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La Nueva Provincia, en una causa por desapariciones

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¿La dictadura fue sólo militar? ¿O cívico-militar? ¿Qué rol cumplieron los civiles para que el genocidio pudiese ser llevado a cabo? ¿Y los medios? Algo de eso estará en debate este 18 de marzo cuando declare ante la Cámara Federal de Bahía Blanca Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia.
Massot concurrirá como testigo – y no como imputado- a un juicio en el que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani buscan acusarlo por el rol que cumplió el diario en el esquema represivo ilegal aplicado por los militares, y en particular por el asesinato de dos obreros gráficos del diario: Enrique Heinrich y Miguel Loyola. La historia de sus muertes y el papel del diario en la dictadura fueron contadas en la MU N° 66: https://www.lavaca.org/mu/mu-66-10-claves-para-intentar-levantar-el-nivel-del-debate-politico/

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani


Un “valioso auxiliar”
La investigación de la fiscalía se desprende de la condena a represores bahienses en 2012: el Tribunal Oral ordenó en su sentencia que se investigue el rol de los directivos de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado. Entre los fundamentos de esta orden se planteó que el diario colaboró “en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”. Las maniobras que elaboraron la operación, define el Tribunal, fueron la “desinformación” y la llamada “propaganda negra”, es decir, la mentira como estrategia de la propaganda.
Un ejemplo que vale para graficar las conexiones de LNP con el terrorismo de estado es la declaración del general Adel Vilas en 1987 frente a la Cámara Federal de La Plata – quien encabezara la represión durante el primer año de la dictadura en Bahía- en la que define al diario como “un valioso auxiliar de la conducción”.
Los responsables de la publicación eran por entonces Diana Julio de Massot, sus hijos Federico y Vicente, y el jefe de redacción Mario Gabrielli. Sólo ha sobrevivido Vicente Masot de ese grupo. El diario tenía además fotógrafos (como Gustavo Lobos) y periodistas (Jorge Soldini) que integraban la nómina del Personal Civil de Inteligencia.
Las imputaciones
Massot está imputado por formar parte de lo que el fiscal José Nebbia llama el “núcleo decisional” de LNP en aquellos años oscuros. Según la presentación que realizó junto a Miguel Palazzani, los grados de responsabilidad, explica a lavaca, son tres:

  • “Primero, haber sido parte de un plan criminal y haber cumplido un rol que está reglamentado en los estatutos del Ejército y la Armada, que tiene que ver con la función de los medios y la propaganda”.
  • “Y cómo se manifiesta eso en el segundo plano: por ejemplo los encubrimientos de los operativos de la dictadura, que los hacían aparecer como enfrentamientos, cuando en los juicios ya celebrados quedó demostrado que las víctimas fueron torturadas y muertas”.
  • “Por último los secuestros y asesinatos de Heinrich y Loyola”.

La imputación define a Massot como coautor del homicidio de los dos obreros gráficos (“instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”) y por haber realizado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Qué hizo la justicia
Sin embargo, el juez federal subrogante Santiago Martínez descartó de plano el pedido de indagatoria ante estas imputaciones, considerando que las pruebas no eran suficientes. Por eso es que la Cámara lo cita en carácter de testigo (haciendo uso de la opción de “presentación espontánea” como colaborador de la justicia) y quien deberá tomarle declaración será otro magistrado, Álvaro Sebastián Coleffi, aunque se aclara que esa alternativa “no es óbice para que el juez, si considera necesario interrogar al imputado, le asigna forma de indagatoria”. Es decir que el desenlace de la jornada es incierto: Massot puede abstenerse de declarar, desarrollar un monólogo de su versión, o el joven juez subrogante Álvaro Sebastián Coleffi (“del cual no tenemos muchas referencias”, dice el periodista Mauro Llaneza) habilitar la interpelación de los fiscales y hasta llevarlo detenido. “Es muy difícil pensar hoy ver a Massot tras las rejas”, interpreta Llaneza, quien cubrió los juicios a los genocidas bahienses a través de FM De la Calle, radio comunitaria que este año cumple 25. “La Nueva Provincia sigue siendo un engranaje más de toda esta red de complicidades”. Por esto, sin dejar de resaltar lo histórico de ver a un civil respondiendo por crímenes de estado, define su escepticismo de la siguiente manera: “Ver para creer”.
