Introducción
La Argentina es un país que en 2005 continúa viviendo en un estado de emergencia social e institucional, visible en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas tasas de desempleo. Pese al superavit fiscal, ni la política económica ni la política social se han orientado a la solución de estos problemas de fondo: el hambre de millones, la injusta redistribución de la riqueza y la destrucción de la ciudadanía social.

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Está claro, a esta altura de los anuncios oficiales acerca del destino de las reservas argentinas, cuáles son las prioridades. Esto significa, entre otras cosas, que la tensión social será una realidad a la que debemos enfrentarnos cotidianamente. Esta tensión está expresada en esa paradoja de un país rico que deviene cada vez más pobre. Analicemos, tan solo, una de sus expresiones:

• Según el INDEC, el 56,4% de los menores de 18 años son pobres (7.730.708) y el 23,6% son indigentes (3.234.835). Más de la mitad de los menores pobres e indigentes se concentran en 3 distritos: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
• Según el mismo INDEC, en setiembre las exportaciones fueron de 3.479 millones de dólares, un 16% más que en el mismo mes del año pasado. Mientras tanto, las importaciones sumaron 2.468 millones de dólares. La balanza comercial registró entonces en setiembre un superávit de 1.011 millones de dólares: un alza de 4,2 por ciento respecto a lo sucedido en igual mes de 2004.

Como señala un detallado informe de la CTA sobre las consecuencias del hambre en un país con superávit:
«Si somos 37 millones de habitantes y 16 millones de pobres, esto quiere decir que mientras algunos hogares se quedan con muchas canastas, otros no tienen ninguna. Puesto en estos términos, el problema argentino no es la ausencia de una capacidad objetiva que debe resolverse incrementando la riqueza que se produce, sino la consecuencia de la matriz de profunda desigualdad que organiza hoy su funcionamiento económico. Es el déficit que exhibe el representante del interés público (el Estado) en sus modos de intervención en el proceso de producción y distribución de la riqueza nacional» (1).
Como afirmamos en el Informe anterior (Alerta Argentina, 2004), en Argentina, el reemplazo de un semi-Estado de providencia por un Estado neoliberal, se tradujo en el aumento de las desigualdades, la concentración económica y la exclusión de vastos sectores de la población. La implementación de este modelo excluyente, que ha implicado la conculcación de los derechos más elementales, se ha venido sosteniendo sobre dos ejes fundamentales: por un lado, el Estado fue desarrollando estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución -cada vez más masiva- de planes sociales y de asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas y movilizadas; por el otro, el Estado se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional, apuntando al control de las poblaciones pobres y a la represión y criminalización del conflicto social.
En un contexto de profundización de las desigualdades, durante 2005, la situación de desprotección y violación de los derechos humanos en el país ha registrado nuevas inflexiones. Entre las principales, nos interesaría subrayar las siguientes:
I- En primer lugar, la respuesta del Estado frente a los conflictos sociales se ha venido asentando sobre el triple eje de la judicialización, la criminalización y los ensayos de militarización. Esta triple política se expresa claramente en :
-La estigmatización mediática, política y social de las organizaciones de desocupados, cuyo escenario principal ha sido y es la ciudad de Buenos Aires.
-El avance en la judicialización de los reclamos sociales, con una tendencia al armado de causas, que ha incluido largas estadías en prisión por parte de los acusado/as.
-El avance de la represión de los conflictos sociales y sindicales y la incipiente militarización de las zonas petroleras, situación que se inserta en el marco de la política de explotación de los recursos naturales.
-Las tentativas de estigmatización y manipulación de los reclamos sindicales en los centros urbanos, los cuales se han incrementado notoriamente en el último año.
-La política gubernamental respecto de los medios de comunicación
II- En segundo lugar, la consolidación de la doctrina de la seguridad ciudadana ha provocado:
-La multiplicación de los dispositivos institucionales de criminalización de la pobreza.
-El agravamiento de la situación de las cárceles del país.
-Las consecuencias de la feminización de la pobreza
III-En tercer lugar, cabe subrayar:
-La persistencia de la impunidad y el avance de la militarización en América Latina
Veamos brevemente cada uno de estos temas.
I. La respuesta del Estado frente la protesta social: judicialización, criminalización y ensayos de militarización
Cabe destacar que en el último año, el triple eje judicialización/ criminalización/militarización como respuesta del Estado a la conflictividad social y sindical, se ha concentrado muy especialmente en dos escenarios:
1) La región metropolitana de Buenos Aires, que abarca la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, sobre todo en el sur y oeste, donde residen numerosas organizaciones de desocupados.
2) Las áreas y regiones explotadas por las empresas multinacionales, en especial, los enclaves petroleros. A las dos regiones consideradas como la cuna del movimiento piquetero (Neuquén y el norte de Salta), se ha agregado en el último período la zona de explotación petrolera del golfo de San Jorge, sobre todo, aquellas localidades que se encuentran en la provincia de Santa Cruz (Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras). En dicha provincia, asistimos a un creciente deterioro de los derechos, que tienen por foco los trabajadores del petróleo y las acciones de los desocupados.
-El avance de la judicialización de los reclamos sociales y la estigmatización mediática y social de las organizaciones de desocupados
Una de las respuestas más recurrentes de la administración N.Kirchner respecto de los conflictos sociales ha sido la aplicación sistemática del Código Penal. Favorecido por las lecturas de las protestas que instalan quienes crean opinión pública, derivan a los estrados judiciales problemas que allí, de ninguna manera, pueden resolverse. La tendencia a la judicialización y criminalización de los reclamos sociales fue sintetizada en los comienzos del gobierno de Kirchner por la frase del ministro del interior, quien prometió responder a las protestas de las organizaciones de desocupados con el «código penal en la mano».
Podemos distinguir tres momentos diferenciados en lo que respecta a la respuesta del Estado a las protestas sociales urbanas, que tuvieron su epicentro en la región metropolitana de Buenos Aires, así como en las zonas de explotación petrolera.
Así, en una primera etapa, entre mayo de 2003 y julio de 2004, el gobierno desarrolló una política centrada en dos estrategias mayores: por un lado, en el medio de fuertes críticas dirigidas hacia las organizaciones de desocupados, levantó como bandera la decisión de no reprimir la protesta social; sin embargo, por el otro, se inició una fuerte campaña de deslegitimación dirigida contra dichas organizaciones, protagonizada por el propio gobierno nacional, con fuerte presencia mediática y apoyo de sectores de poder. Esta política fue acompañada por un avance notorio de la judicialización de los conflictos, que recayó especialmente sobre los protagonistas de las protestas. Agreguemos a esto que la campaña de estigmatización desarrollada contra las organizaciones de desocupados coincidió con la instalación en la agenda política de las demandas de seguridad ciudadana, que en un principio llegaron vinculadas a la proliferación de delitos contra la propiedad y los secuestros extorsivos.
