Nota
Mosconi: la batalla entre un pueblo y las multinacionales
Salta es el escenario de una lucha que mezcla recursos, medio ambiente y derechos humanos, y que expulsó de la vida laboral a miles de personas en medio de una indiferencia cómplice. Diez detenidos de la UTD de Mosconi fueron liberados tras 52 días en un infierno cotidiano pero aún hay varios procesados, cuando el que está en falta con ellos es el gobierno. Una visita a la cárcel, el asombroso trabajo de la UTD, y los detalles de un despojo de recursos que hipoteca el futuro.
Todavía no tengo claro si viajar a Salta representa un viaje al futuro o al pasado, pero sí que la distancia recorrida es algo que puede medirse en kilómetros de indiferencia. Una palabra que no expresa tan solo el desinterés, sino la confusión que se produce al mezclar indiscriminadamente y en una misma bolsa verdades a medias, simplificaciones y mentiras intencionadas. Artimañas, en últimas instancia, con las que se pretende adornar una realidad que allí surge sin máscaras.
El significado de Salta hoy es, fundamentalmente, el que le otorga haberse convertido en un mirador privilegiado desde el cual ver la batalla entre un pueblo y las multinacionales.
Lo aquí resuena a consigna, allí es una postal animada.
Escribir sobre Salta hoy, entonces, significa derribar un muro detrás del cual se oculta algo que siempre estuvo allí.
Lo evidente.
Ese es el sentido de este viaje y esta nota.
En el mundo de las finanzas globales,
la tarea que se asigna a los gobiernos estatales
es poco más que la de grandes comisarías
Zygmunt Bauman
En Tartagal son las 6 de la mañana. La oscuridad es negra y tibia y en las calles no hay madrugadores, sino unos pocos trasnochados. Un hombre pregunta si buscamos a Pepino Fernández, el máximo referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, la legendaria UTD, símbolo del movimiento piquetero argentino, cuna de la protesta social aguerrida, desafiante, multitudinaria. Allí está, dice señalando al pequeño grupo que duerme acurrucado en el piso, entre cartones, desde hace 50 días, frente a las puertas del juzgado. Solo hay yerba y una bolsa con pedazos de pan para el desayuno con el puñado de familiares esposas, hijos, madres, padres- que comienzan a compartir las palabras, las lágrimas y el mate. La sucesión de relatos trazan el dolor que tienen en común.
El 2 de diciembre, entre las 6 y las 7 de la mañana, grupos de no menos de 30 uniformados irrumpieron en sus casas pateando las puertas y sacudiendo el sueño familiar. Encañonaron a las mujeres, hicieron llorar a los niños y arrastraron a los hombres a la calle, así como estaban, en calzoncillos, sin entender qué pasaba. De a poco, fueron descubriendo que los allanamientos estaban vinculados con lo que diez días antes había despertado la furia de Mosconi.
Aquel 21 de noviembre, un piquete encabezado por Pepino Fernández en una punta y Mario Rearte, en la otra, ya llevaba quince días bloqueando las entradas de los depósitos de combustibles que las petroleras tienen en Campo Durán, a varios kilómetros de Mosconi. Reclamaban el pago de la deuda de los ex empleados de la estatal YPF, que desde hace años eluden las autoridades. Aquel 21 de noviembre, entonces, unos trescientos gendarmes rodearon a los piqueteros y un cronista radial comenzó a relatar lo que allí se suponía que pasaba: habían detenido a Pepino, lo habían golpeado, lo estaban metiendo a las patadas en un patrullero, ahora mismo tenía la cara ensangrentada.
El relato no era verdadero, pero en Mosconi nadie lo sabía.
Fue suficiente para que todo el pueblo saliera a la calle a reclamar, con rabia, la liberación de su referente más querido. En medio de la protesta, sin policías ni gendarmes en todo el pueblo, las oficinas de Tecpetrol la empresa petrolera del Grupo Techint- y Refinor de Repsol- comenzaron a incendiarse y algunos aprovecharon el desmadre para saquearlas.
