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Histórico: condenaron a 10 años al policía que torturó a Luciano Arruga

Se conoció la sentencia por unanimidad a 10 años de prisión contra el policía Julio Diego Torales, acusado de haber torturado a Luciano Arruga, detenido durante varias horas en el destacamento de Lomas del Mirador.

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“Punto tercero: imponer a Julio Diego Torales la pena diez años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de torturas, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas del Mirador, de esta jurisdicción del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga”.
En esa frase pronunciada por el secretario del Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 de La Matanza se sintetizó la condena en el caso de torturas sufridas por Luciano Arruga, provocando una indisimulable emoción entre quienes asistían a la lectura de la sentencia. Luciano tenía 16 años cuando ocurrió el hecho.

Familiares de Luciano Arruga. Foto: Daniel Davobe/Télam

Familiares de Luciano Arruga. Foto: Daniel Davobe/Télam


El TOC n° 3, presidido por la jueza Diana Nora Volpicina, con Liliana Logroño y Gustavo Navarrine como vocales votó en forma unánime tras escuchar durante las audiencias los testimonios de los familiares de Luciano, principalmente su mamá, Mónica Alegre, y su hermana, Vanesa Orieta.
En un tramo de los fundamentos los jueces plantearon: «Mientras el Oficial de Servicio (Torales) ejerciendo un poder real y de hecho sobre la custodia (de la víctima), tras omitir la implementación de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño (…) le infligió intencionalmente sufrimientos físicos, mediante golpes con un elemento duro o romo, mientras otro funcionario policial lo retenía»,
Desde el comienzo
Cuando el juez Gustavo Navarrine llegó al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza, en la calle sonaba “Ya no sos igual”, de la banda punk 2 Minutos. “Ya no sos igual / ya no sos igual / sos un vigilante de la Federal. / Sos buchón, sos buchón”, cantaban, agitando las manos hacia la policía que custodiaba detrás de las vallas el Tribunal, cuando el juez pasó adelante de una mano fervorosa. Miró, se rió y luego entró al Tribunal donde en una hora daría a conocer junto a Diana Volpicina y Liliana Logroño la sentencia del juicio por torturas a Luciano Arruga.
De a poco fueron llegaron los periodistas, las cámaras, las organizaciones políticas y sociales y cientos de personas que se acercaron a escuchar el fallo, reproducido por la transmisión en vivo que comenzó a armar la Red de Medios Alternativos en Mendoza y Almafuerte, pleno San Justo. Mónica Alegre, mamá de Luciano, en un momento tomó el micrófono. Primero agradeció a todas y todos por acercarse, y luego dijo: “Les pido por favor que no hagan lío, que hagamos un buen nombre de Familiares y Amigos, como en cada marcha”.
Era casi el mediodía cuando la que habló fue Vanesa Orieta. La prensa, del otro lado de la valla, comenzaba a acreditarse para ingresar al Tribunal.
-Gracias -dijo Vanesa-. Es muy importante que estén afuera. Es fundamental que se respete el fallo. No queremos que sea un punto de disturbio, no queremos darle el gusto a la Justicia. Hoy lo que queremos escuchar es una condena. Quedó bien plasmado lo que dijimos los testigos. Todos sufrimos nuevamente recordar todo lo que Luciano vivió, el sufrimiento, el verdugueo. Luciano estuvo detenido 10 horas, eso no se puede negar. Espero que la justicia entienda que eso no es una normalidad. Si la condena es justa, solamente por respeto a otras causas, nos vamos a levantar e ir. Acá no hay nada que agradecer, porque es la justicia que merecemos. Esto no se trata de una manzana podrida, es una institución que está destinada a controlar a los más jóvenes.
A las 12 estaba prevista la lectura del fallo.
Eran las 12:01.
El ex policía Julio Diego Torales, condenado a 10 años de prisión. Foto: Daniel Davobe/Télam

El ex policía Julio Diego Torales, condenado a 10 años de prisión. Foto: Daniel Davobe/Télam