Una segunda etapa se abrió en 2004, a partir de los hechos de la Legislatura porteña, ocurridos el 16 de julio. Poco después, el 31 de agosto, frente al ministerio de economía, la policía intervino con gases y balas de goma, en el marco de las manifestaciones y escraches contra la presencia del titular del FMI. Asimismo, el 2 de octubre, se produjo el desalojo y represión de los manifestantes que se encontraban cortando la ruta y ocupando la sede de Termap (Terminal Marítima Patagónica), en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. La respuesta frente a estos conflictos puso en evidencia un giro importante en la política del gobierno, visible en la sistemática judicialización y agravamiento de las figuras penales impuestas a las y los detenidos, a fin de impedir su excarcelación. Esto sucedió tanto con los detenidos por los hechos de la Legislatura porteña, así como con aquellos de Caleta Olivia.
La tercera etapa se abrió el 26 de agosto de 2005, cuando el gobierno nacional optó por la estrategia de la militarización de los espacios públicos, a fin de impedir la libre manifestación y movilización de las organizaciones de desocupados. Si bien ésta estrategia política ya se había deslizado a fines de 2004, la implementación de un modelo «disuasivo-represivo» se hizo especialmente notoria entre agosto y septiembre de 2005, mediante un grandilocuente despliegue policial en puentes, calles y plazas en la ciudad de Buenos Aires, en coincidencia con los tiempos electorales y frente a la supuesta demanda de «orden» de una parte de la opinión pública (como sugerían varias encuestas, reflejadas por medios nacionales).
En suma, el ascenso de Kirchner se tradujo por un lado, por una exigencia de «institucionalización» de las organizaciones sociales movilizadas y, por otro lado, por una mayor tendencia al cierre del espacio público. Como hemos dicho, estos procesos encuentran dos escenarios privilegiados. En primer lugar, la ciudad de Buenos Aires, lugar en el cual se desarrolló una fuerte contienda política entre el gobierno nacional y las organizaciones de desocupados opositoras. En efecto, fue en sus calles, en sus plazas, en sus edificios públicos, donde tuvo máxima expresión y corolario esta puja desigual entre los que llamaban a la institucionalización y exigían el repliegue de las fuerzas movilizadas (la demanda de lo instituido) y los diferentes actores movilizados, en especial, las organizaciones de desocupados (la demanda de los excluidos). (2)
Dicha campaña actualizó la creencia (histórica) en la existencia de una alteridad mayor, ilustrada de manera emblemática por la «frontera social» entre la ciudad rica y cosmopolita de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, pauperizado y desindustrializado, sede permanente de las llamadas «clases peligrosas». El resultado de ello fue el avance de la judicialización y criminalización en el tratamiento de los conflictos sociales y la instalación de un fuerte consenso antipiquetero, sostenido y avalado por amplias franjas de la opinión pública. A su vez, esto tuvo como corolario el reencapsulamiento de las organizaciones de desocupados en los barrios. (3)
-Las consecuencias de la judicialización de los reclamos sociales
La sistemática judicialización y agravamiento de las figuras penales impuestas a las y los detenidos ha tenido por objeto impedir la excarcelación de los acusados, operando como «escarmiento aleccionador». Recordemos que los seis presos de Caleta Olivia , detenidos por la ocupación de Termap, en demanda de trabajo, fueron liberados en mayo de 2005, luego de soportar 8 meses de prisión, mientras que los 15 presos de la Legislatura porteña (julio de 2004) obtuvieron la excarcelación en agosto de 2005, tras 14 meses de cárcel. Asimismo, Gabriel Roser, militante de una organización de desocupados, estuvo preso un año y ocho meses, acusado de un delito común. Roser fue liberado en diciembre de 2005, tras cuatro días de juicio oral en los tribunales de La Plata, luego de que el fiscal desistiera de llevar adelante las acusaciones, cuando quedó en evidencia que se trataba de una «causa armada». Por otro lado, desde el 20 de julio de 2005 se encuentra detenido en Pico Truncado Cristián Ruiz, vocero de los desocupados que reclamaron trabajo en Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz.
Idéntica actitud se ha extendido a manifestaciones protagonizadas hacia finales del 2005. Así, los ciudadanos que expresaron su hartazgo por la falta de control del Estado de los servicios públicos privatizados en Haedo; donde de los 84 imputados por la protesta del 1° de noviembre de 2005 en la estación de ferrocarril de Haedo-TBA, el juez federal N° 1 de Morón, Germán Castelli, le dictó la prisión preventiva a siete personas jóvenes (de 19 a 30 años) y ordenó que un menor fuera internado en un instituto de seguridad, «en resguardo». Como consecuencia del agravamiento de las figuras penales, se les niega la excarcelación, ya que están acusados por delitos cuyas penas van de los 3 a los 30 años de prisión, además de imponerles un embargo de más de 3.000.000 de pesos a cada uno. Solo uno tiene defensor particular. La defensa de los restantes está a cargo de FIDELA.
Asimismo, 52 trabajadores desocupados irán a juicio el próximo abril, entre ellos Roberto Gavilán, secretario de Salud y Acción Social del sindicato Suteba Bahía Blanca, por participar de una manifestación realizada a fines de 2002, frente a una destilería de petróleo de Petrobras. Es la causa más numerosa que llega a juicio por reclamos sociales criminalizados. El juicio oral estaba previsto para el 9 de diciembre de 2005, pero se postergó hasta abril de 2006.
La tendencia a la judicialización se ha confirmado recientemente a través de la reactivación de causas. Así, la Cámara Federal porteña confirmó a principios de marzo de este año los procesamientos de dos integrantes de la agrupación Quebracho por supuesto atentado y resistencia a la autoridad en 2004, durante las protestas realizadas entonces contra la visita del director del FMI, Rodrigo Rato. La Sala II de ese tribunal rechazó las apelaciones que habían planteado los defensores de Héctor Guillermo Torres y Ariel Francisco Da Silva (4) y ratificó los procesamientos sin prisión preventiva, que en primera instancia había dictado el juez federal Juan José Galeano, luego destituido.
Por otro lado, los efectos provocados por la selectividad ejercida, penalización mediante, producen en el seno de las organizaciones un verdadero golpe de desgaste y desarticulación. Por un lado, se sufre la represión, y por el otro queda subyacente el mecanismo disciplinador o aleccionador, cuya amenaza implícita tiende a prevenir las futuras protestas. Cualquier participante de una protesta que sea detenido, representa un doble problema: por un lado el del sufrimiento personal por la pérdida de la libertad y la incertidumbre del proceso penal que se inicia; y por el otro el sufrimiento y desgaste del entorno (tensiones entre los que han sido detenidos, entre estos y los que no; desgaste de los familiares, temores hacia los otros movimientos, etc.). Como refiere el Dr. Antonio Cortina, asesor letrado de la Federación Judicial Argentina, muchas veces «el verdadero peligro de los procesos penales no está en la condena sino en el proceso mismo, que significa toda una serie de restricciones y amenazas encubiertas o silenciosas. Las causas se activan, se desactivan, no mantienen un ritmo constante… a veces quedan un tanto olvidadas o relegadas en los trámites, pedidos de informes o peritajes y de repente reaparecen en el momento oportuno. Esas causas tienen una peligrosidad y potencialidad represiva constante, y por eso mismo se las instala. Muchas veces, el denunciante sabe perfectamente que el hecho no da para una denuncia, pero la hace igual porque de esa manera crea un riesgo. Y una denuncia no muy sustentada, sumada a otra de las mismas características, a otra más y a otra más, termina armando un paquete, una red de contención que no es visible salvo para la persona que la tiene sobre su cabeza». (5)
Por último, dicha política de deslegitimación de los reclamos sociales no sólo creó un contexto de rechazo a la protesta social que se extiende a todo el país, sino que ha favorecido y potenciado las diferentes variantes represivas que han asumido los gobiernos provinciales en las zonas de explotación de los recursos naturales.
