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Sin respuestas: el Estado argentino ante la ONU por los derechos de las mujeres

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Con los volantes del paro nacional de mujeres #NosotrasParamos del último 19 de octubre en la mano, la feminista brasileña Silvia Pimentel, integrante del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), preguntó a las representantes del Estado argentino sobre avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en el país. La delegación del gobierno, encabezada por Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, tuvo que dar cuenta sobre su política en la materia. Muchas de las preguntas que hizo el Comité quedaron rebotando en el centro de la Sala XVI del Palacio de las Naciones en Ginebra. “En 48 horas les enviamos un informe”, respondieron las funcionarias del Estado ante varias consultas concretas. Frente a las incertezas, el Comité de expertas fue lapidario: “No nos quedamos satisfechos con las respuestas. Queremos saber lo que pasa en la realidad”. Exigieron acciones, efectos, impactos, datos y no solo declamaciones. Las observaciones y recomendaciones finales de CEDAW se conocerán el 21 de noviembre. Un recorrido por las no respuestas del Estado argentino.
Por María Florencia Alcaraz para lavaca.org

Sin respuestas: el Estado argentino ante la ONU por los derechos de las mujeres
“El trabajo de las organizaciones en acercar información al Comité hizo que el examen fuera rico. El Estado tiene aún muchísimas cuentas pendientes con los derechos humanos de las mujeres en Argentina. Los silencios sobre de las políticas específicas en materia de acceso al aborto, la situación de las mujeres privadas de la libertad, la salud, la trata, el trabajo sexual, los efectos de los agrotóxicos son una clara muestra de eso”, dijo a La Vaca, Edurne Cárdenas, abogada especialista en temáticas de género del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desde Ginebra.
Desde el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Laurana Malacalza, advirtieron en un comunicado: “la ONU llamó la atención al Estado argentino sobre implementar políticas de no regresividad en materia de derechos humanos de las mujeres, de implementar medidas concretas en materia de violencia y de armonizar las leyes provinciales con las leyes nacionales para el cumplimento de los estándares internacionales en materia de violencia y discriminación contra las mujeres”.

La interrupción legal del embarazo

Belén en Tucumán y el caso de la nena wichi violada en Salta el año pasado que no pudo acceder a un aborto legal fueron algunas de las situaciones presentadas ante la CEDAW por el CELS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el OVG y las representantes de Amnistía Internacional, entre otros organismos. Los datos que aportaron son irrebatibles: 3000 niñas menores de 15 años son madres por año en Argentina, lo que evidencia la incidencia del abuso sexual, la falta de acceso a la Educación Sexual Integral y de información relativa al derecho a un aborto legal.
“¿Cuantas clínicas proveen acceso a los abortos legales en Argentina?”, “¿Qué medidas están tomando evitar la mortalidad materna por abortos poco seguros?”, preguntaron las expertas entre otras consultas.  Las funcionarias argentinas no respondieron qué están haciendo para garantizar el acceso al aborto no punible en todas las provincias. Reconocieron que se trata de un “desafío” y, al mismo tiempo, admitieron que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en Argentina. Sin embargo, no ofrecieron datos oficiales ni información sobre acciones concretas. Cuando el Comité pidió números sobre abortos legales, Cristina Marta Massa, directora de estadísticas sectoriales del INDEC, dijo que no había porque “el aborto no es legal”. La contradicción hizo ruido entre todos y todas las presentes porque en el país desde 1921 las niñas, adolescentes y mujeres tienen derecho a la interrupción de sus embarazos en los casos de las tres causales que figuran en el Código Penal: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; o si el embarazo proviene de una violación. Las funcionarias argentinas tuvieron que retractarse.
En este sentido, el Comité señaló su preocupación frente a la reciente medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más poblada del país, de no adherir al protocolo de nación. Las expertas hicieron referencia a “presiones del sector conservador del gobierno y de la Iglesia” para la marcha atrás de la gobernadora María Eugenia Vidal en territorio bonaerense. La delegación del Estado argentino directamente hizo silencio. “Los invitamos a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan”, sintetizó el Comité CEDAW.

