CABA
Causa Maldonado: qué (no) hizo la fiscal y el informe que compromete a Noceti
A 36 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y luego de 20 días de secreto de sumario, la familia del joven denuncia que la fiscal federal Silvina Ávila no los recibe. La abogada Verónica Heredia cuenta que aún están leyendo la causa: “Faltan resultados de muchas pruebas, pero no parece que hayan hecho nada”. lavaca accedió a un informe oficial de Gendarmería que compromete a Noceti: el ministro de Gobierno de Chubut Pablo Durán señaló al jefe de Gabinete de Patricia Bullrich como el funcionario que coordinó los operativos. Qué analiza Mario Coriolano, defensor ante la Suprema Corte bonaerense, miembro de Naciones Unidas y uno de los expertos que colaboran con la familia para garantizar una investigación independiente: “Hay un zigzagueo judicial que va en contra del derecho a la verdad y a la justicia que tienen las víctimas”.
A 36 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y luego de que la fiscal federal Silvina Ávila levantara después de 20 días el secreto de sumario en la causa penal, la familia del joven de 28 años denunció a lavaca que la funcionaria estatal no los está recibiendo. “Sergio fue el lunes a la fiscalía, pero la fiscal no lo recibió porque dijo que era un violento”, contó a esta agencia Andrea Antico, cuñada de Santiago. En su carácter de víctima por ser el hermano de una persona desaparecida de manera forzada, Sergio le pidió a la fiscal que activara una investigación cuyas medidas habían demorado días cruciales y que sólo tendían a investigar una persona extraviada. La exigencia no llegó en cualquier momento: ocurrió el día en que la fiscal accedió al pedido de la familia en recaratular la causa como desaparición forzada de persona. Si bien Sergio se disculpó, ese hecho es la excusa que –dice la familia- utiliza hoy la fiscal para no recibirlos. “Tampoco recibió a nuestra abogada. Nos atendió por mesa de entradas a través de su secretaria. Es una falta de respeto porque tendría que estar preparada: nosotros somos las víctimas y no nos puede decir que no nos puede atender”.
La familia había anunciado en una conferencia de prensa en el Hotel Plaza de Esquel –en la que también participó el CELS, la Regional Noroeste de Chubut de la APDH y la Defensoría Federal de la ciudad- que iban a analizar cuáles habían sido las medidas ordenadas por la fiscal. “Faltan resultados de muchas pruebas”, dijo la abogada Verónica Heredia. “Estamos trabajando en analizar la causa que recién ayer pudimos tener acceso porque durante 20 días estuvo en secreto de sumario. En función de lo que se haya hecho -aunque entendemos que no se hizo nada- vamos a analizar. No nos llama la atención que no hayan avanzado: estamos denunciando a la Gendarmería como responsable de la desaparición forzada en democracia”.
Cómo garantizar una investigación independiente
La familia Maldonado había exigido al Estado que se iniciara “una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta” que estableciera las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinara las responsabilidades penales, administrativas y políticas. Por esa razón se requirió la colaboración del defensor Mario Coriolano para que se conforme un equipo de investigación independiente a cargo del perito Alejandro Mejías Fonrouge. “A los pocos días que desapareció Santiago nos contactó la familia a través de la abogada para pedirnos alguna orientación: nosotros habíamos ayudado en la causa Iván Torres”, dice a lavaca Mario Coriolano, defensor ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, miembro de Naciones Unidas y uno de los colaboradores expertos de la familia. El caso al que se refiere es la desaparición forzada en 2003 de Iván Torres, en Comodoro Rivadavia (Chubut), que motivó en 2011 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino. “Lo primero fue asegurar una investigación que sea independiente y creíble para que sea, a su vez, pronta y eficaz. Eso se planteó en la causa y nunca fue respondido. Después de que la familia decidiera hacer un comunicado con todos los pedidos y al tomar visibilidad, el Ministerio pidió tener una reunión con la familia”.
Los reclamos concretos:
- Reconocimiento público del gobierno de la desaparición forzada.
