Nota
El informe del horror: la ONU denuncia la violencia estatal
Violencia machista, violencia policial, servicios penitenciarios en estado crítico y una justicia sin condena son algunos de los retazos del informe de la ONU que muestra, en tiempos de 2×1, sobre qué sectores recae la violencia estatal. El resumen, los casos que investigó lavaca y el informe completo.
Violencia machista, violencia policial, servicios penitenciarios militarizados, requisas vejatorias, condiciones degradantes de detención, 6 de cada 10 personas detenidas sin condena, detenciones por discriminación. No son etiquetas, sino algunas de las duras observaciones que estructuran el diagnóstico del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) sobre los incumplimientos del Estado argentino luego de las sesiones de evaluación en Ginebra el 26 y el 27 de abril. En un informe el CAT señaló, de entrada, estos incumplimientos:
- La creación de un registro nacional para recopilar información de tribunales nacionales sobre casos de tortura.
- Una mayor protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
- El cumplimiento de las requisas personales según las normativas internacionales.
- El Establecimiento de un mecanismo nacional de prevención.
El Comité exigió al Estado la “armonización” de la tipificación del delito de tortura del artículo 144 ter del Código Penal con la definición que establece la Convención, es decir, la inclusión como sujetos activos del delito a personas que actúan en el ejercicio de funciones públicas. La modificación también incluiría la instigación con el consentimiento de funcionarios públicos.
Y reclamó «medidas urgentes» sobre estos 8 puntos.
- Tortura y malos tratos en centros de detención: “Estructura militarizada”
Al igual que en los informes anteriores, el Comité manifestó su “profunda preocupación” por denuncias sobre “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”. Estos actos de violencia, señaló, incluyen los maltratos de los recién ingresados a las unidades carcelarias y prácticas como asfixias con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, castigos colectivos. Pese a la normativa, el Comité detectó los registros personales “invasivos y vejatorios” además de los “traslados arbitrarios” de detenidos lejos de sus familias a modo de “castigo encubierto”.
El Comité recomendó al Estado “investigar sin demora, exhaustivamente y de forma imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención, evaluando cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales y de sus superiores”. Además, insta a la adopción de medidas necesarias para transformar el sistema carcelario “en un modelo institucional de naturaleza civil” aumentando la profesionalización y transparencia.
- Violencia policial
El Comité expresó su preocupación por los “patrones de violencia y arbitrariedad” de las fuerzas policiales federales y provinciales. Destacó que la mayoría se dan en el marco de “detenciones policiales sin orden judicial” y que la población son “particularmente jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta delictiva”. Mencionó que muchas de esas violencias incluyen “tentativas de homicidio”, y mencionó el caso de Lucas Cabello, el joven baleado por el oficial de la Policía Metropolitana Ricardo Gabriel Ayala en el barrio porteño de La Boca el 9 de noviembre de 2015. Ayala le disparó a Cabello en tres ocasiones con su arma reglamentaria: dos de ellos cuando el joven estaba herido en el piso.
El Comité urgió al Estado:
- “Investigar con prontitud, eficacia e imparcialidad todas las denuncias de homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento y maltrato policial, y velar por que los presuntos autores, así como los superiores jerárquicos que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo estos actos, sean enjuiciados, y de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”.
- Realizar un proceso judicial “efectivo e imparcial” sobre las torturas infligidas por Prefectura a Ezequiel Villanueva e Iván Navarro, los dos jóvenes integrantes de La Garganta Poderosa, en la villa 21-24 en el barrio porteño de Barracas. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”, dijo en ese momento Iván.
- “Restringir el recurso a la detención a situaciones de flagrancia y a la existencia de orden judicial previa, tal y como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Bulacio c/ Argentina”. Si bien el Comité no lo nombra, en esa línea se inscribe el “Fallo Vera” del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que el 23 de diciembre de 2015 resolvió por mayoría que la Policía Federal está habilitada a pedir DNI a cualquier persona y al azar. Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales alertaron que la máxima autoridad judicial porteña falló en favor de una práctica policial que, entre otros casos, habilitó la privación ilegítima de la libertad, la tortura y asesinato del joven Walter Bulacio en 1991, que motivó la condena a la CIDH citada por el Comité.