-El avance de la represión y la progresiva militarización de las zonas petroleras. La política de explotación de los recursos naturales
El otro escenario de fuertes conflictos es aquel que abarca las zonas de explotación petrolera, allí donde la relación entre un modelo económico puramente extractivo (enclaves de exportación) sustentado por poderosos actores económicos (empresas multinacionales), y el creciente deterioro de derechos se revela con mayor dramatismo.
Recordemos que la política de privatización de los recursos naturales trajo consecuencias nefastas para la Argentina. En primer lugar, esta significó el desmantelamiento de la red de regulaciones que garantizaban un lugar a las economías regionales en la economía nacional. La nueva política traducía una manera diferente de concebir el espacio geográfico nacional, que desplazaba la idea de un modelo global de territorio subsidiado desde el Estado nacional, por la de «territorio eficiente». En consecuencia, la viabilidad o inviabilidad de las economías regionales pasó a medirse en función de la tasa de rentabilidad.
Por otro lado, como ha sido analizado por gran parte de la literatura económica y sociológica, la forma que adoptó el proceso de privatizaciones de las empresas públicas estuvo lejos de corresponderse con las altisonantes declaraciones que postulaban la asociación natural entre democracia, mercado y globalización. Antes bien, el proceso de privatizaciones implicó la destrucción de las capacidades estatales, así como la constitución de mercados monopólicos, paradójicamente favorecidos por la propia protección estatal, que terminaron de asegurar, a través de condiciones ventajosas de explotación, la obtención de una «rentabilidad diferencial». (6)
Por último, no hay que olvidar que durante el proceso de privatizaciones, el Estado nacional generó nuevas normas jurídicas, que favorecieron la implantación de capitales extranjeros, aL tiempo que garantizaban la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales, como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
De esta manera, dicha política de privatización mantuvo las asimetrías regionales preexistentes, produjo la crisis y desaparición de actores asociados al anterior modelo (economías regionales ligadas a empresas estatales, pymes, minifundios) y finalmente condujo a la reprimarización de la economía, a través de la expansión de enclaves de exportación (economías de enclave, caracterizadas por un modelo extractivo), desconectados de la comunidad local. Como hemos dicho más arriba, este proceso aparece paradigmáticamente ilustrado por las áreas de explotación petrolera, en donde se advierte la relación estrecha entre modelo económico y creciente deterioro de los derechos.
La relación entre economías de enclave y deterioro de los derechos civiles se expresa en la territorialización creciente de los conflictos, a partir de los cuales éstos quedan librados a la intervención de la justicia y los entes municipales y/o provinciales, cuyo grado de vulnerabilidad es mayor que el de sus homólogos nacionales. En ese contexto, se exacerban las asimetrías propias de la dinámica entre lo local (sostenido por organizaciones sindicales, de desocupados y organizaciones religiosas) y lo global (empresas multinacionales). Por último, este escenario dificulta la acción los organismos de derechos humanos, en la medida en que no llegan a operar con fuerza los mecanismos de defensa de derechos humanos (instancias de denuncias, elaboración de estrategias de defensa; campañas nacionales e internaciones, etc.).
En este sentido, la localidad de General Mosconi, situada en el norte de Salta, es un caso emblemático y anticipatorio, que expresa cabalmente el predominio de grandes capitales privados y extranjeros en el marco de una economía de enclave; la existencia de gobiernos provinciales y municipales de bajísima calidad institucional, combinados con la extensión de la corrupción en los planos político y económico. La implementación de ese modelo de explotación y control de los recursos naturales se materializó a través del desarrollo de políticas represivas y autoritarias que criminalizan la pobreza y la protesta social, así como en el avance indiscriminado del control de los recursos naturales y estratégicos por parte de empresas extranjeras, visibles en la contaminación y la deforestación.
En la actualidad, la profundización de este modelo se advierte en la región sur de la Patagonia, en la cuenca del golfo San Jorge. (Véase el anexo «Santa Cruz: petróleo y protesta social»). Un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, consigna que durante 2005 Santa Cruz fue la provincia con más cortes de rutas y vías públicas en relación a su población, ya que con sólo el 0,5% de los habitantes concentró el 4,8% de las protestas, registrando un corte cada 3.455 personas. Los conflictos sociales abarcan desde las protestas de los trabajadores petroleros hasta la acción de los desocupados. Sin embargo, el alto nivel de conflictividad no tuvo su correlato en una más activa participación de las autoridades locales y nacionales en la búsqueda de una solución. En realidad, la respuesta de las autoridades apuntó a la militarización de las zonas de conflicto, a través de un gran despliegue de tropas de gendarmería nacional, policías provinciales y grupos especiales, tanto en Cañadón Seco como más recientemente en Las Heras.(7) En efecto, en los últimos meses, en Las Heras asistimos a un avance de la política represiva, visible en la militarización de rutas y localidades, la intervención de las fuerzas federales, las detenciones indiscriminadas, el cercenamiento de los derechos civiles, la criminalización de los reclamos sociales y el incremento de la violencia.
Por otro lado, el incipiente proceso de militarización ha sido acompañado también por el desarrollo de nuevas formas de territorialización de las empresas multinacionales. Así, por ejemplo, en la localidad de Caleta Olivia, la empresa Termap erigió «un paredón de más de tres metros de alto y coronado con doble alambrado de púas y custodiada por agentes encapuchados» (La Nación, 19/06/2005). Esta fue la solución que las empresas aglutinadas en Termap (una asociación entre Repsol YPF, Pan American Energy, Vintage Oil y Shell) encontraron para poner fin a los sucesivos reclamos y ocupaciones de los habitantes del lugar. Dicho «muro antipiquete» es la ilustración incontestable de un modelo de apartheid, propio de una economía de enclave (hoy rebautizadas «enclaves de exportación»). «El muro de Caleta», como es llamado por la gente del lugar, aparece como la culminación de otros mecanismos y dispositivos de segregación ya implementados por las empresas multinacionales en otros lugares, como las barreras que bloquean el acceso a caminos públicos que encontramos en la zona de Mosconi y Tartagal (Salta), o el cercamiento de terrenos, acompañado por desalojos de campos habitados por comunidades indígenas y familias de campesinos.
Asimismo, amparados por el actual marco regulatorio, empresas multinacionales como Repsol-YPF invaden y contaminan varias comunidades mapuches, como sucede en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos. En 2004, apareció el primer caso de anencefalia fetal. Aunque desde hace años el problema se debate en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y por su parte los mapuches han demandado a Repsol por 445 millones de dólares en la justicia ordinaria, ya que las posibilidades de supervivencia cultural han sido arrebatadas a estas comunidades.