Acceso a la justicia

Las funcionarias del Estado informaron al Comité sobre la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado. Sin embargo, la ley 27.210 que creó el Cuerpo de Abogados en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia machista, todavía no fue puesta en marcha. Tuñez hoy dijo que las cinco medidas que reclamaba el colectivo #NiUnaMenos en 2015 habían sido “cumplimentadas en estos 10 meses de gestión”, pero el patrocinio jurídico gratuito sigue siendo una deuda pendiente.
Por otra parte, las representantes estatales informaron que el patrocinio jurídico gratuito está garantizado a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Sin embargo, los organismos que presentaron sus contra-informes ante la CEDAW aseguran que fueron reducidos en personal y cantidad: de 82 CAJ que había, hoy son 52; y fueron 400 las personas despedidas. Las representantes del Estado nacional también hablaron de los ATAJO, el programa de acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal. Pero los organismos destacaron en sus informes que hay solo 8 en toda la provincia de Buenos Aires.

Los femicidios

En 2016 una mujer es asesinada cada 23 horas en Argentina, según los datos de las organizaciones sociales. Otra de las deudas pendientes de las demandas exigidas el 3 de junio de 2015 es la necesidad de estadísticas oficiales sobre femicidios.  Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó su registro, se trata de un reporte incompleto porque depende de la voluntad de las justicias locales. En el último informe presentado cuatro provincias no aportaron información sobre femicidios, por ejemplo. Los registros disponibles tampoco reflejan los travesticidios.  “Llevamos registro de femicidios, travesticidios y realizamos análisis cualitativos”, explicó María Aurora García de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Sin embargo, no se presentaron datos concretos ni resultados de ese registro.

Mujeres presas

Respecto a mujeres encarceladas, el Estado reconoció que en Argentina no se cumplen con las Reglas de Mandela, las normas mínimas de Naciones Unidas para personas detenidas. Las funcionarias representantes de Estado argentino no respondieron acerca de los cuestionamientos del Comité de expertas sobre los obstáculos para acceder a las medidas alternativas a la prisión y sobre la institucionalización de niños y niñas mientras sus madres permanecen encarceladas.

Comunidad trans y travesti

Los organismos que presentaron sus contra-informes en la CEDAW también expresaron preocupaciones por la expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina que no supera los 35 años. En ese marco, las expertas de CEDAW recibieron por primera vez en su historia un informe sobre los derechos humanos de las travestis y trans en  Argentina  ealizado por una coalición de 22 organizaciones en donde se lee el escenario de vulneraciones cotidianas a los derechos de una parte de la población: detenciones arbitrarias y maltrato, falta de acceso a derechos básicos, entre problemas como la utilización de leyes para criminalizar las identidades trans de forma indirecta.

Milagro Sala

El Comité, también, se hizo eco de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en el caso de Milagro Sala y consultó respecto de las medidas que el Estado está adoptando para cumplir con esta decisión. El Estado respondió que se le había comunicado al Superior Tribunal de Jujuy para que éste tomara una determinación.

Recursos naturales

Además de la preocupación por los efectos de los agrotóxicos en las mujeres y los reclamos que no fueron atendidos por el Ministerio de Salud, la CEDAW puso la lupa sobre la región chaqueña donde el 41% de hogares rurales no tiene acceso a agua segura. Las mujeres caminan hasta 6 horas acarreando agua que en muchas oportunidades proceden de fuentes contaminadas por arsénico o bacterias.

