Luego de los rastrillajes en los escuadrones de Gendarmería, y de la multitudinaria marcha en Plaza de Mayo reclamando la aparición con vida, el Juzgado Federal de Esquel ordenó una requisa en la casa de El Bolsón donde vivía Santiago Maldonado. La abogada de la familia, Verónica Heredia, criticó la medida: “En vez de allanar Gendarmería se pone la lupa en Santiago”. La letrada cuestiona que los procedimientos del juez Otranto y la fiscal Ávila no apuntan a investigar una desaparición forzada, mientras que la familia, la comunidad, la Defensoría Federal y los organismos de derechos humanos señalan a la Gendarmería como la responsable de la desaparición: “Es la única hipótesis racional, lógica y objetiva que existe desde el 1 de agosto”. En ese sentido, la abogada Heredia cuestiona que el Estado, a pesar de haber sido condenado por la CIDH en otra desaparición forzada en democracia, sigue sin adoptar medidas para buscar desaparecidos. 
A once días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el Juzgado Federal de Esquel ordenó una requisa en la casa en la que vivía el joven de 28 de años en El Bolsón, para buscar “cualquier dato que pueda ser útil para seguir la investigación”, según declaró en el lugar el juez Guido Otranto. La medida se produjo dos días después de que el Juzgado ordenara un rastrillaje en los Escuadrones 35 y 36 de Gendarmería de El Bolsón y Esquel, respectivamente. “No tienen ninguna orden pero, como está el juez, entraron a la casa, rompieron la cerradura de frente”, informaron fuentes desde el lugar. “Están con el gorro que había encontrado la comunidad y con perros de rastreo no sabemos bien para qué. Dicen que están buscando pistas pero no explican cuáles”.
También estaba presente la fiscal subrogante de Esquel, Silvina Ávila.
En diálogo con lavaca, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, criticó la medida: “El juez Otranto fue a buscar a Santiago a su casa, pero todavía no lo busca en Gendarmería. En vez de allanar Gendarmería pone la mirada en Santiago. ¿El juez se habrá enterado que Santiago es víctima de desaparición forzada?”.
-¿Qué significó esta medida?
-Lo concreto: la familia de Santiago no sabía que iban a ir a requisar la casa. No era necesaria la medida de esta manera. Si querían ir a buscar rastros de Santiago, se hubieran comunicado con la familia. La familia habría acompañado, por supuesto. Pero esta no es la forma: fueron y entraron como si Santiago hubiera estado escondido en la casa. Su madre, en Buenos Aires, está pensando si también la van a ir a allanar a ella. Su hermano Sergio y su cuñada Andrea, también. Esto es terrible. No es cierto que es sólo una medida más: fueron a buscarlo como si estuviera allí. Si no, no era necesaria esta forma.

Por qué el Estado es responsable

El juez federal Guido Otranto ordenó los rastrillajes a los escuadrones de Gendarmería señalados desde el primer momento por la comunidad mapuche, la familia, los abogados y los organismos de derechos humanos recién a nueve días de la desaparición de Santiago. Ocurrieron el jueves. ¿Qué resultados hubo?

• El rastrillaje con perros en el Escuadrón 36 de Esquel no encontró ningún rastro de olor ni restos cadavéricos. Las pericias se hicieron con prendas de Santiago: una boina y un buzo.
• El mismo rastrillaje en el Escuadrón 35 de El Bolsón arrojo el mismo resultado. Sin embargo, se hicieron pericias en uno de los Unimog de Gendarmería. La comunidad denunció el día de la represión que los efectivos se llevaron allí a una persona que, luego, trasladaron a una de las camionetas blancas de la fuerza. Dos veedores de la Regional Noroeste de Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) -que participaron de las pericias- confirmaron a lavaca que se encontraron “restos de cabellos, huellas dactilares, una soga con manchas que serán peritadas y un cono naranja cuya base tenía rastros de sangre”.

Todo será sometido a estudios en los próximos días.

