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El desierto verde

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Misiones y la depredadora Alto Paraná. Dos barrios de Puerto Piray, municipio dominado por la empresa Alto Paraná, se plantaron en la ruta para denunciar el cerco de monocultivo y agrotóxicos que los está condenado a muerte. Darío Aranda recorre la zona de conflicto. Datos del desastre.

El desierto verde
Zona rural misionera. El camino ancho zigzaguea entre el verde. Casas humildes a ambos lados, la mayoría de madera. Gallinas, algún chancho y muchos perros. Cada parcela tiene menos de una hectárea. Ya no existen las extensas huertas, ni los animales pastando, como antaño. Están cercados por el monocultivo de pinos, de la multinacional Alto Paraná. Es la empresa propietaria del 62% del municipio de Puerto Piray, donde los campesinos denuncian los efectos de los agrotóxicos, la concentración de tierras en pocas manos, la expulsión de familias rurales y apuntan a los responsables: “Los políticos gobiernan para Alto Paraná, no para el pueblo”.
El desierto verde
Sábado a la mañana en El Dorado, ciudad cercana a Puerto Piray, 190 kilómetros al norte de Posadas. Día gris, llovizna y frío. La antigua ruta nacional 12, de tierra, está desierta. En los primeros tramos sobresale la vegetación alta, árboles añosos, con largas ramas como brazos que se extienden sobre el camino. El paisaje cambia gradualmente. El horizonte es un verde monocolor: pinos altos, en fila, sembrados hasta en la banquina. Todo es pino. Para el foráneo (o el desentendido) hasta parece un paisaje agradable, prolijo. “Es como la soja, monocultivo, con uso de agrotóxicos, desalojos de campesinos e indígenas y ganancia para pocos”, advierte Enso Ortt, técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, ocasional guía, militante 24 horas formado en la teología de la liberación junto al obispo Joaquín Piña, quien en 2006 lideró una coalición que, mediante el voto popular, frenó un proyecto de reelección indefinida del entonces gobernador kirchnerista, Carlos Rovira.
El encierro
Kilómetro 18 de la ex ruta 12. Barrio Unión y Santa Teresa. Alambrado al frente, un perro malo que recibe y una casa con techo a dos aguas. En la pared de frente, en prolijas letras negras: Productores Independientes de Piray (PIP). Una suerte de amplia antesala, sin paredes, es el espacio de reunión. Bancos largos de madera en ronda, 13 personas (mayoría de mujeres), mate que circula y pan casero recién cocinado. “Vivimos desde siempre acá, desde nuestros padres, desde nuestros abuelos. Antes éramos muchos, había chacras, animales para carnear, ni siquiera había que ir al pueblo para tener comida. Pero nos fueron encerrando”, explica Basiliza Pérez, unos 40 años, morocha, y un mate plateado que no para de cebar.
El encierro es literal. El fondo de cada vivienda limita con pinos, una suerte de pared verde que no deja pasar el sol, pero sí los agroquímicos. “Nos han arruinado así los pocos cultivos que teníamos y matado muchas gallinas. No se puede respirar cuando fumigan. Y cuando florecen los árboles, en agosto, se mete dentro de las casas, hasta en las camas y cocinas. Ahí empiezan los problemas respiratorios y las alergias de piel”, explica Germán Monges, hombre fornido, manos grandes que gesticulan.
Todos los meses se enteraban de un nuevo enfermo. Reclamaron a la Municipalidad, pero no hubo respuesta. Fueron al Hospital, tampoco los atendieron. Decidieron hacer su propio relevamiento sanitario. Asesorados por médicos, armaron una encuesta y fueron casa por casa, todos vecinos linderos a Alto Paraná. Relevaron 200 familias. Los resultados:
En la última década, en 70 familias hubo algún fallecido de cáncer (hay familias con hasta dos y tres fallecidos) y 20 abortos espontáneos.
En 12 familias hay chicos con discapacidades físicas, y hubo al menos 110 casos de problemas de embarazos.
