Nota
Minería contra la comunidad: Choya, Andalgalá, sitiado por la policía provincial para que avance el proyecto MARA
Dos nuevas detenciones de asambleístas se suman a una serie de hechos de violencia policial -solo durante este mes- contra vecinas y vecinos que resisten el proyecto MARA en Andalgalá, comandado por la canadiense Yamana Gold, la suiza Glencore Internacional y la estadounidense Newmont Corporation. En diálogo con lavaca integrantes de la histórica asamblea El Algarrobo que mantienen un acampe en la cuenca del río Choya denuncian: «Ya hicieron trabajos que causaron la destrucción de la cuenca del río. No podemos permitir un proyecto megaminero a la vera de un río de donde tomamos agua». Describen a la vez un «estado de sitio» en la zona donde «la policía y las patotas de la empresa pro minera están enfrentados con la gente de las asambleas”. Del anuncio del gobierno sobre la «Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad», a la (falta de) respeto del agua, la biodiversidad, la naturaleza y la participación de las comunidades que defienden la vida y el futuro.
Por Francisco Pandolfi
2 de mayo de 2022. El ministro de Producción Matías Kulfas lanza con bombos y platillos la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad. A su lado, varios funcionarios del gabinete. De frente, lo escucha atentamente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también del Frente de Todos. El video institucional con el que comienza la presentación emite sus primeras palabras: “La minería genera más de 80 mil puestos de trabajo en el país, promueve el desarrollo de las comunidades locales, genera encadenamientos productivos y es fundamental para el crecimiento de la Argentina. Necesitamos desarrollarla. Queremos hacerla con el consenso de todas y de todos”.
2 de junio de 2022. A un mes del lanzamiento, el pueblo catamarqueño de Andalgalá, bastión de la lucha antiminera, sigue sin ser escuchado. Y sigue siendo perseguido, como desde aquel octubre de 1997 cuando se inauguró la megaminería en Argentina con la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera. Luego de haber sufrido en las últimas semanas la represión policial, anteayer encarcelaron a dos activistas de la asamblea El Algarrobo. ¿El motivo? La resistencia a la implantación del nuevo proyecto minero MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). ¿Dónde? En el distrito de Choya, departamento de Andalgalá, ahora mismo sitiado por la policía provincial.
¿DESARROLLO? ¿SUSTENTABLE?
El proyecto MARA, que busca producir cobre, oro, plata y molibdeno en pleno cerro Aconquija, está comandado por tres empresas: la canadiense Yamana Gold, la suiza Glencore Internacional y la estadounidense Newmont Corporation. También son tres las normas jurídicas que debieran imposibilitar su realización: la Ley General del Ambiente, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto que rige para la cuenca del Río Andalgalá y la Ley Nacional de Glaciares. “Sin embargo, vino la pandemia y en medio del aislamiento autorizaron la exploración avanzada en el Cerro Aconquija, que afecta también a la cuenca del río Choya. Ahí piensan hacer una escombrera, donde volcarán la explotación que realicen en la montaña, o sea, la cobertura vegetal y lo que ellos llaman la roca estéril, que para nosotros es nuestra biodiversidad”, dice a lavaca Sergio Martínez, uno de los antiguos vecinos de la asamblea El Algarrobo.
Rosa Farías tiene 59 años e integra la asamblea desde su creación en 2010. “Aprovecharon la pandemia y llevaron las máquinas perforadoras al cerro. Ya hicieron trabajos que causaron la destrucción de la cuenca del río. No podemos permitir un proyecto megaminero a la vera de un río de donde tomamos agua. Porque no lo hacemos de una red subterránea, nuestra agua viene de la montaña, del valle”. El gobierno de Catamarca desde hace tres años declara la emergencia hídrica, en una provincia donde el 28% de sus pueblos no tiene acceso total al agua potable, mientras La Alumbrera consume 100 millones de litros diarios de agua.
Expresa Sergio: “A la autorización para la exploración se le sumó la construcción de caminos, pozos de explotación y todos los residuos los tiraron al lecho del río. Esto alteró la composición química del agua, que se llenó de bacterias porque hasta la materia fecal tiraban ahí. Empezamos a notar que muchos chicos tenían problemas gastrointestinales. Entonces un grupo de vecinos de Choya subió a las montañas para ver qué estaba pasando y ahí se dieron cuenta cómo estaban destruyendo todo”.
ESTADO DE SITIO
El proyecto minero está avalado por el gobierno provincial y también por el gobierno nacional. Ante la soledad absoluta, la comunidad decidió llevar adelante la acción directa e impedir el paso de los camiones que llevaban combustible a la zona de exploración. “Hace 55 días que en Choya, donde no hay conectividad digital, se está acampando arriba de la montaña para impedir que se siga destruyendo la montaña. No estamos exigiendo nada más que se cumpla la ley”, cuenta Sergio, 59 años e instructor judicial.
