Fue una pregunta llana que cambió el clima de la noche, que ya estaba terminando. «¿Qué costos y qué beneficios tiene defender a los luchadores sociales?», preguntó Neka Jara, miembro del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano a Mara Puntano, defensora de 600 procesados por cortar rutas de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, Salta.

«Es difícil..», llegó a decir la abogada antes de que su garganta se anudara y sus ojos se llenaran de lágrimas. De pronto, desnudó toda su sensibilidad una mujer que parece a prueba de balas, acostumbrada a enfrentarse -sin siquiera tinta para su impresora- a jueces que sobrevivieron la dictadura, a multinacionales que le ponen precio a todo y a políticos que convirtieron sus gobiernos en verdaderos feudos militarizados. Ante el silencio profundo y respetuoso del auditorio, Puntano se apuró a retomar la respuesta no bien recuperó un hilo de voz: «Se puede perder todo, hasta la vida. Pero lo que se gana, no te lo quita nadie. Porque se gana dignidad».

La última palabra retumbó en el primer piso de un galpón de Puente Saavedra, habitualmente utilizado para grabaciones televisivas. Pero este jueves, no había actores: copó el lugar un centenar de personas abrumadas por la realidad que, en una actividad más de la Semana contra la Criminalización de la Protesta, participó del Encuentro de Asambleas Autónomas de Zona Norte con Puntano, sus defendidos Pepino y Hippie Fernández, y la primera argentina condenada por cortar una ruta, la docente Marina Schifrin.

Puntano respiró profundo y siguió adelante con una especie de alegato: «Cuando alguien pide ayuda hay que estar. En el lugar del planeta que sea. No hace falta dinero, solo hacen falta ganas. Y hay que actuar rápido, porque un minuto de demora puede significar una vida que se pierde. A veces, puede cambiar la situación un llamado a una comisaría, una denuncia a una radio, un mail o un fax a un juzgado. Es importantísimo que se sepa que no somos locos que estamos solos, que hay gente que nos acompaña. A Mosconi llegan muchísimos sociólogos, antropólogos, estudiantes, para analizar como si fueran bichos a los miembros de la UTD. Ellos obtienen sus curros, sus becas, venden sus trabajos, y a los luchadores no les dejan nada, ni siquiera los libros que escriben sobre ellos. Es muy importante ser consecuente, hacer lo que se dice».

A la derecha de Puntano estaba sentado Juan Carlos «Hippie» Fernández que, también conmocionado, tomó la palabra: «El virus está acá, les va a tocar a todos. Para vencerlo hay que tener esto», dijo y con su puño se golpeó fuerte el corazón. «Las universidades -completó- preparan grandes técnicos, pero se olvidan de los aspectos humanos. Así son los dirigentes que tenemos hoy: hay que recuperar el sentimiento».

Acurrucada de tanto frío, Marina Schifrin introdujo factores internos al tema: «Acuerdo en adjudicarle la culpa de nuestros problemas a los políticos, pero también tenemos que mirarnos hacia adentro -propuso con serenidad- Tenemos mucha fuerza para estallar, pero poca para consolidar. Necesitamos transformarnos a nosotros mismos, ser más amplios, más solidarios. Un procesado, si no tiene un partido atrás que lo respalde, se siente muy solo. La clase media cuando le conviene cacerolea y cuando quiere exige mano dura. Así no sirve».

A esa altura, el encuentro llevaba más de dos horas. Había empezado con una pregunta de Schifrin: «Ustedes, ¿qué hacen?». Los vecinos autoconvocados -pertenecientes a seis asambleas- contaron, entonces, que tienen una olla popular y dos merenderos, que ayudaron a la recuperación de la panificadora El Aguante, que tratan de construir un colectivo de salud y que formaron una comisión contra la represión policial y la impunidad a partir del asesinato de Martín Suárez, un chico de 17 años, por parte de la policía. «No es fácil construir en un barrio cajetilla de la zona norte», se justificó un hombre canoso cuando terminó la enumeración.