En los últimos años hubo 136 chicos con infecciones urinarias y en 180 casos se detectaron enfermedades respiratorias crónicas. Sobre 200 familias relevadas, repiten.
José Espíndola tiene 48 años, es delgado, piel colorada y hablar pausado. Trabajó seis años como fumigador de los pinares de Alto Paraná, a través de una empresa tercerizada. De la mañana hasta el atardecer, cargando una mochila con agroquímicos. “Eran mezclas de hasta diez venenos. No sabría decirle todos, pero sí había glifosato y simazina. Se llenaban las mochilas y con el andar, muchas veces se nos chorreaba encima. Sin nada de protección, ni guantes, ni botas”, cuenta Espíndola.
Padre de siete hijos, se arrepiente de haber hecho ese trabajo, pero se excusa: “No había muchas posibilidades”. La cuadrilla de fumigadores estaba conformada por 40 personas. “El veneno te come despacio. Los primeros meses vas bien, pero al segundo o tercer año ya respirás con problemas y las manos las tenés arruinadas. Después ya te enfermás. Al principio los médicos de la empresa me decían que no era nada, que siga, después ya me largaron (despidieron). Así le hacen a todos”, resume Espíndola.
El cerco
Piray, como muchas otras regiones de Misiones, no es zona de llanura. Predominan las lomadas (“cerranías” le llaman los misioneros). Pequeñas y medianas ondulaciones donde sobresalen pinos y más pinos. En subida y en bajada, siempre el mismo paisaje. De golpe, en medio de tanto pino, un descampado, el único, en el kilómetro 19. “Hace dos años Alto Paraná intentó poner pino acá, en la única cancha (de fútbol) de toda la zona. ¡Se armó un quilombo! Hubo muchachos que hasta vinieron con machetes a defenderla”, recuerda Julio Duarte, a cargo del volante.
Menos suerte hubo en el kilómetro 22. Paredes descascaradas, el piso de cerámicos invadido por el pasto, las aberturas y el techo son un recuerdo. Son los restos de la escuela primaria. “Acá había más de cien casas. Era un pueblo pujante, pero los fueron encerrando con pinos. Y nos les quedó otra que irse. Ni bien se iba la familia, la empresa metía pino para que ya no vuelvan”, recuerda Duarte. Y advierte: no dejarán que a Barrio Unión y a Santa Teresa le suceda lo mismo.
Mucha tierra en pocas manos
El 22 de diciembre de 1881, el presidente Julio Argentino Roca decretó a Misiones como “territorio nacional” y nombró como gobernador a su hermano, Rudecindo Roca. Así, bajo el gobierno de Roca, todo el territorio misionero fue repartido entre 30 familias.
Durante gran parte del siglo 20, Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria: yerba mate, té y tabaco. Aún subsistía el pequeño colono que comercializaba su producción.
Todo comenzó a cambiar en las últimas décadas, principalmente por la desregulación en la producción: las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y migraron a los cordones urbanos. Por otro lado, la provincia cambió el perfil productivo: dejó de lado la actividad agropecuaria e impulsó los negocios forestales. En Misiones funcionan tres pasteras: Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero. Todas igual de cuestionadas por su rol respecto al medio ambiente, las condiciones laborales y el desalojo de campesinos e indígenas.
El último Censo Nacional Agropecuario (2002) confirma esa concentración:
En la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”.
Sólo 161 de ellas (el 0,6% del total) poseen el 44% de la tierra de Misiones: 917.000 hectáreas.
En la última década y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27% la cantidad de pequeñas chacras.
Alto Paraná es propietaria del 8,4 % de Misiones.
Puerto Piray es la capital de la desigualdad: la compañía es dueña del 62,5 % de la tierra. De las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa domina 22.500.
De Menem a Kirchner
A finales del gobierno de Carlos Menem, en 1999, se aprobó la Ley 25.080, llamada de “Inversiones para bosques cultivados”. Sus consecuencias:
Subsidia toda la línea productiva: implantación, mantenimiento, riego y cosecha.
No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos de ingresos brutos.
Cuenta con devolución del IVA y pueden amortizar el impuesto a las ganancias.
