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La carnicería: el femicidio de Nadia Ferraresi

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Fue asesinada en su casa frente a su hijo, quien señaló al femicida. Pero la justicia detuvo a otra persona, con problemas psiquiátricos, a quien la familia cataloga como un “perejil”. El recuerdo de Nadia, el del niño, y el pedido de justicia de su madre y amigas, que describen todo lo que no se tiene en cuenta en la investigación. Por Anabella Arrascaeta.

Foto: Lina Etchesuri

La puerta de la casa de Nadia Ferraresi no estaba forzada. 

Fue ahí, en la localidad de Ensenada, donde recibió una puñalada certera en el hígado que la mató después de horas de agonía en el hospital Horacio Cestino de esa localidad. 

Era la mañana del 11 de febrero de 2019. 

Nadia tenía 25 años, y un hijo de 3 años y ocho meses que presenció el asesinato. 

Un día después detuvieron e imputaron a Omar Leandro Díaz, quien tenía antecedentes penales y psiquiátricos, y que según la justicia fue identificado por una cámara a metros de la casa de Nadia. Y a nadie más. 

La familia de la joven denuncia que la investigación a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo es, al menos, ineficiente: “Dijeron que el chico este tenía una obsesión con Nadia, pero nosotras nunca lo supimos, ella nunca nos dijo nada, y nos hubiera dicho”, dice a MU su mamá, Susana Cancelier. “Nadia salía con un tipo casado, la mujer del tipo la había amenazado muchísimas veces, y el detenido era vecino de la mujer, le hacía los mandados: nunca se investigó eso”, relaciona otras posibilidades. 

El día que fue asesinada, Nadia planeaba irse de viaje a Chascomús con su pareja, Marcos, que era carnicero. Susana, su mamá, se preparaba para ir a trabajar cuando la policía le tocó la puerta. “Yo pedí Cámara Gesell para mi nieto porque él contaba cosas y nunca lo llamaron”, sigue. “Para algunas cosas la justicia es muy rápida y para otras, muy lenta”. 

¿Qué contó?

Estábamos en el hospital, lo estaban revisando porque él estaba lleno de sangre, de la sangre de Nadia, y el policía le preguntó ‘¿Quién fue a tu casa?’. ‘El novio de mami’, respondio él. ‘¿Y cómo se llama?’ ‘Marcos’. ‘¿Y quien le abrió?’ ‘Mi mami’. Ahí fueron a buscarlo y Marcos dijo que en ese momento no estaba, que estaba comiendo una pizza. A él le creyeron, a mi nieto no. Pasaron los días y seguía diciendo que no sabía por qué Marcos le había hecho eso a su mami; yo me aterraba. ‘¿Qué le hizo? le preguntaba yo. ‘La mató, abu, él decía que la amaba, mi mami decía que lo amaba, y la lastimó’. Y lo sigue diciendo. 

¿Nunca le tomaron declaración?

Nunca. Tiene 6 años, en ese momento tenía 3 años y 8 meses. Esto pasó en febrero y en marzo lo empecé a llevar a la psicóloga, a quien le llamaba la atención que él no decía ‘vino el hombre malo, vino el cuco’, no: él nombraba a Marcos. Yo tengo una cuchilla de carnicero en casa, y cuando la tenía en el secaplato mi nieto se asustaba: ‘Abuela, sacá eso’. Tiene pánico a la cuchilla de carnicero. 

Las deudas de la justicia

«Es la primera vez que me siento acompañada”, dice Susana frente al Senado Bonaerense el día que se definió que los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de Lucía Perez serán juzgados por su fallo misógino.

Susana llegó allí junto a otras familias para acompañar la audiencia y tomó el micrófono para agradecer “a todos los familiares, porque me enseñaron a construir desde el dolor el pedido de justicia por mi hija”. 

Hasta antes de acercarse a la familia de Lucía y a otros familiares que pasaron por situaciones de violencia femicida e institucional, Susana transitaba el pedido de justicia en soledad. “Fue un antes y un después”, grafica. “Ya pasaron 33 meses de lo de mi hija y estaba sola, con mis familiares, pero sola: no me había sentado nunca con personas que habían pasado por algo parecido y sirve muchísimo. En las charlas siempre se habla de los mismo: se ve que no soy la única a la que le vieron la cara”. 

Susana se entrevistó con la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la UFI N°17 de La Plata, después del femicidio. “Me dijo que yo no necesitaba un abogado, que era una pérdida de tiempo, de plata, que no estaba en situación, y que me iba a mantener informada: eso no pasó nunca”. 

El colmo es que ni siquiera fue avisada de la elevación a juicio: Susana se enteró cuando fue a la fiscalía porque Omar Leandro Díaz empezó a escribirles por Facebook a amigas de su hija. 

Por eso, entre otras cosas, decidió hace un mes buscar abogado y presentarse como particular damnificada. “Tengo deudas hasta acá”, dice tocándose la cabeza, pero refiriéndose al bolsillo. Para poder pagar el abogado en esta etapa de investigación, pidió plata prestada. Luego faltará la plata para pagar los honorarios por el juicio. Una amiga de Nadia cuenta a MU que están planeando ferias de artesanías, venta de tortas y rifas para juntar la plata y que Susana pueda pagar las deudas. 

El hijo de Nadia, de quien Susana tiene la guarda, no recibe la Ley Brisa que le corresponde y por la que el Estado debiera garantizar de manera mensual una reparación económica hasta los 21 años, equivalente al monto de una jubilación mínima, y además contemplar la atención integral de salud.

Dice su abuela: “No tengo nada, ni asistencia psicológica. El nene va a la psicóloga porque la estamos pagando nosotras. No tuve ninguna asistencia del Estado. Tengo otra nena de 19 años que necesita asistencia y si no la pago, no tiene. Él me pregunta qué pasó, y yo no tengo respuestas”.

La situación se repite a lo largo y ancho del país: las familias denuncian que el acceso a la Ley Brisa es difícil, engorroso y lento, principalmente porque el inicio del trámite debe coincidir con el inicio de un juicio. Es decir: para poder hacer el pedido de la reparación económica se requiere el inicio de un proceso penal, lo que implica, entre otras cosas, tener recursos para poder contratar un abogado. Así se alimenta la rueda de la injusticia. 

La teoría del perejil

Noelia Quiroga era amiga de Nadia. Se habían conocido porque Noelia llevaba a clases de teatro a su hija con la tía de Nadia. “Tenía un carácter muy fuerte”, la recuerda. Hace un mes, el 11 de octubre, empezó a soñar todas las noches con ella. “No me dejó en paz hasta que no ubiqué a la madre”, dice. Desde entonces, la acompaña. Dice: “La causa es un desastre. Por suerte los peritos tomaron muestra de todo pero la fiscal no pidió ninguna prueba. Ella cerró con que había un solo sospechoso, lo imputó y no trabajó más. Se conformó con lo que dijo el novio, que para nosotras es el sospechoso”.

Susana da ejemplos de qué significa sentir que en la fiscalía “le vieron la cara”. Denuncia:

“No investigaron que mi hija tenía amenazas de la ex pareja de su pareja, que le tiraba el auto encima cuando ella estaba con el bebé a upa. Y la persona que la atacó era vecina de esta mujer” 

“El único celular que se secuestró es el de mi hija, el de nadie más”

“Hay elevación a juicio con este acusado, pero no hay fecha”. 

“En la causa figura la muerte de Nadia a las 20.15 horas y a mí cinco minutos antes en la comisaría de Ensenada me dieron la llave de la casa. Cuando fui a la casa de mi hija no había un patrullero vigilando: como entré yo, entra cualquiera”. 

Cecilia, amiga de Susana desde el jardín de infantes, sintetiza: “Me parece que es para cerrar rápido la causa, agarraron al pibe y ya está”. 

Mientras tanto, la familia sigue luchando contra la impunidad: “No nos dejan rearmarnos. Yo me quiero acordar de mi hija de otra manera, no así: sin ella y sin justicia”. 

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Mancha venenosa: MU en Exaltación de la Cruz

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Los funcionarios no responden, como ocultando en el silencio la verdadera pandemia de Exaltación de la Cruz: cáncer, leucemia, diabetes, tiroides, abortos espontáneos, enfermedades bronquiales, daños genéticos, entre otras. La infancia en el centro del desastre, como en tantos lugares sitiados por los agrotóxicos. Historias inconcebibles. Violencia política y policial contra quienes reclaman. Los datos estadísticos y relevamientos territoriales que muestran la contaminación y sus efectos en la salud. La organización de la comunidad para hacer la verdadera política: defender la vida. Por Francisco Pandolfi.