- Condiciones de reclusión: “Degradación”
El Comité cuestionó el “aumento sostenido” de la población penitenciaria a partir del 2009, “agravando los niveles de sobrepoblación ya existentes en varias provincias y resultando en el estado de emergencia penitenciaria en la provincia de Buenos Aires”. En particular, apuntó su preocupación por el impacto que ha tenido la aplicación de normativas en materia de estupefacientes “en el aumento de la población femenina encarcelada”.
A su vez, remarcó como una “práctica” habitual la detención de personas de forma prolongada en las dependencias policiales, pese a no estar preparadas. El Comité mencionó el incendio en la Comisaría 1° de Pergamino (Buenos Aires) en marzo, en el que murieron 7 personas detenidas. Los expertos señalaron su inquietud “ante el impacto de la sobrepoblación en la degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente alimentación y acceso a la atención médica y en la falta de separación entre personas condenadas y procesadas”.
El Comité solicitó una auditoría a nivel federal y provincial para adecuar las condiciones a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y a desarrollar un plan de prevención de incendios en todos los centros de detención.
Por ese motivo exigieron al Estado:
- Intensificar los esfuerzos para “aliviar” el hacinamiento.
- Terminar la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de detenidos
- Definir de acuerdo a una metodología adecuada la capacidad penitenciara conforme a los estándares internacionales.
- Desarrollar un registro nacional único de personas sometidas a una medida preventiva o punitiva de privación de libertad que incluya información por jurisdicción, sexo, edad y situación procesal.
- Medidas privativas de libertad, aislamiento y muertes
El Comité cuestionó la cantidad de personas detenidas en prisión preventiva, que alcanzan alrededor del 60 por ciento de la población penitenciaria. Es decir, seis de cada diez.
En ese sentido, lamentó la suspensión de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, “que contenía disposiciones que limitaban el uso de la prisión preventiva”, y se mostraron preocupados por el proyecto de reforma de la ley de Ejecución Penal (24.660), “que imposibilita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos, impidiendo su reinserción social e impactando en la sobrepoblación penitenciaria ya existente”.
También acreditó “el recurso frecuente a modalidades de aislamiento no reglamentadas y sin control judicial”, y las condiciones extremas en esas celdas. Este tipo de prácticas también se aplican sobre niños, niñas y adolescentes en condiciones de encierro, como reveló MU en la investigación por la muerte del joven Diego Borjas en el instituto Agote en diciembre de 2014. El Comité exigió al Estado que no imponga la sanción de aislamiento y que, en caso de producirse, sólo sea utilizada como medida de último recurso, por el período más breve posible, y que se asegure que dicha celda cumpla con los requisitos necesarios para no afectar la integridad física de la persona.
Por otro lado, el Comité apuntó “el elevado número de muertes en detención”. Según los datos facilitados por el Estado, la cifra habla de un promedio de 43 por año en el sistema penitenciario federal entre 2008 y 2016. Sin embargo, lamentaron “el alcance limitado de estos, que se circunscriben al sistema penitenciario federal, y nota con preocupación la discrepancia que existe entre los mismos y los proporcionados por otros informes recibidos, que contabilizan un total de 1930 muertes en todo el país desde 2010”. Los expertos también cuestionaron la falta de información sobre los resultados de esas investigaciones.