Por otro lado, recordemos que el proceso de apertura económica posibilitó la introducción de nuevas tecnologías (semilla transgénica, asociada a la siembra directa), que modificaron bruscamente el modelo local de organización de la producción, orientada al mercado externo. Estas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario, que incrementó notablemente la producción de soja transgénica, colocando a la Argentina entre los primeros exportadores mundiales. (8) El salto en la producción (la «sojización» del modelo agrario argentino) se dio a fines de los 90. Actualmente, casi más del 50% de la superficie sembrada de la Argentina se cultiva utilizando las nuevas tecnologías. Sin embargo, el impacto social de la introducción de estas nuevas tecnologías no puede ser minimizado. (9) En los últimos años se ha registrado la expansión de las fronteras agropecuarias y mineras, pues esas actividades tienden a radicarse en las áreas marginales del país. Así, entre 1993 y 1999, la superficie total sembrada de soja creció casi un 50%; pero en Entre Ríos se incrementó en un 309%, y , en Santiago del Estero, en un 161%. (10)
Estos procesos afectan sobre todo a los campesinos y a las comunidades indígenas, quienes ven amenazados sus derechos legales o consuetudinarios y están en el origen de desalojos violentos, llevados a cabo por los nuevos y viejos inversores,-como las empresas sojeras o los ingenios azucareros-, en muchos casos con la connivencia de poderes locales y/o provinciales.
Por último, recientemente, la expansión de la frontera minera, llevada a cabo por empresas trasnacionales, ha generado múltiples movilizaciones multisectorales en defensa del hábitat, que cuestionan el desarrollo de la minería tóxica. Así, en 2005, diversas colectivos de comunidades afectados por la minería realizaron distintas actividades denunciando las consecuencias de la explotación minera en manos de multinacionales en sus territorios. Grupos indígenas, vecinos, campesinos, ambientalistas, y hasta líderes religiosos se oponen a la minería a cielo abierto (con grandes explosiones), por las nefastas consecuencias que dicha actividad generó en sus territorios.
Otro reclamo ligado a la defensa del medio ambiente es el que ha movilizado a los vecinos de Gualeguaychú, en la Argentina, y de la localidad de Fray Bentos, en Uruguay, en contra de la instalación de empresas papeleras concedida por el gobierno uruguayo, cuyos efectos contaminantes ya han sido claramente probados.
También la existencia de ambiciosos proyectos energéticos que ponen en riesgo la calidad de vida de ciertas comunidades han abierto nuevos frentes de conflicto. Entre ellos se destaca el proyecto que prevé crear seis represas sobre el río Corcovado (situado a 100 kilómetros de Esquel, en Chubut), que ha generado la resistencia de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, cuyas tierras quedarían inundadas con la construcción de las represas (véase anexo).
Estas movilizaciones dan cuenta de la importancia de nuevos núcleos de conflicto, centrados cada vez más, como sucede también en otros países de América Latina, en la defensa del hábitat, la protección de la biodiversidad y los recursos naturales no renovables, frente al avance de las empresas trasnacionales. Sin embargo, mientras en Argentina las protestas recrudecen, el gobierno nacional reafirma el esquema legal y económico que hace una década incentivó el llamado boom de inversiones extranjeras mineras en el país, para explotar y exportar sin procesar los metales que más se cotizan en el mundo. En efecto, la gestión Kirchner prevee para el período 2005-2006 un piso de inversiones de 3.600 millones de dólares. La cifra significa un aumento considerable respecto de un año y medio atrás, cuando se había previsto inversiones por tres años por 1.300 millones dólares. Por otra parte se ha consolidado los beneficios impositivos de las compañías, además de la entrada en etapa productiva de la explotación de oro de Veladero en San Juan, el primer megaemprendimiento que se inaugura en la gestión de Néstor Kirchner.
-Las tentativas de estigmatización del conflicto sindical en los centros urbanos
El mapa actual de la Argentina muestra una proliferación de conflictos y movilizaciones sociales, en torno a temas tan diversos como el reclamo salarial, la demanda de trabajo, la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Un conjunto de acciones colectivas que, en gran parte, presenta un fuerte anclaje territorial, y abarca una multiciplicidad de organizaciones, desde movimientos campesinos, poblaciones indígenas amenazadas, organizaciones de desocupados, nuevas expresiones sindicales, minorías sexuales, hasta las novedosas formas asamblearias de defensa del medio ambiente.
En los últimos dos años, el escenario social ha venido dando cuenta de la multiplicación de las luchas sindicales, en demanda de incrementos salariales (no sólo como consecuencia de la inflación, sino con el objetivo de reducir las disparidades salariales instaladas entre los trabajadores de un mismo sector, fomentadas por el tercerismo y la política de flexibilidad salarial impuesta en los ´90), así como de aquellos reclamos ligados a la defensa de la educación y la salud pública. En 2005, los conflictos laborales que terminaron en huelgas o suspensión de servicios se triplicaron con relación al año anterior (según el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, en 2005 hubo 819 conflictos sindicales, mientras que en 2004 se registraron 249 casos). Baste decir que éste ha sido el índice más alto desde 1990, año en que se implementaron las primeras reformas neoliberales, para comprender que estamos ante el inicio de un nuevo ciclo de acción sindical.
Estos conflictos han sido protagonizados por comisiones internas, en algunos casos, por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. Estas acciones sindicales, que se añaden a los más variados reclamos asociados a la problemática de la seguridad ciudadana, apuntan a colocar en la agenda el tratamiento de un conjunto de derechos civiles, sociales, culturales, ambientales, muchos de los cuales han sido efectivamente licuados luego de tantos años de políticas neoliberales.
No son pocas las acciones de protesta que adoptan un formato piquetero (asociado al corte de calles), lo cual conlleva una rápida estigmatización (11). En realidad, es frecuente que los marcos de lectura predominantes impulsados por el gobierno y los grandes medios de comunicación acerca de la conflictividad social subrayen prima facie las consecuencias negativas de las acciones de protesta (la obstrucción del tránsito, los problemas de transporte, la pérdida de días de clase, el riesgo de desatención en los hospitales públicos, entre otros) o apunten a denunciar, acto seguido, su carácter «eminentemente político». Así, por ejemplo, ante los reiterados paros realizados por el personal no-médico del Hospital Garrahan (el centro pediátrico más importante del país), el gobierno nacional lanzó una campaña de desacreditación contra uno de sus líderes sindicales, intentó ilegalizar el conflicto enviando siete jueces federales diferentes y numerosos telegramas de despido, mientras que el Ministro de la salud, G.Ginés Garcia, tildaba a los huelguistas de «terroristas sanitarios»…
Tomemos un caso testigo para analizar lo que se esconde detrás de un conflicto gremial que terminó, con tantos otros, criminalizado:

• Actualmente, en los subterráneos de Buenos Aires trabajan 2.900 personas, 900 de las cuales están precarizadas.
• Estos trabajadores precarios son contratados y monotributistas de una docena de empresas en las que se cobran sueldos más bajos que aquellos que fija el convenio colectivo de Metrovías-UTA, y en las que se cumplen jornadas laborales de 8 o 10 horas, a pesar de que una ley establece un máximo de seis.
• Esta fue la razón de un reclamo que en octubre llegó a la tapa de los diarios cuando -represión policial mediante- un paro cortó los servicios en cuatro de las cinco líneas de subterráneo.
