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Ojo con los medios: Grupo Uno – Vila / Manzano

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Composición accionaria: 95% Daniel Vila; 5% José Luis Manzano(ex ministro de Carlos Menem).
Las denuncias sobre el Grupo: Los diputados de la Comisión Investigadora recibieron el 21 de junio de 2001 un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), sobre supuestas maniobras de lavado de dinero en la compra de medios de comunicación por parte del grupo Vila-Manzano.
La investigación de la Sigen se centró en el otorgamiento de licencias al multimedio de Daniel Vila y José Luis Manzano, que entre 1994 y 1999 habría realizado negocios por mas de 600 millones de pesos.
La Sindicatura confeccionó un mapa con los medios en los que el holding realizó sus principales inversiones, básicamente en el interior del país, en Mendoza y la Mesopotamia. En él figuran el diario Uno, la revista Primera Fila, una empresa de cable, cuatro radios, tres canales de televisión y un porcentaje en las acciones de otras cinco emisoras AM y una FM (1).
Cinco meses después, la periodista Susana Viau relataba así otra investigación oficial sobre los negocios del Grupo:
«Una denuncia ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sostiene que el ex ministro menemista José Luis Manzano y su socio, el empresario mendocino Daniel Vila, cometieron infracciones a la Ley Penal Tributaria «y lavado de dinero de Manzano» por más de 400 millones de dólares «obtenidos ilícitamente durante su paso por la función pública». La presentación de Bernardo Martín Rutti pivotea sobre el prodigioso crecimiento del grupo Vila-Manzano en materia de comunicaciones, compra de cables, medios gráficos y radios, en el país y en el exterior. El denunciante aportó, asimismo, las rutas empleadas para la supuesta evasión y el presunto lavado. Según Rutti, los capitales depositados en el exterior reingresaban al país a través del Citicorp Banco de Inversión. Se sospecha con sólidos fundamentos que algunas de estas operaciones estarían incluidas en la documentación que tuvo en cuenta el subcomité del Senado norteamericano que investiga el lavado de dinero. La pista podría haber sido seguida a través de Seabrook, una sociedad de Manzano domiciliada en Montevideo, cuyo apoderado es Nicolás Martín Becerra (hijo del procurador general de la Nación) y que habría operado con el Federal Bank.
El denunciante Rutti, que según pudo establecer Página/12 es un ex empleado del grupo Vila, detalló con prolijidad el tipo de inversiones » no declaradas o declaradas por montos inferiores» a las que hace referencia en su presentación a la AFIP. Asegura que los iniciadores del negocio de Supercanal S.A. fueron la familia Vila en acuerdo con la de otro coterráneo, Orlando Terranova. En 1995, el vínculo entre ambas se debilitó y los Terranova acabaron vendiendo su participación accionaria. El comprador fue nada menos que uno de los líderes de la «contra» de Miami, el anticastrista Jorge Mas Canosa a través de la firma Mas Tec Inc. y se hizo a un valor de 18 millones de dólares, aunque afirma Rutti «fue declarada a un precio mucho menor».
No es ésa la más dura de las señalizaciones de Rutti, quien asegura que en realidad la participación de Mas Canosa se limitó a poner su nombre dado que el verdadero inversionista era el también mendocino José Luis Manzano, imposibilitado de reaparecer después de su desdoroso alejamiento de la función pública con una inyección de dólares de semejante envergadura. «Prueba de ello -relata Rutti- es que el grupo Mas Tec, figurando con el 28,80 por ciento de las acciones de Supercanal Holding S.A. nunca tuvo ningún representante en el directorio y que Adelina Dalesio de Viola, que fuera viceministra de Manzano en el Ministerio del Interior, figuraba como apoderada de ese grupo.» Por el contrario, en el directorio de Supercanal figuraban como presidente Daniel Vila y en calidad de directores Alfredo Vila Santander, Neil Bleasdale, Mariano Lucero, Sergio Ceroi, Guillermo Bordallo, José Luis López, Nicolás Martín Becerra y… José Luis Manzano.
En esas fechas el ex Guardia de Hierro, llamado «Chupete» en ambientes políticos y «Cototo» en Tupungato, su pueblo natal, había regresado al país con low profile, de la mano de su por entonces compañera sentimental y socia, la modelo Alejandra Massilo. Dejaba un prolongado ostracismo en Estados Unidos que, en sus últimas estribaciones, no le impidió concurrir a las recepciones organizadas por círculos republicanos en agasajo a personajes del justicialismo.
A partir de ese momento, cuenta Rutti, «el grupo tuvo un rápido e injustificado crecimiento económico comprando gran cantidad de cables en el interior del país, con una inversión del orden de 300 millones aportados por Manzano. Luego obtuvieron créditos del banco ING Baring completando el raid de inversiones en medios de comunicación que se llevó a cabo entre los años 1995-1997».