Quién busca a Santiago

La abogada puntualiza su preocupación en que se cuide la cadena de custodia para preservar la evidencia, que será analizada por el Laboratorio de Bioquímica de la UBA. Heredia: “Lo cierto es que aún no sabemos si ese Unimog fue uno de los que participó en la represión del 1 de agosto. Las medidas llegaron tarde, pero todo hay que seguir haciéndolo. Todo sirve, en la medida en que no nos corramos del eje: encontrar a Santiago. Lo cierto también es que no tenemos el listado de todas las personas ni los móviles que participaron ese día. Todo el mundo está pidiendo un allanamiento, menos el juez: a 11 días todavía no adoptó esa medida. Lo del jueves no fue un allanamiento: fue un rastrillaje. Ese mismo día, donde también estaba el secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, se podría haber hecho: secuestro de todas las computadoras, de todos los móviles, de todos los celulares. Pero el juez no lo hace”.
-¿Por qué no lo hace?
-Porque el juez dice que todavía no tiene elementos para pensar en una desaparición forzada. Entonces, por ejemplo, la fiscal Ávila llama al hermano de Santiago para preguntarle si tenía una dirección de mail: ¿piensa realmente la fiscal que un delito por desaparición forzada de Gendarmería puede resolverse con un correo electrónico? Es un absurdo. Son todas medidas que están en contra de lo que es una desaparición forzada. En agosto de 2011 se dictó la sentencia de la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en el que condenó al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres en 2003. Fue la primera condena al Estado por una desaparición forzada en democracia. Desde ese momento, el Estado no adoptó ninguna medida. Sólo hay un protocolo de búsqueda de personas, que es para trata de personas. Si bien no está dicho así, sino que es para “búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas”, en el escrito se refieren directamente a la ley de trata y cita jurisprudencia en relación a la trata. Allí la primera medida que recomienda el protocolo es verificar el entorno de la víctima en las primeras horas. ¿Qué tendrá que ver el entorno con una desaparición forzada? Otra de las medidas que propone es que es crucial que el fiscal le recuerde al personal policial que no es necesario que pasen 24 horas para actuar. Acá lo crucial es que el fiscal no trabaje ni con la policía ni con la Gendarmería. No tiene sentido.
–¿Eso es lo que rige a nivel local?
-Un ejemplo. Esta semana le tuve que contestar a la CIDH por la desaparición forzada de César Monsalve (un niño de 13 años) el 27 de mayo de 2013, en Trelew. El Estado le dijo a la CIDH que tiene que desestimar la denuncia porque no agoté los recursos internos. Qué le contesto el 7 de agosto: con otra desaparición forzada en Chubut. Es fundamental que admitan esas denuncias, porque la Argentina no ha adoptado ninguna medida desde la sentencia del 2011 por Iván Torres. No sólo no desarticuló las fuerzas de seguridad para que no vuelva a producir ninguna víctima, sino que no hizo nada para que el juez o la fiscal sepan. A tal punto que lo único que hay hoy es un escrito de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas, que es para la trata, y no es efectivo. Llegamos hasta acá precisamente porque no hubo nada: ni antes, ni durante ni ahora.
-¿Cuáles son las medidas que, entonces, adoptó el juez?
-Hacer un alerta de extravío en los aeropuertos y las terminales de colectivos. Está escrito: el 4 de agosto. Otra: la recompensa. El jueves le pregunté al personal de búsqueda de personas extraviadas del Ministerio de Seguridad de Nación cuántos delitos por desaparición forzada resolvieron así. ¡Ninguno! Son totalmente ineficaces las medidas. Hay que apuntar en el lugar específico. Apuntarle a la Gendarmería no es un capricho: es la única hipótesis racional, lógica y objetiva que existe desde el primer momento del 1 de agosto. No es una cuestión antojadiza. Porque, además, la otra hipótesis que tiene el juez es que Santiago haya cruzado el río ese día. Esto tampoco es lógico ni racional ni posible porque hace exactamente una semana se hizo un rastrillaje en el lugar y el perro hizo el recorrido y llegó hasta la punta del río, confirmando que Santiago estuvo ahí y no cruzó. Además, Santiago no sabía nadar. Pero supongamos que hubiera cruzado: ¿por dónde andaría? ¡La comunidad está ahí, lo hubieran encontrado! Es irracional cualquier otra hipótesis: la única hipótesis lógica es la desaparición forzada. Y eso acá todavía no se empezó a investigar: todavía no existe un expediente penal que diga «Santiago Maldonado, víctima de desaparición forzada, artículo 142 ter del Código Penal». No: la carátula que tiene el MPF se llama todavía «NN sobre averiguación de delito»

De la flagrancia a la desaparición forzada

Julio Saquero, miembro de la Mesa Directiva Nacional de la APDH y de la Regional Noroeste de Chubut de ese organismo, dijo a lavaca que los efectivos del Escuadrón de Gendarmería de El Bolsón no los dejaron ingresar a la comunidad el día de la represión, y puntualizó en la responsabilidad de Fabián Méndez, comandante del Escuadrón 35: “Así lo han dicho también autoridades del Escuadrón de Gendarmería de Esquel cuando fuimos a la citación por la búsqueda de paradero el primer día: ellos niegan que hayan participado en esa parte del operativo”.

Huellas, manchas y cabellos: veedores revelan los hallazgos en el Escuadrón de Gendarmería de El Bolsón

El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, sostuvo en la audiencia de urgencia convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso (en la que faltó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pese a la invitación) que la orden del ingreso a la comunidad no fue del Juzgado Federal. “Había una orden despejar la ruta 40 por cortes intermitentes, pero no de entrar a la comunidad. Los efectivos entraron y abrieron fuego con municiones de caucho y plomo”. En ese sentido, las miradas también se posan sobre el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien se ubicó en tiempo y espacio en la coordinación del operativo represivo esos días. El funcionario -quien fue defensor de represores de la última dictadura cívico militar-admitió que coordinó personalmente a fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut a “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en vía pública en flagrancia”.
-¿Cuál es su lectura de la participación de Noceti? -preguntó lavaca a la abogada Heredia.
-Pasamos de la flagrancia a la desaparición forzada sin una coma en el medio. ¿Por qué? Porque la orden de Otranto del corte de ruta del 31 de julio y que se implementa el 1 de agosto, es solo eso: una orden para desalojar la ruta. La cuestión es que Noceti venía haciendo apología de la flagrancia y de todo lo que se puede hacer con esta figura. Entonces la explicación de por qué la Gendarmería ingresó al territorio mapuche es porque dijeron que habían vuelto a intentar cortar la ruta, y esa flagrancia los habilitaba para ingresar. Eso es lo terrible: flagrancia es igual a desaparición forzada. ¿Y quién lo habilitó? Noceti. Por eso no tiene que declarar ante el juez: tiene que ser indagado.