Adentro
La sala era chica, la expectativa enorme. Dentro del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza había aproximadamente 100 personas entre público, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, familias, abogados, fiscal, una diputada, un bebé, secretarios y gendarmes en una audiencia del tamaño de un monoambiente. Tres ventiladores (el del medio tambaleaba) hacían lo posible para hacer circular el aire, mientras algunos ojos voraces miraban con entusiasmo los 10 vasos con agua (3 para los jueces, 4 para la fiscalía y los abogados, 2 para la defensa, 1 para el secretario del Tribunal) que estuvieron un largo rato quietísimos e inmóviles hasta que las partes se sentaron.
Los minutos parecían años. Mónica Alegre entró al Tribunal a las 12:20. Cuatro minutos después lo hizo su hija, Vanesa. Los gendarmes la requisaron. Vanesa se reía. La inspección, en general, fue exhaustiva, incentivando comentarios que incluían desde apertura de cosméticos hasta palpar las calzas.
A las 12:42 seguían entrando personas. Afuera había una multitud. La bandera “Ni ausente ni perdido, detenido desaparecido”, con el rostro de Luciano, colgaba del toldo de una verdulería. Los policías que regulaban la entrada del Tribunal hablaban con los secretarios. “Hay mucha gente”, dijo alguien. El secretario observó el panorama en la sala: los fotógrafos estaban por delante del público. “Los fotógrafos hacen la toma y después se corren”, respondió el secretario. “Ese es el compromiso”.
Todos asintieron.
A la izquierda del público ya estaban ubicados el fiscal José Luis Longobardi y los abogados Maximiliano Medina y María Dinard (del CELS), y Juan Manuel Combi (APDH-La Matanza). Enfrente, la defensa: Juan Grimberg e hijos, y Gastón Jordanes.
Del lado de la defensa había 14 personas entre familiares del acusado y abogados. Pero faltaba alguien. “¿Vendrá?”, era la pregunta que circulaba en la sala. La presencia de la familia indicaba que sí, aunque todavía no había señales del policía Julio Diego Torales, y cuando a las 13:02 cerraron las puertas del Tribunal, el silencio comenzó a correr.
Torales finalmente entró. Eran las 13:15. Los agentes del servicio penitenciario bonaerense le sacaron las esposas como en cada una de las audiencias del juicios. Las fotos lo acribillaron. Torales se sentó, se estiró las mangas y recibió el saludo de su abogado Juan Grimberg, que le palmeó la espalda y le dio un beso. Gastón Jordanes, más sobrio, le extendió la mano.
Sólo faltaban los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Liliana Logroño.
El tiempo de espera real no fue mucho: tan sólo seis minutos. Pero la sensación en el pecho era otra, de inquietud, de nerviosismo, y las puertas cerradas, y los tres ventiladores derrotados en esa sala colmada, cerrada, mientras los 10 vasos de agua seguían allí, y las partes en su lugar, y los familiares, y el acusado.
Los jueces entraron a las 13:21. Diana Volpicina, con el cabello rojo furioso, pidió silencio. Le dio paso al secretario del Tribunal para que leyera el fallo.
La condena. Foto: Daniel Davobe/Télam

La condena. Foto: Daniel Davobe/Télam


La sentencia
-¿Se escucha bien? -probó, y se acercó al micrófono-. En la ciudad de San Justo, Partido de La Matanza, a los 15 días del mes de mayo del año 2015, reunidos los integrantes del Tribunal (los nombra), para dictar veredicto en la causa 550/14 registro interno 3277, que por el delito de torturas se le sigue a Julio Diego Torales.
El secretario hizo un silencio enorme. Nadie hablaba. Sonaba alguna foto.
“Un poco más alto, por favor”, dijo alguien de prensa.
El silencio siguió unos segundos más.
-En mérito al resultado que arroja la votación de las cuestiones precedentemente planteadas y decididas, el Tribunal pronuncia veredicto condenatorio respecto de Julio Diego Torales…
Cuando la audiencia escuchó la palabra “condenatorio” hubo un suspiro generalizado. Miradas cruzadas. “¿Lo van a condenar?”, parecían decir, como si hablaran. Algunos ojos empezaron a encogerse, los oídos a agudizarse, las manos a temblar. Torales se cubrió el rostro.
El secretario habló sobre la calificación legal del delito, sobre el cambio de tipificación, sobre lo que el Código Penal entendía por torturas, sobre lo que entendía la Constitución Nacional, sobre lo que entendía la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre lo que entendía la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los fallos internacionales que los abogados citaron en sus alegatos, sobre que “cabe agregar que Luciano Arruga era un niño de 16 años”, sobre que “tantos las lesiones infringidas al niño Arruga como el sufrimiento psicológico, la intimidación y la coacción deben ser imputados tanto objetiva como subjetivamente a la imposición de torturas”, sobre que los tres jueces adherían a esa lectura, y así durante casi 8 minutos.
Luego, se calló. Iba a leer la pena. Todas y todos lo sabían.
-En consecuencia -arrancó-, por unanimidad, el Tribunal resuelve.
Murmullos.
Primero rechazó un planteo de nulidad que había pedido la fiscalía.
Luego rechazó los pedido de imputación solicitados por la defensa de Torales sobre Vanesa Orieta y Juan Gabriel Apud por falso testimonio.
-Punto tercero: imponer a Julio Diego Torales la pena diez años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de torturas, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas del Mirador, de esta jurisdicción del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga.
Algunos suspiros se transformaron en sollozos.
10 años a un policía por torturar a física y psicológicamente a un niño de 16 años en un destacamento.
En democracia.
En La Matanza.
Desde afuera, en la calle, donde verdaderamente se construyó justicia, llegaban los gritos.
Los fundamentos
El fallo del Tribunal no deja margen de dudas. Dio por ciertos cada uno de los testimonios que desfilaron a lo largo de las audiencias y pudo establecer la cronología de los hechos. Los jueces, en varios momentos, fueron lapidarios con la defensa de Torales, que como remarcó lavaca en cada una de las audiencias, sólo buscaron embarrar, confundir, golpear bajo.
De la lectura de la sentencia, se desprende:

