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Mostrar para curar: arte contra la violencia femicida

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La instalación El Cuarto de Lucía, la muestra Cuando cambia el mundo y la obra de teatro El virus de la violencia: tres experiencias en las que el arte aparece como forma de combatir la impunidad, construir justicia y desactivar los mecanismos de la violencia patriarcal. La potencia creadora para exigir respuestas urgentes y para sanar heridas sociales con reflexión y abrazo. Por María del Carmen Varela.

El Cuarto de Lucía en su cuarta edición, esta vez en el Museo de la Comisión Provincial por la Memoria en La Plata: también con arte y coraje, la familia logró que se iniciara el jury a los jueces que dejaron impune el femicidio de la joven. Fotos: Lina Etchesuri

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La cama tendida, una tabla de surf, el atrapasueños, dibujos y escritos pegados en las paredes. Una mesa de luz, una lámpara, un libro, un par de zapatillas en el piso. La habitación de una adolescente es lo que tenemos ante nuestros ojos. 

La certeza: la joven de rastas y dulce sonrisa no va a regresar. 

Lo que falta: justicia. 

La idea de replicar el cuarto de Lucía Pérez, de 16 años, asesinada el 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata, surgió en una caminata compartida por Marta Montero, su madre, y la periodista y escritora Claudia Acuña. Una manera de trasladar un lugar privado a un espacio público donde quedará expuesto el dolor de una familia. La intimidad de su habitación, el ámbito de los sueños, su mundo personal, al que podemos ingresar porque Lucía no está ahí.  La instalación se inauguró en la rambla marplatense, en la recova de ingreso al teatro Auditorium, el pasado 14 de febrero, día en que Lucía hubiera cumplido 21 años. Un televisor emite de forma ininterrumpida el juicio oral a los asesinos, que fueron condenados por venta de drogas, pero no por el femicidio de Lucía. En abril la muestra se trasladó al Museo de Bellas Artes Emilio Petorutti de La Plata y el día de la apertura la Comisión Bicameral de la Legislatura Bonaerense presentó una acusación formal contra los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas (Aldo Carnevale pidió la jubilación anticipada por lo que no fue alcanzado en el proceso), que absolvieron a los asesinos de Lucía: Juan Pablo Offidiani, Matías Gabriel Farías y Alejandro Maciel. Ese juicio había sido anulado en agosto de 2020 por el fallo vergonzoso que emitieron los jueces. En agosto de este año, la instalación estuvo en la Manzana de las Luces, en CABA y en noviembre se trasladó nuevamente a La Plata, al Museo de Arte y Memoria, hasta el 24 de noviembre pasado. Un día antes, los jueces Gómez Urso y Viñas fueron suspendidos, se les quitó un 40 % de sus sueldos y se resolvió que serán juzgados. Es decir: habrá dos juicios. El de los jueces, y se aguarda la fecha del nuevo juicio a los asesinos de Lucía, porque después de cinco años, el femicidio que originó el primer Paro de Mujeres, todavía sigue impune. El recorte de sus ojos aparece cada vez que la instalación se monta en un nuevo lugar, su mirada es un reclamo ineludible de justicia y la exigencia de #NiUnaMás. 

El Observatorio que lleva su nombre registra los femicidios, travesticidios y transfemicidios, en una cartografía de la violencia patriarcal. Un  trabajo autogestivo que se actualiza en forma cotidiana.

La instalación incluye también una enorme pared en donde se escriben a mano los nombres de las asesinadas. No son cifras, son personas a quienes el entramado de la violencia machista les arrebató la vida