- Detenciones por razones migratorias
El Comité acreditó denuncias que señalan el rechazo en frontera de personas migrantes –incluyendo grupos familiares- sin acceso a la Justicia o asistencia letrada. “Asimismo preocupa la reciente sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, que deroga parte de las garantías de la Ley 25.871 de Migraciones e introduce un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los plazos para recurrir la expulsión”. Ese fue el escenario en el que por primera vez en Argentina se convocó a un Paro Migrante: las expulsiones crecieron en 2016 un 70 por ciento en relación al 2015. El Comité constató que el DNU habilita, además, la retención preventiva desde el inicio del procedimiento sumarísimo hasta su expulsión, que podría extenderse a 60 días, “sin tomar en consideración medidas menos coercitivas ni el riesgo de fuga de la persona”.
#ParoMigrante: movilización contra la xenofobia y por el trabajo
Por eso el Comité pidió al Estado la derogación o la enmienda del DNU para que las personas sujetas a expulsión puedan disponer del tiempo para recurrirla a nivel administrativo y judicial.
- Detenciones por motivo de discriminación
En sintonía con el punto anterior, el Comité subrayó la discriminación por perfil, los malos tratos y los allanamientos violentos a personas afrodescendientes y migrantes de países latinoamericanos por parte de diversas fuerzas policiales. “Preocupa además al Comité las informaciones que dan cuenta de las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires”. El Comité puntualizó que ha habido 3470 denuncias por discriminación en 2016, casi el doble respecto al año anterior.
Los expertos pidieron al Estado que se investiguen todos los casos de detenciones arbitrarias, violencia y malos tratos a personas por su origen extranjero, orientación sexual e identidad de género, “a fin de enjuiciar y castigar a los autores de tales actos y suspender a los agentes implicados en los mismos”. También pidió la adopción de políticas y programas específicos de “integración y protección de personas en detención sobre la base de su orientación sexual e identidad de género”.
- Proceso de Memoria, Verdad y Justicia por crímenes de lesa humanidad
El Comité expreso su preocupación por la demora en la tramitación de las causas judiciales aún pendientes y el “debilitamiento de oficinas públicas” que dan apoyo a esos expedientes. En ese sentido exigió “agilizar el procesamiento y los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar” y recomendó el mantenimiento de las políticas de memoria mediante la preservación de los archivos y los sitios de memoria.
- Violencia machista
“Preocupa al Comité el alarmante número de casos de feminicidios y violencia de género registrados, así como el incremento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas bajo jurisdicción federal”. Los integrantes de Naciones Unidas instaron al Estado para que intensifique los esfuerzos para combatir todas las formas de violencia -incluida la que se produce dentro de los centros de privación de libertad- y que vele para que se enjuicie a los presuntos autores y que las víctimas obtengan una “reparación integral del daño”. Al igual que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con respecto a las mujeres en detención, pidió que el Estado desarrolle y mejore los programas de acceso a la salud de las mujeres en detención a nivel federal y provincial.
Nota
MU 214: Mujer maravilla
Ella y sus dos hijos llevan glifosato en su sangre, al igual que muchos y muchas en
Pergamino, localidad contaminada por el agronegocio donde dieron batalla y hoy
protagonizan un juicio histórico contra productores y funcionarios. ¿Será justicia?
Ganar la vida: La historia de (no) ficción de Sabrina Ortiz
Su hijo Ciro tenía 120 veces más agrotóxicos que lo “admisible”. Su hija Fiamma, 100 veces más; ella, 58. Viven en Pergamino, llamada “la capital del veneno”, donde se encontraron pesticidas hasta en el agua de red. Bajo amenazas de muerte Sabrina inició una denuncia convertida en un juicio histórico que está por tener sentencia buscando terminar con la impunidad. La acompaña una abogada de lujo: ella misma se recibió como parte de su lucha, porque nadie se atrevía a representarla. No es una película sino un retrato de la Argentina actual: un modelo de contaminación, enfermedad y muerte, frente a la lucha de las comunidades que no se resignan a un presente tóxico.