Mercado laboral

“Las mujeres en Argentina ganamos 27% menos que los varones por igual tarea y sufrimos más la subocupación y la informalidad laboral: las trabajadoras informales ganan 40% menos que los varones. Las mujeres hacemos el 76% del trabajo doméstico no remunerado”, leyeron ayer Milena Páramo, Claudia Vásquez Haro y Marta Esber, en representación de todos los organismos presentes. Hoy, el Comité hizo hincapié en preguntar al Estado nacional qué políticas públicas estaban destinadas a fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, estimular a las mujeres empresarias y los micro-créditos. Otra vez silencio. Las expertas de la CEDAW hicieron especial enfásis en la necesidad de definiciones políticas estatales que concilien las tareas de cuidado que llevan a cabo las mujeres con el trabajo remunerado.

Cargos públicos

Sobre participación de las mujeres en los distintos poderes del Estado, el Comité preguntó por qué en el gabinete nacional “sólo hay 3 mujeres” al mando de los ministerios. Por otra parte, celebró los proyectos de ley que promueven la inclusión de la paridad en el Poder Legislativo para que las mujeres integren el 50% de las listas electorales legislativas y consultó sobre el estado parlamentario de proyectos similares para el Poder Ejecutivo y el Judicial. A su vez, resaltó la importancia de la inclusión de las mujeres en el diseño e implementación de las políticas públicas.
La presentación del Estado argentino evidencia que el reclamo del colectivo #NiUnaMenos hecho en 2015 está intacto. Lejos del cumplimiento que consideró Tuñez en su exposición, las demandas del movimiento de mujeres organizado laten con la fuerza que tuvo la huelga del 19 de octubre y la potencia de deseo del Vivas nos queremos.
Deseo que será posible cuando el Estado deje de construir ficciones alrededor de las exigencias feministas y asuma un compromiso serio de una vez por todas.
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Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio

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“El primer juicio fue una tortura” dijo Guillermo, el padre de Lucía Pérez, para graficar lo que vivió la familia en 2018 por parte de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, que absolvieron a dos narcotraficantes por el abuso sexual y muerte de la menor, que tenía 16 años. Fue parte de lo ocurrido en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde ocurrió un hecho histórico: el enjuiciamiento a los jueces por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Por Anabella Arrascaeta / Fotos Juan Valeiro/lavaca.org.

El proceso fue impulsado en 2018 por diputados y diputadas nacionales tras analizar los argumentos del fallo firmado por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale (este último logró eludir el jury al pedir la jubilación anticipada).

Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio

Antes de entrar a la audiencia, Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, junto al mural instalado en la pared del Senado, donde se desarrolla el jury, en el que se ven las imágenes de cientos de víctimas de femicidios. Foto Juan Valeiro para lavaca

Ese mismo fallo fue anulado en 2020 por la Sala IV de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires que ordenó además celebrar un nuevo juicio. En esa nueva causa (2023) se encontró culpables por el femicidio a los dos acusados: Matías Farías fue condenado a cadena perpetua y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”, hasta entonces solo condenados a 8 años por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. En ese nuevo juicio los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez.

En el jury que comenzó este lunes 11 de noviembre, la Comisión encargada de evaluar el caso y dictar sentencia está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, y conformada por senadores Gustavo Soos, Gabriela Demaría y Ariel Martínez Bordaisco y las diputadas Maité Milagros Alvado y Susana Haydee González

A sus espaldas, en el salón “Nunca Más”, una pared entera muestra junto a la inscripción “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)”, fotos históricas del proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar. En la calle, decenas de mujeres habían instalado un gran mural con cientos de fotos de víctimas de femicidios, y escuchaban la audiencia a través de la transmisión oficial de la Corte Suprema bonaerense y tejían atrapasueños, tal como lo hacía Lucía.

Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio

Guillermo Pérez durante su declaración: contó lo que sentía al ver de qué modo se referían a su hija. Foto Juan Valeiro para lavaca

Perspectiva de género y discriminación  

El primero en hablar fue el fiscal Marcelo Lapargo, representante del Ministerio Público Fiscal en la audiencia. Lapargo avaló la acusación argumentando que los jueces Viñas y Gómez Urso violaron no solo la perspectiva de género sino toda una jurisprudencia en materia de discriminación, derechos humanos y protección de la niñez.