Marta Montero reflexiona sobre la instalación que reproduce el cuarto de su hija Lucía: “Es una manera diferente de mostrar algo real sin dar un golpe bajo y duro. El cuarto te interpela y te das cuenta de que ese cuarto es de todas, es un cuarto como el tuyo, como el de tu hija, tu sobrina. Buscar justicia y tener derechos nos corresponde a todos. No es solamente festejar 38 años de democracia, cuando en esa democracia han quedado 2.200 mujeres muertas. A esta altura del año llevamos contabilizadas cerca de 300. Cuando vemos esos paneles llenos de nombres, cada espacio que ocupa ese nombre era una persona. Eso te pone los pies en la tierra y decís: Yo de acá salgo diferente, tengo que luchar por estas mujeres, ser su voz. Planteátelo, pensá y vas a salir distinta, porque esa Lucía también te pertenece a vos y ese cuarto también te pertenece a vos y vos no querés que ese cuarto esté vacío. El arte lo muestra de una manera cálida y genuina. Poder decir: ‘no quiero que esto me suceda a mí, ni a mi hermana, ni a mi prima, que no haya una Lucia más’. Que nos ayude a pensar y a ver las cosas de otra manera, desde el amor. Y desde ese amor podremos construir algo mejor”.

La obra de Andrea Giunta, en el CCK: una silla por cada mujer asesinada en 2021.

La ausencia

Una silla negra, otra detrás, y otra y otra. Son casi trescientas. En una sala de paredes blancas y piso de madera, hay una maniquí con peluca vestida de camisa blanca y jeans, sostiene en sus manos rígidas un cartel escrito a mano que dice un número que aumentó con el correr del tiempo (por eso el cartel tuvo que ser reemplazado aproximadamente cada treinta horas) y continúa con: “…sillas vacías, una por cada femicidio ocurrido en 2021”.  Al comienzo fueron ubicadas de forma espiralada, luego la sala quedó chica y las sillas invadieron la sala contigua. La instalación estuvo desde marzo hasta noviembre en el Centro Cultural Kirchner y formó parte de Cuando cambia el mundo-Preguntas sobre arte y feminismos. Reunió a varies artistas internacionales y fue curada por la doctora en Historia del Arte, escritora, investigadora y docente Andrea Giunta. La artista española radicada en París, Esther Ferrer –quien el 19 de diciembre cumple 84 años– explora la performance desde su juventud y afirma que gracias a ella “te lo inventas todo: la técnica, la definición, la teoría (si la necesitas). Es el arte más democrático que existe”. Hace algunos años Esther volvía a su casa de madrugada, estaba cansada, encontró una silla en la vereda y se sentó. A la mañana siguiente se topó nuevamente con la silla y se la llevó a su casa.  Muchas de sus performances e instalaciones fueron con esa y otras sillas. En 2015 realizó una sobre los femicidios sucedidos en España. Por cada ausencia, una silla. La acción se trasladó al CCK durante este año y el padrón del Observatorio Lucía Pérez fue consultado para agregar cada nueva silla.  “Esther ha sido una cronista de este año, de lo que hemos experimentado –afirma Andrea Giunta– y de nuestra posibilidad como sociedad de crear instrumentos para contribuir a que este problema se vaya diluyendo, vaya perdiendo esta monstruosidad”.  Andrea se interesó en la instalación de Ferrer y buscó actualizarla en el contexto local. “Trabaja con la silla desde los años 70, es un objeto absolutamente cotidiano, para ella se convirtió en una estructura, una arquitectura, un elemento conceptual. Antes de hacer esta obra, tenía una larga trayectoria trabajando en torno a la silla, también por eso la obra es más impactante, muy poderosa. Da una visibilidad a un problema que no hemos podido resolver, no hay una movilización por esto: la silla representa una estructura social, una comunidad que comienza en la casa y que llega al espectáculo público porque las sillas están desde lo privado, lo doméstico, hasta lo masivo”

¿Dónde reside la potencia de ver esa fila de sillas? “Podríamos pensar en sacar esas sillas de ahí y ponerlas en el medio de la calle, en una larga hilera y ver cuánto lugar ocupa.  Son una ausencia presente, para mi es una de las obras que entran dentro del carácter de ‘obra monumento’: en un sentido es el monumento de todas las vidas que hoy no están, a lo largo de este año. Es una forma de contar un proceso socialmente doloroso, irresuelto. Estas mujeres no son desaparecidas porque sus cuerpos aparecieron, pero son las víctimas de una forma de genocidio por goteo, poco a poco. Es una obra que se convierte en una forma de memorial, de recuerdo, homenaje, esos cuerpos ausentes juntos”.