Fotos: Nacho Yuchark

-¿Cómo estás?

Johanna Tejera escucha la primera pregunta y ya nada será igual en esta crónica. No puede responder con palabras. Y rompe en llanto. La impotencia, la bronca y el dolor contenidos salen en forma de lágrimas. Sentada en una plaza, pide perdón mientras se limpia la cara con sus manos. Y ahora sí, en un puñado de letras, dice un montón: “En las últimas dos semanas se nos murieron tres personas de cáncer”. Tiene 23 años, y dos abuelas y una tía fallecidas… por cáncer.

En el municipio bonaerense de Exaltación de la Cruz viven más de 45 mil habitantes. Se emplaza a 90 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y tiene poco más de 60 mil hectáreas, de las cuales en más de 30 mil se siembran cultivos transgénicos. El 80 por ciento es soja. Luego, maíz y trigo. En este contexto, la comunidad organizada efectuó análisis examinados por la Universidad de La Plata, con resultados alarmantes: 6 agrotóxicos en el agua de red y de pozo; 14 en los suelos.

“Que los estudios den así no sorprende. ¡¿Hace cuántos años venimos contando moléculas, enfermos y muertos?!”, dice Anabel Pomar, vecina, periodista (organizó con MU y lavaca.org los Monsanto Papers, entre otras investigaciones) y activista. Habla con un nudo en la garganta y los ojos húmedos. El 28 de septiembre falleció su compañero, también de cáncer. Anabel elude los  eufemismos: “Para cambiar esto de raíz no hay otra forma que prohibiendo del todo el uso de agrotóxicos. Y sí, es metiéndose de lleno en los modelos productivos. Y si no, que digan abiertamente cuáles son los intereses de quienes los permiten. Y que también digan: ¿a cuánto el pibe?, ¿cuánto vale una vida? Para nosotros no tiene precio, no se negocia”. 

Ibuprofeno para el tumor 

En 2019, Johanna junto a una amiga hicieron un relevamiento en los barrios populares San José y Esperanza de Capilla del Señor, pueblo cabecera de Exaltación de la Cruz: 50 casos de cáncer en 280 viviendas censadas. 30 manzanas. Dos años después, la mitad de esas personas ya falleció. “Fuimos casa por casa y a la primera, un cáncer de colon. Así sucesivamente, diabetes, tiroides, abortos espontáneos. En una casa de diez hermanos, todos con diabetes. La mamá había muerto de leucemia. A partir de los resultados obtenidos pedimos que se pueda hacer en ambos barrios un campamento sanitario y un relevamiento ambiental a cargo de universidades nacionales, pero el Concejo Deliberante votó en contra, con el argumento de que les faltaba información. Hay mucho cinismo”, expresa Johanna.

En una de esas viviendas relevadas abre la puerta a MU Gabriela Sandes, con una sonrisa repleta de amabilidad; aunque lleve toda la tristeza encima desde el 10 de junio de 2017, cuando murió su hija, de cáncer. Ana Rocío tenía 14 años y en julio de 2016 había empezado con dolor abdominal. “En el hospital público San José le dieron ibuprofeno. Y la médica generalista pensaba que estaba embarazada”. Su casa estaba a 400 metros de un campo y a 600 de otro. Iba a la escuela a 150 metros de cientos de hectáreas fumigadas.

En noviembre le hicieron una ecografía y le encontraron un tumor en los ovarios que pesaba un kilo. “Se me derrumbó el mundo. Vi toda la película que venía. Encima no teníamos obra social. Al ser pobre tenés que luchar por muchas cosas más”. 

En enero de 2017, tras la biopsia, se comprobó que el cáncer era maligno. “En Capilla no había oncólogo infantil así que tuvimos que irnos a la ciudad de Buenos Aires. Desde el hospital Gutiérrez todavía espero que me llamen. Y nos fuimos al Garrahan donde hicieron de todo para salvarla, lo que en Capilla no”.

En el Garrahan conocieron a Mercedes “Mechi” Méndez, 57 años, enfermera involucrada desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. En los últimos años vio morir a Anita y a dos nenes más de Exaltación de la Cruz. Vio morir a un montón de infancias provenientes de pueblos fumigados. “Hay una tríada que silencia: la prensa, la justicia y el sistema de salud. No existe prevención, es como si en un lugar donde hay muchos accidentes de tránsito se pone un centro de trauma en vez de dos semáforos en la bocacalle. Hay cómplices necesarios para que prevalezca el negocio y no la salud. Están devastando todo”. 

Desde 2007 Mechi trabaja en Cuidados Paliativos, desde donde lleva adelante una lucha interna por una serie de reclamos que enumera: 1) Dejar de negar en forma urgente el grave daño que este modelo tóxico de producción está causando en el ambiente, en adultos y más aun en la niñez. 2) Incorporar a la consulta médica una historia clínica ambiental, que considere las actividades productivas cercanas directas o indirectas a las que estuvo expuesto el paciente de manera aguda o crónica. 3) Instalar un laboratorio público gratuito para pesquisar los tóxicos que las y los niños portan en sus cuerpos. 4) Responder de manera concreta a las demandas que los pueblos afectados vienen haciendo desde hace años sin ser escuchados por un modelo de salud que mira para otro lado y solo asiste en la enfermedad, no en la prevención. 5) Exigir que se prohíban las sustancias en uso. 

El FdT, la Rural y la app   

La resistencia comienza en 2012, mediante un par de locas, como las llamaban. En todas las luchas imprescindibles, las hay. A una cuadra de la casa de Carina Miqueo, 42 años, enfermera, se planta soja. Y una tarde, que parece igual a cualquier otra, no lo es. Diez, cien, miles de vaquitas de San Antonio muertas en una ventana. “Habían querido entrar a la casa para salvarse. A mi marido le empezaron a arder los labios y había un olor muy raro. Estaban trabajando enfrente…”, recuerda Carina. Llamó a Patricia Benítez, otra vecina. Y ahí arrancaron, las locas de las fumigaciones. 

Denuncias públicas, panfleteo con información, ninguneo municipal. Averiguación de una legislación que no existía, hasta que definieron constituirse en la organización Exaltación Salud, que milita por un partido sin venenos, agroecológico y con soberanía alimentaria. Así empezaron a luchar para que hubiera una ordenanza. “Presentamos un proyecto con una exclusión para la fumigación terrestre de 3 mil metros. Tres días después, la concejal María Luz Bozzani –hoy secretaria de Gobierno en la intendencia del Frente de Todos– presentó otro para contrarrestar al nuestro, donde no había límite de metros y quedaba a criterio del Ejecutivo. Votaron ese proyecto y el Poder Ejecutivo nunca reguló nada”, cuenta Patricia, que profundiza: “En 2018 hice una denuncia por estar siendo fumigada y en marzo de 2019 me otorgaron judicialmente una exclusión de 1.200 metros, pero solo para mi casa. Apelamos y en septiembre logramos una cautelar judicial de 1.000 metros para toda la población, que hoy sigue en vigencia. Ni bien salió el dictamen, la Sociedad Rural amenazó con que iba a denunciar a Exaltación Salud por daños y perjuicios…”.

Patricia, de 52 años, es dueña de una de las cinco farmacias de Cardales, uno de los siete cuarteles en los que se divide Exaltación de la Cruz. Describe un panorama desolador: “Por lo que la gente viene a contar y a comprar, cada vez hay más casos de diabetes, problemas respiratorios y de tiroides –sobre todo hipotiroidismo–, alergias, broncoespasmos. Y muchos, muchos, casos de cáncer. Está todo tan naturalizado que da terror”. Ejemplifica hasta dónde puede llegar la creatividad en la búsqueda de la supervivencia, así como la pasividad estatal: “Queremos armar una app para que la gente denuncie sus enfermedades, ya que el municipio no lo hace”. 

Carina complementa: “Hago enfermería en domicilios y la cantidad de casos de cáncer que hay en niños y jóvenes es alarmante”. En 2015 puso en venta la casa para no morir en el intento de vivir en un ambiente puro. Asegura que la cautelar no se cumple. Las pruebas están a la vista. Solo hace falta ir al territorio y caminar: desde su casa en el barrio San José del Tala, hasta el campo más próximo sembrado, hay 349 metros. La cosecha de maíz transgénico en campos de la familia Rossiter fue recientemente levantada a muchos menos de los mil metros permitidos. Sentencia: “Los agroquímicos en la pandemia no frenaron. Ellos eran esenciales. Vamos a enfermar y a morir por agroquímicos, pero no callados”. Ya no tiene en venta su casa. “Vamos a luchar hasta el final”. 

