Nota
La lupa en lo que consumimos: el semáforo negro
¿Qué comemos? ¿Por qué no se cumple ni siquiera con los preceptos de la más obvia sociedad de consumo? ¿Por qué no se advierte debidamente al público si los productos que se venden en supermercados y almacenes tienen contenidos que pueden ser nocivos para la salud? Con el título “Las batallas del octágono” realizada por Kennia Velázquez, desde México, Bocado.lat – investigaciones comestibles (red latinoamericana de periodistas) publicó esta nota que explica la situación en ese país y en el continente, y cómo la información a los consumidores cambia inmediatamente sus pautas de compra al percibir que estaban ingiriendo cosas que ni imaginaban. En Argentina el tema continúa discutiéndose, pero aún no logra ser implementado. Las etiquetas negras con forma de octágono son las que señalan al público los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas o calorías, entre otras cosas, para que la gente tenga el derecho de saber qué compra. Lavaca.org comparte con Bocado.lat la difusión de este tipo de materiales, cruciales para promover el sentido común y una crítica fundada frente a una industria que no produce alimentos, sino objetos comestibles que generan epidemias y pandemias silenciadas.
Las batallas del octágono
por Kennia Velázquez • México
En los pasillos de los supermercados comienzan a verse sellos negros en algunos alimentos. Sellos que son calcomanías pegadas pero también son mucho más, una marca inocultable. La gente los toma, los analiza. Hay asombro y decepción al ver que sus productos favoritos tienen uno o hasta cuatro octágonos que les advierten ¡exceso de azúcares, grasas o sodio! Rápidamente su mirada se mueve hacia otra parte de la estantería, buscando opciones.

El descubrimiento de los contenidos ocultos en la comida ultraprocesada, los llamados nutrientes críticos, ha provocado cientos o tal vez miles de mensajes en redes sociales. “Esta advertencia me hizo reaccionar como si fuera veneno para mi niña (que en realidad lo es), y simplemente cambié de opción de inmediato. Está excelente que se advierta la nocividad de los productos”, dice un tuit de un padre de familia acompañado con imágenes de frituras marcadas con el nuevo etiquetado frontal que tienen los alimentos en México.
Y no es el único. Gente sorprendida, no sólo por los sellos en la comida chatarra, sino por los que encuentran en productos que, antes de tener etiquetas, consideraban como saludables: las barritas que suelen consumirse como colación o el amaranto con chocolate, aderezos para ensaladas, o productos ofertados para personas con diabetes que no contienen azúcar pero sí son altos en grasas saturadas. Muchos alimentos que parecían – o se vendían como – saludables, ahora están marcados con octógonos.
Desde que inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19, el subsecretario de salud Hugo López Gatell realiza conferencias de prensa a diario. No hay día en que no mencione los efectos adversos que produce el consumo de comida chatarra y refrescos – a los cuales ha llamado “veneno embotellado”- y cómo se relacionan con el nuevo Coronavirus que a la fecha ha provocado la muerte de más de 75 mil mexicanos.
Sus declaraciones cotidianas han provocado enardecidos debates en redes sociales; columnistas han criticado la postura del funcionario a la que califican de “ideológica”; las cámaras empresariales han dicho que se estigmatizan sus productos y han pedido que se frene la medida que entrará en vigor en octubre. Piden que no existan etiquetas bajo pretexto de la gran crisis económica que provocaría la regulación, pero sin tomar en cuenta la crisis de salud que ya está aquí.
Más allá de posturas que responden a diversos intereses, en redes como en tienditas y hasta en la mesa familiar, los mexicanos están discutiendo sobre lo que comen y beben. Debaten sobre su derecho a saber y sobre el papel del Estado en la alimentación, temas que al menos hasta principios de 2020 no parecían tener relevancia hasta la llegada tanto de COVID-19 como de los sellos.
Pero el camino hasta aquí no fue fácil. Fue atropellado. En el año 2000, el llamado gobierno de la alternancia, fue encabezado por el entonces presidente derechista Vicente Fox, ex CEO de Coca Cola quien agradecido por el apoyo a su campaña presidencial apoyó a la refresquera y ésta creció como nunca antes. Lo mismo pasó con sus sucesores. En la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas se sentaban en la misma mesa que los altos funcionarios, quienes toman las decisiones. Y en esas mesas se impedía cualquier medida que atendiera la grave situación de obesidad y enfermedades crónicas, como un impuesto más enérgico a bebidas con alto contenido calórico o un etiquetado claro.
Y no sólo frenaron cualquier regulación, además invirtieron grandes sumas en financiar “estudios científicos” que hacían ver a sus mercancías como inocuas y subsidiar a asociaciones médicas que promueven sus productos, confundiendo al consumidor que confía en las recomendaciones de su nutricionista.
Fueron más allá, mucho más allá. Hubo espionaje a los activistas independientes de la industria. Si bien no se ha probado aún la participación directa de compañías, es un hecho que desde el Estado y por medio del software -o malware- Pegasus se espió en 2014 a personas clave en la lucha por impuestos a bebidas azucaradas. Espiaron a Luis Manuel Encarnación, entonces coordinador de la Coalición Contrapeso; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y al doctor Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública. Calvillo y Barquera enfrentan ahora ataques de las asociaciones refresqueras por impulsar el etiquetado y hablar de la evidencia científica del daño que provocan dichas bebidas.
Mal de muchos