Puntualiza en la represión estatal: “En estos 55 días ya hubo tres hechos de violencia policial y actualmente hay presencia permanente de la policía, intimidando a quienes se manifiestan. Estamos viviendo prácticamente en un estado de sitio, donde están suspendidas las garantías constitucionales, en un estado de guerra permanente entre el poder político, económico, junto a la policía y las patotas de la empresa pro minera, enfrentados con la gente de las asambleas”.
Agrega Rosa: “Vivimos en una tensa espera, una incertidumbre marcada que no se tolera en el espíritu, esperando cuándo será el próximo hecho represivo. Cada 15 días estamos viviendo una situación de violencia. La policía no permite el libre tránsito de vecinos hacia el cerro, y aunque denunciamos a las autoridades políticas y judiciales, nadie se hace cargo. Mientras, los presos y el dolor son nuestros”.
El martes, el fiscal Martín Camps ordenó la detención de Aldo Flores y Enzo Brizuela, de El Algarrobo, “por desobediencia judicial y supuestas amenazas, ante las falsas denuncias de gente relacionada con la empresa minera”, afirman desde la asamblea. Flores, jubilado de 73 años, sufrió una descomposición cardíaca en la declaración indagatoria y se encuentra internado en un hospital de San Fernando del Valle. Brizuela, arrestado en la comisaría departamental por su parte, comenzó una huelga de hambre seca para denunciar la persecución. “Son causas armadas, que nunca llegan a nada porque no hay ninguna prueba en su contra”, sentencia Rosa.
“Tenemos dos compañeros detenidos porque acá, todo aquel que se opone a la megaminería es amenazado. Reina un gobierno autoritario, que en determinadas situaciones lo comparamos con una dictadura porque impone el pensamiento único, no escucha a los pueblos y está incrementando la represión”, exclama Sergio, que necesita seguir vomitando rabia: “La dictadura minera empezó en 2006 cuando nos reprimieron por primera vez. Lo mismo en 2010, 2011, 2012, por no permitir el ingreso de las maquinarias. Por ese entonces, un juez dictó una medida cautelar en la que exhortaba a pararse la actividad minera hasta que Andalgalá recuperara la paz social. Pero de 2010 hasta hoy nunca se restableció la paz social; los hechos de violencia se suceden uno tras otro, y tanto el gobierno provincial como la empresa no paran de violar nuestros derechos humanos”.
Y sigue la bronca: “El pueblo está muy enojado y no hay respuesta de ningún organismo gubernamental para poner un freno a la situación: más de 100 personas judicializadas, detenciones, torturas. El Estado de derecho dejó de funcionar”.
LA LUCHA NO PARA
El próximo sábado el pueblo de Andalgalá –20 mil habitantes, a 240 kilómetros de la capital catamarqueña– volverá a caminar, a marchar, a denunciar, como lo hace ininterrumpidamente desde hace 12 años. Será la caminata número 643. “Desde el 2010 venimos reclamando por nuestra vida, nuestra agua, nuestra tierra, nuestros bienes comunes. Como cada sábado, el siguiente explotará de gente gritando a los cuatro vientos que no queremos más esta locura, que incluye balas, gases y represión”, detalla Sergio.
Cierra Rosa, con sus cuatro nietos que la escuchan a su alrededor: “Aunque haya cansancio, agotamiento mental y espiritual, hay que continuar despertando la conciencia colectiva, custodiando las calles, los caminos, haciendo bulla, porque lo primordial es seguir cuidando el agua y de acá no nos vamos a mover”.
INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL
Temporada de femicidios
Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)
Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.
Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.
Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.
No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.
Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.
Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.
Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.
El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.
Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.
Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.
Ley de explotación laboral
Conste en actas
lavaca.org
Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.
A las 12:50 se fueron.
El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.
A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.
En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.
La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.
A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.
A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.
A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi
A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.
“Somos los obreros, la base de este juego
en el que siempre pierde el mismo.
Un juego bien pensado en el que nos tienen callados
y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”
Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.
Hasta Dios tuvo un mal día: fue este.
PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.
Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
El Aleph (versión putas): entrevista a Georgina Orellano
Lucrecia Martel y Nuestra Tierra, su nueva película: “Tenemos que recuperar la vida comunitaria”
Temporada de femicidios
“Nación se está robando los recursos de Tierra del Fuego”
Conste en actas
Feliz año viejo: el INTA amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología
Ituzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa
Mu 209: Una de terror
Mu 208: Lara Brenda Morena
Mu 207: Crear lo que viene
IndustricidioHace 2 semanasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego
IndustricidioHace 1 semanaQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande
Muerte por agrotóxicosHace 2 semanasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años
Reforma LaboralHace 3 semanas“Lo que se pierde peleando se termina ganando”
Pablo GrilloHace 3 semanas“Quiero ver a Bullrich presa”