaba explicaciones a medida que avanzaban por fotos, videos y documentos de texto”. El espía les dice que tiene información de una periodista de El Bolsón que “acostumbra a escrachar a los agentes de inteligencia que concurren de incógnito a las manifestaciones”, y mencionó que después le mostraría la “ficha” de una mujer que tenía identificada. Rivarola manifestó que le interesaba: “Yo tengo que imputarla”. El auto describe cómo los fiscales fueron pasando por carpetas y archivos, y a casi 40 minutos, describe: “Rivarola preguntó ´¿esto´”, a lo que el agente respondió “que se trataba de un teléfono que estaba ´dentro de listado´ y pertenecía a una periodista del diario Crónica”.
Nadie se salvaba.
Más: “Al revisar otro archivo [Agente AFI] comenzó a decir ´ah, ese es un periodista´ y Rivarola completó ´militante de la Cámpora´. [Agente AFI] explicó que ´lamentablemente uno tiene que saber quiénes son y qué quieren´”.
Rivarola desconectó el disco externo a los 50:25 minutos. Es decir, más de media hora después. Textual del auto:

“Rivarola culminó diciendo ´bueno, la verdad nos ha traído algunos datos importantes´. Intercambiaron sus direcciones de mail y Rivarola le dijo que ´todo lo que usted me quiera pasar por mail como dato a nosotros nos sirve, después veremos si lo podemos verificar o no´. Cuando se despidieron [Agente AFI] dijo que los visitaría una vez por mes, mientras Rivarola le decía que cuando venga le pase los datos que tenga para ir actualizando”.

El espía se fue a la 10:07 de la oficina del fiscal Rivarola.
Tres meses después estalló el escándalo inevitable.

El rastrero

Algunas de las declaraciones testimoniales que tomó el juzgado federal también son indicativas de la relación promiscua entre las fuerzas de seguridad y espías respecto a tareas de inteligencia con escaso o nulo sustento legal. La primera declaración citada es la de Adrián Alejandro Muñoz, jefe de la División Investigaciones de Esquel. Muñoz declaró que el espía acudió a su oficina “en el marco de la investigación relativa a la ocupación territorial de Leleque”. Sostuvo que no lo conocía, pero “reconoció que trabaja de manera coordinada con la ex Secretaría de Inteligencia”.
Según Muñoz, “en la brigada consideraron que era lo que en la jerga se conoce como ´rastrero´, saca información y la lleva”, y quiso dejar en claro que “este agente nunca intervino con la policía dando indicaciones”. Muñoz aporta un dato interesante:

“Señaló que el mismo día en que se hizo público a través de redes sociales la existencia de documentación referida a personas del movimiento ´No a la Mina´, dos integrantes de la ex Secretaría de Inteligencia concurrieron a su oficina y le pidieron entrevistarse con el Fiscal Rivarola porque tenían información para darle. Dijeron ´viste, [Agente AFI] se la re mandó, venimos a pedir disculpas a la Fiscalía y al Juzgado Federal. Rivarola accedió a reunirse con ellos a las 18 horas en la dependencia policial”.