Un día después, el diario El Tribuno de Salta, detallaba: a la cabeza de los asaltantes marcharon Juan Carlos «Hippie» Fernández (hermano de «Pepino») y Oscar «Piquete» Ruiz, de activa participación en los recurrentes cortes de ruta que se producen en la zona desde hace más de un quinquenio. El diario iniciaba así una campaña con nombres y apellidos de quienes señalaban como responsables del incendio. En una de las notas, incluso, escribe ocho nombres que califica de peligrosos.
Durante los días siguientes, la policía recuperó en diferentes operativos algunos de los objetos robados, pero no precisamente en la casa de los dirigentes señalados por el diario. Curiosamente, en estos allanamientos no se realizaron detenciones.
Tres días después de la revuelta, ya en Buenos Aires, Pepino y Rearte se entrevistaron con el ministro del Interior, Aníbal Fernández y el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, quienes le pidieron tiempo para dar una respuesta. El principal reclamo de los ex trabajadores de YPF sintetizaba el diario Clarín en su edición del día 25 de noviembre- es el pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP), que se estableció cuando fue privatizada la petrolera. Hay una ley la 25.471 que reconoce la deuda y un decreto del pasado 4 de mayo, que fijó las indemnizaciones en 23 mil pesos a cada trabajador. Los ex empleados consideran que ese monto debería ser de entre 70 y 80 mil pesos, y rechazan además el pago con Boden 2016. En tren de ganar tiempo, el Gobierno prometió estudiar soluciones a los reclamos.
Tres días después, en conferencia de prensa y desde la Casa Rosada, los dos funcionarios anunciaron una nueva oferta: 39.000 pesos para cada uno de lo 8.500 ex empleados de YPF. Se cobrarían a mediados de diciembre.
En realidad, era un error.
El ministerio de Economía sacó mal las cuentas y la liquidación será por solo 23.000 pesos, en bonos y no se sabe cuándo reconoció veinte días después Parrilli en privado.
Pero aquel 2 de diciembre, en Mosconi nadie sabía nada.
El director del penal de Tartagal autoriza la visita a los presos en un día y un lugar excepcional. Es sábado y las visitas son los miércoles y domingos. Es una cárcel, pero la reunión se hará al aire libre, en la zona de la huerta que cultivan los detenidos que están próximos a terminar su condena.
Debajo de un robusto árbol de paltas hay una mesa, sillas y bancos de madera. Un gato duerme y un par de gallinas dan vueltas, alborotadas. La abogada de la UTD, Mara Puntano nos ha llevado hasta allí, logrando incluso lo imposible: desplegar cámaras de video, fotos y grabadores.
Por el camino sembrado de girasoles se asoman los cuatro hombres. Oscar Piquete Ruiz y Rubén Sedan llevan al hombro dos máquinas cortadoras con las que emprolijan el césped del penal. Son las máquinas de la UTD, que les llevaron sus compañeros para que el tiempo de detención se convierta allí también- en eso que ellos llaman trabajo comunitario.
Detrás lo siguen Carlos Cabral y Hugo Carabajal, con la cabeza gacha.
Sentados en los bancos, abrazados por sus esposas, escuchan las novedades que les trae la doctora Puntano.
-Hasta el día de hoy no hay una causa legal para que ustedes estén presos.
Los cuatro hombres lloran. Sus mujeres, también.
Sedan es el primero en hablar. Con la cara mojada y los mocos colgando, arranca su monólogo diciendo: Nos pegaron mal. La policía nos gritaba que porque somos cortadores de ruta teníamos que desaparecer. Estamos peleando contra un pulpo demasiado grande, contra esas empresas multinacionales que se llevan todo y a cambio te donan un tarro de pintura. Estaba preparado para muchas cosas, pero no para esto. Porque siempre fui de frente, nunca robé nada y ahora acá veo cómo hay gente que está presa desde hace cinco o seis meses y todavía no sabe por qué. ¿Qué podemos esperar nosotros, entonces, de la justicia? ¿Cuánto tiempo nos van a tener? Yo el único antecedente que tengo es por un choque. Nosotros solo somos luchadores sociales que peleamos por trabajo y dignidad. Somos gente que no nos dejamos atropellar por las empresas y los políticos. Dejo para Dios que juzgue al que dijo que yo estaba ahí, a esa gente que me está haciendo sufrir, que mortifica a mi familia, a mis hijos.