La Nueva Provincia
El comienzo del fin
La lupa sobre Massot busca ser el primer paso hacia la búsqueda y determinación de otros responsables civiles. “Arrancamos con el dueño, pero también hay periodistas, fotógrafos y otra gente que colaboró”, dice Nebbia. Mauro Llaneza amplía el panorama: “Es importante también para sentar antecedentes como en el caso de Blaquier, Papel Prensa y otros juicios que se investigan responsabilidades civiles”.
Desde el martes, FM De la calle transmitirá en vivo desde la puerta del juzgado. “Es una jornada de valor histórico sobre todo para legitimar y acompañar el reclamo de los sobrevivientes”, dice Llaneza.
Se podrá seguir la transmisión en el blog juiciobahiablanca.wordpress.com/ o la página www.enesoestamos.com.ar.
A continuación reproducimos la nota completa de MU:
El dictadiario
Dos fiscales pidieron el procesamiento de los directivos de La Nueva Provincia, acusado de promover el asesinato de dos obreros gráficos. Se lo considera parte del plan criminal que azotó a esa ciudad durante la dictadura, y herramienta de acción psicológica para sembrar el terror. Las delaciones, la “propaganda negra”, las persecuciones, las mentiras, y cómo actuaron en la práctica los que tantas veces dicen defender la “libertad de expresión”.
“Cagones” era la palabra que Federico Massot usaba para definir a parte de la cúpula militar en plena dictadura. Tras la muerte de Jorge Videla, se sospecha en Bahía Blanca que el diagnóstico fue visionario. Federico y su hermano Vicente eran asistentes de su madre, Diana Julio de Massot, en la dirección de La Nueva Provincia, el primer multimedio del país (el diario, LU2 y Canal 9) que ejerció durante décadas un virtual monopolio informativo en Bahía Blanca. La empresa no sólo alentó el golpismo y el exterminio motorizados por los militares, sino que exigió el abandono castrense de la “mentalidad legalista”, marcó los blancos que requerían ser atacados en el ámbito gremial, educativo, religioso y social, falsificó noticias sobre enfrentamientos, asesinatos y desapariciones, glorificó a los represores más eficientes, y promovió la delación masiva.
Hoy Bahía Blanca, 300.000 habitantes,intentaemerger del agujero negrode su propia historia con movilización social, juicios asombrosos, y acciones judiciales que buscan determinar en qué medida un medio como La Nueva Provinciano sólo acompañó, sino que fue parte del plan criminal que provocó al menos 240 muertes y desapariciones mientras el diario titulaba algo que no se refería a desechos sino a personas: “Limpiar la Ciudad: Consigna Para la Ciudadanía Responsable”.
La sorpresa
“Nadie se la esperaba” reconoce Mauro Llaneza, de la radio comunitaria FM De la Calle. El año pasado se produjo en Bahía la primerasentencia de los juicios a militares del Ejército, con 17 condenas, 14 de ellas a prisión perpetua: la mayor cantidad en una sola causa, hasta ahora.
Lo que nadie esperaba era que el Tribunal Oral formado por Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, ordenase además continuar investigando la posible responsabilidad de sectores civiles. Por ejemplo:

  • El capellán de Ejército Aldo Vara, visto en el centro de detención y torturas La Escuelita y en el Batallón 181 del V Cuerpo de Ejército quien confesó en 1999 en los Juicios por la Verdad que visitaba el lugar y que incluso vio las marcas de torturas que le mostraron algunos de los secuestrados.
