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Alerta Jujuy: más de 40 detenciones en 1 día, en un Estado de terror y sin derechos

El 12 de junio se libró un pedido de detención hacia 20 personas en San Salvador, y a 22 en Humahuaca, finalmente ejecutadas ayer. Se trata de una “investigación penal preparatoria” que tiene origen el 20 de junio, día de la revuelta en la Legislatura local, firmada por el Juez de primera instancia Rodolfo Miguel Fernández, ejecutada por el fiscal Diego Funes y promovida por el gobernador Morales. Los imputados, en su mayoría, son referentes sociales y políticos que denunciaron cómo la policía se infiltró en aquella marcha para causar los desmanes que ahora les atribuyen a ellos. A la mayoría se la detuvo en violentos allanamientos por ser presuntos autores de los delitos de “atentado a la autoridad”, “resistencia a la autoridad”, “lesiones leves doblemente agravadas” a policías, “daños a bienes de uso público”, “estragos” y “entorpecimiento funcional del transporte terrestre”. De trasfondo, la cacería judicial promovida por el gobierno provincial “es la criminalización y la destrucción de cualquier organización: lo que quieren imponer es un estado de terror donde la gente deje de movilizarse y luchar por sus derechos”, dice a lavaca la compañera de uno de los detenidos. También fue detenido el abogado Alberto Nallar acusado de “sedición”. El atropello de esta semana se completó con la policía irrumpiendo en una universidad pública. Voces desde Jujuy, para comprender la magnitud del reclamo y la denuncia de una de las perseguidas: “Pedimos que el Estado nacional intervenga la provincia, no con pequeños gestos: tienen que saber que ya no hay Estado de derecho en Jujuy”.
Hablar con alguien que está en Jujuy es conocer cómo se oye la voz cuando la acecha el terror y la domina la desesperación. “Que intervenga el Estado nacional, no con pequeños gestos o con tweets de funcionarios: tienen que saber que ya no hay Estado de derecho en Jujuy”, reclama Miriam Morales, Secretaria de Género de CTAA, quien no duerme desde ayer cuando la policía entró a las 6 y media de la mañana a su casa para llevarse a su marido y realizar un allanamiento en su casa. “Se llevaron todos los celulares de la familia, hasta el de la novia de mi hijo”, cuenta.
Santiago Zamora, referente de la organización Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Jujuy está detenido en el penal de Gorriti desde entonces, junto a una veintena de referentes de otros partidos y organizaciones sociales y políticas que han sido el foco de la persecución judicial de ayer en San Salvador y Humahuaca. “Lo pudimos ver, estaba bien, pero había otro compañero de las organizaciones originarias que se lo llevaron desnudo. Y en Humahuaca es otra la situación: ahí hay mucha más violencia, mucho más racismo”.
En el departamento de Humahuaca se libraron otras 22 órdenes de allanamiento y detención, totalizando más de 40 detenidos solo en el día de ayer, más de 100 desde que comenzó la cacería.
La caza de brujas
A la mayoría de los detenidos el día de ayer se les imputan los delitos de “atentado a la autoridad”, “resistencia a la autoridad”, “lesiones leves doblemente agravadas” a policías, “daños a bienes de uso público”, “estragos” y “entorpecimiento funcional del transporte terrestre”; los mismos que se les han imputado a las 60 personas que fueron detenidas el 20 de junio, día de la manifestación ante la Legislatura. Las detenciones están comandadas por el juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Fernández, y por el fiscal Diego Funes, según órdenes expresas del gobernador Morales. La mayoría tiene origen en aquella revuelta del 20.
La semana pasada, el jefe de policía local (el mismo que tras la represión aseguró sin pruebas que los disturbios habían sido causados por “gente de Buenos Aires”) hizo saber que se habían abierto 100 causas judiciales por los “incidentes” de aquel día. Una de esas causas involucra a Santiago Zamora.