De acuerdo a la presentación, en ese período la sociedad Vila-Manzano compró o constituyó 25 empresas de televisión por cable con una cartera de 227 mil abonados. El área de las operaciones abarcaba la provincia de Mendoza y también las de San Juan, Catamarca, La Rioja, San Luis y Córdoba. Explicó Rutti que el precio promedio pactado fue de 1500 pesos por abonado, que era el estimado en esas fechas, y Vila reconoció en declaraciones formuladas en noviembre de 1998. Agrega que en 1997 Sucanal SA fue vendida a Daniel Vila y a Mirror Holding SRL a un precio de 9 millones y medio y también declarada en sumas mucho menores. Mirror Holding tenía su sede en la calle Cerrito al 700 de Capital Federal, donde funciona el estudio Beccar Varela. «En suma -informa Rutti-, desde la venida de Manzano concretaron 46 operaciones de compra o fusión en televisión abierta y por cable, radio y gráfica, conforme surge de la información suministrada por el grupo» y publicada por los medios en octubre de 1998.
La presentación hecha a la AFIP refiere que para borrar las señales que pudieran conducir al verdadero origen de los fondos «se creó un entramado de sociedades controlantes de las sociedades titulares de las emisoras de cable» y precisa que en el caso de La Rioja (Cablecolor SA y TV Regional Centro SA) se encontraban a nombre de Jorge Camzutti, pero «su verdadero dueño era Carlos Menem (…). El apoderado de todas esas empresas es Nicolás Martín Becerra, quien comparte poder de administración con Oscar Apesteguía. La prueba de que pertenecen al grupo es que todos esos canales de cable emiten la misma señal que Supercanal».
La extraordinaria y más que llamativa expansión del grupo Vila-Manzano se puso en evidencia con la compra de cables en el extranjero con fondos procedentes de Argentina: en 1977, adquirieron en 7 millones el 25 por ciento de Procono -un canal de cable con telefonía- de las regiones de Castilla y León, en España. La inversión no fue declarada, pero sí reconocida por Daniel Vila en un matutino porteño el 22 de setiembre de 1997. Crearon, asimismo, Supercanal de Cable de España (constituida en Madrid el 23 de abril de 1997) con un capital de 20 millones de pesetas (100 mil dólares), aportando una inversión de alrededor de 150 millones de dólares procedentes de Argentina. Dos años después anunciaron en los diarios que habían vendido en 7 millones de dólares el 3 por ciento del paquete accionario a Unión Fenosa (empresa de energía eléctrica de España).
Brasil fue otro de los objetivos comerciales del pujante grupo inversor: adquirieron VVC, Alvarez & Alvarez, Video Selimn, MEG, Teresópolis Electro Audio e Imagem; CATV Sat Litd, Spectrum Sistemas de Televisao. El precio pactado fue de algo más de mil dólares por abonado. La cartera de abonados de estas empresas sumaba 26 mil clientes. Del mismo modo se hicieron de cables en La Paz y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) por unos 10 millones de dólares. Igual que las anteriores, estas compras no fueron declaradas, aunque su titularidad la reconoció Daniel Vila ante los medios. Otra joya de la corona es Dominicana Supercanal, ubicado, obviamente, en República Dominicana.
Entre 1993 y 1994, historia Rutti, el grupo invirtió 20 millones en el diario Uno y la revista Primera Fila. En 1997 pasó a poseer el 51 por ciento del diario La Capital, de Rosario; el periódico Nueva Hora, de Paraná; las emisoras LT3 Radio Cerealista y LT 8 de Rosario; radios de frecuencia modulada en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. «La sociedad compradora -expresó Rutti a la AFIP- fue Grupo Uno SA y parte de los pagos se realizaron por medio de instrucciones irrevocables de pago de Supercanal Holding SA libradas contra ING Baring para depositar los fondos en la cuenta SBC Warburg del Suiss Bank Corporation en Stanford, USA, la cuenta 101-WA-360783 abierta por el Banco Mendoza SA, conforme surge de la documentación que acompañó, firmada por Germán Ranftl, en esa época vicepresidente de ING Baring y en la actualidad funcionario del grupo Vila-Manzano. A través de esa cuenta se hizo el resto de los pagos en negro al grupo vendedor.»