Muñoz declaró que cuando llegó a su oficina, Rivarola ya estaba reunido con los dos agentes y con “el oficial Carrizo”. Según la declaración de otro de los integrantes de la Brigada, la reunión duró “20 minutos”. Muñoz dijo que en ese momento se enteró de la existencia del archivo con información de las personas del No a la Mina.
El “oficial Carrizo” es Pablo Nicolás Carrizo, segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de Esquel, que también prestó declaración al juzgado federal. Confirmó parte de lo dicho por Muñoz: “Luego de la ocupación territorial en Leleque se presentó en la brigada una persona que se identificó como agente de la ex Secretaría de Inteligencia”. El agente pidió hablar “con el Jefe”. Es decir, Muñoz.
¿Qué dijo sobre la reunión de los otros dos agentes con Rivarola? Que sólo “se quedó cebando mate”. Según el oficial Carrizo, en ese momento se enteró de todo lo que se había destapado. Según la declaración, Carrizo “advirtió que los tres estaban al tanto de lo que había pasado y Rivarola pedía asesoramiento a los dos agentes”, que le confirmaron que la persona que había concurrido a su despacho con el disco externo era “compañero de ellos”. La declaración termina: “Se mostraban indignados”.
Otra declaración que remarca esa promiscuidad es la de José Luis Santillán, comisario 2do de El Maitén, que dijo que “en una oportunidad una persona que desde hace años conoce como [Agente AFI] y sabe que es agente de la ex Secretaría de Inteligencia lo fue a buscar a la Comisaría”. Agregó que, de allí, lo mandaron a verlo a su casa. Santillán declara que fue al hogar del espía, que estaba “con su esposa e hija”. Comentó que hablaron de temas personales. Según el auto, el agente le manifestó que estaba “trabajando con el tema de los mapuche”, pero que Santillán “no le hizo ninguna pregunta sobre ello porque sabe que se manejan de manera confidencial”.
Otro que declaró fue Claudio Alfredo Rodríguez, encargado de la Sección Comarca Andina de la Brigada de Investigaciones de Esquel, y su importancia radica en que, como expresa el auto, “tuvo intervención desde el primer momento en la investigación por la ocupación”. Rodríguez afirmó que en marzo se presentó el espía, que dijo ser de “la SIDE”. Según el oficial, “tuvo por lo menos dos o tres encuentros” con el agente, que le “trataba de sacar información” y que bajó información en su computadora, pero que “la borró” porque “no tenía nada que ver con sus investigaciones”. Dijo que no vio nada sobre las fichas del No a la Mina.
El juzgado federal requirió el listado de llamadas recibidas y emitidas por el espía. La empresa prestataria del servicio de telefonía móvil informó que su celular estaba domiciliado en Puerto Madryn y registrado bajo la titularidad de “SIDE”. Según el listado completo citado en el auto de procesamiento:

Recibió 17 llamadas desde el celular del subcomisario Rodríguez entre el 12 de abril y el 2 de octubre de 2015. “A su vez, lo llamó en veinticinco ocasiones y le envió cinco mensajes de texto entre el 12 de abril y el 15 de agosto”.
Recibió 3 llamadas del Comisario Muñoz entre el 17 de marzo y el 3 de junio de 2015. El espía lo llamó 17 veces y le envió 3 mensajes de texto entre el 25 de marzo y el 20 de julio de 2015.
El 4 de junio llamó al celular del “oficial Carrizo”.
El 28 de agosto recibió una llamada del fiscal Rivarola. El juzgado federal constató que la llamada fue a las 18:05 horas y duró siete minutos. El auto no aclara otra llamada, por lo que se podría intuir que fue en esa comunicación que el funcionario público se sinceró: “Me mandé un cagadón”. La fecha coincide con el día en que el defensor público denunció la existencia de las fichas.

Qué dice Pablo Galperín, de FM Kalewche: “La importancia de este auto es poner en evidencia la complicidad en el manejo irregular de información entre servicios de inteligencia, la justicia y la policía. El espía alcanzó un nivel de gestión con distintos funcionarios judiciales y policiales que llama la atención que sea por pura iniciativa propia. Es mucho trabajo. Una cosa es aportar un material, otra cosa es todo esto. Además, genera cierta inquietud que aún no se conoce su identidad. Puede seguir trabajando. No hay muchas garantías de que esto no siga pasando”.