Dijo: “Se han desobedecido leyes, y buena conducta para un juez es cumplir con la ley”. 

En aquel primer juicio de 2018 los magistrados hoy enjuiciados realizaron una interpretación tendenciosa de las supuestas costumbres de Lucía –se reitera: una menor, 16 años– victimizándola nuevamente.

El fiscal Lapargo detalló: “Nada autoriza a meterse con la vida de una persona para resolver si es merecedor o no de la tutela que los jueces le deben garantizar. Hubo inclusive parcialidad. Al pensar en historias de vida, en estilos de desarrollo personal, se las analiza en perjuicio del imputado. Recordemos: el imputado, un vendedor de droga en la puerta del colegio. Lucía: una niña de 16 años. Y punto. Nada de su vida merece análisis, charlas sobre su genitalidad, todo sobra: ella tenía la tutela que establece ‘no se puede violar a otro’. Basta. No había forma de no tener en cuenta este punto”.

Más tarde agregó: “Se juzgó en materia de estereotipo y eso se utilizó para fundamentar la quita de derechos”. Para el fiscal, este proceso no interfiere en la independencia judicial. “No hay modo de que el juzgamiento por buena conducta afecte a la independencia de poderes”. 

Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio

Imagen durante la audiencia en el Salón Nunca Más, del Senado bonaerense. Foto Juan Valeiro para lavaca

Dijo Lapargo que la escucha de la familia por parte del Tribunal es parte “del proceso de reparación, y no es poco”. Durante las declaraciones Marta Montero, mamá de Lucía, profundizó sobre el mismo punto que había defendido el fiscal: “No se puede hablar de una víctima de esta manera. Es una criatura con 3 adultos que vendían droga; es una adolescente. Alguno de ustedes que haya tenido hijos adolescentes, me podrá entender. Que personas adultas, preparadas, jueces hablen desde ese lugar… lo que hicieron fue revictimizar a la víctima y culparla del delito que habían cometido otras personas: culparon a una niña de 16 años”.

Anatomía y victimización 

Una de las principales tensiones del inicio del debate de hoy fue la composición de la lista de oradores, que por parte de la defensa de los jueces incluía a médicos peritos del primer juicio. “No se me ocurre el aporte de la anatomía de la niña que puede orientar sobre la responsabilidad de los jueces”, dijo el fiscal Lapargo. “Lo que nosotros venimos a juzgar hoy es cuál fue el desempeño de quienes tuvieron tamaña responsabilidad y consagraron esta segunda victimización” aclaró el abogado de la familia Pérez.

Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio

Breve deliberación de integrantes del jury. Detrás, las imágenes del Salón dedicado a la memoria, verdad y justicia sobre los crímenes cometidos por la dictadura. Foto: Juan Valeiro para lavaca

Finalmente la defensa de los jueces desistió de los peritos pero solicitó que se pasara el video de la declaración del ateneo médico en el primer juicio.

El Tribunal se tomó un cuarto intermedio para decidir esto, y finalmente acordaron que solo ellos y ellas verían el video para no volver a exponer a la víctima. 

En total son 15 los testigos previstos, nueve en esta primera jornada. 

¿Qué espera una familia? 

“El primer juicio fue una tortura” describió Guillermo Pérez a mencionar cómo Lucía estaba siendo juzgada por su supuesta forma de vida. “Ver cómo se referían a mi hija, y el Tribunal no ponía orden… Vuelvo a repetir: cuando nuestro abogado preguntaba algo, decían: agotado el punto”. Guillermo describió la actitud del tribunal frente a la familia: “Eran rígidos solo con nosotros. A un perito nuestro lo trataron muy mal, diferente”, y contó hasta qué punto la sentencia de la impunidad los afectó: “Éramos una familia muy unida. Había tanta esperanza en el juicio… Y ver después una familia destruida. Marta, que hizo la secundaria de grande y estudió de grande enfermería, ver que después no podía rendir un examen para la licenciatura, me dolió muchísimo. Matías, mi hijo, que estudiaba Derecho, también tuvo que abandonar, por ahí tenía de profesores a estos mismos jueces que tenemos en el jury. Yo después, al tiempito que pasó lo de la sentencia, hacía 28 años que trabajaba en el lugar, me echaron. Me echaron por la causa, porque yo necesitaba tiempo para la causa. Después de 28 años me echaron. Sin trabajo, con la familia destruida, hasta el día de hoy: es muy duro. Y sin Lucía”.