México es el mayor consumidor de comida chatarra de América Latina, el primero en obesidad infantil (y el segundo en adultos). Y es que este tipo de productos se encuentran en todos lados: en la fila de las cajas de los supermercados, en todas las tienditas de los barrios, en las escuelas y hasta en las farmacias. “Carga 9 dólares de gasolina y llévate gratis una bolsa de botanas”, “Por sólo 50 centavos de dólar extra crece tu refresco al doble”, son algunas de las promociones que diariamente nos bombardean en los espacios habituales. Está tan normalizado el consumo de estos productos que es inimaginable una reunión sin tener tres o cuatro botellas de 3 litros de refresco y bolsas gigantes de frituras.
México tiene un gran problema de alimentación.
Ahora, a partir de octubre, en teoría todos los productos que lo requieran deben contar con etiquetas con forma de octágono que advierten del exceso de azúcar, grasas y sodio pero también alertan sobre los riesgos de que los niños ingieran productos con cafeína y edulcorantes. Un etiquetado más potente que su antecesor, el logrado en Chile en 2016.
La gravedad del problema hizo que dos estados prohibieran la venta de comida y bebidas chatarra a menores de edad; y la regulación podría multiplicarse en breve porque 17 congresos locales, de provincias, están estudiando iniciativas similares.
De avanzar las iniciativas en las 17 entidades, sería un avance importantísimo para los defensores de la salud, para la industria, se pondría en riesgo su mayor mercado pues los productos ultraprocesados estarían en el mismo nivel de daño que el alcohol y el tabaco.
En América Latina, pareciera que fue necesario sufrir la peor pandemia de la era moderna para que una parte de la población escuchara advertencias con años de historia. Pareciera que apenas ahora, en los tiempos Covid, muchos escuchan lo que que desde hace años venían alertando profesionales de la salud, activistas y académicos. Pareciera que recién ahora lo entendimos la mala alimentación mata.
México está en una situación delicada, pero también otros países. El mal afecta y acecha a toda la región. Desde hace tiempo, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que la alta incidencia de diabetes, hipertensión y padecimientos renales pone en riesgo a una de cada tres personas en el continente -alrededor de 186 millones de latinoamericanos- que podrían enfermar gravemente de COVID-19. Hay que sumar otra de las principales comorbilidades, el sobrepeso, que en la región afecta a un 8% de los menores de 5 años, 28% de adolescentes, 53% de hombres y 61% de las mujeres.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que el 82 por ciento de las muertes en América Latina y el Caribe fueron a consecuencia de las enfermedades cardiovasculares y cáncer. Se calcula que en la región hay 41 millones de personas adultas con diabetes y la mitad no lo sabe, por lo que no podrá atenderse adecuadamente. Las muertes atribuibles a altos niveles de glucosa en la sangre aumentaron en la región 8% entre 2010 y 2019.
Antes de que el SARS-CoV-2 pusiera en jaque a los sistemas de salud del mundo, se preveía que serían las enfermedades no transmisibles las que lo colapsarían. Con ambas pandemias coexistiendo, la urgencia es mayor.
Chile fue el primer país latinoamericano en lograr el etiquetado en 2016, tres años después se redujo en un 25% el consumo de bebidas azucaradas. Perú fue el segundo, un estudio de hábitos indica que el 37% de los habitantes de Lima dejaron de consumir productos con octógonos. En plena cuarentena, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual declaró como barreras burocráticas ilegales a los sellos establecidos por el Ministerio de Salud, un hecho en el que hubo interferencia de la industria. Otra sala del mismo instituto apeló esta decisión, al día de hoy no se ha definido el futuro del etiquetado peruano, por lo pronto, los octógonos deben seguir apareciendo en los empaques.
Uruguay va en el mismo sentido, aunque con dificultades. Ordenó sellos que debían comenzar a pegarse el 1 de marzo, pero el cambio de gobierno lo postergó hasta febrero de 2021. Algunas de las razones que arguyen es esperar que se “armonicen” las normas de etiquetado con los demás países del Mercosur, aunque activistas denuncian es una práctica dilatoria porque este tipo de definiciones podría tardar hasta 6 años.
Argentina y Brasil son dos países que llevan años intentando que las etiquetas lleguen a supermercados y tiendas. Como en Uruguay, la pertenencia al Mercosur también ha servido de pretexto en Argentina para no discutir la medida, más las piedras que va poniendo la industria, igual que ocurrió en México. ¿Por qué tanto esfuerzo por frenarlo? “El etiquetado es una puerta de entrada, una vez que lo tienes estableces cuáles son los productos saludables y cuáles no lo son”, explica Luciana Castronuovo, coordinadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Actualmente en el país hay 45 iniciativas en discusión en diversos espacios de gobierno.