- Participación efectiva en la causa de un grupo de investigadores de Casación y apoyos económicos y materiales a la familia y sus colaboradores para desplazarse en la investigación.
- La intervención de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la conformación de un grupo de expertos internacionales independientes que supervisen y colaboren con la investigación.
“Está pendiente el punto 1 y 3. En cuanto al punto 3, el mismo día se le dio instrucciones al secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) para que con la Oficina del Alto Comisionado se ponga en marcha el grupo internacional. Se convocó al representante regional el 31 de agosto, se hizo una reunión con Garavano y demás autoridades. Estuvimos presentes con la abogada. A la tarde, se armó un borrador que se iba a firmar el viernes pero hubo problemas formales de Cancillería. Se pasó al lunes, luego al martes y hoy miércoles todavía no nos han hecho la devolución del texto ya acordado. Todo esto en el marco del levantamiento del secreto de sumario, la posibilidad de analizar lo que se hizo y lo que falta y la familia en paralelo con investigadores de confianza que ubicaron a uno de los testigos para que declarara a la Justicia, a la cual ellos no creen. Además, declararon otros testigos de contexto corroborando la presencia de Maldonado en el lugar. Con este conjunto se está rediseñando un plan de investigación y de búsqueda por parte de familia y colaboradores hoy”.
-¿Cómo evalúa usted la causa?
-Por un lado, veo que la familia inició la búsqueda y trató de profundizarla, pero lo cierto es que hay que diferenciar la búsqueda de la investigación. Tiene que haber una teoría del caso que no sabemos cuál es para la fiscal o el juez de lo que estamos viendo. En cambio, la familia tiene muy en claro, por información que le está llegando, que la principal y única teoría del caso es la desaparición forzada en manos de Gendarmería. Hay que orientar con mucha urgencia medidas investigativas que no se han hecho. Pero la clave está en lograr credibilidad y confianza en los órganos independientes que, a su vez, cuenten con habilidades y herramientas para actuar de un modo pronto y efectivo. Si no, la prueba faltante se va a desperdiciar o no ser útil.
–¿Hay algún otro caso a nivel regional de la conformación de un grupo de expertos internacionales con participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas?
-Hay antecedentes del Alto Comisionado, pero con una impronta diferente en Guatemala por cuestiones de impunidad. Después, lo más similar a esto es lo que conformó en el marco de una medida cautelar de la CIDH para México en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el país sería inédito hacerlo de esta manera si finalmente se concreta.
-En Argentina aún no hay un procedimiento o protocolo de actuación ante una desaparición forzada.
-Se iba a aprovechar la conformación de este grupo para que, además de la supervisión del caso y la ayuda de los actores judiciales de la querella, queden lineamientos para un protocolo faltante, que fue un poco lo que ocurrió en México. Una forma de cooperación y asistencia técnica de un organismo internacional que permita a Argentina mejorar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional en el caso y de la Justicia, pero también cumpla con la sentencia del caso Iván Torres (la sentencia de la Corte IDH ordenaba la confección de un protocolo).
-A partir de su experiencia en el caso de Iván Torres, ¿cuáles son los elementos con los que debería contar este proceso para garantizar una investigación pronta y eficaz?
-Lo primero dividir, por un lado, la búsqueda, y por otro lado, la investigación en sí misma. En tercer lugar, la protección efectiva a la víctima que incluye a la familia, que también es víctima según la normativa internacional en casos de desaparición forzada. El problema central está en que este tercer eje, como núcleo central en una perspectiva de derechos humanos, lleva a que deban tener una participación activa en el diseño de la búsqueda y efectiva en la investigación. Acá hubo cosa muy extraña: en todo el secreto de sumario se tuvo alejada a las víctimas tanto de la búsqueda como de la investigación, y eso no entiendo por qué. Además, surgía que había muchos actores que tenían información de la causa: ¿cómo sabían? O estaban inventando o tenían acceso de una manera que con el secreto de sumario no es legalmente posible. Después estuvo el informe de la fiscal, muy extraño, que circuló por los medios donde ya prácticamente dice algo que choca con el mismo pedido que había hecho de recaratular la causa como desaparición forzada. Hubo un zigzagueo sumado a lo del secreto de sumario y otras cosas que cuenta la familia (el rechazo de la fiscal a reunirse con ellos), que va en contra del derecho a la verdad y a la justicia que tienen las víctimas desde el que primer día en que empiezan a trabajar en la búsqueda e investigación.