Anabel Pomar, periodista, sobre un campo fumigado en Cardales. Su pareja falleció en septiembre. Ella consulta: “¿A cuánto un pibe? ¿Cuánto vale una vida?”

El fiscal no sigue a Tinelli

El abogado ad honorem de las y los vecinos se llama Fabián Maggi. Representa más de ochenta causas ambientales en distintas provincias del país. En Exaltación, es letrado en  dos causas civiles y en cuatros denuncias penales.

Las dos causas civiles:

  1. La denuncia de Patricia Benítez que derivó en la cautelar de protección terrestre.
  2. En marzo de 2019, en la localidad de Parada de Robles una avioneta fumigó a la luz del día y pasó sobre una escuela rural por encima de las y los alumnos. Tania Medina había llevado a su hijo a su primer día de clase en la primaria. “Ni bien me enteré me fui a filmar. La avioneta no paraba, seguía rociando. Pasó arriba de los chicos. El video se viralizó tanto que hasta Tinelli lo retwitteó”, comenta Tania debajo de un tupido nogal. Desde ese momento, las pulverizaciones aéreas están completamente prohibidas por una ordenanza que se consiguió a partir de la movilización ciudadana. Cuando Tania fue a denunciar el hecho, el fiscal Juan Manuel Esperante no quiso tomarle declaración. “‘¿Cómo sabés que fumigan?’, me decía. Parecía que tenía que llevar a alguien muerto. Sentí mucha impotencia. El fiscal no actuó, ni peritó la avioneta. Por arriba de mi casa también pasaba. Me secó varios árboles y me mató muchos animales: 11 pavos, gallinas infartadas, ovejas que me mal parían y se les morían las crías”.

 Las cuatro denuncias penales:

A) Comarca del Sol es un barrio emplazado en una zona de casas quintas del cuartel El Remanso. Las pulverizaciones no discriminan. Arrasan con todo. Donde viven Humberto Marcelo Puccini, 64 años, y María Ester Santillán, 66, la música de fondo la ponen los horneros, zorzales, tordos, entre otras aves. Las palabras no: “El 6 de agosto de 2019 nos fumigaron a 200 metros. A veces nos acordamos del olor como si fuera hoy, como si fuera a cable quemado. Quisimos declarar en fiscalía y primero no nos dejaron. Después, durmieron la denuncia”. Ambas son personas de riesgo. Varios análisis clínicos bacteriológicos determinaron que el agua de su casa no es apta para consumo.

B y C) Involucran a la familia Garri. El matrimonio tiene glifosato en el cuerpo y sus hijas daño genético y alteraciones endocrinológicas en estudio. La primera causa judicial refiere a que se trata de una familia rodeada de plantaciones transgénicas desde hace años en el barrio La Lata. Corina, la hijita de 3 años, sufre alopecia –ausencia total de cabello–. Para la médica que la atiende su enfermedad se originó por la exposición a agrotóxicos.  

Verónica Garri, su mamá, plantea: “Empezamos a ir al psicólogo familiar para sobrellevar el tema de Cori. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? No va a tener pelo por el resto de su vida”.
La segunda es reciente: martes 14 de septiembre. Detalla Verónica: “En frente de casa y a 10 metros de una escuela paró un mosquito (pulverizador terrestre de agrotóxicos) con una camioneta. Se acercó mi marido y le dijeron que se les había caído agua. Se fueron rápido. Fuimos a verificar y no era agua. El olor era muy fuerte y a mí se me durmió la boca. Llamamos al inspector de medioambiente y mandó a los bomberos que diluyeron el líquido. Ese día había viento, así que no podían fumigar en ningún lugar por más que estuviera autorizado. Nunca tomaron muestras para hacer análisis y tiraron agua para tapar las pruebas. Es horrible ver cómo el municipio te toma de idiota. No les importa nada, ni el futuro. Es indignante”. La comunidad sí tomó muestras del suelo: 14 agrotóxicos encontrados, con valores incluso más altos de los hallados en el suelo de la fábrica de agrotóxicos Atanor, donde se enterraban residuos ilegalmente. Cierra Verónica. “Nos vamos a quedar sin agua, con tierras inútiles y sin salud. Y no cambiará si tenés plata o no. Será para todos igual”.

D) El fiscal Esperante, de la fiscalía descentralizada de Capilla del Señor, fue denunciado por incumplimiento de deberes de funcionario público y lo apartaron el pasado 18 de agosto. Desarrolla el abogado Fabián Maggi: “Fue preocupante la actuación del Ministerio Público Fiscal en todas las causas. Un silencio absoluto que llevó a la omisión de sus deberes. No citaban a las víctimas, no controlaban si era cierto lo denunciado… lo que comúnmente se llama cajonear las resoluciones. A partir del apartamiento de Esperante, las causas las llevan en la fiscalía de Zárate-Campana, que está investigando correctamente aunque ya se perdió tiempo importante para lograr pruebas”.

Maggi plantea un análisis general: “En el país la legislación ambiental es de vanguardia, reconocida internacionalmente. Permitiría una tutela enérgica del ambiente, pero no logramos el objetivo por la debilidad del Poder Judicial. El poder político condiciona al judicial, por estar a su vez subordinado por el poder económico. Así, los ciudadanos estamos en un estado de desprotección total por esa mecánica siniestra”.

Marcelo Puccini en su bella huerta del barrio Comarca del Sol. Él y su esposa María Santillán fueron fumigados a 200 metros: “El olor era a cable pelado”. No les querían tomar declaración, luego cajonearon la causa: modelo de justicia.

Las no respuestas

A fines de 2019 asumió como intendente del municipio Diego Nanni, del Frente de Todos. Atiende el teléfono ante el llamado de MU, pero no tiene ganas de escuchar preguntas. Corta. Y ya no responderá ningún llamado. Martín Faure es el director de Producción y Ambiente. Parece predispuesto a ser entrevistado. Fija un horario de encuentro presencial, pero luego lo cancela. Y ya no responderá mensajes ni llamados. El 24 de agosto pasado, el Concejo Deliberante votó en contra de una ordenanza que buscaba incorporar los 1.000 metros de exclusión que efectiviza la cautelar judicial, dentro de la ordenanza vigente, que sólo los aleja a 150 metros de viviendas y a 300 de escuelas. 

María Luz Bozzani es la secretaria de Gobierno de la intendencia. Su tío Ricardo, otrora intendente y concejal, sigue siendo la persona más influyente en el Partido de Exaltación de la Cruz. Su sobrina acepta responder unas preguntas. 

¿Qué piensa de la contaminación del agua en Exaltación de la Cruz en relación al uso de agrotóxicos?

Más allá de lo que yo pienso, lo que estamos haciendo es pedirle a Bromatología que pida a la universidad que hizo los estudios (la de La Plata, Facultad de Ciencias Exactas), que por favor nos los brinde. Por otro lado, desde el Municipio mandamos a tomar muestras en los mismos lugares que los vecinos y a nosotros no nos da presencia de ninguna de estas sustancias.

¿Qué piensa en general sobre el uso de agrotóxicos?

No te voy a responder eso, porque no, no, no, no voy a entrar en esa cuestión. Insisto con esto: nosotros tenemos un poder de policía municipal; dentro de esto tenemos que hacer el control del agua y lo que la gente consume, y eso es lo que estamos haciendo, trabajando con quien corresponde, y más allá de mi opinión personal trabajamos con las ordenanzas y normas vigentes. Haciendo respetar la medida cautelar vigente y sería irresponsable hablar de mi percepción personal cuando esto tiene que ser un consenso para llegar a la mejor solución para todos y al bien común.

En 2019 se hizo un relevamiento en 30 manzanas donde se detectaron 50 casos de cáncer. ¿Está al tanto?

¿Es un relevamiento hecho por quién? ¿Por el Municipio? ¿Por algún particular? 

Por vecinas y vecinos de los barrios San José y Esperanza, de Capilla del Señor.

No estoy al tanto. Es anterior al ejercicio de mis funciones desde hace dos años.

Cuando salió la cautelar judicial sobre los 1.000 metros de exclusión terrestre, el intendente Diego Nanni dijo que ese era un piso. Sin embargo, hoy el Poder Ejecutivo tiene la potestad de modificar la ordenanza y ampliar la exclusión, ¿por qué no lo hace desde  2012?

Porque estamos tratando de presentar una ordenanza que regule más allá de los metros; la situación la estamos trabajando en el Ejecutivo, y mientras tanto existe la cautelar vigente. Para nosotros es muy importante construir el consenso entre todos los sectores involucrados para llegar al bien común. 