Por Francisco Pandolfi
La calle criminalizada: El derecho a la protesta en la era Milei-Bullrich
El teatro antidisturbios del presente: descontrol de las fuerzas represivas, cientos de heridos, detenciones arbitrarias, armado de causas, y un proceso judicial que poco tiene de justicia. Los casos de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, aún detenidos por protestar el día de la Ley de Reforma Laboral, hablan de la impunidad con la cual se maneja el gobierno con aval de jueces y fiscales. Lo cuentan ellos, sus familiares y defensas en esta investigación especial.
Por Lucas Pedulla
Década perdida: Marta Montero, mamá de Lucía Pérez
“Estamos como el día 1”. La frase de la madre de la joven asesinada en 2016 remite a aquel año: cuando denunciaron que dos narcofemicidas habían abusado y asesinado a su hija, hasta hoy, dos juicios después, pues la impunidad sigue consagrada. De motivar el Primer Paro Nacional de Mujeres a la decisión que tomó Marta ahora: estudiar abogacía. La injusticia como una tortura y la lucha como un tejido social que sigue en Mar del Plata, con un centro cultural, un bachillerato y un movimiento que no se amilana.
Por Evangelina Buccari
La Cordobaza: 3J y el Ni Una Menos en la provincia de Agostina
La undécima edición del Ni Una Menos llegó a Córdoba con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. La gente salió a la calle bajo la lluvia once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta. Cómo se busca justicia.
Por Bernardina Rosini
El modelo Redondo: El Indio Solari y la autogestión
¿Qué explica que una banda que rechazó las reglas de la industria se haya convertido uno de los fenómenos culturales más masivos de la Argentina? Desde la producción de sus discos hasta la organización de sus recitales, desde el vínculo con su público hasta la construcción de una comunidad capaz de sobrevivir a su propio fundador, la historia del Indio Solari y sus grupos también es la historia de una forma de crear, pensar, sentir y organizarse, con la autogestión como herramienta y filosofía de vida.
Por Francisco Pandolfi, Mariano Randazzo y Franco Ciancaglini
Mundo Chueco: Jorge Chueco Romero, sacerdote de Ciudad Oculta
Es cura en Ciudad Oculta. Todos los miércoles acompaña el reclamo de jubilados en el Congreso, donde aguanta los palazos y el gas pimienta. No cobra la asignación de la Curia, sino que vive de su trabajo como obrero y albañil. Una “camicharla” entre los murales del barrio: qué hacer con la vida, Bergoglio, el Indio, el peronismo, y una lista de cosas importantes.
Por Sergio Ciancaglini
El trava power: Las Simbióticas
Nacidas en las sierras cordobesas, mezclan cumbia, humor travesti y compromiso político. Entre canciones, risas y reflexión, sus integrantes reivindican la construcción de redes, la diversidad y la alegría como forma de resistencia.
Por María del Carmen Varela
Ser de luz: Nina Suárez
Acaba de sacar el disco El lado oscuro, donde enfrenta algunos fantasmas y ausencias familiares y amorosas, acaso dos versiones de lo mismo. Lo hizo con un power trío que se suena todo. Ella compone, canta y toca la guitarra de una manera conmovedora y que remite inevitablemente a su madre, Rosario Bléfari. Breve semblanza de una artista capaz de brillar con la oscuridad.
Por Franco Ciancaglini
Crónicas del más acá: GPS
Por Carlos Melone
Nota
La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina
Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.
El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.
Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.
La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.
Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
Nota
MU 213: Movete
Son personas que se organizan y se movilizan para defender derechos de toda la
sociedad. Son quienes sufren palos, gases y humillaciones por estar de pie. Quienes
crean respuestas donde hay impotencia y nuevas palabras para definir el futuro.
Nuestro homenaje: reunirlas y escucharlas.