  • Luciano Arruga fue detenido promediando las 11 de la mañana del 22 de septiembre de 2008.
  • Fue trasladado y alojado en la cocina del destacamento policial de Lomas del Mirador (“impidiéndole todo contacto con su progenitora y su hermana”) en la franja comprendida entre las 11 y las 19 horas.
  • Estuvo detenido “mientras el oficial de servicio ejerciendo funcionalmente un poder real y de hecho sobre la custodia del menor, tras omitir la implementación de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, vulnerando la eficacia de todos los derechos que le asistían, le infligió intencionalmente sufrimientos físicos, mediante golpes con un elemento duro o romo de superficie lisa, mientras otro funcionario policial lo retenía sujetándolo del brazo y actuando ambos mancomunadamente, le ocasionaron un traumatismo en la región facial, en la frente y pómulo izquierdo, a la par que le generaron un sufrimiento psíquico al proferirle amenazas, humillaciones y menosprecios que degradaron su dignidad y le ocasionaron una angustia moral de tal magnitud, que se prolongó durante el lapso temporal que estuvo demorado”.
  • El Tribunal acreditó todas las frases dichas por Luciano, y que su mamá, su hermana y su amigo Juan Gabriel Apud reprodujeron. “Vane, sacame de aca que me están matando a palos”, “fue él quien me agarró y él quien me pegó (señalando a Torales)”, “negro rastrero”, las amenazas con llevarlo al “pabellón rosa” y a la “comisaría 8va donde estaban los violines”.