Recién usted dijo “más allá de los metros”, ¿qué sería más allá de los metros?

Toda la regulación de la aplicación de fitosanitarios. Más allá de la distancia permitida hay otro montón de cuestiones a tener en cuenta para la seguridad de la aplicación. 

¿Qué piensa de la distancia permitida, que es hoy es de 150 metros según la ordenanza? 

Me estás insistiendo con una pregunta que me parece que ya es capciosa. Ya mi respuesta está dada.

Fue la primera vez que le pregunté sobre cuántos metros considera que debe haber de exclusión.

No te voy a dar mi opinión personal. Trabajo sobre los consensos y la seriedad que tiene que ser la que prime sobre esta situación.

Si no me quiere dar su opinión personal, le pregunto por la opinión de la Intendencia.

Hasta acá llegué, no te contesto más. Te contesté un montón de cosas y todo lo que para mí es importante que se sepa. Gracias. Hasta luego. 

Oficialmente, el Municipio no presentó ningún estudio ambiental. En relación al rol del Estado, Anabel Pomar señala: “Salud y Derechos Humanos parece que no existen en esto. Como si el Estado en esos roles estuviera estanco y de agrotóxicos solo debiera hablar Agricultura. Si tiene veneno mata y no es alimento. Más violación a los derechos humanos no encuentro”. 

Sandra Conte es la secretaria de Derechos Humanos. Contesta muy amable y pauta la entrevista, aunque sea “un tema sensible para hablar” debido a su rol. Luego se excusa una vez, y otra vez. Al cierre de esta edición, las promesas de contestar las preguntas sensibles no se cumplieron.

Omar Recchi ejerce la dirección del hospital público San José, el único en Exaltación de la Cruz. Acepta ser entrevistado telefónicamente. 

¿Qué piensa de la contaminación del agua en Exaltación de la Cruz en relación al uso de agrotóxicos?

Bueno, esperá un poquito. Yo soy el director del hospital. Te voy a responder todas las preguntas que vos quieras con respecto al hospital. Si está contaminada el agua tenés que hablar con la gente que se ocupa de la red de agua corriente. No tengo noción ni conocimiento de que el agua esté contaminada. Estás hablando con el doctor Recchi, director del hospital de Capilla del Señor. Atiendo a todos los periodistas porque están trabajando, pero te puedo contestar a lo referido al hospital. Y no es que me estoy lavando las manos. Hay un director de cada área, no voy a hablar sobre cosas de otra dirección. 

Como director del hospital, ¿qué piensa de los recientes estudios científicos que confirman la contaminación del agua y del suelo en el partido? 

Pensá lo que quieras, yo no te voy a responder sobre eso porque no estoy en conocimiento. Estamos saliendo de dos años de pandemia que no te puedo explicar lo que fue la segunda ola. Estamos bajando los casos de COVID y tengo el hospital explotado de ACV, infartos y cáncer, de gente que no se atendió durante dos años y no se hizo los controles. Y ahora está internada grave. No puedo meterme en temas de otra dirección. 

Al ser una cuestión de salud me parece importante su opinión. Recién habló por ejemplo de que tiene al hospital explotado por cáncer, entonces quisiera preguntarle…

Esperá, no me saqués de contexto. No dije sólo cáncer, también ACV, infartos, enfermedades oncológicas. Hay gente que no se controló en los dos años de pandemia y hoy tienen consecuencias. No saqués de contexto mis palabras.

No lo saqué de contexto, pero quiero preguntarle como médico y director del hospital qué opina del uso de agrotóxicos.

Yo te respondo sin comentarios. Sin comentarios porque no sabés los problemas que tengo en el hospital como para andarme ocupando del tema de los agrotóxicos, que es muy importante, pero hay un área que se ocupa de eso y no es el hospital ni el director del hospital.

¿No ha recibido denuncias de muertes y enfermedades, casos de cáncer en el municipio?

Yo no.

En 2019 hubo un relevamiento en dos barrios…

Esta conversación termina acá; si querés hablar del hospital, de lo que fue el COVID, no tengo problema. No te voy a hablar de agrotóxicos porque tengo 64 años y no hablo de lo que no conozco. Te mando un abrazo. 

En el nombre del padre

La Exaltación de la Santa Cruz es una fiesta religiosa de la Iglesia Católica, en la que se honra la cruz donde fue crucificado Jesús de Nazaret. La fecha de esta celebración es el 14 de septiembre, mismo día del cumpleaños del Municipio fundado en 1735. La ligazón de la religión en esta localidad, cuya cabecera se llama Capilla del Señor, es evidente. Se percibe en sus nombres, pero también en las paredes y heladeras de vecinos, donde se multiplican las imágenes de vírgenes, papas y santos. 

En la parroquia Sagrada Familia de Cardales un cartel pide “Por favor silencio”, pero el padre Adrián decide romperlo. Y habla de un tema que, en general, la Iglesia no habla. “Sé que hay un conflicto de intereses, algo había escuchado en relación a los agrotóxicos, pero estaba enterado de la contaminación en el agua y el suelo”. Amplía: “Uno trata de transmitir siempre la palabra de esperanza, pero estas situaciones son alarmantes, vivimos mal, no tenemos una educación que nos ayude a vivir en el ambiente”, señala el cura que en pandemia empezó a compostar (proceso de descomposición de desperdicios orgánicos para transformarlos en abono). “Cuando se empieza a compostar uno toma más conciencia y queda más en evidencia la cultura capitalista de consumo, del consumir y el descartar. Esa cultura del consumo hace que terminemos maltratando la tierra y el espacio donde habitamos”.

Tiene 39 años y hace 10 que es cura. “El primer cambio que debemos hacer es en la propia casa, aunque es verdad que es muy difícil cuando uno tiene el agua contaminada en su propia casa. Excede la capacidad individual porque pasa por una cuestión política, de empresas”. Apunta: “Hay políticas que hay que cambiar estructuralmente para evitar la contaminación”.

Sobre el rol de la Iglesia en este tema, se confiesa: “A veces hablar de la Iglesia como institución es difícil, porque en definitiva somos personas de carne hueso y depende si nos comprometemos o no a ayudar. Y es difícil también porque hay estructuras que no lo permiten. Más allá de los colores políticos, sabemos que hay sectores que a veces terminan beneficiándose. El mundo no se mueve por la bondad y por el amor, se mueve por motivos económicos”. Y profundiza: “Cuando sucede esto, no es porque salió mal. Hay un plan, proyectos que buscan esta finalidad. Estas cuestiones son claramente signos de la cultura de la muerte y el descarte”. Y se pregunta: “Teniendo toda esta información, ¿cómo no se puede parar?”. Y se responde solo: “Hay intereses que no quieren que se pare”. 

Ladran Sancho

El jueves 11 de noviembre se llevó a cabo una movilización en contra de las fumigaciones que tuvo un acto central en la puerta de la Municipalidad. Susana Pittella, 72 años, integra el colectivo Vecinos del Humedal y acompaña la manifestación. Se sorprende por la cantidad de policías que hay en el punto de encuentro. “Es muy llamativo. Nunca vi un despliegue así y vivo acá hace más de veinte años. Jamás en la historia del pueblo había pasado un hecho de represión como el de la semana anterior”. 

Susana se refiere a un caso de violencia institucional que perpetró la policía local sobre un joven que estaba pegando carteles para difundir la marcha contra los agrotóxicos. La noche del viernes 5, Johanna junto a su compañero Rafa estaban estaban volanteando cuando se dio un hecho que rompió la calma imperante de Exaltación de la Cruz: “Apareció un auto de civil. Ningún policía se identificó con su placa. Me trataron con brusquedad hasta que el efectivo Arias pasó a mayores y me empezó a pegar. Me detuvieron y me llevaron a la salita de primeros auxilios. Delante de dos policías la médica me preguntó qué me había pasado y le dije que me habían pegado. Eso fue peor. Cuando salimos, ni bien cruzamos la puerta me empujaron contra la camioneta. Me insultaron y Arias me dijo: ‘La próxima vez va a ser mucho peor’. Me suben a la camioneta y adentro me pegó mucho más, en la cara y en las costillas”. El otro policía, de apellido Silvestrini, manejaba y le decía a su compañero que parara un poco, pero Arias me seguía golpeando”, relata Rafa, que continúa: “Yo estaba muy asustado. Cuando entré a la comisaría, una oficial dijo ‘anda con el grupo de la contaminación’. Luego Arias apareció con toda la mano vendada alegando que yo lo había lastimado. Se me acercó y me dijo: ‘La próxima vez voy a ser más duro con vos’. A las horas me liberaron”.