¿Cuál es el rol del arte en estos temas que nos atraviesan como sociedad? “El arte no tiene que probar nada, entonces esa posibilidad de tener un campo de pensamiento desregulado es también una zona importante porque te permite imaginar soluciones”, considera Andrea. 

“El arte es la condensación de un proceso social, pero al mismo tiempo una obra interviene un contexto social y esa es una faceta interesante. Una obra es como una crisálida, tiene una vida que le va dando forma, que es la vida social, es la vida del artista  y también es un prisma o una forma fractal que irradia, impacta en el mundo exterior”.

La obra teatral El virus de la violencia, que utiliza los datos del padrón del Observatorio Lucía Pérez.

La otra pandemia

En plena cuarentena del 2020, comenzó a gestarse la obra de teatro El virus de la violencia. La actriz Romina Pinto y el actor Iván Steinhardt –pareja en la vida real y miembrxs de la Compañía Teatral El Vacío Fértil– comenzaron los ensayos a través de la pantalla de la laptop. De un lado elles en su departamento y del otro, la dramaturga y directora Marina Wainer desde España. En marzo de este año pudieron estrenar esta obra que marca con contundencia un hecho puntual: ocurre un femicidio. ¿Qué pasó antes? Una pareja de recién casados se va de luna de miel, irrumpen la pandemia y sus consecuencias. La violencia machista se instala y actúa. Cuando la obra termina, Romina e Iván permanecen en el escenario y sostienen la larga cartulina negra en la que pegaron los papeles blancos con los nombres de las mujeres, travestis y trans asesinadas. Los escriben a mano antes de cada función, con los datos del Observatorio Lucía Pérez. “Tenemos que hacer algo”, dicen e invitan a la reflexión y a la acción. “Desde que comenzamos con las funciones de la obra los nombres se han ido incrementando en cantidad y eso de alguna manera muestra lo descarnada que puede ser la realidad aún llevada al plano de la ficción, en función de la actualización de esos datos. De hecho con la Compañía vamos anotándolos a mano y para nosotros es como una suerte de ritual de redención, de reivindicación. En la primera función, el 6 de marzo, eran 57 femicidios y 212 al domingo de la última función, es abrumador” asegura Iván. “Lo que hacemos es consultar el listado del Observatorio, vamos escribiendo cada nombre y luego lo incorporamos en lo que sería el panel que va a estar expuesto en la obra”, agrega Romina, y continúa: “Es muy emocionante hacerlo porque nos ponemos delante del padrón y empezamos a escribir nombre por nombre y no hay forma de que no conectemos emocionalmente con la situación de cada persona que ya no está. Lo leemos minutos antes de salir y nos carga de emoción para poder dar todo lo que podemos en el escenario”. Iván: “De esa manera nos alejamos de las estadísticas, para no olvidar que no son un número. Son personas que ya no están”.

Una vez terminada cada función, Romina e Iván hablan con el público. Hay quienes se acercan para exponer una experiencia conocida, o para contarles sus propias vivencias y pedir ayuda. Iván sostiene que “el arte puede funcionar como un espejo, se puede tener incluso hasta otra capacidad de reflexión. Es una herramienta más. Nuestro pequeño rol es ofrecer esta arista. El arte puede ayudar a realizar una catarsis, especialmente cuando determinado tipo de situaciones dan desde vergüenza social hasta miedo de hablar de eso. A lo mejor esa conexión con el arte permite que se haga una proyección interna más profunda y animarse a dar un siguiente paso, como mínimo, ayuda a que sea más leve”.

Tres formas de visibilizar el horror. 

Tres maneras de señalar las ausencias y que esa falta sea un grito y ese recuerdo un reclamo, porque sin justicia no puede haber paz. 

El arte también pone el dedo en la llaga, echa luz donde hay oscuridad, revuelve los escombros de lo irresuelto y tira de la soga de lo posible. 

El arte es movimiento y ningún cambio nació de la quietud. 

Es el cristal desde el que se mira y cambia la óptica de lo que se percibe. 

No hace milagros, pero planta la semilla de la transformación. 

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

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La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
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La última Mu: Yo princesa

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