La lista de medios enumerados por Rutti como nueva propiedad del grupo Vila-Manzano es casi interminable. Merecen destacarse las compras del 72 por ciento al grupo Stornell (dueño del Canal 7 de Mendoza, 8 de San Juan, Radio Calingasta de San Juan, Radio FM Nuestra, de San Juan, y TV Río Diamante) por un monto de 92 millones, aunque declarado en un número menor. La operación incluyó a Los Algarrobos, un establecimiento vitivinícola con diferimiento impositivo, frondosa rama de los diversificados negocios del ex ministro del Interior. Vale mencionar, también, la compra en 1998 de Radio Rivadavia, propiedad del nosiglista Luis Cetrá, en 19.700.000, aunque los papeles marquen cifras más reducidas.
En el apartado que Rutti dedica a describir los senderos recorridos por el dinero, cuya procedencia adjudica a la corrupción política y a la evasión fiscal es donde comienza la auténtica sorpresa. «El reingreso al país del dinero (…) lo hacía (el grupo) a través del Citicorp Banco de Inversión (…). La relación de Vila-Manzano con el Citibank la estableció el banquero Raúl Moneta», afirma el ex empleado de los Vila. Rutti aclara que los accionistas titulares del Citicorp Banco de Inversión (absorbido en la actualidad por una entidad del mismo grupo -¡pero de menor capital!- el Citicorp Capital Market) eran Citibank Overseas Investments Corporation y Fideliter SA, sociedad inversora que está a nombre del abogado Damián Beccar Varela y miembros de su estudio jurídico.
De acuerdo a la presentación de Rutti, para realizar la maniobra de reintroducción del dinero -y a modo de entidades controlantes- se formaron diferentes sociedades cuyos accionistas eran en el momento de su constitución los miembros del estudio Beccar Varela. A poco de andar, éstos eran sustituidos por el propio Daniel Vila, sus familiares o prestanombres. Tal operatoria se observó en el caso de G Uno SA y se reiteró luego con Uno Multimediios SA, Compañía Independiente de Contenidos S.A, TV Uno SA, Uno Gráfica SA (interviniente en la compra del diario La Capital), Uno Radios SA, Uno Pay SA, Superfone SA. Damián Beccar Varela es el abogado del grupo Vila-Manzano. «Otra modalidad que utilizaron para blanquear la introducción de los capitales de Manzano y las sumas provenientes de la evasión de las empresas del grupo -dice Rutti- fue fraguar préstamos de bancos y/o empresas extranjeras, preferentemente del Uruguay y de sociedades constituidas en el Caribe.»
La denuncia contiene un pormenorizado informe de las propiedades personales del ingenioso y emprendedor ex ministro e indaga hasta en sus tarjetas de crédito, que exhiben un gasto mensual de 30 mil dólares que no condice para nada con su declaración de impuestos». (2)
Medios:
Gráficos
– Revista El Gráfico (50 % Torneos y Competencias, 50% Grupo Uno).
– Uno Gráfica: Diario Uno; Primera Fila
– Diario La Capital (Rosario. Multimedios La Capital).
– Diario Uno (Entre Ríos)
– Diario Nueva Hora (De Multimedios La Capital)
– Revista Poder (con participación minoritaria de Carlos Ávila)
Radio
– La Red (90 % Torneos y competencias y 10% Grupo Uno Vila – Manzano).
– Radio Rivadavia ( Luis Cetrá y Grupo Uno se desconoce %)
– AM Nihuil
– FM Brava
– FM Latinos
– FM Montecristo
– FM Ayer
– Rosario Difusión SA (LT3)
– Voces SA (LT8)
– FM Cadena 100.
– FM Estación Del Siglo.
– FM Meridiano.
– LT15 Radio del Litoral (Concordia)
– LT 41 Radio Gualeguaychú
– LT 39 Radio Victoria
Televisión
– Supercanal Holding ( 51,2% Grupo Uno -Vila – Manzano- ; 28,2% MasTec – Mas Canosa -; 20 % Grupo Clarín). Del 51,2 % del Grupo Uno: 97,3% Familia Vila; 2,7% Manzano a través de Integra Financial Services.
– Canal 7 (Mendoza.)
– Canal 6 (San Rafael)
– Canal 2 ( Santa Fe).
Distribuidoras/ Señales y Cables locales
– Señal Cablevisión Noticias (CVN).
– Horizonte (Mza.)
– Supercanal (Mza.)
– Trinidad TV (Mza.)
– CTC Cable (San Rafael)
– Telecable (Godoy Cruz)
– Su Canal (Luján de Cuyo)
– Pehuenche Cable (Malargüe)
– Cablevideo
– Señales Canal 4; Canal 11 y Río Canal.
Digitales e Interactivos
– La Capital.com
– Airlink
Telecomunicaciones
– Supertelco SA

(1) http://www.pagina12.com.ar/2001/01-06/01-06-22/pag11.htm
(2) http://www.pagina12.com.ar/2001/01-02/01-02-11/pag03.htm

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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