La declaración culminó con una pregunta muy sencilla del abogado de la familia, Martín Olari: “¿Qué esperás vos Guillermo de este proceso?”

La respuesta también fue sencilla: “Justicia”.

“No vamos contra la justicia”

Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio

Marta Montero durante su declaración. Foto: Juan Valeiro para lavaca

Llegó el turno de escuchar a Marta Montero, mamá de la joven:

  • “Nosotros llegamos acá a las 5.10 de la mañana, en un micro de línea. Cerré los ojos por dos horas y se me apareció Lucía, la vi a Lucía con su hermano. Y yo sé que Lucía ya no está”.
  • “Hay cosas que no vuelven atrás, hay daños que se le hacen a una familia que son irreparables. Ese daño irreparable es también el que hicieron esos jueces. Tal vez muchos de ustedes son padres y madres y me podrían entender lo que me pasa por las entrañas cada vez que me levanto”.
  • “Cuando hablamos de esas llagas que nos quedan en el cuerpo y en el alma, también hablamos de que en el juicio, esta mujer que ven acá, en un momento en el que estaban hablando de la autopsia de mi hija, se me caían las lágrimas. Y el doctor Viñas me dijo qué me pasaba, si necesitaba un vaso de agua o quería salir. Le dije que no, que le agradecía; que quería escuchar lo que dijeran de mi hija. Y me dijeron que me callara, que no era mi momento. Cuando a una persona que está escuchando esa pericia de su hija, lo único que merece es respeto. Respeto y piedad. Lo único que pedimos es respeto. Trátenos bien. Solamente yo, en ese momento, sabía lo que pasaba por mi cuerpo y por mi alma al ver eso. Entonces, no se puede decir “que se calle la boca o sino que se vaya afuera”. Yo tengo derechos como persona, como madre. Por lo menos se tenga piedad con las lágrimas de esa madre”
  • “Todas las audiencias fueron del mismo tenor: había que hacer eso con la madre. No importaba. Tampoco importaba si los imputados puteaban a la familia, nunca se paraba la audiencia, la audiencia seguía. Yo creo que es una cuestión de sentido común, hablamos de sentido común: no se puede estar insultando a una familia. Alguien tiene que parar eso. Y estos jueces no lo hicieron. Entonces, todos los agravios que nosotros como familia sufrimos –los  tres: mi hijo, mi esposo y yo– solamente en nuestra alma queda; nosotros solos sabemos lo que sufrimos y pusimos en cada una de esas 15 audiencias. Todos los días levantándome a la mañana para ir a escuchar todo eso y con esa falta de respeto”. 
  • “Nosotros no vamos contra la justicia ni vamos contra los jueces. Nosotros de hecho escuchamos a jueces, nos explican derecho… Pero acá a nosotros nos pasó esto. En esta causa, pasó todo esto. Y mucho más”.

La descripción de la actitud de los jueces, según Marta: “Mal, déspota, a uno de los testigos lo trataban de tonto. De hecho, hay una testigo, una oficial de policía, que quiso dar su testimonio, ella tenía una prueba fundamental, y fueron a un cuarto intermedio y deciden que no se presente esa prueba. Era una foto que se había sacado en el momento en que la llevan (a Lucía). Ellos deciden que esa foto no se sume. Esa foto era una prueba fundamental, y no se quiso sumar a la causa en ese momento. En cambio seis años después se sumó. Y ahí los enjuiciaron”.