• La medida de fuerza se decidió luego de cinco meses de reclamos constantes ante todas las instituciones que podían mediar para restablecer los derechos negados. Esto es: Ministerio de Trabajo, las empresas privatizadas (que deben ser controladas por parte del ente regulador), el sindicato de transporte, UTA. El corte de servicios se decidió cuando se conocieron los despidos de dos trabajadores de la empresa Metrotel.

Conflictos originados en reclamos gremiales (a caso del Hospital Garraham hay que agregar el paro de actividades realizado durante los primeros días de diciembre por pilotos y personal técnico de Aerolíneas Argentinas) se vieron así criminalizados hasta el punto de diluir la complejidad de los derechos en conflicto. Tal como expresan los doctores Roldán y Hnatiuk:
«Negar el derecho a causar molestias en el tránsito a quienes están gritando su desesperación en pos de resolver sus problemas de alimentación, trabajo, salud, educación , vivienda digna, etc., significaría incurrir en una ponderación de males poco razonable, porque nadie puede dudar que los males que se quieren evitar son mucho mayores a los causados por los retrasos en el tránsito. ¿Quién puede reclamarles a tales movimientos que respeten la ley al cortar una calle, cuando desde el Estado se viola la Constitución colocando a estos compatriotas en un estado de necesidad que no están obligados a tolerar?» (12)
Por último, la actual situación de los trabajadores petroleros en Las Heras muestra el agravamiento de esta política, en un contexto de profundización de un modelo de explotación de los recursos naturales que atenta contra el ejercicio de los derechos (véase el apartado anterior). Desde enero de 2006 éstos vienen sufriendo una fuerte embestida represiva (detenciones arbitrarias de trabajadores y de sindicalistas enfrentados a las conducciones burocráticas de sus gremios), en el marco de una estrategia de militarización de la zona. La preocupación por la dimensión que ha tomado dicho proceso ha quedado expresada en la carta que el párroco de Las Heras, Luis Becigó envió al monseñor Bergoglio, el 11 de marzo del corriente año, quien comparó la metodología represiva con la época de la dictadura militar:
» En Las Heras estos últimos tristes acontecimientos nos hacen ver que hemos sacrificado muchas vidas humanas al dios negro (petróleo), al dios de los sindicatos ajenos a los justos reclamos de las bases y al dios de los políticos que se están aprovechando del hambre y de la falta de trabajo para sus mezquinos intereses de mantenerse en el poder. En este momento en Las Heras hay veinte familias que están sufriendo, la del policía muerto y las otras de los obreros que están presos (y fueron llevados con golpes e intimidaciones como en la época de la represión).
Hasta hace un mes los piquetes y los reclamos de los obreros era aprovechados por los políticos para sus fines electorales (muchos apoyaban las huelgas o los piquetes, y luego con la plata de las regalías petroleras creaban puestos de trabajo que en su mayoría eran escuela de vagancia). Ahora la situación se ha vuelto incontrolable y no encontraron otra solución que la represión… Por ese motivo además de los cinco posibles artífices de la muerte del policía hay quince presos más entre obreros y delegados (y es todo un mensaje: no más huelgas y reclamos porque les va a pasar lo mismo a ustedes…)»
-La política gubernamental respecto de los medios de comunicación
Dos cuestiones centrales sobresalen respecto de este tema. Por un lado, es necesario subrayar una vez más el rol de los medios de comunicación comerciales, responsables de deformar, ocultar y vaciar de contenido social los reclamos de quienes menos oportunidades tienen de hacer oir su voz, exponiéndolos así a estigmatizaciones que refuerzan su aislamiento y facilitan su condena. El caso más emblemático ha sido el tratamiento estigmatizador y deformante que han sufrido las organizaciones piqueteras, aunque la tentativa de descalificación alcanza, como hemos visto más arriba, los conflictos sindicales.
Por otro lado, cabe analizar la politica oficial respecto de los medios de comunicación. En esta dirección, el gobierno nacional ha decidido convertir los dineros públicos en una forma de control de los medios de comunicación, consagrando a traves de ellos premios y castigos. Tambien ha prolongado por 10 años y por decreto las licencias que permiten el acceso a la emisión, extendiendo así privilegios que facilitan la concentración y el monopolio informativo. Así, tanto, el derecho a la información y efectivo ejercicio de la libertad de expresión continúa regido por leyes escritas por la dictadura. El cerco queda así doblemente reforzado. Por un lado, el gobierno obtura las voces críticas y alienta la obediencia informativa. Por otro lado, quienes deberían verse obligados a bregar por una democratización de los espacios de formación de la opinión pública, se limitan a reclamar una distribución más equitativa de la pauta oficial entre los ya privilegiados.
Al margen de este juego, queda una inmensa mayoría condenada a ser espectadora impotente de las estigmatizaciones con que los medios comerciales simplifican el reclamo de derechos sociales. Entre ellos, el derecho a emitir y recibir información confiable y veraz, a opinar libremente y a peticionar a las autoridades por el cumplimiento de los mandatos otorgados por una ciudadanía que espera -como en el caso de la legislación que regula el acceso a los medios- una respuesta desde hace casi treinta años.
II. La consolidación de la doctrina de la seguridad ciudadana
-La multiplicación de dispositivos institucionales de criminalización de la pobreza
En los últimos veinte años, la multiplicación de las desigualdades sociales ha generado nuevas modalidades de relación con el otro. Así, en un marco de polarización y fragmentación social, el aumento de las distancias sociales dio paso a nuevas representaciones sociales gestadas en función del miedo al otro. Tal es así, que el «miedo al otro» se ha erigido como principio rector de las interacciones sociales (PNUD, 1998) (13).
Como afirma M. Emilia Tijoux, «el temor recorre las ciudades modificando tanto las políticas de Estado como el rostro de la sociedad». Las denuncias sobre actos de «violencia urbana» se multiplican, lo cual moviliza los servicios policiales en torno a una intensa vigilancia de los sectores populares, a la vez que se observa una creciente represión de la venta ambulante, los actos molestos y considerados «desviados» de los jóvenes, y la presencia de niños en las calles. Este miedo a la pobreza se generaliza en diversos países del mundo junto con la globalización, mientras los medios de comunicación masiva se encargan de difundirlo cotidianamente desde imágenes y hechos que apuntan a fundamentar y legitimar los discursos «sobre y contra la violencia», llenando las principales páginas de diarios y de tiempo televisivo. Este temor se focaliza en aquellas personas que por su misma existencia develan su condición de vida: vagabundos, mendigos, jóvenes, inmigrantes de países limítrofes, habitantes de barrios marginales, todas características del mundo de la pobreza (14).
Como ha sido subrayado por la literatura sociológica, la consecuencia más nefasta de todo ello ha sido la criminalización de la pobreza. Así, todo pobre es considerado un delincuente potencial, concepto que llega al Estado y se operativiza a través de las instituciones policiales. Más aún, la figura de la peligrosidad social tiende a concentrarse en los jóvenes pobres, no blancos y habitantes de barrios marginales, los cuales son considerados en el límite como la «población sobrante», en el marco de una sociedad excluyente. En Argentina, la figura de la peligrosidad se completa, si a la condición de joven y pobre, se añade la del militante político-social -esto es, el piquetero, hoy objeto de una fuerte estigmatización social-.