Qué dice el espía

El agente de inteligencia prestó declaración indagatoria el 2 de febrero. El juzgado le imputaba que, en su condición de agente de la Delegación Provincial de Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia, “cumplió funciones de investigación criminal sin autorización legal ni requerimiento judicial alguno realizado en una causa concreta”.
Qué respondió el espía. Extractos textuales del auto:

“En defensa de esta imputación, [Agente AFI] refirió que concurrió a esta zona comisionado por órdenes superiores para realizar una tarea que ´no puedo revelar en el marco de la ley de inteligencia´. Vino en cuatro oportunidades, inició su comisión el 12 de marzo y estuvo en la región en abril, mayo y junio. Que se presentó ante las ´distintas autoridades´ a raíz de ´los nuevos paradigmas de la AFI´, hablando de la apertura del organismo, que está trabajando en un ´marco abierto y plena colaboración´.”.
“Dijo que Rivarola no lo convocó, sí sabía que ´estaba trabajando y me entrevistaba con la policía´. Sólo estuvo dos veces con él, en mayo y junio, y conversó por teléfono en una sola oportunidad. El vínculo era a través de Muñoz”.
“´Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, yo le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial´. Dijo que Rivarola creó una carpeta en su computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. ´Todos los documentos que copió en su computadora los abrió, los miro y decidió copiarlos… si mal no recuerdo, me parece [que la carpeta] la tildó como ‘Inteligencia’…´. Las fotos que ´yo había tomado de la toma´ le servían para su investigación”.
Dijo que la información que le dio a Rivarola “no es clasificada”, sino sacada de “redes sociales, medios masivos de comunicación, de radios, de declaraciones públicas”.
“Con relación al archivo ´ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA ANDINA.doc´ (donde estaban las fichas del No a la Mina) dijo que Rivarola ´lo abrió, lo vio e incluso dijo que le podía interesar´. En ese momento, él se dio cuenta que se le había ´traspapelado´, ´pero como me dijo que le podía interesar se lo dejé que lo copie´”.
“Agregó que él no confeccionó ese archivo, sino que había circulado en ´redes sociales´ tiempo atrás con motivo a un conflicto suscitado entre la UOCRA y sectores anti mineros. Ignoraba que todavía estuviera en su computadora. Estimó que el archivo debió haber sido creado en 2014. ´Yo no lo levanté, llegó a mi computadora porque fue visto en la delegación, estaba dentro del marco social conflictivo de esa época, entre estos sectores había escraches mutuos´”.
“Por último, comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo ´me mandé un cagadón´. Primero le dijo que le habían sacado la información y después que no sabía cómo se le había traspapelado. Le dijo que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a tener él. Le hizo referencia al archivo de activistas anti mineros, él le dijo que no sabía ni de donde había salido. Rivarola le dijo que tenía que hacer una denuncia. Después no tuvo más contacto con él”.
“Dijo no estar al tanto de la reunión que mantuvieron compañeros suyos con Rivarola en la sede de la Brigada. Nunca escuchó los nombres de los agentes que habrían participado en esa reunión, ni como nombres de cobertura”.

Dardos cruzados

Desde la Agencia Federal de Inteligencia, aún en tiempos de Oscar Parrilli, informaron al juzgado que el organismo no ordenó ninguna de las actividades que se desprenden en la causa. Antes de dictar el procesamiento, el juez federal Otranto subraya que la información suministrada por el espía “no consistió en una mera búsqueda a través de alguna red social en Intenet”, ya que “las características de los datos recabados dan la pauta de que fue producida por alguien que venía recabando datos y realizando una observación prolongada de la actividad anti minera y de defensa de pueblos originarios en la región”. El juez se apoya en el peritaje informático: el archivo fue creado sólo cinco días después del comienzo de la recuperación mapuche en tierras de Benneton.
El juzgado también remarca la contradicción entre la declaración del espía con la declaración del fiscal Rivarola. El funcionario afirmó en sede judicial que la existencia del fichaje le pasó inadvertida. El agente, por su parte, declaró que Rivarola lo vio. Para el juzgado, “no se ha podido establecer con exactitud –hasta ahora- en qué momento abrieron el archivo” que contenía las fichas. Sin embargo, el magistrado aclara que lo que sí pudo establecerse es el momento de la entrevista en el que los fiscales observan las fotografías que el agente de inteligencia obtuvo cuando acudió a una reunión del movimiento No a la Mina. Es decir, observaron un delito.