Finalmente le habló al nuevo tribunal: “Ustedes son parte de las leyes que tenemos. Son parte de este proceso de justicia. Desde mi humildad, que sea lo que tenga que ser: que se haga justicia, por mi hija y por tantas hijas”.

“Se nos pasa la vida pidiendo justicia”

Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio

En la calle: los ojos de Lucía y un celular con la transmisión del jury. Foto: lavaca

Después declaró Matias Pérez, hermano de Lucía: “Hasta que no terminó todo no me di cuenta lo que pasaba. Hasta que no pasó, no me de cuenta que las cosas no éramos como pensábamos, no eran a nuestro favor: eran a favor de la otra parte”.

Así comenzó su declaración en el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio de su hermana. Su declaración fue breve, precisa y muy clara. 

Sobre aquel juicio de 2018: “Básicamente se le echaba la culpa a Lucía, como si ella hubiese buscado lo que le pasó”.

Sobre la sentencia: “De los acusados se decía básicamente que eran unos buenos tipos”.

Sobre el impacto en la familia, dijo Matías: “No volvimos a ser nunca más los que éramos antes. Seguimos juntos, todos con un mismo objetivo, pero siempre esperándola. Con esto que no se termina más, que no tiene un fin. Solemos juntarnos los domingos a comer y el tema de todos los domingos hace ocho años es el mismo: es Lucía, y el juicio. Y lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.

Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio

Daniel, papá de Cecilia Basaldúa con los ojos de Lucía. Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Cómo sigue

Luego de que declarara el ex abogado de la familia Pérez Montero se hizo un cuarto intermedio. Durante la tarde se presentaron seis testigos más: 

  • Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años. Sobre el accionar de los jueces dijo: “Los jueces hablan con sus sentencias. Ahí hablaron. Saleron a condenar a Lucía”.
  • María Elena Naddeo, Secretaria General de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ex legisladora, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs, explicó que en el caso de Lucía se produce una intersección de la discriminación por ser mujer y por ser adolescentes, “es lo que vemos que no se tuvo en cuenta”. Agregó: “La sentencia fue absolutamente parcial, cargada de un espíritu contrario a los derechos de la infancia, con la tendencia a negar el abuso sexual en la infancia, como una tendencia conservadora a negar los delitos sexuales más aberrantes contra la infancia”.
  • Laureana Malacalza, en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, explicó que en el juicio fue convocada para dar cuenta de la importancia de la perspectiva de género en la justicia y que cuando expuso los jueces le preguntaron “si eran conceptos que ella había inventado”. Sobre la sentencia dijo: “Lo que dice una sentencia es un mensaje reparador para la familia y para la sociedad, o puede ser un mensaje legitimador de la violencia, en este caso fue legitimador de la violencia”
  • Natalia Gauna, que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias, quien relató también la misma situación contada por Malacalza y los comentarios que los jueces hacían durante la audiencia de pericias del cuerpo de Lucía. Explicó incluso cómo sonreían mientras se describían las vejaciones a las que Lucía Pérez había sido sometida.
  • Además expusieron dos trabajadores judiciales: Fernando Fernandez y Alejandro Agote. En ambos casos brindaron un panorama sobre el accionar de los jueces ante trabajadoras y trabajadores, episodios de maltrato incluidos, y antecedentes sobre otras sentencias en las que tampoco aplicaron perspectiva de género alguna: “Ya teníamos un antecedente respecto a la conducta de este tribunal”.

Mañana en la segunda jornada habrá dos testigos. Luego, todas las partes harán sus alegatos. La sentencia se conocerá dentro de los cinco días hábiles posteriores. 

En la calle se seguía la audiencia, entre abrazos y atrapasueños.

Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.

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Comienza el jury a los jueces del caso Lucía Pérez

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El lunes 11 de noviembre comienza el juicio por mal desempeño a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, los magistrados que intentaron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. Serán dos días de testigos y alegatos. El fallo se conocería durante el mes de noviembre. Cómo se logró este  jury, la acusación y cómo es lo que se viene.