  • Integrantes del poder judicial como el juez Guillermo Madueño (ya fallecido) y sus secretarios Hugo Sierra y Gloria Girotti, a quienes se denunció porque visitaban los centros clandestinos y tomaban declaraciones a personas secuestradas por los militares.
  • La Nueva Provincia.

El juicio en el que declararon 400 testigos duró casi un año y medio, y el tribunal fue integrado por jueces de otras ciudades ya que en Bahía Blanca todos debieron ser recusados por sus relaciones con el clan militar. A eso se refirió el fiscal Abel Córdoba durante su alegato al plantear que en Bahía existe “un entramado social corporativo”.
Mauro Llaneza y Gabriel Cena forman parte de otro entramado: son los dos periodistas que más cercana y cotidianamente cubrieron el juicio a través de FM De la Calle, radio comunitaria nacida en 1989 con la consigna “hartos ya de tanto monopolio”. Hoy explican: “La propia lógica de la sentencia fue llevando a los jueces a plantear que había cuestiones que quedaban abiertas más allá de las condenas a militares, y que había que seguir investigando”.
La Nueva Provincia
Propaganda negra
Para fundamentar la orden de que los jueces de primera instancia investiguen a La Nueva Provincia el Tribunal Oral planteó que el diario colaboró “en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
¿Cómo se logró eso? Degradando seriamente a la verdad, dicen los jueces, a través de dos mecanismos: la desinformación y la llamada “propaganda negra”. La propaganda negra, según el Reglamento reservado de Acción Sicológica RC-5-1 del Ejército,presentado como prueba en el juicio, es “la que pretende aparecer como originada en una fuente que no es verdadera”.
O sea: la mentira como estrategia de la propaganda, que es definida por el RC-5-1 del siguiente modo: “Principal procedimiento de Acción Sicológica. Consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva, con miras a alterar y controlar opiniones, ideas y valores”.
Esto se hace a través de “comunicadores llave” y medios de comunicación que tienen un público. Al público, los militares lo definían como el “blanco de la acción psicológica”. El RC-5-1 es un manual reservado de 200 páginas impreso en 1968 en el Instituto Geográfico Militar. Se conoció en 2005, presentado en diversos juicios por abogados de militares para liberar a sus defendidos de culpa, planteando que obedecían órdenes. No lo lograron: los manuales secretos militares no justifican crímenes ni están por encima de la Constitución.
Franchising
La Nueva Provincia fue “un valioso auxiliar de la conducción” había reconocido Acdel Vilas, el general que encabezó la represión durante el primer año de la dictadura en Bahía Blanca. Había llegado a Bahía con el franchising de sus carnicerías previas en el Operativo Independencia de Tucumán, donde había instalado entre otras cosas el primer centro clandestino de detención y torturas del país, en Famaillá, bautizado también La Escuelita.
La declaración de Vilas sobre Bahía Blanca–incorporada al juicio- había sido efectuada en 1987, antes de la Ley de Obediencia Debida, frente a la Cámara Federal bahiense y el fiscal Hugo Cañón. Habló durante 13 jornadas seguidas, pidió ser relevado del secreto militar, presentó documentos como el Plan del Ejército, otro manual de represión y acción sicológica que planteaba como blancos específicos a organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles universitarias y secundarias, y al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, responsables del caos, según el texto.
En aquella declaración Vilas reconoció que se falsificaban enfrentamientos a través del diario, planteando que se hacía para “confundir al enemigo”. Se llegó a teatralizar situaciones haciendo pasar por muertos a soldados y sacándolos tapados en camillas para las fotos o plantando cadáveres en lugares como La Cueva de los Leones, que La Nueva Provincia reproducía luego como “combates”.
El diario tenía además fotógrafos (Gustavo Lobos) y periodistas (Jorge Soldini) que integraban la nómina del Personal Civil de Inteligencia. La relación de la empresa con los militares fue floridamente comentada por el marino Adolfo Scilingo (quien confesó su participación en los vuelos de la muerte) en su libro Por siempre nunca más. Allí se narra la opinión del señor Massot sobre ciertos militares, y que señora de Massot tenia reuniones nocturnas con el vicealmierante Luis María Mendía para coordinar ideas y acciones.