Sedam se hunde en el silencio y la voz de Carbajal es la que resuena, húmeda y acongojada. Solo dice:
– Quiero que me dejen vivir tranquilo. Tengo 23 años. Los cumplí hace dos días, encerrado. Quiero estar con mi familia y con mi hijo. Quiero terminar mi casa. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué?
Ahora es Piquete Ruiz el que intenta pensar por todos en voz alta:
– Ese día en Campo Durán había 300 milicos y en Mosconi, ni uno. Todos nos conocen bien. Siempre hablamos a cara limpia y siempre pedimos lo mismo: trabajo. A los 10 nos están inventando cosas para ver cómo nos pueden retener. En estos días me han hecho tres estudios ambientales y en mi casa no han encontrado más que la pobreza que tengo. Ninguno de nosotros somos ángeles, todos tenemos errores, pero no somos delincuentes. Y acá estamos.
Acá estamos repite en voz baja Cabral.
En la comisaría de Tartagal también hay un árbol. En el centro del patio desnudo, los mangos dulces y jugosos caen generosos para animar la espera, mientras una comisaria del departamento judicial robusta y brutal- realiza de mala gana el trámite de autorización para visitar fuera de día y horario a los detenidos. Allí están Ramón Maldonado, Antonio Vargas, Rubén Gordiola, Omar Salinas y Daniel Valencia, a los que solo puede verse de a uno, en un pasillo impregnado de olor a cloaca, con la cabeza escondida entre los hombros, la mirada alerta por la presencia policial que los aterra. No es el perfume a mierda, sino a miedo lo que impresiona a quienes solo pueden arrancarles unas palabras.
-¿Qué necesitan?
-Que nos dejen ir al baño. Tenemos que hacer nuestras necesidades en bolsitas porque por más que pidamos, no nos sacan. Somos seis en una celda en donde apenas entran cuatro.
La comisaria avisa que el tiempo terminó con un grito marcial:
-Presos, a sus celdas.
En su despacho nos espera otro comisario, que abre la conversación con una frase inesperada:
-Que estos muchachos estén injustamente detenidos no depende de nuestra voluntad, sino del juez. Miren cómo está este edificio: destruido. El año pasado la gente lo quemó y apenas si se pudo acondicionarlo para seguir funcionando. Así estamos.
Así estaban, entonces, los presos de la UTD.
Llevaban 51 días encerrados por orden del juez Nelson Aramayo, que ese sábado, a las 24 horas, daba por terminada su labor: comenzaban sus vacaciones.
La UTD no es un movimiento.
Es un pueblo.
También puede decirse, sin exageraciones, que es un hombre: Pepino Fernández.
Así de inmensa y pequeña a la vez, la UTD es un símbolo de resistencia piquetera que expresa la riqueza y la pobreza, las limitaciones y las potencialidades de una protesta que en algunos casos logró congregar tras de sí cinco mil personas y en otras, siete.
Cinco mil fueron los que cortaron la ruta en el 96, el 2000 y en el 2001 también.
Siete los que cortaron las rutas de acceso a los depósitos de las petroleras, en Campo Durán, el pasado noviembre.
Entre una y otra cifra, la constante es un trabajo sostenido día a día que los ha convertido en eso que algunos llaman una municipalidad paralela, capaz de realizar obras, concretar proyectos y arrancar dineros a las empresas y los gobiernos para financiarlas.
En la sede de la UTD, Pepino y su hermano, el Hippie, despliegan sobre la mesa un largo plano que lleva por título mapa conceptual de Mosconi. Está dibujado con precisión de cartógrafo o ingeniero y pintado con colores escolares. Explica el Hippie:
– Las multinacionales están aquí solo para llevarse nuestros recursos naturales. No han instalado una sola industria ni generado puestos de trabajo. Al contrario: sus únicas inversiones importantes fueron para digitalizar el control de los pozos. De esta forma, necesitan solo dos puestos de trabajo por pozo, en turnos de 12 horas. De esta forma, también, solo ellos pueden controlar lo que sacan.