En este sentido, es importante comprender que si durante los 70 la doctrina de la seguridad nacional fue la que marcó la pauta de los sucesos que más influyeron en el continente latinoamericano (a partir de la construcción político-ideológica de la figura del «subversivo» y la puesta en marcha de Estados terroristas), en los 90 emerge con fuerza la doctrina de la seguridad ciudadana, la cual tiende a monopolizar la discusión pública. En la actualidad, la figura por excelencia de la peligrosidad social – el delincuente- aparece intímamente vinculada al mundo de la pobreza. Además, en varios países latinoamericanos la experiencia de las dictaduras -la Argentina es en este sentido un ejemplo emblemático- ha tendido a prolongarse en la autonomización de las fuerzas policiales y el establecimiento de relaciones peligrosas con el poder político. Esto acentúa sin duda una «cultura de utilización del Estado como instrumento represivo», creando un terreno fértil para que se criminalice la pobreza.
Como ya hemos dicho, en este contexto de grandes transformaciones sociales, que tiene como consecuencia el aumento descomunal de las desigualdades, el Estado apunta a fortalecer el sistema represivo institucional. Surge así un «Estado de seguridad» y, en el límite, como afirma Wacquant, un «Estado penal», que apunta la criminalización de la pobreza. En palabras del propio L.Wacquant:
«Significa tratar la inseguridad social como si fuera meramente inseguridad física, y responder a los desórdenes urbanos y los conflictos generados por la pobreza persistente y la ausencia de un futuro viable mediante la Policía y el aparato penal del Estado. El reclamo de más Policía, de aumentar las penas por delitos leves, de «barrer» a los indeseables de las calles, de «tolerancia cero» o «mano dura», de endurecer de los regímenes de prisión, expresa un impulso por delegar en el sistema de justicia criminal el hacerse cargo de las consecuencias negativas de la desregulación de la economía y de la reducción de la protección social; en síntesis, intenta invisibilizar los problemas sociales creados por la sumisión a la dictadura del «libre mercado». La glorificación del Estado Penal sirve a un doble propósito económico: forzar al nuevo proletariado a aceptar empleos inseguros como su horizonte normal de vida y mandar a casa a los que están «de más», aquellos para quienes ya no hay horizonte dentro de la economía»/…/ En Argentina y otros países latinoamericanos esta política de penalización de la pobreza es muy drástica porque – significa el abandono del proyecto de construir una sociedad democrática, porque el Estado que es un Estado dual -que no se comporta de igual manera para con las clases media y alta como para con los pobres-, un Estado que somete a la población pobre a supervisión especial…» (15)
En Argentina, el proceso de penalización de la pobreza ha tenido varias consecuencias. Esto aparece ilustrado por el agravamiento de las penas fijadas para los delitos llamados de «subsistencia». Es así que el Código Penal ha venido sufriendo reiteradas reformas en relación con el aumento de las penas establecidas para delitos como el robo agravado por uso de armas, o la simple tenencia de armas ya sea de uso militar o civil. A su vez la legislación procesal se ha transformado de forma tal que torna prácticamente imposible acceder a los «beneficios» de la excarcelación, para los cuales se requiere que el imputado (por lo general, un pobre estructural) cuente con un solvente estado económico. Recordemos, por otro lado, que el discurso de «mano dura» tomando como ejemplo la política de Tolerancia Cero de Rudolp Giuliani en New York generó un sensible aumento de los llamados casos de «gatillo fácil», supuestos enfrentamientos entre fuerzas policiales y delincuentes que luego se demuestra han sido fusilamientos a personas desarmadas, transeúntes o delincuentes ya reducidos. Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), organización especializada en el tema, lleva un registro de 1.900 casos desde 1983 a la actualidad, destacando un notorio aumento de los mismos en coincidencia con los discursos públicos de «mano dura». Según el informe anual de la Correpi, en 2005 aumentaron los métodos represivos a manos de las fuerzas de seguridad. Muertes por gatillo fácil, torturas en comisarías y en cárceles dan el mayor número de casos (183 muertes) en un año, desde el regreso de la democracia.
Recordemos que estas campañas de «mano dura» para enfrentar las consecuencias de la llamada «inseguridad ciudadana» encontraron un nuevo impulso en el 2004, con las modificaciones de leyes penales que avanzan sobre garantías constitucionales y que lejos de solucionar problemas, agudizaron las contradicciones existentes. En este sentido, las marchas convocadas por J.C.Blumberg, a partir de abril de 2004, en demanda de seguridad, significaron una inflexión importante en términos de política de Estado. De manera semejante a lo que ocurre en otros países latinomericanos (Paraguay, México), estos movimientos, que núclean el reclamo de sectores medios y medios-altos que se han visto perjudicados por el aumento de la «inseguridad ciudadana» (visible en los secuestros extorsivos, así como en los atentados contra la propiedad), es portador de una concepción netamente represiva de la seguridad, en desmedro de una visión más integral. Estas marchas generaron una rápida respuesta de parte del poder político, a través del endurecimiento de la legislación penal y de un importante programa de seguridad, que dispone una mayor presencia policial en la vía pública, así como una depuración de las fuerzas policiales. En fin, esta nueva y masiva interpelación al Estado como responsable de la situación de inseguridad, apoyada e impulsada por los grandes medios de comunicación, ha profundizado la selectividad del sistema penal, es decir, el hecho de que son los pobres quienes hoy llenan las cárceles del país, al tiempo que ha tendido a englobar y diluir peligrosamente las fronteras entre el delito y la protesta social.
El avance de dicha política de selectividad penal aparece ilustrado por la puesta en marcha del llamado «Plan de Protección Integral de los Barrios,» que comenzó en noviembre de 2003 con la ocupación por parte de las fuerzas de seguridad de tres grandes villas de emergencia del Conurbano Bonaerense y que se extendió a otras diez villas de emergencia a partir de 2004. Esta nueva escalada de la criminalización, visible en la militarización de los barrios carenciados, naturaliza la asociación entre «pobreza» y «delito», a través de la categorización de las poblaciones pobres como «clases peligrosas,» distinguiéndolas del resto de la sociedad y señalando sus núcleos habitacionales como mera fuente del delito. Sin embargo, esta correlación que establece entre «inseguridad,» «delito» y «pobreza,» pone de manifiesto la emergencia de nuevas fronteras políticas y jurídicas (16). La emergencia de estas nuevas fronteras abre las puertas a la posibilidad de que, en nombre de la conservación del orden social, se instituyan zonas despojadas de derecho -zonas de no derecho o «estados de excepción», según la conceptualización de Agamben (17). -en donde la autoestima y el respeto colectivo no cuentan, y en donde vuelve a primar una pura lógica de acción policial.