El artículo 8 otorga “estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá incrementar la carga tributaria”, explicita la ley.
El artículo 17 no utiliza la palabra subsidio, prefiere el eufemismo “apoyo económico no reintegrable” para explicar que el Estado cubrirá costos de implantación.
Las estadísticas del Ministerio de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de esta ley, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el tonelaje aumentó a 7,9 millón.
La Asociación Forestal Argentina (AFOA), integrada por las empresas del sector, participó en la redacción de la norma. En sus publicidades admiten sin sonrojarse que tomaron como referencia las leyes mineras, también aprobadas durante el menemismo y que aún siguen vigentes.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por otros diez años por el Congreso Nacional, en noviembre de 2008.
La dueña de todo
Alto Paraná se instaló en Misiones en 1974. Fue adquirida en 1996 por la multinacional Arauco, una de las empresas líderes del sector a nivel mundial. Con su eslogan “sembremos futuro”, Arauco se autopublicita como la “mayor compañía forestal del hemisferio sur”. Cuenta con 1,6 millones de hectáreas, repartidas entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina reconoce la propiedad de 256.000 hectáreas.
Entre diciembre de 2011 y enero de 2012, Alto Paraná cosechó parte de los pinos que rodean el barrio Unión y Santa Teresa. Los Productores Independientes de Piray (PIP) entendieron que era el momento para presionar y exigir que retiren las plantaciones al menos a 1.000 metros de las casas. Ni Gobierno ni empresa respondieron.
El 3 de marzo de 2011, PIP cortó el paso a la compañía. “Se dicen dueños, pero nosotros siempre vivimos acá. Además nunca mostraron ni un papel (título). Cuando pedimos en la Municipalidad, dijeron que la oficina de Catastro se había prendido fuego”, recuerda Armóa Rosalia, mujer alta, cabello enrulado y tez colorada.
El mismo día del corte, hubo respuesta de Alto Paraná: denunció por “usurpación” a tres vecinos. La Policía llegó para reprimir.
Luego de una semana de reclamos, municipio y provincia aceptaron dialogar. El jueves 10 de marzo de 2011, en la sede de PIP, el intendente Jorge Lezcano, y el subsecretario de Tierras de Misiones, Jaime Ledesma, firmaron un acta acuerdo. Los campesinos no cortarían el paso y los funcionarios llamarían a una mesa de diálogo en el lapso de 30 días para encontrar una “solución duradera”. Durante ese lapso, Alto Paraná no rociaría con agrotóxicos ni sembraría pinos.
Sólo tres días después, Alto Paraná violó el acuerdo.
En marzo y abril de 2011 se continuó con la mesa de diálogo entre las partes. Municipio, Alto Paraná, Provincia y PIP. “Era impresionante como el intendente y los ministro de la provincia parecían los empleados de la empresa”, recuerda German Monges.
Sembrar resistencia
El viento fresco se hace sentir en la sede de PIP. El mate no para de circular, y todos quieren contar sobre las reuniones con la empresa. Todos tienen alguna anécdota. “Nos ofrecían ‘proyectos’ de computación, turismo rural, cocina. Nosotros no queremos proyectos, nosotros queremos la tierra”, resume Samudio. Todos aplauden.
Asesorados por ingenieros agrónomos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, estudiaron una salida productiva. La propuesta campesina fue que cada familia cuente con catorce hectáreas, un mínimo para producir alimentos y criar animales de manera sustentable en el tiempo. En total, para 200 familias, serían 2800 hectáreas (equivalente al 1 por ciento de lo que la empresa posee en Argentina, o el 0,15 por ciento de los 1,6 millones de hectáreas que posee en Latinoamérica).
Alto Paraná nunca aceptó. Municipio y provincia miraron para otro lado.
Y volvieron a sembrar pino en Piray.
Miriam Samudio resume el sentir campesino: “Alto Paraná tiene a los políticos, a los jueces y a la policía. Pero a todos ellos los mueve la plata. A nosotros nos mueve el amor a nuestros hijos y el amor a esta tierra. No vamos a dejar de luchar”.

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