Nota
Trabajo esclavo: la ley y las marcas
J.M.J. trabaja en un taller textil de la calle Zelarrayán 1875, en el Bajo Flores. Su especialidad es rectista y cobra, en negro, cinco pesos por hora. Ficha la entrada a las 7.30 y la salida a las 17.30. Siempre –asegura- hace horas extras, pero nunca quedan registradas por el reloj de la empresa y por lo tanto no le son reconocidas. Recuerda que hubo días en los que llegó a trabajar hasta 20 horas sin ser jamás recompensado por eso. Tampoco quedan asentadas en ningún lugar las jornadas laborales de los sábados. En cambio, sí figura en su tarjeta los sesenta minutos que tiene para el almuerzo: sus empleadores le dan cuatro pesos para comprarse la comida. La misma suerte, dice, corren sus 23 compañeros, la mayoría de ellos inmigrantes indocumentados. Su testimonio –firmado con estas tres iniciales- se incluye en la denuncia judicial que presentó la Defensoría del Pueblo porteña contra cinco importantes marcas de ropa: Fila, Le Coq Sportif-Arena, Puma, Topper y Bensimon. Están acusadas de contratar, a través de servicios tercerizados, a inmigrantes ilegales y violar sus derechos laborales. Además, pide que se investigue si en la presunta relación laboral también existe reducción a la servidumbre.
Como está a punto de nacer su hijo, J.M.J. exigió a sus jefes el blanqueo. Sólo ocho de los 24 obreros que trabajan en ese taller están contratados legalmente. La mayoría cobra tres pesos la hora, dos menos que él. El hombre aclara que cuando pidió a su jefe que lo efectivicen fue derivado al contador, quien a pesar de que le prometió que lo iba a hacer, nunca cumplió. La legalización, admite, tampoco sería garantía de nada: los recibos de los compañeros que fueron tomados con los papeles en regla reflejan sumas superiores a las que perciben realmente. En su trabajo, J.M.J confecciona prendas para Puma, Topper, Ona Saez, Martina di Trento, Vencimos y Muua, entre otras casas de indumentaria de primera línea.
Mentiras piadosas
El futuro papá había llegado de Bolivia por su cuenta. Comenzó a trabajar en el taller por recomendación de Eric, un amigo, que ingresó cinco meses antes que él a la textil de la calle Zelarrayán, un local que no cuenta con salida de emergencia y que no está adecuadamente ventilado. Cuando un inspector del Gobierno de la Ciudad arribó al lugar en junio pasado para requerir la documentación de los obreros, los trabajadores comenzaron a denunciar la cantidad de tiempo que llevaban trabajando en negro. A raíz de esa situación –cuenta J.M.J.- el contador los amenazó con descontarle a cada uno los meses que habían declarado que trabajaron ilegalmente. El profesional los reunió en el lugar donde suelen cortar las prendas para regañarlos y advertirles que si venía otro inspector debían sostener una “mentira piadosa”: que ganaban cuatro pesos la hora y que hacía nada más que dos semanas que trabajaban y estaban a prueba.
A fines de julio, la Defensoría del Pueblo hizo la nueva presentación judicial ante Norberto Oyarbide, quien ya investiga a 80 firmas en una megacausa que busca desentrañar la red de talleres de costura clandestinos que fabrican las prendas de grandes marcas con mano de obra esclava. Entre las empresas acusadas figuran Montagna, Cheeky, SOHO, Glidado, Kosiuko y Lacar por nombrar solo un puñado. Por reducción a la servidumbre, el magistrado ya dictó el procesamiento de 14 personas, quienes pasaron un breve lapso en el penal de Marcos Paz y ahora gozan del beneficio de la libertad condicional. De todas formas, los días 5 de cada mes deben dar el presente en oficinas de la Gendarmería Nacional. “Lo que nosotros queremos es que se aplique la Ley de Trabajo Domiciliario, que hace solidaria a toda la cadena de producción, pero el lobby de las empresas para derogar o ignorar la legislación es muy fuerte. La norma es de 1941 y sin embargo parece de avanzada: establece lo que hoy piden todos lo que luchan en el mundo contra el trabajo esclavo y la trata de personas. Entre otras cosas, exige a las firmas constatar la legalidad de las condiciones laborales de los talleres que subcontratan y las hace co-responsables en cualquier violación de la normativa laboral”, explica Gustavo Vera, referente de la Unión de Trabajadores Costureros.
Leyes y sobornos
Cuando la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad –que también presentó una denuncia similar en el juzgado federal de Daniel Rafecas- inspeccionó el taller de Zelarrayán, encontró a 16 personas trabajando, de los cuales once –siete bolivianos y cuatro peruanos- no exhibían documentación que acreditara su condición de residencia. En un procedimiento de las mismas características realizado en un taller de la calle Juan Bautista Alberdi 4619 el panorama resultó casi calcado. En esas visitas quedó en evidencia que ambos talleres trabajan para otra empresa llamada Textil Delos S.A, quien a su vez es contratada por las marcas de primera línea que están siendo investigadas. La inspección determinó que la cantidad de obreros empleados en Delos no alcanza para satisfacer las demandas de producción de las empresas en cuestión y puso en evidencia una nueva operatoria que habría surgido a partir de la apertura de los expedientes judiciales. Ahora las grandes marcas contratan a un taller de costura legal que a su vez subcontrata a un taller clandestino. “Aquí se advierte que el propósito de los empleadores ha sido burlar las disposiciones de la ley a los fines de maximizar sus ganancias mediante el pago de salarios inferiores a los de convenio, excediendo los límites de la jornada legal de trabajo sin el pago de horas extras y sin respeto de lo concerniente a las normas mínimas de higiene y seguridad”, dice la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo que agrega: “Tanto las denuncias como los elementos de juicio recolectados señalan que los talleristas y fabricantes no sólo habrían promovido o facilitado el ingreso ilegal de personas al país con el fin de beneficiarse con la explotación de su trabajo sino que además habrían promovido o facilitado su permanencia ilegal con el mismo propósito, y llevado a cabo el presunto soborno de las autoridades policiales”.
Para la Defensoría del Pueblo, este modus operandi no se suscribe a una serie de casos aislados. Teniendo en cuenta los antecedentes que brinda la causa, pide que también se investigue si en las relaciones laborales de los talleres de Zelarrayán y Alberdi existe también reducción a la servidumbre. Y remata subrayando que estas forma de trabajo ya “constituyen un verdadero modo de producción consolidado y tácitamente consentido por las autoridades nacionales y locales durante mucho tiempo”.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
POR FRANCISCO PANDOLFI
El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
POR FRANCISCO PANDOLFI
A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera
De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
POR FRANCISCO PANDOLFI
Agroecología en el principio del mundo: El modelo Panchito
Cultiva alimentos y medicinas en medio de temperaturas extremas, sin venenos y con semillas propias: “Una semilla viva significa una familia sana”, dice el productor agroecológico Francisco Pancho Barria. Cosechas asombrosas, zanahorias de 3 kilos, nabos de 12, acelgas de metro y medio de alto. Cómo volver posible lo inimaginable con ideas simples, ancestrales, trabajo a conciencia y sentimiento. La política para la foto, el lugar de los niños, la idea de agacharse, y los números que muestran que la vida sana es, además, rentable.
FRANCISCO PANDOLFI
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