Las cifras le dan la razón.
Las regalías que retiene el Estado argentino son las más bajas de América Latina: 12 por ciento. Colombia retiene el 18, Perú el 35 y Venezuela había llegado al 51 por ciento. Ese 12 por ciento sufre, además, el descuento de los gastos de transporte y almacenamiento, algo que en general no se incluye en otros países. Y se cobra mediante un régimen de «declaración jurada», es decir que los propios operadores declaran cuánto extraen.
En cuanto a la relación entre los beneficios que obtienen las empresas y los puestos de trabajo que generan, basta leer la información que por ejemplo- la propia Tecpetrol, del Grupo Techint, ofrece en su página web:
La Empresa obtuvo ganancias por más de US$ 55,4 millones (Abril 2001-Marzo 2002) y emplea a más de 520 personas.
Algo así como diez puestos de trabajo por cada millón de dólares de ganancia neta.
La UTD tiene, también, no solo el diagnóstico, sino el remedio a los problemas que origina esta desproporción.
El diagnóstico: con fecha agosto de 2003 Pepino Fernández entregó en mano al presidente Kirchner una carpeta que detalla la situación de Mosconi. El informe comienza con la siguiente introducción:
Ante la falta de fuentes de trabajo, consecuencia de las privatizaciones a gran escala que caracterizaba al modelo neoliberal, como en otras partes del país, se desembocó y profundizó la crisis social y política que provoca cortes de ruta y su represión excesivamente violenta. (
) Este informe tiene como objetivo detallar los problemas judiciales, sociales, políticos y económicos más urgentes desde nuestro punto de vista como desempleados, luchadores sociales y pobladores de esta zona, que en nuestro entender seriamente ahogan el derecho humano a una vida digna, a la que queremos defender sin miedo a persecución, violencia o muerte.
A continuación, trazan el cuadro de situación:
Fallecidos:
Como consecuencia de las represiones violentas de las protestas en General Mosconi, la gendarmería nacional es responsable por las muertes de cinco habitantes de esta localidad. Los fallecidos son:
Orlando Javier Justiniano, 21 años, mayo 2000.
Alejandro Sebastián Gómez, 19 años, mayo 2000.
Aníbal Verón, 37 años, noviembre 2000.
Antonio Santillán, 27 años, junio 2001.
Oscar Barrios, 17 años, junio 2001.
Heridos:
Entre mayo y noviembre de 2000: más de 35 heridos.
En junio de 2001: 6 personas con heridas de bala (una de ellas incapacitada permanentemente por una herida de bala recibida durante la represión)
Encausados:
Desde 1999 hasta el 2003 hay 108 encausados, 6 procesados y 14 imputados.
Desempleo:
El desempleo en la zona llegó a un índice del 80%.
Trabajo
Actualmente hay alrededor de 8.000 beneficiarios de planes sociales en Mosconi. Tienen la exigencia de cumplir con cuatro horas diarias laborales. Carecen de provisiones sociales, tales como cobertura médica, seguros de vida y accidentes, indumentaria apropiada, etc. Aunque la UTD negoció exitosamente con algunas de las empresas de la zona para lograr contratos de empleo que beneficien a los desempleados, tales empleos son breves, temporarios, sufren de imprevisión básica alimentaria, higiénica, etc.
Salud:
Mosconi posee un solo hospital para atender a más de 20.000 personas. Emplea solo a 10 médicos y no cuenta con la infraestructura adecuada.
Educación:
Hay cuatro escuelas, más una para alumnos con dificultades de aprendizaje y otra que cubre educación secundaria para adultos. Todas prestan sus servicios en edificios con serios inconvenientes de estructura y condiciones sanitarias insatisfactorias.
Infraestructura urbana y rural:
A pesar del PBI que genera el departamento para la provincia, Mosconi carece de una red de cloacas, plantas depuradoras y purificadoras. La mayoría de las calles no están pavimentadas.