–¿Puede decirse que hay una práctica del Estado que se repite en estos casos ya sea por negligencia en algunos casos o complicidad en otros?
-Estoy moviéndome en tres planos: uno de ayudar a las víctimas, después está la cuestión social y el tercero es el análisis político al que apunta la pregunta. En eso, saber si es negligencia o intencional es la clave para un delito donde hay una privación ilegal de la libertad por parte de funcionarios que niegan después información sobre el paradero y mirado del marco del tipo delictivo y de la pluralidad de partícipes que puede haber a través de acciones y omisiones, habrá que evaluar luego en su conjunto quiénes tuvieron actitudes negligentes o cómplices. Para responderla seriamente va a haber que esperar un tiempo.
Noceti, en la mira
El Juzgado Federal recibió el 16 de agosto un informe de Gendarmería Nacional (redactado el 8) que aporta más pruebas en el rol de coordinación de los operativos del 31 de julio y 1 de agosto en la Patagonia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti. A partir de los dichos de la propia ministra Patricia Bullrich, las fotos que ubicaron a Noceti en los horarios del violento operativo en el que desapareció Santiago Maldonado y el testimonio de Soraya Maicoño –revelado por lavaca– que vio al funcionario pasar dos veces por el lugar donde Gendarmería las demoró por horas para que no comunicaran lo que ocurría en la lof, cada día se suman más pruebas que posicionan a un funcionario de primera línea del Ministerio de Seguridad en el operativo donde se vio por última vez a Santiago Maldonado.
En dos entrevistas radiales, Noceti se ubicó en tiempo y espacio en la coordinación de dos operativos represivos que se llevaron a cabo esos días: tanto el 31 de julio, en Bariloche, que dejó un saldo de nueve detenidos en la protesta por la liberación del lonko Facundo Jones Huala como en Esquel, con represión y posterior desaparición del joven de 28 años. El funcionario admitió que coordinó personalmente a fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en vía pública en flagrancia”. El CELS y la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, advirtieron a lavaca que la figura de flagrancia fue la ventana por la que Gendarmería justificó su ingreso al territorio sin ninguna orden judicial. La justificación con la figura de “fragancia” fue introducida por Noceti en las reuniones previas de coordinación y esa interpretación, que se efectivizó en los violentos operativos, fue confirmada por el funcionario en una entrevista exclusiva a lavaca.
El Comandante Mayor Jefe de la Agrupación XIV de Chubut, Diego Conrado Héctor Balari, dijo el 2 de agosto en declaraciones al Canal 4 de Esquel que las fuerzas actuaron en los operativos del 31 de julio y 1 de agosto bajo “órdenes precisas y emanadas del Ministerio de Seguridad”. En la interpelación en la Legislatura de Chubut, el ministro de Gobierno, Pablo Durán, comprometió aún más la participación de Noceti: reconoció que el 31 se julio estuvo en Bariloche con su par de Río Negro, jefes de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura en una reunión encabezada por el propio Noceti.
El documento al que accedió lavaca refuerza esa afirmación. La nota AA7-5100/3284 informa que el jefe del operativo del 31 de julio (el despeje de la ruta 40) estaba al mando de Balari y nucleaba a personal de los Escuadrones 35 (El Bolsón) y 36 (Esquel) y del comando de la Agrupación XIV. Agrega que a partir del 1 de agosto, el comandante que quedó al mando del “personal apostado en la Ruta 40” fue Juan Pablo Escola, segundo del Escuadrón de Esquel. Escola fue quien declaró a Clarín que ingresaron a la comunidad a las 11:30 del 1 de agosto, reconoció que estuvieron 5 horas allí y negó que los efectivos hubieran bajado al río. Esto fue desmentido en la conferencia de la familia Maldonado por el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, quien afirmó que los propios videos de la fuerza la muestran en ese lugar.