Las claves de este jury:

  • Las audiencias previstas son el lunes 11 y martes 12, desde las 10 de la mañana en el Senado bonaerense.
  • Los jueces llegan acusados de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” tras el fallo que en su momento absolvió a Matías Farías y Pablo Offidani por el abuso sexual y muerte de Lucía Pérez, 16 años, y los condenó solamente por la venta de drogas en la puerta de la escuela marplatense a la que iba Lucía. 
  • En la primera audiencia declararán testigos de la querella, el martes durante la tarde los que corresponden a la defensa de los jueces acusados, la mayoría peritos. Luego, se realizarán los alegatos. Cinco días hábiles después se conocerá el veredicto.
  • El jury  podrá verse por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.  

¿Quienes integran el jurado de enjuiciamiento?

La comisión encargada de evaluar el caso y dictar sentencia  está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, y conformada por integrantes del Poder Legislativo. Sus nombres:

  • Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
  • Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
  • Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria). 
  • Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR). 
  • Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).

Cómo se llegó

El 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. En ese encuentro estuvieron presentes los diputados y diputadas de distintos partidos políticos –entre ellos Victoria Donda, Leonardo Grosso, Silvia Lospennato, Gabriela Cerruti, Romina del Plá y Facundo Moyano– quienes impulsaron el juicio político. 

Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”.

Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios como jueces. El pedido de juicio no alcanzó a Aldo Carnevale, ya  que fue beneficiado por la jubilación anticipada concedida por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Un año después, en 2022, la familia de Lucía Pérez entregó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mil firmas de puño y letra y más de 34 mil virtuales, más cartas de organizaciones que acompañaron el pedido urgente de este jury. Ese momento llegó unos días antes de que se cumpla un nuevo aniversario de ese primer juicio que casi deja impune el femicidio.

Comienza el jury a los jueces del caso Lucía Pérez

Las imágenes de los jueces acusados por un fallo vergonzoso. Carnevale eludió el jury por jubilación anticipada otorgada por María Eugenia Vidal. Gómez Urso y Viñas serán juzgados a partir del lunes próximo.

La anulación de ese fallo

Para cuando la Bicameral resolvió acusar a los jueces, el fallo que habían dictado ya había sido anulado por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires quien además resolvió la realización de un nuevo juicio que finalmente se llevó a cabo en el verano del 2023 y concluyó con la condena por el femicidio de Farías y Offidani. 

Algunos de los argumentos con los que se anuló el fallo, el cual consideraron que fue fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, fueron:

  • “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.
  • “Considero que esa nueva victimización secundaria que sufrió Lucía (aún después de muerta) atentó contra su intimidad y su dignidad, y la de su entorno; y se debe considerar como un claro signo de estigmatización”.
  • “Para los Magistrados, Lucía evidentemente no coincidía con el estereotipo de la mujer víctima de violencia de género y violación, que no hubiera podido consentir. De lo expuesto, se desprende que el decisorio puesto en crisis demuestra el androcentrismo del derecho: descartaron el eventual abuso sexual respecto de Lucía, porque ella era una chica con una personalidad fuerte, con carácter, determinada y por ende, no vulnerable”.
  • “Los estándares internacionales advierten sobre la necesidad de estar atentos a argumentaciones que justifiquen la violencia de género, porque la conciban como una cuestión ‘privada’ en importancia o porque contengan estereotipos sexistas”.
  • “El razonamiento de los Jueces de grado se ha visto contaminado con los preconceptos que se han formado en forma previa al análisis de la prueba y de la situación fáctica que reconstruyeran en el debate”.

En su argumentación se resaltó, una vez más, lo fundamental y lo que es necesario recordar: el Estado argentino asumió el compromiso de prevenir y erradicar la violencia machista.  

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Cecilia Basaldúa cumpliría 41 años: marcha al mural el sábado, y el estado de la causa por un femicidio que sigue impune 

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Este sábado 9 de noviembre a las 17 se realizará una marcha en el barrio porteño de Núñez (Crisólogo Larralde y Grecia) hacia el mural que recuerda a Cecilia, que hoy cumpliría 41 años.