Agustín Brun es hijo de Patricia y también milita en Exaltación Salud. Da una mano sobre todo en la pata comunicacional. En la movilización lleva puesta una remera negra con un lema claro: “Basta de agrotóxicos”. Tiene 27 años y una amenaza recibida. “Hace un tiempo estaba volanteando en la plaza y apareció Martín Real Salas (recientemente elegido concejal por el Frente de Todos). Días atrás yo había informado en las redes que cuando se conocieron los casos de cáncer en los barrios San José y Esperanza, él había sido uno de los concejales en votar en contra del campamento sanitario. Me vio, se acercó y me dijo: “Tené cuidado”.

Contra la corriente

Tomás y Luz tienen 41 años y tres hijos. El campo más cercano donde se ha fumigado está a menos de veinte pasos. Literalmente enfrente. Una avioneta también les pasó por arriba. No es casual: Exaltación de la Cruz es un pueblo fumigado, de punta a punta. “Ves bajar el avión a metros, es una locura. Fumigaban en medio de la población, no lo hacen a kilómetros y kilómetros, no, son totalmente descarados. Es como que vengan y te tiren raid en la cara”, rememora Tomás. 

Él es psicólogo. Ella docente. Él y un grupo de vecinos crearon, a principios de 2019, la cooperativa Amaranto, comercializadora de productos agroecológicos. “Además de las denuncias, también quisimos ir por la positiva y así surgimos, ya que necesitamos que la agroecología brote por todos lados y para eso es clave, por un lado, achicar la brecha entre consumidor y productor; por el otro, no es posible que convivan la agroecología con el modelo industrial, que tiene una forma de producir violenta, que contamina todo”. 

En la previa a las elecciones nacionales, provinciales y distritales de 2019, Exaltación de la Cruz decidió inscribirse en la RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología). “Se firmó una carta de intención, pero no hubo ni un plan de trabajo acordado. Puede haber buenas intenciones, pero con eso no se gobierna, no se cambia la realidad. Acá las acciones fueron siempre a favor del agronegocio”, explica Tomás, cuya cooperativa reparte más de 700 productos sin agroquímicos. 

¿Qué debe pasar para fomentar la agroecología, pero de verdad? “Faltan concreciones reales. Destinar recursos. Que haya reglamentaciones y prohibiciones de las actividades que contaminan”. Y termina: “De leyes estamos llenos, y también de paciencia. Los políticos no están a la altura de la circunstancia. No dimensionan el quilombo en todas las latitudes. Son el Estado y aplastan”. Luz lo escucha y plantea su mirada docente, pensando en el futuro: “Antes éramos un par de maestras locas comprometidas con las fumigaciones, ahora hay muchas camadas nuevas involucradas”. 

Mientras se produce esta crónica, a Patricia Benítez le llega un mensaje de whatsapp: “Hay otra chica más del barrio Esperanza con un tumor en el útero, la operan para vaciarla la semana que viene. Su hermana falleció por cáncer”. 

Mientras se escribe esta crónica, Verónica Garri llora porque a Matilda, su hija mayor, le acaban de encontrar nódulos en el cuello. “Es indignante cómo se van llevando tu vida y la de tus seres queridos”.  

Mientras se edita esta nota, llega otro mensaje: “A 259 metros de la familia Garri se está fumigando”. El matrimonio tiene glifosato, herbicida que desde 2015 se determinó cancerígeno en animales, probable cancerígeno en humanos y genotóxico. Anabel Pomar descarga. “Que vayan todos presos quienes pulverizan y quienes permiten eso también. No se necesita seguir documentando, ya hay pruebas suficientes desde hace 20 años de los daños en las comunidades, en los suelos, en el agua, en los cuerpos. En Argentina se tiran 126 sustancias químicas que no se admiten en otros países. Si hay productos que están prohibidos en Europa, ¿por qué acá no?, ¿nuestros genes son otros? No hay forma de tirar bien un veneno, ni ‘buenas prácticas agrícolas. No hay que envenenar”. Desde 2017 es parte de Exaltación Salud. Un año antes, su papá había muerto de cáncer cerebral, en Pergamino, también rodeado de soja y plaguicidas. “Somos el país más pulverizado del mundo. Creció 1400% el uso de agrotóxicos desde que se instaló el modelo transgénico en 1996. Si se armó, quiere decir que se puede desarmar, pero para desarmarlo hay que nombrarlo como corresponde”.

Para nombrarlo como corresponde, a veces no hace falta hablar, ni estar, corporalmente. En la pared de la casa de Gabriela, en el barrio Esperanza, hay una hoja en blanco colgada en la pared. Un dibujo sobre la hoja en blanco colgada en la pared. Un dibujo de una adolescente sobre la hoja en blanco colgada en la pared. Y ahí está Ana Rocío, Anita, amante de los colores, de hacer pulseras con mostacillas, de los fideos con tuco. Ahí está Anita, dibujada, presente, con la mano derecha extendida hacia adelante. Pidiendo que paren. Que paren… De una buena vez.

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Agro-lógicas. MU en Guaminí: producción y alimentación sanas

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En un país asediado por contaminación, crisis climática y enfermedad, la agroecología propone otras lógicas que revelan que el modelo agrotóxico es anacrónico. El crecimiento exponencial en lugares como Guaminí, donde se cerró el Mes de la Agroecología, muestra cómo la rentabilidad se combina con la ética, la alimentación sana y la recuperación de los campos. De 100 hectáreas en campos grandes pasaron a 5.000 y la producción local de alimentos creció 3000% en dos años. Cómo cambiaron las vidas y las miradas de la gente que eligió construir grupalmente su propio destino. Por Sergio Ciancaglini.

Foto: Sebastián Smok

La utopía tiene buena prensa. Y la peor. 

Desde que se le ocurrió la idea de su libro en 1516 a don Tomás Moro (pensador inglés, escritor, santo, poeta, profesor, juez, abogado y canciller de la monarquía, entre otros empleos temporarios), el concepto se refiere al diseño de una sociedad ideal. 

El diccionario define a la utopía como un “plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización”. Segunda acepción: “Representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano”. A Tomás Moro, por determinadas rebeldías, le podaron las representaciones imaginativas en 1535 mediante un mecanismo tajante: fue decapitado. 

El concepto de utopía quedó vigente. El propio Moro planteaba en su libro que esa sociedad ideal no podría existir nunca. De hecho, utopía significa “no-lugar”, “lugar que no existe”: una sociedad colaborativa, armónica y acaso feliz, que a la vez es irrealizable porque tales perfecciones son imposibles en estas vidas imperfectas, de tan humanas, que nos toca transitar. 

Muchos progresismos se aferraron a las utopías, resultando en términos deportivos un gol en contra: al calificarlas así plantean desde el arranque, sin decirlo, que esos sueños son inalcanzables. Del otro lado de la grieta quedan los autopercibidos “científicos”, “técnicos”, “realistas” & afines, que tienden a tachar como utópica cualquier idea nueva que signifique una mejora práctica que no les conviene.

Estas extrañas asociaciones me surgieron observando acelgas, lechugas y berenjenas. Y recorriendo campos junto a personas hospitalarias y divertidas dedicadas a la agroecología, a la que hay quienes describen como utopía para ensalzarla, y otros para ningunearla.   

Tales encuentros no ocurrieron en un “no lugar”, sino en un lugar llamado Guaminí, en el oeste bonaerense, que parece una representación imaginativa diseñada junto a la Laguna del Monte, una de las Lagunas Encadenadas que –de tan grandes y bellas– parecen un mar en el medio del continente con la otra orilla a 9 kilómetros, casi en el horizonte.  

Sorpresas encadenadas

Guaminí ha hecho un largo camino de hallazgos sorprendentes y nada utópicos en sus territorios y, al final, lo que estaba más cerca y no se veía: la propia mesa. La historia puede comenzar con un vecino, biólogo y doctor en Recursos Acuáticos Renovables llamado Marcelo Schwerdt. Fue director de Medio Ambiente de la municipalidad desde 2008 durante una gestión que aliaba a radicales y vecinalistas. Le preocupaba la contaminación de las aguas y lagunas, y tuvo ideas encadenadas. “Nos lanzamos a hacer una ordenanza municipal para evitar la contaminación y regular el uso de agroquímicos”. Usaron entre sus fundamentos un trabajo de la Escuela Secundaria nº 4. Sus estudiantes adolescentes detectaron sin dificultad lo que el Estado y las universidades, por ejemplo nunca habían investigado: el uso desaprensivo de venenos. En 2011 cambió el gobierno, ganó el Frente para la Victoria y mantuvo a Schwerdt en el cargo, pero la ordenanza seguía cajoneada incluso en 2014. Se organizó una conferencia con el ingeniero Marcos Tomasoni, de la campaña Paren de Fumigarnos de Santa Fe. Schwerdt: “Contó que la deriva de los agrotóxicos no se soluciona con 100 ni con 1.000 metros, sino que se han detectado en lugares como la Antártida y el Sahara, donde jamás se aplicaron, por el modo en el que permanecen en la atmósfera”. 