Delátelo usted mismo
¿Cuál puede ser el efecto de vivir bajo un monopolio informativo? La Nueva Provincia despertaba cada día a Bahía Blanca con un mensaje de apocalipsis: disolución, guerra, mártires militares, asesinos subversivos, dios, patria, tradición, sangre, amenazas, propaganda de las dictaduras: “El Centinela De Occidente no ha Muerto” (sobre la muerte de Francisco Franco”; “Caudillo y Estadista” (sobre Augusto Pinochet).
Pero la esencia de las cosas se percibe mejor en los detalles que en la sobredosis de editoriales. Un aviso permanente en las páginas del diario advertía:
“COLABORE-ESTE ALERTA
Ante cualquier actitud, hecho o persona sospechosa, actividad anormal o injustificada
LLAME AL TEL. 31627. Contribuya a la lucha contra la subversión.
Comando V Cuerpo de Ejército”
La misma incitación a la delación se escuchaba por la radio, y se emitía como un menaje perpetuo en la pantalla del canal de La Nueva Provincia.
Otro mensaje: “Todos los ciudadanos tienen la obligación de armarse en defensa de las Patria. Sus armas son los ojos, los oídos y la intuición. La lucha no es sólo militar; es de todos los que desean una Patria próspera y con futuro”.
Y otro: “¡Ciudadano! Asuma sus obligaciones de soldado reservista; ¡ciudadana! Defienda desde su hogar la Paz que usted y su familia merece, colaborando con las fuerzas que combaten a la delincuencia apátrida y venal”.
Siempre se acompañaban los teléfonos a los cuales llamar.
El efecto fue un aluvión de denuncias falsas, paranoicas o malintencionadas: patrones que querían sacarse empleados de encima, cornudos rencorosos, patriotas con delirium tremens, venganzas personales, etc. El propio general Vilas confesó que tuvo que crear un comité de evaluación para no seguirle el ritmo a ese sistema de delación infinita, que no se sabe cuántas víctimas habrá provocado.
Lo hizo para evitar perder eficiencia represiva, y no por moderación: testigos como Rubén Bustos revelaron en el juicio de 2012 que vieron a Vilas en La Escuelita bahiense, gritando nervioso cuando percibía cierta inoperancia de sus subalternos: “¡Quiero cadáveres!”.
Entre los casos más notorios durante su gestión en el V Cuerpo se encuentra el secuestro del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen y del diputado Abel Amaya, ambos defensores de presos políticos (los asesinados en Trelew, por ejemplo) y sindicalistas. Solari vivió para denunciarlo. Amaya murió en 1976 como consecuencia de las torturas.
Tercer sexo

Vilas fue desplazado de Bahía Blanca a fines de 1976. Visitó el diario, como siempre. “Una Despedida que no Quiso Ser un Adiós” tituló La Nueva Provincia con su tradicional desparramo de mayúsculas. Cuestionaba sutilmente la salida de Vilas, que era parte de las internas y roscas militares de la época, y terminaba con un “hasta pronto soldado…”.

Vilas zafó de ser condenado por sus crímenes en los 80 por la aplicación de la Ley de Obediencia Debida. En los 90 fue indultado por Carlos Menem. El secretario de Asuntos Militares de Menem era un viejo conocido de Vilas, uno de los que motivó su visita al diario al irse de Bahía Blanca, y probable autor del artículo: Vicente Massot.
Massot era uno de los directivos del diario, pero además ejercía como secretario de redacción de Cabildo, revista ultraderechista, aunque tal vez el adjetivo le quede corto. En el blog Bahía Gris, se rescata uno de los editoriales escritos por Massot en Cabildo, sobre el diario francés Le Monde: “Blanduzco y baboso, identificado con las izquierdas rosadas (…). Prefiere el tercer sexo al sexo masculino, el color rosa al celeste y, lógicamente, las chancletas a las botas”.