Todos escuchaban en ronda, donde abundaba el mate y el cigarrillo. La palabra iba de un sector a otro, sin dueño. De pronto recayó en Gastón Sánchez, abogado de la Comisión contra la Represión Policial y la Impunidad en la Zona Norte. Relató dos casos de procesamientos de militantes de las asambleas. «El Ferrocarril Belgrano nos denunció porque en la estación se hizo una pintada con la cara de Martín Suárez y de El Boli, otro chico que está desaparecido. La causa fue archivada porque no se pudo determinar quién era la comisión contra la represión. La otra denuncia la hizo Carrefour porque encontraron a un asambleista pintando en el frente: ¿Si Evita viviera sería piquetera? Como era época electoral el juez dictaminó que el denunciado no sabía que cometía un delito ante la cantidad de graffiti políticos que había» El abogado comparó este fallo con el dictamen que el Procurador General de la Nación realizó en el caso Schifrin. «Recomienda el sobreseimiento argumentando que tenía falta de conciencia de que realizaba un delito, pero sigue sin resolver la cuestión de fondo: el derecho a la protesta”.
Detrás del abogado, y haciendo saltitos para evitar el frío, un delegado ferroviario con la campera de TBA, describió los procesamientos de sus compañeros, acusados de interrumpir el paso de los trenes por las vías por una protesta gremial. «Es necesaria la unidad de todos los procesados -advirtió-. Cada uno por separado, de nada sirve».

Fue Jojó Lucero Belgrano, de la Universidad Trashumante, quien vinculó la criminalización de la protesta con lo que sucede por estos días en San Luis, «El nuevo artículo 242 permite a la policía allanar y detener sin orden judicial alguna. Los referentes de la Multisectorial que pide la intervención en la provincia tienen que dormir cada noche en otra casa, como en la dictadura, para preservar su seguridad. Hay 45.000 beneficiarios de planes sociales que, extorsión mediante, se transformaron en el ejército privado de los Rodríguez Saá. Quieren una guerra del pueblo contra el pueblo». Con responsable persistencia al fin de cada uno de los encuentros de esta Semana, la propia Jojo – o algún otro integrante de la Universidad- se encargó de denunciar lo que pasa en San Luis,

Pepino Fernández interrumpió para explicar cómo ellos evitaron en Mosconi esa situación: «Cuando a nosotros nos ofrecieron un plan para ir a hacer pozos a la ruta, dijimos que no, que íbamos a ir a arreglar las escuelas, porque ahí van nuestros hijos. Hace falta la autorización de la directora, nos dijeron. Y cuando fuimos a hablar con ella, nos contestó: ¿qué va a decir el ministro? Nosotros le dijimos que si no aceptaba íbamos a la radio a contar todo. ¿Qué iban a opinar los padres, los alumnos, sus propios hijos?»

Tímidamente, un joven tomó la palabra. Enumeró todo lo que había escuchado: Salta, Río Negro, Buenos Aires, San Luis y concluyó: «Está claro cuál es el juego de los políticos». Enseguida agregó: «Los jóvenes no protestamos porque no sabemos por qué tenemos que protestar. No tenemos conciencia de los derechos, porque nadie quiere que la tengamos.»

La palabra pasaba más lento que el mate, pero a todos le llegaba. «Tenemos que comunicarnos mejor. Aprovechemos las innovaciones tecnológicas como el e-mail. Los medios no nos cuentan lo que nos cuentan ustedes», señaló un señor calvo, un tanto mayor. Hippie Fernández lo cortó en seco: «La realidad está al lado de cada uno. Hacen lo que quieren con nosotros. Si hasta hoy se está jugando Boca-River sin una hinchada y nadie dijo nada.»

Neka Jara, del MTD Solano, recordó que organizarse permite romper el aislamiento y la incomunicación. «Hay que socializar los recursos para potenciar cada movimiento», subrayó.

En la ronda hubo tiempo, como en cada charla de la semana, para que la UTD desarrollara sus proyectos productivos. «Además de protestas, tenemos propuestas», volvió a decir Hippie Fernández antes de comenzar a sacar carpetas sobre huertas, aulas, salas de primeros auxilios, agua potable, basureros y muchos etcéteras. Además, volvió a señalar que la crisis energética es un verdadero bleff: «El gas debería ser gratis», aseguró y agregó: «Las empresas sacan el metro cúbico a 0,45 en boca de pozo. Pero no invierten en extracción para que la Argentina le compre a esas mismas empresas que sí invierten en Bolivia a 1,78».

Una larga mesa y varias pizzas esperaban en la planta baja. La última charla de esta Semana contra la Criminalización de la Protesta había terminado.