Visitó Guaminí el doctor Horacio Lucero de la Universidad Nacional del Nordeste, Chaco, describiendo los daños genéticos en zonas fumigadas, malformaciones de recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer, disrupciones hormonales. El científico Damián Marino, de la Universidad de La Plata, informó sobre la presencia de pesticidas como glifosato y atrazina hasta en el agua de lluvia, en la zona de Guaminí. Otra conferencia acercó al ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá: “Agroecología, una posibilidad de producir con menores costos, rendimientos similares y menores riesgos”. Habló frente a los agricultores de no menos de 50 o 100 hectáreas, que lo escuchaban con amable escepticismo. Pero hablaban el mismo idioma. Cerdá explicó lo que significa la agroecología como diseño y estilo de la producción. Contó lo que propone con respecto a las malezas. “Las promesas de los últimos años no se cumplieron, cada vez se usan más agroquímicos y resulta que pasamos de no tener malezas a tener más de 30 que son resistentes al paquete tecnológico”. Contó que cereales como la avena, el trigo y el sorgo, por ejemplo, se consocian con leguminosas como la vicia y el trébol rojo que fijan nitrógeno y fertilizan el suelo. Se va dejando sin espacio a las malezas o se las integra al proceso, el suelo queda cubierto, húmedo, enriquecido, con un complemento posible en la ganadería. Mostró los números de un campo emblemático, La Aurora, de Juan Kiehr, en Benito Juárez. Por ejemplo: los costos directos (al no comprar insumos) eran un 65% menores. El margen bruto (ganancia), un 40% mayor. El retorno por cada dólar invertido, 1,13 para los campos agroquímicos, y 5,15 para La Aurora (un 350% más). 

Todo esto sin contar los beneficios para la salud y ambientales.     

Un puñado de productores se quedó conversando y acordaron el asesoramiento de Cerdá para dar los primeros pasos de la transición. Viajaron a La Aurora, a la Granja Naturaleza Viva de Santa Fe, y tomaron la decisión: empezaron a probar qué ocurría si hacían agroecología sumando entre ocho agricultores unas 100 hectáreas. 

Resultado: un año después eran casi 1.000 las hectáreas agroecológicas, y actualmente llegan a 5.000. Las cosechas de trigo pasaron de tener rendimientos de 2.800 kilos por hectárea, a 4.300, sin usar ni uno de los insumos químicos que las corporaciones y las facultades de Agronomía sostienen que son indispensables para producir.

En ese grupo original estaban el ingeniero Norman Best y su compañera, la bioquímica Cecilia Aguier, que apostaron por abandonar las neurastenias urbanas y hoy combinan la serenidad por un campo “mucho más rentable” con la alegría de haber tomado una decisión que les cambió la vida y el entusiasmo. 

Rafael Bilotta, ex integrante de Aapresid, la asociación de siembra directa que promueve el agronegocio transgénico: “Empecé con 30 hectáreas y terminé haciendo todo agroecológico. En Aapresid solo se pensaba en producir más, sin pensar el modo. Pero encima, en los números, el margen da a favor del productor agroecológico” dice este hombre que no hizo la transición a la agroecología por razones utópicas, pero que siente que le mejoró no solo la economía. 

Estaban también en el grupo el tambero Mauricio Bleynat; Atilio Schwerdt (el padre de Marcelo, que calcula que en sus 40 hectáreas se está ahorrando 5.000 dólares anuales de costos de agrotóxicos “y encima no jodo al campo”); el productor Martín Rodríguez (que empezó creyendo que esto era una cuestión de hippies y hoy es un motor del Centro de Educación Agraria 20 que está difundiendo y ampliando la agroecología en toda la región); Hugo Benito (“ganamos también paz, la paz es un derecho”); Fabián Fato Soracio (afinado productor, fértil guitarrero, define como “agro-oncológico” al modelo actual); Ana Alberdi de Coronel Suárez quien con su pareja Matías Corzo cultiva trigo, avena, sorgo, cebada, centeno, maíz, girasol y decidieron este cambio de vida a partir de tres preguntas inquietantes: 

– ¿Qué nos estamos metiendo en la boca?

– ¿Con qué alimentamos a nuestros hijos?

– ¿Cómo estamos viviendo? 

Mientras el grupo se afianzaba se dictó la ordenanza regulando el uso de plaguicidas. Schwerdt: “Vista hoy es ridícula, porque solo plantea 300 metros de distancia y 700 de amortiguación. Mi posición es la del doctor Damián Marino: la distancia ideal para los agrotóxicos es el infinito”. 

Guaminí, además, participó como puntal de la fundación de la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología que impulsó Eduardo Cerdá y hoy preside el propio Marcelo Schwerdt. Fue la sede, en este noviembre de 2021, del cierre del Mes de la Agroecología. 

Se agrandaron las lechugas

En 2017 Schwerdt renunció al empleo municipal, un tanto hastiado de empantanarse en burocracias. Pasó a conducir el Centro de Educación Agraria 20, con ideas de siembra educativa. “En uno de esos pocos días de lucidez que se tienen cada tanto, nos dimos cuenta de que estábamos con la agroecología extensiva, en campos grandes de pastizales y cereales, pero resulta que todos los alimentos del pueblo había que traerlos de afuera, porque aquí no se producía prácticamente nada. Eso era muy poco agroecológico”, cuenta con ojos asombrados.

El CEA se lanzó a la agroecología intensiva en 2019: “Hicimos una huerta de media hectárea y un invernadero a pleno. Tenemos ajo, remolacha, acelga, apio, cebolla, cebolla de verdeo y cebollín, rúcula, kale, porotos, tres variedades de lechuga y todo lo que te imagines de cultivos de invierno, y en primavera agregamos berenjena, morrón, tres variedades de tomate, zapallo de todas las clases, maíz, y todo sin uso de químicos. También crían patos, gansos, conejos, gallinas ponedoras, ovejas, cerdos, siempre criados agroecológicamente”. En 2019 otro intendente, José Augusto Nobre Ferreyra (FdT) le ofreció a Schwerdt ser secretario de Turismo y Patrimonio. Pidió agregar Desarrollo Rural Sustentable: lo logró. “Eso me permite trabajar en lo que hacía, y colaborar para que todo esto siga creciendo”. 

La movida nutritiva empezó a incluir a posibles productores de alimentos: “Se logró algo similar a lo de los campos extensivos, donde pasamos de 100 a 5.000 hectáreas. En horticultura intensiva empezamos desde la casi nada, pero ya hay 12 hectáreas de cultivo de alimentos con proyección a 20 muy pronto”. Transición: de menos de 10 toneladas de alimentos en 2019 se pasó a 100 en 2020 y 300 toneladas en este 2021 (3.000 % más que en el arranque).

Entre los productores está Miriam Mori, en Arroyo Venado, a 15 km de Guaminí, cocinera profesional: “Parece que me salen bien las tartas, pero me dedico a la huerta que me cambió la vida” dice recorriendo esos lotes junto a MU. “Hace tres años sacábamos lechugas de 200 gramos. Hoy son de 800 gramos. Se agrandaron las lechugas y nos agrandamos nosotros sin utilizar químicos ni fertilizantes. Estamos re contentos” anuncia por ella y por su marido, Javier Basualdo. 

El impulso municipal les permitió pasar de un cuarto de hectárea a dos. “Ahora ya no cultivamos solo para los 70 habitantes de Arroyo Venado sino que vamos a ferias y verdulerías de distintos pueblos. Estamos trabajando para que lo agroecológico aparezca diferenciado en las verdulerías porque cada vez más la gente quiere este tipo de alimentos. Se agrandó también la soberanía alimentaria” explica Miriam, mamá de Álvaro (17), Guadalupe (15) y Matilde (10). “Todos colaboran con la huerta. Es que si te gusta lo que hacés no es un peso. Se va encontrando un equilibrio. Yo creía que había que usar plaguicidas para el gramón, para las hormigas, para todo, hasta que aprendí que no es necesario y esto también nos tranquiliza como personas, por nuestra salud, y por nuestros hijos”. 