Otro ejemplo emblemático lo constituye la provincia de Córdoba, donde existe una estructura policial específicamente destinada a la vigilancia de las zonas más pobres y de menor acceso a derechos básicos, como el Comando de Acción Preventiva. Por otro lado, los términos en que se encuentra redactado el Código de Faltas (a través de la figura del «merodeo») constituye una herramienta eficaz de criminalización. De esta manera, tal como lo establece la Doctrina de Tolerancia Cero, se pretende generar una sensación tranquilidad, seguridad e imagen de orden para las clases medias y altas a través de la violación de derechos básicos de los sectores más desprotegidos de la población. (véase en el anexo, como caso testigo, la problemática de la seguridad ciudadana en la ciudad de Córdoba)
Un último ejemplo de criminalización de la pobreza asociada a la demanda de seguridad ciudadana se ha registrado recientemente en la ciudad rionegrina de Bariloche. El asesinato de un remisero ocurrido en noviembre de 2005, produjo la interpelación del secretario de seguridad local, por parte de una multitud congregada frente a los edificios públicos, que reclamó a viva voz -y frente a los medios de comunicación nacional- una política de «mano dura». La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Rápidamente se dispuso a inundar los barrios altos (una de las zonas más pobres de la ciudad), con un gran operativo policial, en el cual participaron fuerzas provinciales y federales. Días más tarde, el 25 de noviembre, veinte entidades de derechos humanos exigieron el fin de los operativos, frente a la violación evidente de los derechos más elementales y cuestionaron la constitucionalidad del operativo (fuerzas provinciales y federales). En efecto, el documento publicado en parte por el diario Río Negro (26/11/2005), denunciaba que estaban siendo violados:
«La integridad física de las personas, la garantía de legalidad en las detenciones y los operativos de las fuerzas de seguridad, viviendo un estado de amenaza permanente e intimidatorio (se detiene a los jóvenes en la calle, se les pega, se les impide la libre circulación por la vía pública, se irrumpe en las casas sin órdenes de allanamiento, se golpea a gente que se encuentra en ellas, se destrozan sus pertenencias, se les expone en situación de total vejación, se revisa a los alumnos en la entrada de las escuelas y demas situaciones irregulares), que está focalizada en los sectores más vulnerables, niños, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios, los barrios del Alto»
Por otro lado, el aumento de la inseguridad se ha venido manifestando de otras formas y en otros niveles, a través de la evidente falta de control y regulación estatal y la consiguiente desprotección de los ciudadanos. Si, desde hace años, son muchas las voces que vienen manifestando que el proyecto neoliberal hipoteca el futuro de las jóvenes generaciones, necesario es decir que ese futuro ya ha llegado. La Masacre de Cromañón -ocurrida el 30 de diciembre de 2004- aparece como una trágica ilustración de este modelo excluyente, en la medida en que dejó a la vista la precariedad en todas sus dimensiones, especialmente en lo que se refiere al cuidado de la vida de los más jóvenes por parte de las autoridades responsables. No vamos a analizar aquí el caso Cromañón, ni siquiera en su aspecto judicial, sino algo más preocupante: las respuestas que cosechó el reclamo de los familiares y amigos de las 194 víctimas, en su gran mayoría jóvenes nacidos y criados en democracia.
Así, por ejemplo, en las primeras marchas la policía reprimió y detuvo a decenas de los espontáneos manifestantes. El accionar de la policía federal (uniformada y también de civil, sin identificación) quedó en evidencia: detuvieron a 50 manifestantes, entre los cuales había menores de edad. A muchos de estos jóvenes detenidos en las comisarías se los castigó severamente con amenazas, insultos y golpes que provocaron hematomas y fracturas en distintas partes de su cuerpo, hasta llegar a ser interrogados y filmados por personal policial encapuchado. A muchos de los jóvenes detenidos le iniciaron causas judiciales. Luego, las autoridades ofrecieron pagar dinero a las familias de las víctimas para que no inicien juicio al Estado. Más tarde, se buscó instalar en la sociedad la idea de que el reclamo por justicia escondía un intento de golpe institucional. Tristemente, este discurso fue suscripto por algunos representantes de organismos que se niegan a ver sus reclamos repetidos por otros, que se organizan para evitar la impunidad. Por último, se intentó criminalizar a las propias víctimas.
Como señalaran los familiares de las víctimas de Cromañón en uno de sus documentos, la trama de corrupción e ineptitud que dejó al descubierto Cromañón » constituye un peligro más grande que toda la población criminal de la Capital Federal, ya que según datos publicados por la Dirección Nacional de Política Criminal, el total de homicidios dolosos en la ciudad de Buenos Aires fue de 53 en el 2004, y los culposos 76, o sea en total 129 homicidios en todo el año frente a por lo menos 194 asesinados en República de Cromanón (…) Cuando funcionarios públicos son co partícipes de un crimen de semejante envergadura, que involucra pérdidas imposibles de reparar, como son las vidas humanas, deben dar cuenta de sus actos en su rol de representantes del Estado».
Las heridas que deja Cromañón son preocupantes. Hay una generación que está observando cúal es el rol de las instituciones en una democracia. Funcionarios, legisladores, servidores públicos están involucrados en un hecho del que se espera -cuanto menos- que se pronuncie públicamente y sin titubeos la remanida frase: «vamos a investigar hasta las últimas consecuencias». Nadie la ha dicho hasta hoy y ese silencio define una política: la forma en que el Estado rinde cuenta de sus actos a los ciudadanos.
Las consecuencias están a la vista. En palabras de Diego Rozengardt, hermano de una de las víctimas de Cromañón:
«La Casa Rosada hace más de cuatro años que está con doble vallado. Tribunales, el Congreso, la Legislatura y la Gobernación de la Ciudad lo mismo. Entre las vallas y las instituciones, queda Cromañón encerrado, como esa puerta de emergencia de candado fatal para nuestros pibes».
Un reflejo de lo que significó Cromañón para la generación de jóvenes afectados por esta masacre fue la protesta que en mayo de 2005 protagonizaron los estudiantes secundarios de diversas escuelas de la Capital Federal. Los estudiantes se movilizaron para reclamar por las pésimas condiciones de seguridad de sus colegios. Los primeros en hacer público ese reclamo fueron los estudiantes del Normal 9, que cortaron la avenida Callao ante la falta de respuestas de la ciudad frente a los derrumbes en el edificio. La respuesta de las autoridades fue solicitar la presencia de la Guardia de Infantería para reprimir a los estudiantes. En otros casos hubo marchas, clases públicas y tomas, como las del colegio Mariano Acosta, que contó con una importante participación de los padres.
Frente al reclamo estudiantil, se produjo una reacción violenta por parte del establishment político y periodístico. Algunos ejemplos tomados de un informe ralizado por los alumnos del Normal 9:

• El entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra dijo que se trataba de «grupos de izquierda que fogonean a los estudiantes secundarios».
• La secretaria de Educación porteña, Roxana Perazza, acusó a la oposición macrista de alentar la protesta.
• El ministro del Interior, Aníbal Fernández, trató a los estudiantes de animales.
• La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, desde Radio Mitre, consideró que «los estudiantes no saben nada de democracia»
• Nancy Pazos, periodista radial, les gritó: «Son unos pendejos de mierda».
• Samuel Gelblung, de Radio 10, aseguró: «Son como terroristas iraquíes».

Recordemos que, además de legítima, en todos los casos la protesta fue pacífica, y ocurrió después de agotar todas las instancias y pedidos institucionales de soluciones. La justicia terminó dándole la razón a los estudiantes, clausurando el Normal 9 y el Mariano Acosta.