Su compañera cuenta qué hizo Santiago ese día y qué pasó en verdad: “En esa movilización el gobierno organizó grupos de infiltrados que se pusieron a hacer distintos desmanes, entre ellos, aparte de intentar entrar a la Legislatura, a quemar autos que estaban puestos especialmente en ese lugar, autos sin dueño. Mi marido trató de impedir eso, todos vieron cómo estaban esos autos preparados para ser incendiados… Santiago es uno de los que sale auxiliando al hombre al que le pegan con un gas en la cabeza”, recuerda sobre la imagen que circuló y al que los manifestantes, a falta de ambulancias, trasladaron hasta el hospital más cercano, salvándole la vida.
Sigue: “Horas después a nosotros nos incendian el auto: es el único auto incendiado que tiene dueño. Estaba en una zona liberada de la policía. Hay registros fílmicos de como la policía estaba alrededor del auto… y es la zona donde detienen a un montón de personas, entre las que estaba este chico con autismo que había ido al supermercado”.
Desde entonces hasta ayer, día del allanamiento y detención, pasaron más cosas: “Ese mismo día 20 a la noche recibí dos llamadas intimidatorias. Y durante la semana los autos blancos, camionetas blancas sin patente estacionaban tanto en mi domicilio como mi trabajo en tres ocasiones”.
Con estas intimidaciones como marco, la caza de brujas finalmente se desató ayer. “Entraron al domicilio con la violencia que suele hacer la policía, 15, 20 efectivos. 6 y media de la mañana, estaban mis hijos, todos estábamos durmiendo. Entregaron preguntando si había dinero efectivo o joyas, y los dispositivos celulares. Se llevaron los celulares de todos, incluso de la novia de mi hijo, que ni vive acá. Duró como una hora y pico”.
Sobre la detención: “Lo primero que hicieron fue llevarlo detenido, no le terminaron ni de leer la causa”.
Miriam asegura que este es un caso más que grafica el estado de terror en el que vive la población, así como la persecución directa a los referentes sociales. “Santiago es un referente de la CCC, particularmente de los comedores, y como él han detenido ayer de muchas organizaciones. La causa de fondo es la criminalización y la destrucción de cualquier organización, con lo cual van por los referentes. Lo que quieren es imponer un estado de terror donde la gente deje de movilizarse y luchar por sus derechos, que no es otra cosa que salir de los salarios de hambre que tienen los estatales, y del saqueo del litio y los recursos naturales. En las tierras fiscales están haciendo un jugoso negocio el gobernador… y en la zona del litio están metidas las financieras más importantes del mundo, que son prestamistas del FMI, y tienen negocios arreglados”.
Además de referentes sociales, durante el día de ayer fue detenido el abogado Alberto Nallar, en las inmediaciones de su domicilio. Nallar era uno de los letrados que había presentado recursos contra la reforma. Según trascendió, fue acusado de “sedición”. El Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy está reclamando su libertad y exige que “se respete la dignidad, libertad e independencia de los y las profesionales del Derecho. Todo ello de conformidad con las normas constitucionales y convencionales”.
Ante estas detenciones, la reacción popular no tardó en llegar: sindicatos docentes y otros sectores estatales de Jujuy, agrupados en la Intergremial y la Multisectorial anunciaron un paro por 24 horas para exigir la libertad de las personas detenidas y realizaron una movilización en Salvador. Por la noche, se trasladaron al penal donde se encuentra detenido Santiago junto a una veintena de personas: “Ayer fue re importante, además de la marcha de la mañana bajo la lluvia, a la tarde hubo una concentración grande frente al penal, con música, cantos orquesta que están a full acompañando esta lucha: ha sido una característica el arte y la música como transformadora, tomando los ritmos y la cultura de Jujuy. Eso lo escuchan los compañeros adentro, les dan fuerzas, y es presión para que salgan”.
Hoy, nuevamente, los gremios docentes y las comunidades originarias se encuentran en las calles y en las rutas
Miriam reclama: “Pedimos que el Estado nacional intervenga la provincia, no con pequeños gestos: tienen que saber que ya no hay Estado de derecho en Jujuy”.
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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