Brasil, un actor importante en la región, lleva 6 años trabajando para tener un etiquetado. También ha intentado impulsar el impuesto a bebidas azucaradas siguiendo el ejemplo de México y regular la publicidad, pero la “interferencia de la industria impide que se avance en el tema”, lamenta Ana Paula Bortoletto, integrante del Instituto brasileño de defensa del consumidor (Idec).
Pero aún tiene esperanzas: “Que más países estén trabajando en esto puede ayudar a que se aceleren estas medidas en la región por ejemplo, al entrar en vigor el etiquetado en Uruguay hace necesario discutir estas políticas porque eso ayudaría a reducir las barreras comerciales, las empresas son las mismas que trabajan en nuestros países.”
El tema avanza, se cuela. Pese a los millonarios intentos de la industria, la necesidad de tomar medidas para regular el consumo de comida chatarra está en la mesa de las discusiones, ineludible.
En Costa Rica ya se presentó un proyecto de ley con un etiquetado similar al chileno. En República Dominicana, durante la campaña electoral el colectivo la Alianza por la Alimentación Saludable convocó a los candidatos presidenciales a asumir el Compromiso por una alimentación saludable que entre otras medidas incluye un etiquetado correcto. En Colombia, la Red PaPaz pidió al Estado un etiquetado frontal y claro de advertencia, iniciativa que está siendo revisada por el Ministerio de Salud. La directora de la organización no gubernamental, Carolina Piñeiros, ve un creciente interés de los colombianos por saber qué consumen y de a poco hay legisladores que van apoyando estas iniciativas. Además, la ciudad de Bogotá está discutiendo la prohibición de venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en los colegios.
Como en un juego de estrategia, la industria presiona. Sin embargo, América Latina se mueve. Cuando se implementó el etiquetado en Chile los productores de comida chatarra “pensaron esta es la excepción, no va a ser la regla”, recuerda Enrique Jacoby, ex viceministro de Salud de Perú. Y en cada país en el que se ha discutido el tema, han encontrado resistencia. La industria ha intentado impedir las etiquetas claras. Por eso la batalla mexicana es fundamental: “La importancia y la expectativa que la región tiene con México es que ayude a inclinar una balanza, es una batalla muy grande para la industria mundial, si América Latina adopta esta estrategia es muy serio para el mundo entero.”

La batalla está en todos los frentes. En los gobiernos, en los congresos, pero también en las calles. Porque la comida chatarra no ha dejado de venderse, siguen las tienditas a reventar de bolsas y paquetes que son bombas de tiempo.
Y la industria pelea con todo: durante el confinamiento ha aprovechado para hacer mercadeo “donando” sus productos, insumos de higiene y equipo al personal médico. Sólo en México se han contabilizado al menos cien donativos. Mientras intentan frenar impuestos, etiquetado y toda medida en favor de la salud, se publicitan como empresas supuestamente comprometidas con la salud. Más distópicas que el tiempo pandémico en sí, las imágenes de estos días: Coca Cola regalando refrescos a los médicos que atienden a enfermos de Covid, graves por padecer diabetes, sobrepeso y obesidad.
Pero también hay buenas noticias desde un frente, las redes sociales. Porque ahí,al parecer, la industria va perdiendo una batalla. Al día de hoy no he visto ni un solo mensaje de alguien lamentándose porque los sellos le hayan quitado la venda de los ojos y sí he visto a muchos celebrando que podrán ejercer su derecho a saber.
Nota
Más allá de tu vereda: un documental sobre personas en situación de calle en CABA