El fallo señala que Luciano se volvió “cuidadoso” tras esa detención, que “cambió mucho”, que “ya no quería salir”, que tenía “miedo”. Recordó las palabras de Mónica, resaltándolas en negrita: “Lo amenazaban, le pusieron una escopeta en el pecho. No podía ir a trabajar, su hermano lo había tenido que ir a buscar a la comisaria algunas veces”. Y, en este sentido, resaltó como “significativas” las palabras de Rocío Gallegos, la joven que vivía con Vanesa al momento de los hechos juzgados. “No sé qué hacer porque la policía no me deja circular por la cuadra de mi casa”, le dijo Luciano tras la detención.
Se dejó constancia de otra frase de Mónica: “Todo se inició cuando él se negó a robar (para la policía) y ahí empezó la persecusión” y se citó el informe de Margarita Fontela, la médica del Cuerpo Médico Forense, quien especificó que Luciano no tenía “lesiones traumáticas” al momento de la detención. Es decir, antes de ingresar al destacamento.
A su vez, citó el informe de Gabriel González, el médico que lo atendió a las 23 horas del 22 de septiembre en el Policlínico de San Justo. Allí especificó que el joven tenía “traumatismo facial en la frente y pómulo izquierdo”, que no era un simple cachetazo (“por la hinchazón”), y que el tiempo transcurrido desde el traumatismo para que persista tiene un máximo de 12 o 13 horas.
Al Tribunal también le consta, expresa en el fallo, que Vanesa Orieta habló con Torales y le recriminó por las amenazas de violación, por los golpes, por el sándwich escupido y por los 20 pesos que Luciano tenía al ingresar. “Lo que le hicieron a Luciano fue quebrarle la vida”, remarcaron la frase de Orieta los jueces. Y, en medio de citas a los testimonios de la hermana del joven, remarcan: “El menosprecio y humillacion hirientes de la dignidad de ese menor- de ese niño-que estaba demorado son relevantes y notorias”.
Y consta también a los jueces, lo que Luciano les dijo de Torales a sus familiares: “Era un hijo de puta, un gil, un forro”.
Sobre Miguel Angel Olmos y Mónica Viviana Chapero (el primero, el policía que lo detuvo y lo llevó al destacamento; la segunda, la oficial que reconoció haber estado con él en la cocina ese día), acreditaron que ambos señalaron que Luciano Arruga estuvo detenido en la cocina del destacamento y que apuntaban a Torales como el oficial a cargo.
“Si estas conductas del menor no se refieren a una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica; ¿cuáles son las que revisten esa entidad? (la pregunta está en negrita). El elemento orientador para afirmar que hubo torturas está dado por la intensidad de las mortificaciones y la causación del dolor físico, ¿cómo sostener que la víctima no fue torturada, como lo arguyó la defensa? No más comentarios desde que afirmar tal tesis roza con la falta de respeto a la jurisdicción ante la contundente evidencia contraria”.
Expresa el fallo: “Luciano se encontraba sumergido en un notable estado de nerviosismo, angustia y miedo, su percepción cuando estaba dentro del destacamento y escuchaba la voz de su hermana, la única persona que lo contenía, la desprotección que sintió al no poder contactarse con la misma resulta fundamental, ese sentimiento de extremo temor que padeció en el cual claramente el contexto en el que los padecimientos fueron infligidos: este es el lugar de alojamiento, la edad que tenía, la calidad del Funcionario a cargo, contribuyeron a la sensación de mortificación que experimentó”.
“No es dato menor, la falta de responsabilidad con la que manejaba Torales el destacamento que se vio reflejada en la primer secuencia cuando desconoció que la persona demorada era un niño, los derechos que le asistían (…) Deshonró el mandato con el cual lo insitituyó el Estado para ejercer el cargo que ostentaba”.
Sobre la defensa: “No encuentro razones valederas para compartir las dudas que pretendió introducir y que en dirección opuesta, no alcanzan hacer mella para conmover el abundante material incriminante rendido en el debate o arrimado al mismo por via de lectura”.
Los jueces desacreditaron lo que Torales había declarado en sede fiscal: “(Luciano) Estaba medio puesto, como drogado, balbuceaba”. Lo comparó con el informe de la médica legista: “Se encontraba lucido, orientado en tiempo y espacio, con funciones psíquicas conservadas”.
En medio de los casos de la CIDH citados (fueron los mismos que Maximiliano Medina, del CELS, expuso en los alegatos), concluyó que “la coacción psicológica” al impedir que Mónica y Vanesa vieran a Luciano “no tiene calificativo”, y puso de manifiesto la “inhumanidad” y lo “inescrupuloso” del “despliegue conductual ilícito”.
Sobre Mónica Viviana Chapero, la oficial que reconoció haber estado con Luciano Arruga en la cocina del destacamento, la fiscalía y los abogados habían pedido su desestimación como testigo porque debía considerarse como sospechosa: mientras ella estuvo allí ocurrieron las torturas.
El Tribunal confirmó ese hecho: estuvo en el lugar. ¿Qué significa? De la causa por torturas se desprendió otra actuación cuya pesquisa debe determinar quiénes acompañaron a Torales como coautores de la tortura de Luciano. Es el juez de esa causa quien deberá -ahora- valorar la prueba de Chapero ubicada en la cocina del destacamento donde se probó que Luciano Arruga fue torturado.
De hecho, el Tribunal comunicó el fallo a la Fiscalía General Departamental en base a esa causa. También lo comunicó al Juzgado de Morón donde radica la causa por la desaparición de Luciano, al Registro de Condenas por casos de Torturas y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y al Comité contra la Tortura.
