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Ojo con los medios: Grupo Uno – Vila / Manzano

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Composición accionaria: 95% Daniel Vila; 5% José Luis Manzano(ex ministro de Carlos Menem).
Las denuncias sobre el Grupo: Los diputados de la Comisión Investigadora recibieron el 21 de junio de 2001 un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), sobre supuestas maniobras de lavado de dinero en la compra de medios de comunicación por parte del grupo Vila-Manzano.
La investigación de la Sigen se centró en el otorgamiento de licencias al multimedio de Daniel Vila y José Luis Manzano, que entre 1994 y 1999 habría realizado negocios por mas de 600 millones de pesos.
La Sindicatura confeccionó un mapa con los medios en los que el holding realizó sus principales inversiones, básicamente en el interior del país, en Mendoza y la Mesopotamia. En él figuran el diario Uno, la revista Primera Fila, una empresa de cable, cuatro radios, tres canales de televisión y un porcentaje en las acciones de otras cinco emisoras AM y una FM (1).
Cinco meses después, la periodista Susana Viau relataba así otra investigación oficial sobre los negocios del Grupo:
«Una denuncia ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sostiene que el ex ministro menemista José Luis Manzano y su socio, el empresario mendocino Daniel Vila, cometieron infracciones a la Ley Penal Tributaria «y lavado de dinero de Manzano» por más de 400 millones de dólares «obtenidos ilícitamente durante su paso por la función pública». La presentación de Bernardo Martín Rutti pivotea sobre el prodigioso crecimiento del grupo Vila-Manzano en materia de comunicaciones, compra de cables, medios gráficos y radios, en el país y en el exterior. El denunciante aportó, asimismo, las rutas empleadas para la supuesta evasión y el presunto lavado. Según Rutti, los capitales depositados en el exterior reingresaban al país a través del Citicorp Banco de Inversión. Se sospecha con sólidos fundamentos que algunas de estas operaciones estarían incluidas en la documentación que tuvo en cuenta el subcomité del Senado norteamericano que investiga el lavado de dinero. La pista podría haber sido seguida a través de Seabrook, una sociedad de Manzano domiciliada en Montevideo, cuyo apoderado es Nicolás Martín Becerra (hijo del procurador general de la Nación) y que habría operado con el Federal Bank.
El denunciante Rutti, que según pudo establecer Página/12 es un ex empleado del grupo Vila, detalló con prolijidad el tipo de inversiones » no declaradas o declaradas por montos inferiores» a las que hace referencia en su presentación a la AFIP. Asegura que los iniciadores del negocio de Supercanal S.A. fueron la familia Vila en acuerdo con la de otro coterráneo, Orlando Terranova. En 1995, el vínculo entre ambas se debilitó y los Terranova acabaron vendiendo su participación accionaria. El comprador fue nada menos que uno de los líderes de la «contra» de Miami, el anticastrista Jorge Mas Canosa a través de la firma Mas Tec Inc. y se hizo a un valor de 18 millones de dólares, aunque afirma Rutti «fue declarada a un precio mucho menor».
No es ésa la más dura de las señalizaciones de Rutti, quien asegura que en realidad la participación de Mas Canosa se limitó a poner su nombre dado que el verdadero inversionista era el también mendocino José Luis Manzano, imposibilitado de reaparecer después de su desdoroso alejamiento de la función pública con una inyección de dólares de semejante envergadura. «Prueba de ello -relata Rutti- es que el grupo Mas Tec, figurando con el 28,80 por ciento de las acciones de Supercanal Holding S.A. nunca tuvo ningún representante en el directorio y que Adelina Dalesio de Viola, que fuera viceministra de Manzano en el Ministerio del Interior, figuraba como apoderada de ese grupo.» Por el contrario, en el directorio de Supercanal figuraban como presidente Daniel Vila y en calidad de directores Alfredo Vila Santander, Neil Bleasdale, Mariano Lucero, Sergio Ceroi, Guillermo Bordallo, José Luis López, Nicolás Martín Becerra y… José Luis Manzano.
En esas fechas el ex Guardia de Hierro, llamado «Chupete» en ambientes políticos y «Cototo» en Tupungato, su pueblo natal, había regresado al país con low profile, de la mano de su por entonces compañera sentimental y socia, la modelo Alejandra Massilo. Dejaba un prolongado ostracismo en Estados Unidos que, en sus últimas estribaciones, no le impidió concurrir a las recepciones organizadas por círculos republicanos en agasajo a personajes del justicialismo.
A partir de ese momento, cuenta Rutti, «el grupo tuvo un rápido e injustificado crecimiento económico comprando gran cantidad de cables en el interior del país, con una inversión del orden de 300 millones aportados por Manzano. Luego obtuvieron créditos del banco ING Baring completando el raid de inversiones en medios de comunicación que se llevó a cabo entre los años 1995-1997».