Lo que sigue en debate es hasta dónde llegó la preferencia de Massot por las botas. Durante el menemismo, justificó el uso de la tortura y planteó el ascenso de los integrantes de los Grupos de Tareas de la ESMA Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías (Menem terminó desplazando a Massot; solía desconfiar de los que eran más menemistas que él mismo).
Massot declaró en 2012 al diario zonal La Nación, acerca de la violencia: “Todos la reivindicábamos”. Otra definición: “El ser humano es peligroso”.
Pedido de detención
La sentencia del Tribunal Oral planteando investigar las responsabilidades civiles fue asumida en mayo de este año por dos fiscales, Miguel Ángel Palazzini y José Nebbia. Tras la lectura acaso estoica de más de 500 editoriales y notas del diario, solicitaron al juez Santiago Ulpiano Martìnez la detención e indagatoria del actual director, Vicente Massot y del ex secretario de redacción Mario Gabrielli.
Rodeados de expedientes, los fiscales contaron a Mu el saldo de su trabajo entre arqueológico y detectivesco. Tres definiciones:

  • “El diario fue la usina ideológica del terrorismo de Estado en la ciudad. Cumplió un rol fundamental de acción psicológica en términos de los reglamentos militares. Los editoriales y artículos reflejan exactamente toda la estrategia militar de exterminio, y hasta marcan hacia dónde apuntar los operativos de represión. Acusamos a Massot y Gabrielli de haber participado en la organización, dirección y control de la asociación ilícita y de haber participado de forma directa y personal en la ejecución de los operativos de acción psicológica”.
  • “No es una discusión sobre libertad de expresión sino sobre una actividad concreta en la comisión de los peores delitos, los de lesa humanidad. La libertad de expresión fue brutalmente vulnerada por el diario”.
  • “La dictadura no fue solo militar. El plan fue diseñado por civiles y ejecutado por militares. La idea era imponer una reorganización de las relaciones sociales y un modelo que tenía como base un plan económico que necesitaba instalar el terror para lograr el control y el silencio de la sociedad. La acción psicológica se usó para formatear la subjetividad a medida del plan criminal”.

Los fiscales agregan algo más: “Consideramos que los máximos exponentes del diario tuvieron una participación en la instigación, la concreción material y el encubrimiento de los homicidios de los obreros gráficos Heinrich y Loyola”.
Dos obreros
El caso de los trabajadores de La Nueva Provincia Enrique Heinrich y Miguel Àngel Loyola está incluido en la llamada “Causa Armada”, otro juicio que debe investigar a 9 integrantes de esa fuerza a los que se responsabiliza además por 50 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de Puerto Belgrano.
Heinrich y Loyola eran directivos del Sindicato de Artes Gráficas y delegados del diario junto a Jorge Molina. Jorge me cuenta: “Hubo conflicto durante 1975 porque descubrimos que estábamos a años luz de los sueldos de otros diarios de tirada similar como Los Andes de Mendoza o La Capital de Rosario. Pero no estábamos en una militancia política, lo nuestro era el reclamo salarial”. Ya en septiembre de 1975, recuerdan los fiscales, la directora del diario denunció la “acción disociadora” de Heinrich y Loyola, “cuyos fueros pareciera hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. En cartas al Ministerio de Trabajo la empresa denunciaba “fines inconfesos”, “perturbación tendenciosa” y varios etcéteras, dedicados especialmente a Heinrich y Loyola.
Molina: “En 1976 fue el golpe y Diana Julio con Vicente Massot recorrieron el diario con una bandera argentina diciendo: ‘a ver si hacen paro ahora’ y ‘vayan a reclamarle al sindicato’. En realidad el conflicto ya se había diluido a fines del 75. A Federico Massot yo le preguntaba: ‘¿Decidieron algo de los aumentos?’ Y me contestaba: ‘Lo tengo que consultar con mamá’”.