El agua:
La red de cañerías tiene más de 60 años. Al no poder abastecer las necesidades mínimas e indispensables, los cortes de suministro domiciliario son diarios. Sin embargo, estos cortes no se descuentan de las facturas, por lo cual los habitantes pagan por un servicio que no se presta. Estos cortes afectan también los emprendimientos comunitarios de huertas y viveros, dificultando seriamente la creación de fuentes de trabajo alternativas.
Gas:
Mosconi es actualmente el segundo productor de gas del país. Sin embargo, solo un 30% de su población tiene servicio de gas natural, instalado por sus propios esfuerzos y pagando los vecinos el costo. La mayoría de la población consume gas en garrafa, a altos precios. La paradoja es que el gas que se extrae de Mosconi se envasa a miles de kilómetros de la ciudad y los vecinos deben pagar, luego, el gas envasado de su suelo encarecido por el transporte de las garrafas.
El Hippie saca de un portafolio una docena de carpetas que apoya sobre la mesa de madera. Son los proyectos de la UTD para Mosconi. Ideas pensadas, desarrolladas y presupuestadas, que van desde la erradicación de ranchos, creación de circuitos turísticos, planes de reforestación, plantas de procesamiento de los actuales desechos de combustibles o un polo petroquímico hasta la construcción de la obra pública más estratégica: un reservorio de agua, con trazado de acueducto incluido.
-Muchos de nuestros recursos naturales ya están prácticamente perdidos. La destrucción de bosques y la extracción sin control de gas y petróleo, por ejemplo. Tenemos reservas, es cierto, pero los cálculos más optimistas dicen que, a este ritmo, en 20 años en Mosconi ya no queda nada. En el futuro, el recurso natural central será el agua. Esa es nuestra riqueza del mañana. Aquí en la zona hay una reserva de agua dulce subterránea y una cuenca natural que, si la protegemos de la contaminación que están produciendo las multinacionales hoy, podrían constituirse en toda una fuente de reservas no solo para nosotros, sino para toda la región.
Una de las carpetas contiene un informe sobre la contaminación del agua en la zona. Detalla la relación entre determinados productos, las consecuencias y enfermedades que produce y en una tercera columna- en qué los utilizan las empresas que trabajan en la región. Una segunda parte describe cuáles de estos productos fueron encontrados en los pozos de Laguna del Cielo, Las Lomitas y Tranquitas, que descargan sus desechos en los ríos de la zona. En otra carpeta, archivaron los certificados de defunción, los resúmenes médicos y las fotocopias de las dos primeras páginas del DNI de todos los muertos que dejaron Mosconi en el año 2000.
Así trabaja la UTD.
Relacionando un problema, investigándolo, soñando con su solución.
Y convirtiendo el piquete en una herramienta para exigir ser escuchados.
Muchas veces obtuvieron así los recursos necesarios para concretarlos.
Pero una vez hechos realidad, la UTD no se queda con nada.
-Nosotros no tenemos ni personería. No tocamos dinero- explica Pepino- Hace poco conseguimos 400 hectáreas para instalar proyectos productivos, pero las repartimos entre diferentes sectores: cooperativas, comunidades indígenas, organizaciones sociales. Aquí viene gente a pedirnos trabajos y nosotros nos organizamos y los hacemos. Cosas para la comunidad. Pero no pedimos nada a cambio: ni que sean parte de la UTD, ni que vengan a un corte, ni que participen de una reunión. Nada.
Un ejemplo: la universidad.
Una de las carpetas alberga el proyecto que imaginaron: una universidad destinada a carreras relacionadas con las necesidades de la zona. Hay fotos de los tres lugares que propusieron para establecerlas, aunque no figura allí la batalla que tuvieron que dar para arrancarle a las empresas los 800 mil pesos necesarios para concretarla. Ya lleva un año de funcionamiento, gracias a un convenio firmado con la Universidad Católica de Salta y a las becas para los alumnos que pagan las petroleras.
La UTD hizo todo.
Pensó, escribió, luchó, negoció.