El 25 de abril de 2020 el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, Córdoba. Hacía veinte días que estaba desaparecida, a 800 kilómetros de su casa. Ese recorrido es el que ha tenido que hacer su familia decenas de veces en estos cuatro años y medio, y lo seguirá haciendo mientras no haya verdad y justicia frente a ese crimen. El papelón de un juicio con un falso acusado, y la voz de la familia. Por Anabella Arrascaeta.

“Estamos, como siempre, en la lucha”, dice Daniel Basaldúa, papá de Cecilia. En el día del cumpleaños de su hija va a pasar la tarde junto a Susana Reyes, mamá de Cecilia y su compañera, en el mural que hicieron con la foto de su hija (que muetra la foto de portada). “Vamos a charlar un poco, van a ir algunos amigos. Estar ahí es recordarla, es estar de alguna manera con ella”. 

El próximo sábado 9 de noviembre, a las 17 horas, van a marchar desde Avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, en Núñez, hasta ese mural ubicado en las calles Larralde y Grecia.

“Es importante marchar por el barrio porque era su lugar”, explica Daniel, y cuenta: “Lo hacemos todos los años y siempre vienen sus amigos. Era su barrio, era donde ella andaba, aún con todos los viajes que hizo, con todos los lugares por los que anduvo, Cecilia siempre tenía a su barrio presente. Por ejemplo acá cerca, en Platense, enseñaba patín. Ahí también tenía un equipo de hockey. Sus amigos de toda la vida son del barrio, como los míos y los de Susana, que acompañan a la familia. Es una forma de que puedan participar. El tema es no bajonearse y seguir haciendo todo lo necesario para que se conozca la verdad y se haga justicia en serio”.  

Historia del crimen

En 2020, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de covid-19, Cecilia estaba en Argentina después de cuatro años de viajar con su mochila y sus artesanías por toda América Latina. Los primeros días de abril se instaló en Capilla del Monte, Córdoba. Le había contado a su familia que estaba parando en el jardín de la casa de Mario Gabriel Mainardi, un vecino de la zona. El 4 de abril fue la última vez que habló con ellos. Su cuerpo apareció el 25 de ese mes, cerca de un basural de Capilla, luego de 20 días de intensa búsqueda y rastrillajes por toda la zona. Tenía signos de abuso sexual y de estrangulamiento.

Por el femicidio de Cecilia fue detenido e imputado Lucas Bustos, un joven de 24 años. La fiscal fue Paula Kelm llegó a juicio sin pruebas en su contra, y en julio del 2022 el tribunal lo absolvió reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen. Se trataba de lo que en la jerga se define como “perejil”: un inocente cuya acusación encubre a los verdaderos culpables. Después de que la familia tuviese que atravesar todo ese juicio, el femicidio de Cecilia continúa impune. 

En aquel momento se ordenó también una nueva instrucción para dar con los responsables del crimen. La causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Finalmente recayó en Raymundo Barrera, de Cruz del Eje, fiscal que entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre del año pasado el Fiscal General anunció la designación del fiscal Nelson Lingua.

Dice Daniel: “La causa está orientada nuevamente. Están haciendo cosas que no se hicieron antes. Lo que nunca hizo Paula Kelm lo hizo este fiscal, Nelson Lingua. Está trabajando. Nosotros estamos luchando para saber qué pasó, pero además hacemos estas cosas como marchar tanto en Córdoba y en nuestro barrio, para que a Cecilia no se la olvide, y esto es lo más importante”.

El mural hacia donde marchará el domingo la familia exige en letras negras “verdad y justicia”.

Al lado del rostro de Cecilia se lee: “Vivas nos queremos”.

Y hay una pregunta que a cuatro años de su femicidio la familia no va a dejar de formular, y que todavía está pendiente de respuesta: “¿Qué pasó en Capilla del Monte?”.

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