Pero paralelamente la Prefectura realizó un trabajo de inteligencia (Memorándum 8687, del 22 de marzo de 1976) considerando a la empresa el “único medio real de difusión” de Bahía Blanca”. Se denuncia allí la infiltración marxista, peronista y tercermundista, explica que el diario notificó a los comandos militares quiénes eran los responsables del “sabotaje” y establece cuál es el “personal A SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL”. Los principales nombres de la lista eran Heinrich y Loyola. Molina era el tercero.
El 30 de junio ocurrió el secuestro. Molina me cuenta que Heinrich tenía cinco hijos: “Él, la mujer y los chicos dormían en la misma habitación. Era un gremialista que no sacaba nada de su cargo, gente muy humilde”. Cuando aparecieron los militares, lo único que pidió Heinrich fue que no le pegaran delante de los hijos. Se lo llevaron.
La mujer de Loyola estaba embarazada. “Era mucama de un hotel” informa Molina. Los militares esperaron a Miguel Ángel en su pequeña casa. Cuando llegó, inyectaron somníferos a los siete familiares que estaban allí, y lo secuestraron.
Los cuerpos de Heinrich y Loyola fueron tirados en el paraje La cueva de los Leones, atados, golpeados, torturados y perforados por 54 balazos en total. El caso mereció 25 líneas el 6 de julio: “Son Investigados Dos Homicidios”. Y un dato: “Ambos se desempeñaban en la sección talleres de este diario”.
Ese mismo día el título del editorial fue: “La Moderación con el Enemigo No es un Síntoma de Cordura”. Texto: “Es hora de abandonar esta absurda y forzada mentalidad ‘legalista’”, para intervenir en “la más sucia de las guerras, artera, asesina y no convencional” que “sólo se cortará de raíz cuando se resuelva combatirla en sus causas de manera frontal, tajante y sin concesiones, en todos los niveles, andariveles, estamentos y reductos”.
Trilogía: aquel mismo 6 de julio, se publicó el aviso fúnebre participando del “fallecimiento” de Heinrich. Molina recuerda algo que acaso defina a La Nueva Provincia tanto como sus editoriales: “El avisito en el diario lo fue a poner el hermano de Heinrich. Se lo tomaron, y se lo cobraron”.
Otro aporte: el blog Bahía Gris, Diego Martínez reveló lo relatado por dos periodistas locales que oyeron al general Acdel Vilas decir sobre el caso: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”. Dato sobre Vilas: no pudo ser acusado de modo personal porque al derogarse las leyes de impunidad sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó incapaz y demente, en términos médicos. Murió en 2010. Cuatro camaradas fueron a su entierro.
Muerte en la universidad
También está pendiente la investigación por los homicidios cometidos por la Triple A, cuando aún gobernaba Isabel Perón. David “Watu” Cilleruelo (cursaba ingeniería) es el único caso argentino de un asesinato cometido en la propia universidad. El rector en la Universidad Nacional del Sur era un rumano fascista, Remus Tetu. Alberto Rodríguez, compañero de Cilleruelo: “Él iba a asumir como presidente de la Federación Universitaria. Estábamos volanteando, entró una patota, quisieron agarrarlo, él corrió hacia nosotros pero le dispararon por la espalda, en la cabeza. Se fueron en un auto del Rectorado”. Días antes La Nueva Provincia había elogiado la designación de Tetu con una propuesta higiénico-ideológica. Título: “Claustros Limpios por Dentro Y por Fuera”. Texto: “Si hay factores nocivos en la UNS que la adulteran o perturban, deben ser eliminados sin miramientos ni flaquezas”.
Curiosidades
Los fiscales presentaron el pedido de detención e indagatoria de Massot y Gabrielli, pero el juez Santiago Ulpiano Martínez rechazó el pedido “por el momento”, considerando que faltan elementos para poder concretarlo. Los fiscales ya apelaron. Martínez no es juez, sino secretario a cargo del juzgado, o sea “subrogante”. Lo mismo pasa con los fiscales.