De acuerdo a la presentación, en ese período la sociedad Vila-Manzano compró o constituyó 25 empresas de televisión por cable con una cartera de 227 mil abonados. El área de las operaciones abarcaba la provincia de Mendoza y también las de San Juan, Catamarca, La Rioja, San Luis y Córdoba. Explicó Rutti que el precio promedio pactado fue de 1500 pesos por abonado, que era el estimado en esas fechas, y Vila reconoció en declaraciones formuladas en noviembre de 1998. Agrega que en 1997 Sucanal SA fue vendida a Daniel Vila y a Mirror Holding SRL a un precio de 9 millones y medio y también declarada en sumas mucho menores. Mirror Holding tenía su sede en la calle Cerrito al 700 de Capital Federal, donde funciona el estudio Beccar Varela. «En suma -informa Rutti-, desde la venida de Manzano concretaron 46 operaciones de compra o fusión en televisión abierta y por cable, radio y gráfica, conforme surge de la información suministrada por el grupo» y publicada por los medios en octubre de 1998.
La presentación hecha a la AFIP refiere que para borrar las señales que pudieran conducir al verdadero origen de los fondos «se creó un entramado de sociedades controlantes de las sociedades titulares de las emisoras de cable» y precisa que en el caso de La Rioja (Cablecolor SA y TV Regional Centro SA) se encontraban a nombre de Jorge Camzutti, pero «su verdadero dueño era Carlos Menem (…). El apoderado de todas esas empresas es Nicolás Martín Becerra, quien comparte poder de administración con Oscar Apesteguía. La prueba de que pertenecen al grupo es que todos esos canales de cable emiten la misma señal que Supercanal».
La extraordinaria y más que llamativa expansión del grupo Vila-Manzano se puso en evidencia con la compra de cables en el extranjero con fondos procedentes de Argentina: en 1977, adquirieron en 7 millones el 25 por ciento de Procono -un canal de cable con telefonía- de las regiones de Castilla y León, en España. La inversión no fue declarada, pero sí reconocida por Daniel Vila en un matutino porteño el 22 de setiembre de 1997. Crearon, asimismo, Supercanal de Cable de España (constituida en Madrid el 23 de abril de 1997) con un capital de 20 millones de pesetas (100 mil dólares), aportando una inversión de alrededor de 150 millones de dólares procedentes de Argentina. Dos años después anunciaron en los diarios que habían vendido en 7 millones de dólares el 3 por ciento del paquete accionario a Unión Fenosa (empresa de energía eléctrica de España).
Brasil fue otro de los objetivos comerciales del pujante grupo inversor: adquirieron VVC, Alvarez & Alvarez, Video Selimn, MEG, Teresópolis Electro Audio e Imagem; CATV Sat Litd, Spectrum Sistemas de Televisao. El precio pactado fue de algo más de mil dólares por abonado. La cartera de abonados de estas empresas sumaba 26 mil clientes. Del mismo modo se hicieron de cables en La Paz y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) por unos 10 millones de dólares. Igual que las anteriores, estas compras no fueron declaradas, aunque su titularidad la reconoció Daniel Vila ante los medios. Otra joya de la corona es Dominicana Supercanal, ubicado, obviamente, en República Dominicana.
Entre 1993 y 1994, historia Rutti, el grupo invirtió 20 millones en el diario Uno y la revista Primera Fila. En 1997 pasó a poseer el 51 por ciento del diario La Capital, de Rosario; el periódico Nueva Hora, de Paraná; las emisoras LT3 Radio Cerealista y LT 8 de Rosario; radios de frecuencia modulada en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. «La sociedad compradora -expresó Rutti a la AFIP- fue Grupo Uno SA y parte de los pagos se realizaron por medio de instrucciones irrevocables de pago de Supercanal Holding SA libradas contra ING Baring para depositar los fondos en la cuenta SBC Warburg del Suiss Bank Corporation en Stanford, USA, la cuenta 101-WA-360783 abierta por el Banco Mendoza SA, conforme surge de la documentación que acompañó, firmada por Germán Ranftl, en esa época vicepresidente de ING Baring y en la actualidad funcionario del grupo Vila-Manzano. A través de esa cuenta se hizo el resto de los pagos en negro al grupo vendedor.»