-El agravamiento de la situación carcelaria
El Informe 2005 del Centro de Estudios Legales y Sociales ha realizado un completo relevamiento de este tema, que ya sido denunciado en estrados internacionales y que ha merecido la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señalamos aquí, entonces, una sola pregunta: ¿cúal es el origen de este espectacular aumento de la producción de presos? Si en la política económica de las últimas décadas hay que buscar la respuesta, en la criminalización del reclamo social se encuentra un punto de inflexión que torna aún más peligrosa la estrategia elegida por la administración actual para «normalizar» el proceso institucional. Traslada a una justicia saturada e impotente la conflictiva mediación entre exclusión e inclusión social. Y con esa carga, expone a la opinión pública a uno de los poderes emblemáticos de la vida democrática. Fuerza sus posibilidades de funcionamiento, sus errores, sus mecanismos y hasta a sus integrantes a intervenir en los problemas ante los cuales el Estado se muestra prescindente.
Así, a la falta de políticas públicas orientadas al mejoramiento de la situación carcelaria, es necesario agregar la actitud de la justicia argentina quien se muestra, en una mayoría de casos, escandalosamente parcial, lo cual explica que las cárceles del país sean el espacio de inhumanidad y desprecio por los derechos humanos que hoy son, y que su composición sea tan impúdicamente homogénea en términos de raza y clase social. Situación que se ve dramáticamente agravada por lo que representa una virtual denegación de justicia. Un ejemplo:

• En la provincia de Buenos Aires hay casi 31.000 personas presas.
• Nueve de cada diez presos son pobres.
• El 75 por ciento de los presos bonaerenses está procesado sin condena en primera instancia, es decir que la Justicia no determinó aún si son culpables del delito del que se los acusa.
• Según las estadísticas difundidas por la Procuración General provincial, un 28 por ciento de las sentencias dictadas en relación a las personas detenidas son «absoluciones o sobreseimientos». Es decir que tres de cada diez presos termina siendo declarado inocente. Cerca de 9.000 personas.
• Ocho de cada diez presos tiene por abogado un defensor oficial. En toda la provincia trabajan sólo 162 defensores oficiales, lo que significa que cada defensor debe atender un promedio de 150 personas.

El hacinamiento, las condiciones infrahumanas de vida y la denegación de acceso a la justicia representan, entonces, una eludida responsabilidad por la que deben dar cuenta funcionarios y legisladores. Sus consecuencias son, entre otros dramáticos resultados, los motines que asolan las cárceles del país, con su saldo de homicidios aún impunes. Entre ellos, cabe citar el motín en la Cárcel de San Martín, en Córdoba, que culminó con 8 muertos y decenas de heridos graves (Véase el anexo sobre el mismo); los 13 presos que murieron en el marco de un violento motín que se inició con una pelea entre internos en la cárcel de la ciudad de Coronda, una unidad penitenciaria cercana a la capital santafesina; por último, el motín iniciado en la UP28 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Magdalena (provincia de Buenos Aires), ocurrido el 16 de octubre de 2005, que terminó con la muerte de 33 reclusos a causa de la inhalación de monóxido de carbono producido por la quema de colchones y frazadas.
-Las dimensiones de la feminización de la pobreza
Incorporar la dimensión de género al análisis de la pobreza implica asumir que la posición social de la mujer es desigual y que la experiencia femenina de la pobreza puede ser diferente y más aguda que la de los hombres debido a las formas de exclusión y discriminación que las mujeres viven cotidianamente en este contexto social. Las políticas neoliberales, que han venido liquidando los derechos conquistados por trabajadoras y trabajadores, afectan de manera especial a las mujeres. No se trata sólo del desempleo, sino también del crecimiento de la precariedad de los puestos de trabajo, que forma parte de un rasgo estructural del país. Este fenómeno se traduce en una enorme agudización de la desigualdad. Las situaciones de vulnerabilidad por las que atraviesan las mujeres son múltiples e incluyen diversos fenómenos que deterioran considerablemente la calidad de vida y los procesos subjetivos de las mismas.
Los datos del INDEC (2005) evidencian que la distribución de las oportunidades laborales entre el hombre y la mujer es muy disímil. El 46% de los varones consigue un empleo de razonable calidad mientras que esta proporción es del 27% para las mujeres en edad activa. La diferencia se explica por el empleo asalariado registrado, que es de 37% para los varones y 23% para las mujeres.
Sólo 1 de cada 4 mujeres consiguen un empleo de calidad (18). El hecho de que el 35% de las mujeres en edad de trabajar se declaren inactivas encubre, en gran parte, las graves distorsiones que sufre el mercado de trabajo argentino y cómo la legislación castiga con mayor intensidad a las mujeres.
En la sociedad actual el patriarcado y el capitalismo se conjugan con racismo, sexismo, misoginia, xenofobia, homofobia, esclavismo. Estos aspectos generan pobreza, exclusión, violencia, y violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
La violencia de género se practica y se expresa a través de varias formas de violencia además de la física, pues ésta casi siempre se acompaña de actos coercitivos, violencia psicológica y emocional. Asimismo, incluye formas estructurales como la feminización de la pobreza, la discriminación salarial, la segregación sexual del mercado de trabajo, el tráfico de mujeres, la esclavitud y la violación.
Un caso ejemplificador del ejercicio de violencia sobre la mujer es el de Romina Tejerina, joven jujeña que ha sido violada y a partir de ese terrible episodio ha vivido distintas modalidades de violencia, en este caso el accionar de la justicia argentina configura una instancia más de violencia (19).
Desde el 23 de febrero de 2003 se encuentra privada de su libertad por orden del juez Argentino Juárez. Fue Detenida en el Penal de Mujeres de San Salvador de Jujuy. La justicia argentina desde un principio, desestimó y no contempló el shock de la joven. Además separó la violación del resto del caso, desvinculando la violencia sufrida por Romina de su consecuencia; buscaban mostrarla como una asesina fría y despiadada, llegando a negar que hubo una violación. La fiscal argumentó que Romina usaba minifaldas, salía a bailar y se peleaba con los padres, como si este proceder diera motivos para considerarla una homicida. También remarcó que haber intentado abortar era otra razón para condenarla, sosteniendo así el argumento de la Iglesia de que las mujeres que abortan son asesinas, idea que fundamenta la ilegalidad del aborto.
Mientras Romina Tejerina está desde hace 2 años y nueve meses tras las rejas, en la cárcel, el violador Eduardo «Pocho» Vargas camina por las calles de Jujuy con total impunidad. Este sujeto estuvo detenido apenas 23 días y el juez lo eximió de culpas. El viernes 10 de junio de 2005, fue el día del fallo. Los jueces Antonio Llermanos, Héctor Carrillo y Alfredo Frías, de la Sala II de la Cámara Penal de San Salvador de Jujuy, en Argentina, condenaron a Romina a 14 años de prisión por el cargo de homicidio calificado.
Desde hace algunos años, las organizaciones de mujeres de Argentina, vienen denunciando diversos casos de feminicidios. Uno de los aspectos más siniestros en esta problemática, son los asesinatos de más de 20 mujeres que ejercen la prostitución en Mar del Plata, que hasta hoy no se han esclarecido

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