Por ese motivo el juzgado no saca la lupa sobre el proceder de los fiscales.

Una alta fuente de ese juzgado federal encargada de la investigación había asegurado en septiembre del 2015 a MU que el accionar de los fiscales había sido irregular: “No hay protocolo en estos casos, porque la respuesta debe ser una: no hay que recibir este tipo de información. No es lo mismo un vecino que un agente de inteligencia”.
No pensaba lo mismo Bottini, que en una entrevista a esta revista dijo: “¿Por qué yo voy a pensar que los agentes públicos cometen ilegalidades?”. Rivarola, en tanto, además de confirmar que “la Ley Nacional de Inteligencia nunca la manejamos”, fue por el mismo carril: “No podíamos inferir que un agente de un servicio nacional, que se presentara de esta forma, infligiera la ley y nos dejara un documento ilegal”. No fue gratis: el Procurador provincial los apartó de la causa y el Consejo de la Magistratura aprobó por 8 a 5 la apertura de un sumario a los tres fiscales. Para el doctor Jorge Amado Gutiérrez, instructor del sumario, los funcionarios “no han incurrido en mal desempeño de sus funciones ni en desconocimiento inexcusable del derecho”, por lo que propone el archivo de la causa, según su dictamen del 9 de abril. De todos modos, aún resta que el informe sea abordado por el Consejo, que sesionará el 10 y 13 de mayo.
¿Cómo se leerá en ese contexto el procesamiento del espía?

¿Casualidad o causalidad?

¿Qué pasó con la acusación de terrorismo hacia los mapuche? La Corte Suprema de Justicia de la Nación derribó en nueve líneas el intento de aplicación de la Ley Antiterrorista. El fallo firmado en diciembre por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda hizo propias las palabras del Procurador Fiscal ante la Corte, Victor Abramovich, cuyo dictamen deshizo la interpretación del juez provincial Martín Zacchino, que entendía –apoyado por la instrucción de las fiscales Bottini y Révori y el fiscal Rivarola, hoy apartados de la causa- que el “accionar” mapuche ponía “en riesgo la seguridad interior” de la Nación.
Dice Abramovich:

Por el contrario, los acontecimientos bajo análisis están enmarcados en una protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales, lo que ameritaría aplicar, eventualmente, la excepción prevista en el artículo 41 quinquies del Código Penal, en la medida que prevé que “las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.

¿Es casual que las fichas hayan aparecido en el marco de esa causa?
Galperín concluye: “Que aparezcan justo en una investigación territorial no puede leerse como una casualidad y una coincidencia, sino como la amenaza que ven ciertos sectores hacia lo que son los procesos de organización y movilización social como las comunidades originarias y la asamblea No a la Mina, que en el fondo discuten lo mismo: la tierra, los recursos naturales, los bienes comunes. Todos los que aparecemos en al auto somos integrantes y referentes de la asamblea y de diferentes comunidades, que peleamos por la reivindicación de ciertos derechos”.

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El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad

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hace 2 días

08/10/2024

Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.

Por Lucas Pedulla

Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.

Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.

Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.

Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.

A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.

El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad

Foto: Tadeo Bourbon para lavaca

Del Hospital a la Plaza

La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas.

La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía:

“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”.

Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”.

Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”.

Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.

Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.

Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.

Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.

Foto: Tadeo Bourbon para lavaca

Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

Publicada

hace 5 días

05/10/2024

De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.

En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.

El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.

Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.

La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.

¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.

Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.

¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.

Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.

El desmantelamiento como política

La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.

El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.

Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.

Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.

Cómo trabaja el Bonaparte

Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.

El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.

Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.

El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.

Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.

¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.

La fortaleza de la lucha

Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.

Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.

Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.

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Nota

Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

Publicada

hace 1 semana

01/10/2024

El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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