Pero la Universidad no está en sus manos. Es propiedad de la comunidad de Mosconi y la administra su municipalidad. El único signo de participación de la UTD en su creación es su nombre: JUVEGOSABA.
Una sigla que se arma con las dos primeras letras de los apellidos de los cinco muertos por la represión en Mosconi: Justiniano, Verón, Gómez, Santillán y Barrios.
Es lunes y desde hace 24 horas la jueza que tiene en sus manos el destino de los 10 presos de la UTD es Ana María Fendi de Lusia. Una mujer pequeña, escuálida, con trayectoria en los juzgados de familia. Tiene sobre su escritorio un Código Penal señalado en estratégicas páginas con papelitos amarillos. En su despacho hay una sola silla, una computadora nueva, un escritorio de fórmica y un piso repleto de expedientes. Son las dos de la tarde y acaba de hablar con los familiares de los detenidos por primera vez, durante diez minutos, para explicarles que todavía no vio el expediente. Lo repite otra vez, delante nuestro, con una risa nerviosa, tratando de evitar definiciones. No dice nada, en cambio, cuando se le pregunta si no existe un conflicto de intereses en esta causa, al ser su marido gerente de una de las empresas petroleras demandantes.
La relación entre la justicia local y las empresas es así: familiar y estrecha. El abogado de Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American, por ejemplo, es Antonio Restom. Ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Salta, fue también candidato a diputado en las últimas elecciones. Perdió y el gobernador Romero lo convirtió ahora en su delegado personal en los actos oficiales que se realizan en Tartagal.
Las últimas palabras de la jueza, antes de enmudecer, fueron didácticas. Explica que se investigan hechos graves, algunos de ellos no excarcelables; que la secretaria es quien está redactando el dictamen y que, según las reglamentaciones provinciales, tiene un plazo de tres meses para expedirse sobre la situación de los detenidos.
-Entiendan que recién es lunes, el primer día hábil desde que tomé la causa.
Es lunes, sí, y no faltan meses sino horas para que los 10 detenidos de la UTD sean liberados.
Es lunes, sí, y en Buenos Aires, una movilización de más de 3.000 personas se planta frente a las oficinas de Tecpetrol para gritar libertad a los presos de la UTD.
Es lunes, sí, y en Tartagal, una movilización de casi 500 personas recorre las calles para gritar libertad a los presos de la UTD.
Es lunes, sí, y cuando la columna arranca, Pepino Fernández mira alrededor y por primera vez en 52 días sonríe:
-Mirá. Los comerciantes no cierran. Los vecinos nos miran a la cara. Ahí hay unos que nos están aplaudiendo.
Pepino dice entonces:
-Se rompió. Algo se rompió.
El martes 20 de enero, a las diez de la noche, los 10 detenidos de la UTD de Mosconi fueron liberados.
Tres fueron sobreseídos y siete, procesados.
Todos, dos días después, regresaron al penal a terminar el trabajo que habían comenzado.
Y así fue.
Ahora, detrás del muro de la cárcel puede verse el césped prolijamente cortado.
Nota
La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario
Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.
Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Hay muchos jóvenes.
Muchos docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.
Hay una Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que llega y gente que se va.
Gente que estuvo todo el tiempo.
Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.
Está el movimiento disca, también siempre presente.
Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.
Hay carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.
Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.
Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.
“Milei cumplí la ley”
Es la cuarta.
Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.
Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.
Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.
El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.
Algunos datos de contexto:
- Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
- El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
- La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
- Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas.
- Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.
Docentes Uber
Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.
Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”.
Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.
Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”.
Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”.
Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.
Plata para la deuda
Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”.
Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”.
En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”.
En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.
El contagio
Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.
La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.
Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos:
- “Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y
- “No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”.
Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.
Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:
“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.
Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.
Y sonríe.
Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.
Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.
Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.
¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.
Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.
Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán
- junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
- Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
- De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
- De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:
“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.
La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:
“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.
La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.
Que la cosa sigue.
En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.
Sigue cada miércoles en el Congreso.
Y todas las veces que hagan falta.
Porque hay muchos jóvenes.
Docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.
Hubo otra Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.
Hay más carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
POR FRANCISCO PANDOLFI
El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
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A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera
De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
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