Dice que ahora hay diversidad, con corredores de plantas para que las posibles plagas de insectos tengan de qué alimentarse. “Si encuentran todo fumigado y pelado, se van a comer tu cultivo. Si dejás de hacer todo eso, vimos que las cosas salen mejor y te evitás todo el veneno”. 

Hablemos de plata

¿Será una imprudencia consultar cuánto están ganando? “En invierno fueron unos 75.000 pesos por mes, con pocos productos. En verano es mucho más: se duplica o triplica. Y haciendo algo que a la vez es lindísimo”. También hay una parte de inversión: “Hace dos años teníamos apenas 300 plantas de tomate, ahora compramos 2.000 plantines, 1.600 de morrones, otros 1.600 de berenjenas, y eso nos llevó unos 70.000 pesos, pero los generamos con la huerta y todo eso después se reproduce como ventas”. 

Los precios de las verduras agroecológicas son los mismos o menores a los del resto del mercado: “Queremos que todo el mundo tenga acceso a estos alimentos. La gente los empieza a reconocer. La vez pasada me decían: ¿qué le echaron al tomate, que está espectacular? Y la realidad es que está espectacular porque no le echamos nada”. Conviene recordar que las verduras tratadas con fertilizantes sintéticos y plaguicidas pierden sabor justamente por el tipo de tratamiento al que son sometidos los suelos. Los alimentos agroecológicos mantienen en cambio los nutrientes de los cultivos, y su sabor (ver nota en MU 157: “Cómo como”). 

Cuenta esta mujer de sonrisa espontánea que todo es aprendizaje. “Usamos purines de ortiga y no sabés los resultados. No es difícil. Y es hermoso. Vemos todo lleno de lombrices: para nosotros ese es la demostración de un suelo vivo”.   

Una huerta = ocho empleos

Patricio Hernández sonríe desde las alturas: mide 1,94. Él y su esposa Loren Sotelo, paraguaya instalada hace 15 años en Argentina, tienen tres hijos y un récord: la producción de huerta agroecológica les permitió abandonar definitivamente ocho trabajos: Patricio, en un estudio contable y dos oficinas más, lo que le llevaba entre 10 y 12 horas diarias; Loren, limpiando en cinco casas de familia. “Estuve 15 años trabajando en contabilidad pero hacía mi huerta en el patio de mi casa. Pudimos ir aprendiendo y hoy tenemos 3.000 metros cuadrados aquí en el pueblo. Los vecinos me fueron dando baldíos abandonados, de 20 x 50 metros. Los recuperamos, y tenemos la huerta del pueblo. En el campo alquilamos casi 3 hectáreas más intensivas, con toda la producción a cielo abierto. Acá en el pueblo gracias a Dios hemos ido armando invernáculos. Entonces de la huerta familiar pasamos a una producción mucho mayor”. 

Patricio solo lamenta algo, a los 37 años: “¿Por qué no habré hecho esto 5 años antes y me sacaba los otros trabajos de encima? Por donde lo mire, esto es algo que me cambió la vida, incluyendo la tranquilidad, lo que se disfruta, y encima lo económico”. Loren: “Lo de limpiar casas me lleva medio día, y ya no me sirve. Quiero dedicarme a esto, la gente está muy entusiasmada y necesitada de comer alimentos sanos” dice llevando un cajón de lechugas deslumbrantes. Lo que no abandonó Patricio es su función como bombero voluntario en Guaminí. “Lo tomo como una responsabilidad ante el pueblo. Mi viejo fue bombero, y mi hija mayor ya está por sumarse”. 

Paradoja agroecológica: no ve el trabajo como un trabajo. “Estás contento, con la tierra, de golpe pasás más horas con esto, pero acá no están los nervios, la mala cara del trabajo. Pusimos góndolas y vendemos en el comedor de mi casa. Repartimos en los negocios del pueblo y también bolsones de verdura, que están medio de moda. Llegamos a varios pueblos y ciudades, tanto a familias como a negocios y verdulerías. En plata hemos hecho 145.000 mensuales de ganancia limpia para nosotros en invierno. Pero es la parte baja: en verano es el triple. Buscamos cantidad y calidad con un precio que a la vez sea muy accesible. Si en los negocios tenés la verdura a 80 pesos, ponele, nosotros la vendemos a 40 o 50”. 

No valora Patricio solo lo económico: “Lo principal es la tranquilidad mental, hacer las cosas con todo el grupo de producción y saber que frente al negocio de los agrotóxicos, acá estamos haciendo la cosas bien”. En el grupo también está Nicolás Porchilote, 25 años, que empezó con 20 metros x 40 y ya pasó a 3 hectáreas en el campo de su padre. “Me gusta lo grupal, lo sano, y la entrada económica es muy buena”. Diferencias: “Lo que comprás en una verdulería parece de telgopor. Acá tenés verduras con jugo, con sabor, la gente lo está pidiendo porque hay un cambio de mentalidad. Estamos comiendo alimentos que hacen muy mal. Es la realidad. Hay que producir y comer otro tipo de cosas. La gente tiene que buscar y nosotros tenemos que acercarle esos alimentos, porque así se genera conciencia y además un mercado”. 

El salto agroecológico en alimentos tuvo que ver también con el contacto con el ingeniero agrónomo Walter Tejada (le dicen Juje, de puro jujeño), que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense impulsa desde hace 10 años el crecimiento de la horticultura intensiva y formó la Red Hortícola Ecológica de la RENAMA. “Esto es un desarrollo de la periferia al centro. En el oeste y norte de la provincia hemos reunido ciudades, pueblos y localidades que ya suman 250 hectáreas de producción de alimentos en Junín, Rojas, General Viamonte, Bragado, Bolivar, Daireaux, Pigüé, Saliqueló, Rivadavia, General Villegas, Ameghino, General Pinto, Lincoln, Tres Lomas, Pehuajó, Yrigoyen, Carlos Tejedor, entre otros. El agricultor sabe que la manipulación de agroquímicos es violenta, que genera enfermedades, muertes, y empieza a buscar otra relación de producción y de comecialización. Es algo desde abajo, porque en 10 años no hemos tenido ninguna participación ni acercamiento de las facultades argentinas. Sí de México, donde hemos dado cursos a productores de más de 12 municipios. De 36 facultades de agronomía en el país, solo dos tienen a la agroecología como materia obligatoria de su currícula”. 

Lo que recibe el consumidor: “Los precios son mucho más accesibles, verdura de alta calidad que llega a estar a 2/3 de precio o menos que la otra”. 

La clave productiva: “Pasar de la huerta hogareña a la horticultura intensiva agroecológica, mediante mecanismos de producción escalonados que permiten que no haya baches y siempre se pueda estar produciendo. Es la llamada escalera boliviana: primero siembran hortalizas rápidas como rúcula, achicoria, rabanito que se cosechan en 20/25 días con un ingreso constante; luego hojas de mayor tamaño como lechuga, acelga y remolacha que llevan de 30 a 60 días con mayor entrada de dinero; un tercer escalón de frutos (tomate, berenjena, pimientos) sin dejar de hacer nada de lo otro. El resultado es inclusión social gracias al sistema que trajeron desde Bolivia, donde la gente es muy sabia y logra implementar rápidamente técnicas e innovaciones”. Para Walter “esto también es parte de una nueva conciencia social sobre la alimentación. Pero es también un sistema que incluye lo familiar, lo social, lo cultural y principalmente lo ambiental. Lo productivo es un plano que puede correr paralelo, pero todo lo otro también tiene una importancia central”. 

Aplauso para el asador 

Otro encadenamiento agroecológico apunta a una novedad: la posibilidad cada vez más cercana para quienes consumen de acceder a carne agroecológica.  En Guaminí, Jorge Themtham, productor de Treinta de Agosto (a 84 km) y miembro del grupo Suelo Vivo, que integra la RENAMA, cuenta el acuerdo con la UTT (Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra): “Comenzamos la venta al público de carne de animales criados a pasto, agroecológicamente en la carnicería de la UTT en Sarandí. Hace meses veníamos conversando, nos hemos reunido, y ya en este fin de noviembre se inauguró esa modalidad. Van a vender al público y también envasar al vacío para ofrecer en sus distintos mercados”. ¿Diferencia de la carne agroecológica? “Es mucho más sabrosa, no tiene ese gusto a cerdo, o a chiquero, de la carne de feed lot. Tiene una coloración más roja y la grasa tiene una tonalidad amarilla. Lo bueno es que se va a vender además a un precio justo, porque nos evitamos mandar a rematar la hacienda al Mercado de Liniers. Estamos muy entusiasmados, puede representar un cambio grande para la producción y también para la gente”. En la propia Guaminí, Norman Brest tiene una remera blanca con un escudo: Asociación Grassfed Argentina – Regenerando suelos. “Es una creación de hace un par de semanas como entidad sin fines de lucro, para ir encontrando formas de difundir y comercializar la carne criada a pasto, y romper el mito de que la ganadería contamina. Los que contaminan el planeta son los feed lots, además de todo lo que afectan a la salud animal y humana. Y yo me sumé con la idea también de que la carne de alta calidad tiene que mantener un precio accesible a la gente, y que sepas lo que estás comiendo. Acá si hacés las cosas bien te dejan más solo que loco malo. Lo que nosotros queremos es revalorizar esta producción, regenerar suelos y que todas las familias tengan acceso a alimentos sanos”.   

