El 19 de mayo un operativo destruyó una huerta comunitaria del barrio de Caballito. Luego, reprimieron y detuvieron a quienes la defendieron.

A la madrugada golpearon la puerta. Gonzalo Rolón tardó en levantarse. En el trayecto, pensó en la hora y en la insistencia del llamado. Del otro lado, una vecina agitada le gritaba que habían entrado en la huerta. La mujer había corrido las 10 cuadras que separan el emprendimiento comunitario, ubicado a metros del la estación Caballito, hasta el Centro Cultural La Sala.
La noticia comenzó a circular rápidamente. Rodolfo Enrique Diringuer, consejero barrial lo resumió formalmente en su informe del 19 de mayo “Hoy aproximadamente a las 5 de la madrugada sin orden judicial, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri ordenó el desalojo por la fuerza de la Huerta Orgázmika de Caballito (sita en terrenos del Estado Nacional linderos a la calle Rojas y las vías del ferrocarril Sarmiento). 50 efectivos de la Policía Federal y la Policía Ferroviaria, conjuntamente con la Guardia de Infantería, actuaron acompañados por el empleado director del cgp6, Marcelo Iambrich, para ejecutar la ocupación del predio. Además de las fuerzas mencionadas intervinieron 2 topadoras que hicieron tierra rasa con las plantas del lugar”. Según las autoridades policiales que intervinieron en el operativo se actuó a pedido de la secretaría de Salud Pública para combatir el peligro de dengue. La excusa tenía poca elaboración, sin embargo, insistieron en que en el terreno se constató que había una bañera en desuso que podría ser un foco de peligro para los vecinos, los mismos que esa madrugada miraban sorprendidos semejante operativo. Lo que las topadoras arrasaron era un proyecto comunitario creado con el devenir del proceso asambleario que surgió en la crisis de 2001. Así nacieron La Sala y la Huerta Orgazmika.
Uno de los impulsores de estos espacios, Gonzalo Rolón, sostiene que el agotamiento de lo institucional, de la idea de representatividad, incluyó a los partidos políticos. Y que por eso buscaron otras salidas, otras formas de relacionarse que no escapan a lo político y que tienen que ver con la autogestión. En ese sentido, cuenta, a pesar de que el proceso asambleario fue desapareciendo, la Orgazmika y luego, el Centro Cultural crecieron con la incorporación de cooperativas, emprendimientos y talleres.
Concretamente en febrero de 2002 decidieron tomar los terrenos adyacentes a la estación Caballito para comenzar a trabajar la tierra. Era un baldío que con el tiempo se fue poblando con un horno de barro, un invernadero; crecieron las berejenas, una gran variedad de plantitas medicinales y verduras. A la vez era un lugar de reunión para los vecinos del barrio.
En tanto, La Sala comenzó con una biblioteca y una imprenta. Se fueron incorporando clases de capoeira, clown, folklore, idiomas, yoga y serigrafía, entre otras. Allí también funcionan varias iniciativas autogestivas: serigrafía, productos de limpieza, y fotoduplicación. Con la comercialización de todos los productos viven 20 personas y sus familias.
El día posterior a que se arrasara con la huerta, una movilización repudió el desalojo en las puertas del Centro de Gestión y participación n° 6 de Caballito. La policía reprimió a los manifestantes y comenzó a perseguir a los que intentaron resguardarse en el Centro Cultural La Sala, a varias cuadras del lugar.
Gonzalo cuenta que subieron por el techo, que les decían a los vecinos que los dejaran pasar porque estaban persiguiendo a unos delincuentes. Cuando las fuerzas de seguridad ingresaron a la casa sin orden de allanamiento rompieron parte de las máquinas utilizadas para los emprendimientos, golpearon a los que estaban trabajando, detuvieron a 22 personas y se llevaron objetos: dos cámaras fotográficas, una mochila y una bolsa de lentejas.
Por esta acción los integrantes de El Centro Cultural La Sala, junto con la abogada María Muñoz, presentaron una querella por torturas. En términos judiciales, es más que una denuncia: es una solicitud formal para que se investigue y se sancione a los responsables del delito. En tanto, la legisladora porteña Liliana Parada elevó en la Legislatura un pedido de informes sobre los dos episodios: el desalojo de la Huerta y el allanamiento de La Sala. Los plazos para responder este pedido ya se han cumplido y no hubo respuesta por parte del gobierno del pro. “Lo que hace Mauricio Macri como gerente es ir de frente y mostrar su verdadera cara”, define Carla Rodríguez. A la vez se pregunta: “¿Cuál es la novedad? Que en este caso se violenta el mínimo marco institucional y hace uso discriminado de la violencia.”.
“Los desalojos expresan la disputa de diferentes estratos sociales sobre la apropiación, el uso y el disfrute del espacio público y la vivienda” , resume Carla Rodríguez, investigadora del Conicet y referente del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (Moi). Dice además que pone en escena la profundización de un modelo excluyente de ciudad que comenzó a mediados de la década del 90 y que nunca se detuvo. En marzo de 1995, mediante la Ley 24.454, se reformó el Código Penal y se introdujo la figura de clandestinidad. Esta modificación permitió que, al constituirse el delito de usurpación, se obtuviera el procesamiento en causas que antes no eran consideradas penales, como ingresar a un inmueble sin ejercer violencia.
A principios de este año, el Jefe de Gobierno vetó la Ley de Emergencia Habitacional que congelaba todos los desalojos de inmuebles -alrededor de unos 1.200- que fuesen utilizados como vivienda. Según el Instituto de la Vivienda hay 12 mil casas tomadas en la ciudad. A pesar de este panorama, en los últimos años el ivc solo construyó 1025 viviendas. Con ese ritmo, recién en 84 años va a resolver el problema habitacional de los porteños.