El informe de Gendarmería –cuya carátula dice Resistencia Ancestral Mapuche, vinculando sin pruebas a la Pu Lof con esa tendencia- reconoce que también se solicitó apoyo de personal al Escuadrón 37 “José de San Martín” y del Destacamento Móvil 4 de General Acha, de La Pampa. Luego, en un apartado titulado Apoyo de otras fuerzas federales o provinciales, dice:
- “El 31 de julio del corriente año a las 22:00 hs el Jefe del Operativo CTE MY D DIEGO CONRADO HECTOR BALARI, tomó contacto telefónico con el Sr. Ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Sr. Pablo Durán, quien en horas de la mañana había participado en la reunión de coordinación mantenida con el señor Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Dr. Pablo Nocetti, en la ciudad de San Carlos de Bariloche (RN), quien se comprometió a ordenar a personal de la policía de esa provincia a colaborar con la Fuerza, lo cual no se concretó pese a los reiterados llamados telefónicos realizados al Sr. Jefe de la Policía de Chubut y Segundo Jefe de la Unidad Regional de Esquel”.
El documento –que subraya parte del equipamiento con que Gendarmería intervino ese día y demuestra que no filmó todo el operativo- está firmado por el comandante general Claudio Osvaldo Domenechini y lleva el sello del Ministerio de Seguridad.

La hoja del informe que menciona que el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, participó en reuniones de coordinación del operativo de Gendarmería.
Planificación y participación
El informe confirma lo que el integrante de la Regional Noroeste de Chubut de APDH, Julio Saquero, reveló en la conferencia de prensa junto a la familia: “El jefe de la agrupación 14 de Gendarmería informó en sumario que hubo una reunión el 31 de julio en Bariloche. Allí destaca la presencia de los jefes de escuadrones de Gendarmería, de Noceti (Pablo, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) y la presencia del ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán. Destaco su importancia: dice que el ministro de Gobierno participó en esa instancia previa al operativo de Gendarmería. Hasta ahora nadie ha mencionado ese informe”.
El testimonio de Saquero es clave en la causa: su relato pormenorizado de los hechos del 1 de agosto abre la foja 1 del expediente penal que lleva adelante la fiscal Ávila. Su denuncia es del 2 de agosto a las 17:20 horas y, desde allí, subraya la responsabilidad de Noceti, de Bullrich y del Presidente Mauricio Macri en el operativo de Gendarmería.
-¿Qué significa esta información?
-Es una prueba evidente de que hubo una planificación y participación de Noceti el día previo, que se suma a todo lo que hizo después: pasar por la ruta, haberse detenido en dos ocasiones (frente a la subcomisaría de Leleque, donde estaba demorada Soraya Maicoño y dos personas y que ante la pregunta de por qué estaban detenidas, el funcionario respondió: ´Si yo quiero las puedo tener seis horas más´) y eso lo muestran las fotos. Noceti estuvo el 31 planificando eso en concertación con los jefes de Gendarmería y Pablo Durán. ¿Por qué esta información no fue conducente a otros peritajes o indagatorias que no se hicieron sobre Gendarmería y se centró todo en culpabilizar a la familia y la comunidad mapuche?
A 36 días, el Estado aún no contestó esa pregunta.
El informe de Gendarmería que compromete a Noceti:
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.
María del Carmen Varela
Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.
Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.


La historia
A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…
Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.
A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.
Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.
El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .
De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.
El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.
En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.
La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.
Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.
Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.
Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.
Atlas de un mundo imaginado
Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre
Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.
Actualidad
Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».
Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.
Por Tiempo Argentino
Fotos: Antonio Becerra.
En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.
“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.
“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Represión como respuesta
La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.
“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal
La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.
El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.
Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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