La lógica del presente

Eduardo Galeano decía: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. 

Tomando esa bella imagen, puede confirmarse que la agroecología también sirve para caminar: llevo varios pares de zapatos gastados en recorrer estos campos increíbles durante los últimos años. 

Pero la agroecología, al revés que la utopía, no es algo que se aleja, sino una realidad práctica que no solo se acerca sino que está aquí, en el presente, en el suelo, en lo que se produce y en lo que (a veces) comemos. Conviene recurrir nuevamente a la creatividad de Fabián Soracio, quien pergeñó el concepto del “modelo agro-oncológico” pero además, en este viaje a Guaminí, me ilustró con otro hallazgo: “Somos agroecológicos, pero sobre todo somos agro-lógicos”. 

Otro neologismo inolvidable: la agro-lógica, para entender Guaminí y cada milímetro dedicado a la esta forma de producción. El sentido común como observación y capacidad de transformación de la realidad, de suelos y de lugares concretos. La visión agro-lógica que calladamente plantea respuesta y propuesta a temas laborales, ambientales, personales, sociales, económicos, territoriales, de salud, éticos, planetarios. 

En el cierre del Mes de la Agroecología, Guaminí recibió entre los visitantes a uno de los pioneros de la actividad, Juan Kiehr, joven clase 1943, quien me plantea su hipótesis: “Esto no es una opción. Es la solución”. 

La agroecología, en ese caso, sería una noción que no decapita sino que reinstala cabezas y recupera corazones. Parece capaz de desplegar proyectos, deseos y realidades fértiles. Se aleja de una cultura bastante zombi y resignada de pensamiento que tal vez sea, además de enferma, anacrónica. 

Marcelo encadena el argumento en términos prácticos, científicos y también nutritivos. “Creo que se está demostrando que se pueden hacer las cosas bien. Le estamos encontrando el agujero al mate”.

Guaminí: datos fértiles

•  De 100 hectáreas agroecológicas en 2014 pasaron a 5.000 en 2021.   

•  Producción de trigo: 2.300 kilos por hectárea en los campos agroquímicos, 4.800 en los agroecológicos.

•  Instalaron un molino, La Clarita, de harina integral agroecológica. Por el éxito, se abrieron otros 9 molinos similares en la zona, convertida en polo harinero. Los productores ganan entre 5 y 10 veces más que vendiendo a molinos convencionales. 

•  Horticultura: en 2019 había menos de 10 toneladas de alimentos cultivados en la región. En 2021 se han organizado 10 productores que llegan a 300 toneladas (3.000% más) en 13 hectáreas, que pronto serán 20. Ya pueden abastecer al 25 o 30% de la demanda de verduras en Guaminí. 

•  Con productores de la zona y de Treinta de Agosto, se lanza la venta de carne de animales criados a pasto, en contacto con la UTT que así inauguró su primera carnicería agroecológica. 

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Impunidad Nunca Más

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Juzgarán a los jueces por el fallo misógino que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez.

Foto: Lina Etchesuri

Hace 3 años, la familia de Lucía Pérez debía soportar un proceso tortuoso en los Tribunales de Mar del Plata, donde los jueces  Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale los sometieron a un juicio que los revictimizó y terminó dejando impune a los victimarios por el femicidio de la joven de 16 años.

El televisor que en la muestra El cuarto de Lucía, emite parte de la grabación de aquel proceso, exhibe sin metáforas cómo (no) funciona el Poder Judicial hoy: Marta Montero, Guillermo Pérez y Matías –madre, padre y hermano de Lucía– debieron declarar a metros de los femicidas, separados apenas por un policía, en una sala ínfima y cargada de tensión.

En ese contexto, debieron además responder preguntas que hacían eje sobre la vida de Lucía: qué le gustaba escuchar, qué profesión quería seguir, con quién y de qué chateaba, con quién salía…

Finalmente usaron esa información, que nada tenía que ver con el femicidio de la joven, para dejar impunes a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel, a quienes les imputaron solamente cargos por tenencia y venta de estupefacientes.

Desde entonces, la lucha incansable de Marta, Guillermo, Matías y la Campaña Nacional Somos Lucía se centró en lograr dos cosas, concretas y enormes a la vez:  un nuevo juicio imparcial y serio, que juzgue a los responsables por femicidio; y que los jueces Gómez Urso, Viñas y Carnevale sean juzgados por ese fallo misógino que consagró la impunidad en primera instancia.

En mayo de este año la Suprema Corte bonaerense confirmó la anulación de la sentencia que absolvió a los acusados y ordenó la realización de un nuevo juicio, con perspectiva de género.

Y ahora, 5 años después del femicidio, 3 años después del juicio vergonzoso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados les dio la razón: el 23 de noviembre confirmó que Gómez Urso y Viñas serán juzgados por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta” por aquel fallo. 

Carnevale escapó por la tangente de la jubilación anticipada que goza desde 2019 merced a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.   

El hecho es inédito en la Provincia de Buenos Aires, y espera sentar un precedente que la madre de la joven resume así: “Que nunca más se hable de la víctima”.

Los efectos del comienzo de este juicio político representan un freno a la justicia machista. Por eso lo reivindican otras familias víctimas: “Es un freno a esta justicia patriarcal, para todas”. 

Esas voces de familiares de Ángeles Rawson; de Nadia Ferraresi; de Cecilia Basaldúa; de Natalia Mellmann; de Agustina Fredes; de Analía Aros y muchas otras más acompañaron el festejo de la noticia del comienzo del jury ante el Senado Bonarense de La Plata, donde se produjo la foto que ilustra esta página.

Hasta allí llegaron, se manifestaron y acompañaron también numerosas organizaciones sindicales y sociales como la CTA-A, ATE, la Asociación Judicial Bonaerense, CICOP, el Movimiento Evita, el MST, La Poderosa, Patria Grande y Las Rojas, entre tantas. 

“La justicia nos dio ese sopapo pero nosotros, como pudimos, nos reconstruimos, con todos ustedes que creyeron en nosotros, que creyeron en Lucía que era la víctima”, dijo Marta rodeada por una mayoría de mujeres jóvenes, de la edad de su hija.

Guillermo, el padre de la joven asesinada, planteó su mirada: “Ya estamos para pedir la fecha de jury”, dijo en referencia a las luchas que siguen a partir de ahora, que incluyen además una nueva fecha de juicio que juzgue a los responsables directos de haber abusado y matado a la joven de 16 años.

Cristina Montserrat Hendrickse, abogada que acompaña a la familia de Lucía Pérez, clarifica sobre qué significa este antecedente judicial: “Es un cambio institucional importante. 

El Jurado de Enjuiciamiento cree en principio que hay verosimilitud para entender que estos jueces fallaron con parcialidad, con estereotipos y prejuicios. Es un mensaje a todo el Poder Judicial y es, al mismo tiempo, una señal muy clara para quienes tengan que juzgar hechos donde se destila violencia de género”.

La señal de un cambio se expresa en el hecho concreto de que Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas fueron preventivamente destituidos de sus cargos y dejarán de cobrar el 40% de sus sueldos como jueces.

Las jóvenes que participaron de esta imagen y que luego se quedaron celebrando frente al Senado Bonaerense saben que, más acá del castigo a estos magistrados, el cambio histórico está en seguir perpetuando esa alegría de confirmar que la única forma de dar vuelta la historia es luchando.

Como dijo Marta Montero, que ve en esas jóvenes a la propia Lucía, los horizontes se siguen trazando a la altura de las necesidades urgentes y los sueños colectivos: “Esto es el comienzo de una reforma judicial con perspectiva feminista”.

Justicia por Lucía.

Y por todas.

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