Tres curiosidades:
1) El intendente oficialista que dejó su cargo para convertirse en ministro de Daniel Scioli, Cristian Breitenstein, reconoció su relación con Massot y dijo que lo ocurrido durante la dictadura fue en el marco de una “guerra (falacia militar con la que se justifican los crímenes).
2) La concejal radical Aloma Santor insinuó que el pedido de detención a Massot es “caza de brujas” y reveló que no recuerda lo que pasó en Bahía Blanca porque “era chica”. Esta señora tenía la misma edad de las víctimas que no recuerda (y hoy tiene 56). Alguien de su partido debería contarle lo que pasó con el diputado Abel Amaya, el que murió por las torturas.
3) En sentido diferente al de estos políticos se pronunció un militar. El secretario de la Armada, contralmirante Luis González Day, ratificó el apoyo a todo requerimiento judicial y destacó la “decisiva participación institucional en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Blanca Bahía
Esta historia parece un agujero negro. Vidas reventadas por un poder del cual Vilas puede ser símbolo: hemorragias cerebrales más que ideas, incapacidad para lo social, demencia de la racionalidad, soledad. Videla y su imagen póstuma en el baño, aportan lo suyo. Al entierro de la señora de Massot fueron todos los popes de las empresas prensa argentinas. Pero tampoco La Nueva Provincia es lo que era. Cambiaron los actores. El canal de aire se lo quedó Telefé, y el Grupo Clarín el de cable. Ningún joven lee el diario, y todo esto huele mucho a pasado, y poco a futuro.
Pero Bahía Blanca cambió la propaganda negra. Ejemplos: los reclamos de justicia de víctimas y familiares garantizaron la realización del juicio; los hartos y hartas de tanto monopolio a través de FM De la Calle organizaron la cobertura de las audiencias y crearon un blog imprescindible: juiciobahiablanca.wordpress.com.
Pero además late en Bahía un universo de experiencias de los que esa radio es voz, oreja, aliada, causa, efecto y amiga: los corredores productivos y autogestivos; los trabajos de vivienda de Cáritas y la granja biodinámica con la que brindan trabajo a chicos y chicas de barrios marginales para que la vida sea otra cosa; los grupos que trabajan con software libre; Bahía Originaria, que en lugar de olvidar recuerda la matanza de 200 mapuches cuyos cuerpos fueron incinerados en 1859 en lo que hoy es el centro de la ciudad, y empuja por los derechos actuales de los pueblos originarios; muralistas que intervienen Bahía para que no dejemos de ver; la Comisión de Apoyo a los Juicios (y al cierre de esta edición se confirma que el 26 de junio empieza un segundo tramo del juicio al Ejército, con 10 imputados); músicos que se sindicalizan; sindicatos que no se resignan; la pelea de los vecinos de General Cerri por recuperar el abandonado frigorífico de la CAP e inventar salidas a la desocupación; la gente de Ingeniero White que reclama no seguir siendo carne de uno de los polos más contaminantes del país; Aukan, la Asamblea Ambiental del Sur, que reúne a vecinos, trabajadores, profesionales y organizaciones que están logrando frenar el dragado de la ría bahiense que rompería el ecosistema, y que en un afiche escribieron algo que, después del agujero negro, resulta aire puro: “Para fomentar el protagonismo popular y el pensamiento crítico frente a los graves problemas del actual modelo productivo”.
La Nueva Provincia advirtió siempre que la batalla era cultural, como si del otro lado hubiera un grupo político o ideológico, en lucha por domar cabezas. Error: Bahía Blanca muestra cabezas y corazones que no parecen querer ser domesticados, ni que les escriban su destino. Esa es la batalla que perdió la vieja provincia. Lo que se está gestando, tal vez como una tendencia, no es tanto histórico, jurídico o ideológico, sino algo más importante: cómo ser, cómo vivir, y en qué consiste la libertad.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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Nota

16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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