La lista de medios enumerados por Rutti como nueva propiedad del grupo Vila-Manzano es casi interminable. Merecen destacarse las compras del 72 por ciento al grupo Stornell (dueño del Canal 7 de Mendoza, 8 de San Juan, Radio Calingasta de San Juan, Radio FM Nuestra, de San Juan, y TV Río Diamante) por un monto de 92 millones, aunque declarado en un número menor. La operación incluyó a Los Algarrobos, un establecimiento vitivinícola con diferimiento impositivo, frondosa rama de los diversificados negocios del ex ministro del Interior. Vale mencionar, también, la compra en 1998 de Radio Rivadavia, propiedad del nosiglista Luis Cetrá, en 19.700.000, aunque los papeles marquen cifras más reducidas.
En el apartado que Rutti dedica a describir los senderos recorridos por el dinero, cuya procedencia adjudica a la corrupción política y a la evasión fiscal es donde comienza la auténtica sorpresa. «El reingreso al país del dinero (…) lo hacía (el grupo) a través del Citicorp Banco de Inversión (…). La relación de Vila-Manzano con el Citibank la estableció el banquero Raúl Moneta», afirma el ex empleado de los Vila. Rutti aclara que los accionistas titulares del Citicorp Banco de Inversión (absorbido en la actualidad por una entidad del mismo grupo -¡pero de menor capital!- el Citicorp Capital Market) eran Citibank Overseas Investments Corporation y Fideliter SA, sociedad inversora que está a nombre del abogado Damián Beccar Varela y miembros de su estudio jurídico.
De acuerdo a la presentación de Rutti, para realizar la maniobra de reintroducción del dinero -y a modo de entidades controlantes- se formaron diferentes sociedades cuyos accionistas eran en el momento de su constitución los miembros del estudio Beccar Varela. A poco de andar, éstos eran sustituidos por el propio Daniel Vila, sus familiares o prestanombres. Tal operatoria se observó en el caso de G Uno SA y se reiteró luego con Uno Multimediios SA, Compañía Independiente de Contenidos S.A, TV Uno SA, Uno Gráfica SA (interviniente en la compra del diario La Capital), Uno Radios SA, Uno Pay SA, Superfone SA. Damián Beccar Varela es el abogado del grupo Vila-Manzano. «Otra modalidad que utilizaron para blanquear la introducción de los capitales de Manzano y las sumas provenientes de la evasión de las empresas del grupo -dice Rutti- fue fraguar préstamos de bancos y/o empresas extranjeras, preferentemente del Uruguay y de sociedades constituidas en el Caribe.»
La denuncia contiene un pormenorizado informe de las propiedades personales del ingenioso y emprendedor ex ministro e indaga hasta en sus tarjetas de crédito, que exhiben un gasto mensual de 30 mil dólares que no condice para nada con su declaración de impuestos». (2)
Medios:
Gráficos
– Revista El Gráfico (50 % Torneos y Competencias, 50% Grupo Uno).
– Uno Gráfica: Diario Uno; Primera Fila
– Diario La Capital (Rosario. Multimedios La Capital).
– Diario Uno (Entre Ríos)
– Diario Nueva Hora (De Multimedios La Capital)
– Revista Poder (con participación minoritaria de Carlos Ávila)
Radio
– La Red (90 % Torneos y competencias y 10% Grupo Uno Vila – Manzano).
– Radio Rivadavia ( Luis Cetrá y Grupo Uno se desconoce %)
– AM Nihuil
– FM Brava
– FM Latinos
– FM Montecristo
– FM Ayer
– Rosario Difusión SA (LT3)
– Voces SA (LT8)
– FM Cadena 100.
– FM Estación Del Siglo.
– FM Meridiano.
– LT15 Radio del Litoral (Concordia)
– LT 41 Radio Gualeguaychú
– LT 39 Radio Victoria
Televisión
– Supercanal Holding ( 51,2% Grupo Uno -Vila – Manzano- ; 28,2% MasTec – Mas Canosa -; 20 % Grupo Clarín). Del 51,2 % del Grupo Uno: 97,3% Familia Vila; 2,7% Manzano a través de Integra Financial Services.
– Canal 7 (Mendoza.)
– Canal 6 (San Rafael)
– Canal 2 ( Santa Fe).
Distribuidoras/ Señales y Cables locales
– Señal Cablevisión Noticias (CVN).
– Horizonte (Mza.)
– Supercanal (Mza.)
– Trinidad TV (Mza.)
– CTC Cable (San Rafael)
– Telecable (Godoy Cruz)
– Su Canal (Luján de Cuyo)
– Pehuenche Cable (Malargüe)
– Cablevideo
– Señales Canal 4; Canal 11 y Río Canal.
Digitales e Interactivos
– La Capital.com
– Airlink
Telecomunicaciones
– Supertelco SA

(1) http://www.pagina12.com.ar/2001/01-06/01-06-22/pag11.htm
(2) http://www.pagina12.com.ar/2001/01-02/01-02-11/pag03.htm

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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