Mover el mundo: Cumbre de imprescindibles
Jubilados, discas, asambleístas ambientales, travas, familias víctimas de femicidios y el papá de Pablo Grillo: reunimos a quienes se movilizan y no abandonan la calle a pesar de los palazos y de la falta de respuestas. Quienes marcan una agenda por abajo que es a la vez un rumbo y un llamado a la acción, y también a la unidad. Frente a la dispersión, voces que hablan de un horizonte común, más acá de la política partidaria, para repensar la democracia y la forma en que resistimos.
Por Claudia Acuña
Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords
En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.
Por Evangelina Bucari
Comunicacción: Unión de Medios Autogestivos
Siete medios de todo el país nos reunimos para crear transversalidad, proyectos y compartir ideas sobre cómo hacer periodismo en tiempos mileístas y más acá: el cooperativismo, las comunidades, el territorio, la agenda propia. ¿Cómo crear valor, generar puestos de trabajo y sostenerse cuando todo se cae? Lo que representan estos diarios, revistas, agencias y periodistas todoterreno que resguardan lo mejor del oficio, por fuera de Tik Tok y los streamings de turno.
Por Lucas Pedulla
Ojos bien abiertos: Tadeo Bourbon, fotógrafo
Fue uno de los premiados por el World Press Photo por una imagen que podés ver en la página siguiente. La historia de Tadeo y de aquel día de marcha, represión, golpes y gas pimienta. De la moto, los casamientos y otros empleos, al contexto profesional y a la vez emocional que alimentó ese click al que llamó La Argentina de Milei.
Por Sergio Ciancaglini
Alerta verde: MU en Misiones
Desde que asumió Milei, el precio que se paga a productores y trabajadores está desregulado. Cómo impacta esto en una industria ya precarizada, y lo que genera: éxodo rural, desarraigo, pobreza. Crónica de una época desde un territorio olvidado y en lucha.
Por Francisco Pandolfi
Mondiablo: Juicios contra el Roundup de Monsanto/Bayer
Las pérdidas millonarias de Bayer por las demandas vinculadas al glifosato vuelven a poner en escena una historia que lleva décadas: evidencia científica, fraude corporativo, lobby político y daños sanitarios y ambientales a escala global. Mientras avanzan nuevos acuerdos judiciales y Trump sale al rescate de la compañía, el herbicida sigue presente en cuerpos, territorios y alimentos.
Por Anabel Pomar
Anti algoritmo: Cineclub Mabuse
Hace 25 años que Uriel Barros proyecta películas en Súper 8 en festivales, centros culturales, escuelas, bares y espacios under. Una defensa artesanal y colectiva del cine frente a las plataformas, los algoritmos y el consumo individual. Terror, ciencia ficción, muñecos malditos y películas que todavía necesitan ser vistas.
Por María del Carmen Varela
Monte Hermosa: Josefina Lamarre
Editó el álbum Yin Yang y también le cantó (en contra) al amor extractivista. De la tevé en piyamas a la comedia musical, la perfomance, el Hotel Faena y las coplas chismosas. Lo que surgió de una ducha y la convivencia entre lo tanático, lo erótico y lo vital.
Por María del Carmen Varela
Biblias.
Por Carlos Melone
Grupo Eurnekian: condena por sus fumigaciones con agrotóxicos en Chaco
Ganar la vida: La historia de (no) ficción de Sabrina Ortiz
MU 214: Mujer maravilla
La calle criminalizada: El derecho a la protesta en la era Milei-Bullrich
Década perdida: Marta Montero, mamá de Lucía Pérez
Feliz año viejo: el INTA amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología
Ituzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa
Mu 209: Una de terror
Mu 208: Lara Brenda Morena
Mu 207: Crear lo que viene
Derechos HumanosHace 4 semanas«Digan clítoris»
- Datos de la crisisHace 5 días
Una filtración revela quiénes son los miembros de la sociedad secreta fundada por Peter Thiel
- #NiUnaMásHace 3 semanas
La escena del crimen
- #NiUnaMásHace 3 semanas
Mujeres mapuche: la resurgencia
- El Indio SolariHace 3 semanas
Parece que los dioses mueren