Más allá de tu vereda.
Así, a secas, es el nombre del documental que acaba de estrenarse.
No es un documental más. Así se llama el programa de radio de y para personas que viven o vivieron en la calle, que se realiza semanalmente en la organización Sopa de Letras. Esta cobija y aborda la problemática así como la salud mental, desde hace más de 10 años en el barrio porteño de Parque Patricios.
El documental explicita la importancia de la radio, el valor de la comunicación, la potencia de lo colectivo, la necesidad de comunicarse, y que alguien escuche del otro lado, o mejor aún: al lado. Y también refleja la historia de Víctor Rodríguez Lizama, su director, que tiene 64 años y vivió varios en situación de calle.
El Cuervo, como le dicen a Víctor por su fanatismo por San Lorenzo, visibiliza en primera persona junto a otrxs protagonistas lo que se ve a diario, pero no tanto. Lo que se sabe, pero no tanto.
En Más allá de tu vereda, Víctor entrevista a muchos de los integrantes del programa que se emite en Radio Parque Vida (105.9) desde hace más de tres años.
Marcela dice que antes sólo escuchaba. Y que ahora se animó a decir.
Luciana dice que perdió un poco la timidez. Y que, quizá, eso la ayudó a crear la sección “la música que nos hizo”.
Cata dice que encontró un espacio para hacer arte. Para animarse a leer sus poesías.
Alicia dice que antes hablaba “poquito”. Y que ahora “habla un poquito más”.
Lautaro habla cuando llora, emocionado. Dice que no tenía experiencia. Y que ahora se sorprende de sí mismo.
Juan Bautista dice que es el encargado de informar las noticias. Y que ahora sí, alguien escucha su punto de vista.
Cristian dice que está más atento a su alrededor. Tanto, que ahora se anima a opinar.
Víctor dice que hasta no hace mucho, había personas que no agarraban el micrófono. Y que ahora no lo quieren soltar.



Termina el documental, con una última imagen; pantalla en blanco y una sola línea en letras negras.
«A todos los que estuvieron en situación de calle y ya no están».
Hay aplausos, hay felicidad, hay valoración.
Hay orgullo.
Luego, se abre el micrófono para que quien quiera diga lo que quiera.
Jorgelina: “Hagamos más radios”.
Adrián: “Podría estar en cualquier otro lado, haciendo cualquier otra cosa en este momento y gracias a ustedes estoy acá, me ayudaron un montón desde lo emocional”.
Cierra Víctor Rodríguez Lizama, con la remera puesta de su San Lorenzo querido y su pelo repleto de canas:
“La finalidad de este documental es mostrar cómo a través de la salud mental podemos llegar a la gente invisibilizada, que está ignorada. Ojalá que se reproduzca en otros lugares, que sirva de herramienta para salir adelante. Hoy hay mucha más gente viviendo en situación de calle. Además de haber vivido mucho tiempo, participé de los censos populares. Recientemente censamos en la comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y sólo acá contamos 1480 personas, por donde vos camines están. En la olla popular que hacemos en el Parque Lezama se ve algo similar al 2001. Más personas en calle y más hambre”.
Detrás del Cuervo hay un pizarrón donde se completa al nombre de su documental:
“Más allá de tu vereda,
hay otra realidad,
atrás de tu puerta”.
Al costado, un mural con un puñado de palabras escritas en letra cursiva:
“Hasta que no quede ni una sola persona en situación de calle,
allí seguiremos estando”.
Nota
La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.
Por Franco Ciancaglini
Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:
- su salud era cada vez más delicada;
- los medicamentos oncológicos no llegaban;
- y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.
Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.
Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

Contaminada
María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.
Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.
La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.
Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.
Contaminada
La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.
Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.
Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:
- “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
- “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».
Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”
Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.
En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”
Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:
- “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
- Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.
Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.
Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.



Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”
El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada
Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.
Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.
Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».
Sino miren este video.
María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”
El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.
Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.
Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.
Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”
Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”
La respuesta era obvia: mal.
Insurgente
Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.
Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.
El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».
Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.
Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.
Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.
Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.
Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.
La muerte es el abandono.
La muerte es el olvido.
Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.
odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.
Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.
Mary: gracias.
Hasta mañana.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
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