Teoría política
Los secretarios, policías y gendarmes empezaron a aconsejar al público y la prensa a dejar la sala. Vanesa Orieta y Mónica Alegre se abrazaban entre sí y abrazaban a otros familiares que estuvieron presentes, como Angélica Urquiza (mamá de Jonathan Kiki Lezcano, asesinado por un policía federal en 2009) y Leonardo Santillán (hermano de Darío, militante piquetero asesinado en 2002).
Minutos más tarde, en la puerta del Tribunal, Vanesa Orieta habló en rueda de prensa.
“Dejamos expuesto las torturas psicológicas que sufrió Luciano. Esperábamos esta condena. Es un fallo ejemplificador, se ha condenado al teniente primero (Torales) por torturas a 10 años de prisión. Podemos estar en diferencia con los años penalizados (habían pedido 16), pero es importante el fallo. Como sociedad tomemos conciencia que es terrible: estamos condenando a un policía por torturas que sufrió un joven de 16 años estando detenido, y esto ojalá obligue a todas las instituciones del Estado a plantearse seriamente sobre este sector social, que existe la violencia institucional, que la sufren nuestros jóvenes en los barrios humildes, y que para poder terminar con esto necesitamos fallos ejemplificadores como este, pero además una acción concreta por parte de los funcionarios del Estado”.
Vanesa respiró y siguió.
“Vamos por los responsables políticos -remarcó-. Acá tienen nombre y apellido: el gobernador Daniel Scioli, el Ministro de Justicia Ricardo Casal, el exministro (Carlos) Stornelli. Esos son los responsables del sufrimiento que sufrió Luciano el 22 de septiembre de 2008 y también sobre lo que le ocurrió a Luciano el 31 de enero de 2009 cuando fue desaparecido. Estas personas, que hoy no hablan de esta causa, que prefieren estar bailando un show de televisión, son los responsables de la muerte de los pibes de los barrios. Hay que llevar estos micrófonos a esos lugares, a preguntarle al gobernador Daniel Scioli por qué la policía controla los barrios, por qué discrimina y criminaliza a los pobres. El caso de Luciano es un ejemplo, pero hay muchos más”.
Luego Vanesa se dirigió hacia la calle.
Como los nazis
La calle explotó. “Como a los nazis/ les va a pasar/ a donde vayan los iremos a buscar”, cantaban. La que agarró el micrófono primero fue Mónica, que agradeció a cada una de las personas que se habían acercado. Entre el público ya se hablaba del “fallo Arruga”, y los abogados también señalaban la importancia de una sentencia que marcará un precedente en los procesos por violaciones a los derechos humanos, sin olvidar de remarcar que aún hay otra causa para determinar la coautoría de las torturas físicas y psicológicas que sufrió Luciano, además de la causa madre por la desaparición del joven.
Luego volvió a hablar Vanesa Orieta, de cara a la multitud:
“No es fácil hablar de este tema. No ganamos nada. Lo que acá se condenó es una situación muy cruel, muy dura que vivió Luciano. Tengámoslo siempre en la cabeza. Luciano no está. El 31 de enero lo detuvieron, lo desaparecieron. Este fallo es importante para avanzar en esa otra causa que todavía sigue investigándose, que espero también tenga un castigo, porque durante 5 años y 8 meses estuvo desaparecido y fue encontrado como NN en el Cementerio de la Chacarita”.
Hizo un silencio. Siguió.
“Para mi familia es importante porque demostramos que lo que decíamos era verdad -subrayó-. Cuando empezamos a denunciar, Luciano era el lider de una mafia, era un pibe vinculado con drogas, era lo peor. Estábamos solos, visibilizando, queriendo lograr justicia, y hoy avanzamos, pero siempre tengamos en cuenta que empezamos solos, que nos costó muchísimo llegar hasta acá, y que fue el esfuerzo que fuimos aunando entre todos que esta causa se hiciera visible, que no la pudieran ocultar, que no pudieran hablar de un pibe de 16 años como si fuera el responsable de su propia desaparición. Pudimos sacarle la careta a funcionarios políticos, judiciales, que lo único que hicieron fue mancharle la figura a Luciano. Pudimos ganarle al discurso de los grandes medios de incomunicación.
Vanesa recordó cada uno de los otros chicos asesinados y desaparecidos por la policía.
“Es imposible que no pensemos en todos esos pibes. Es la misma cara de Lu, la misma ropa, la misma forma de hablar, el mismo sufrimiento, la misma discriminación, la misma criminalización. Cuando desapareció prometí que no iba a dejar de visibilizar la causa, después limpiar su imagen, y después condenar a las basuras que lo hicieron sufrir. Y ahora vamos por más. Que sea el ejemplo que existe una problemática, que se llama violencia institucional, que tiene que ver con la policía que mata y desaparece a nuestros pibes. Se ha condenado una tortura. Marca un precedente para que todas esas causas tomen como ejemplo ésta”.
Vanesa agradeció a todos los familiares de víctimas de la violencia policial y estatal que la acompañaron. Agradeció a cada uno de sus abogados (Dinard, Combi y Medina). Agradeció a los medios comunitarios, populares e independientes.
Y cerró:
“Ahora vamos por el resto, porque otros policías ya se ubicaron en la cena. Hablaron que estuvieron ahí, dieron cuenta de los gritos de la familia. Vamos por ellos, ahora. Todos tienen que estar condenados”.
 
 
 
 
 
 

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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