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Se apagó la lamparita: la privatización del sistema eléctrico

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La publicidad oficial dice que apagando una bombita se ayuda a generar fuentes de trabajo. Se trata, con ese mensaje, de incentivar el ahorro de energía. El mismo fin persigue la política de premios y castigos puesta en marcha hace poco más de un mes, eufemismo para no llamar aumento a un incremento en las facturas. El origen de todo esto hay que rastrearlo en la privatización del sistema eléctrico, mencionada como un caso modelo del proceso de traspaso al capital privado de los servicios públicos que prestaba el Estado. Al menos hasta el apagón de 1999, que dejó sin luz a cien mil personas durante dos semanas. La cifra en que se realizó esa operación no alcanzó ni siquiera a cubrir los pasivos que la Nación se hizo cargo en la transacción. Además, las empresas fueron entregadas luego de que se realizara una reducción de personal y un aumento tarifario. El reordenamiento de precios posterior benefició a los sectores más pudientes y el ente regulador, como en casi todos los casos, no cumplió con su función.

En 1992 el Estado transfirió al capital privado el sistema de energía eléctrica por 3.300 millones y, al mismo tiempo, el fisco absorbió la deuda que tenían las empresas de electricidad por 3.500 millones. La operación no sirvió, entonces, ni siquiera para saldar los pasivos.
Previo a la privatización, el Estado redujo un 50 por ciento el personal de SEGBA y fueron incrementadas las tarifas. El reordenamiento tarifario producido por las empresas privadas afectaron en mayor medida a los sectores más necesitados.
Los consorcios beneficiados por la privatización estuvieron integrados -en general- por los mismos grupos económicos nacionales – los grupos Pérez Companc, Techint, Soldati- que participaron en la venta de Gas del Estado e YPF. Son todas empresas que tienen, a su vez, la energía como uno de sus principales insumos. «Las empresas prestatarias registraron elevados márgenes de beneficios», según indican las estimaciones del Àrea de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Para modificar los precios las empresas, según la Auditoría General de la Nación, no cumplieron con la obligación de llamar a audiencias públicas ni de publicar el cuadro tarifario.
El Ente Nacional Regulador de Energía dejó sin sanción gran parte de las anomalías detectadas mediante sus inspecciones. Además, no realizó controles preventivos y np ejerció un control eficaz sobre el régimen tarifario. Encima, dio por cerrado expedientes por accidentes y, aunque parezca increíble, consultaba a los propios regulados para saber si cumplían o no con sus obligaciones.

Hasta abril de 1992 el sistema de energía eléctrica era un servicio público a cargo de tres firmas estatales -Segba, Agua y Energía Eléctrica, e Hidronor- que luego de la privatización se segmentó en cinco empresas de generación, una transportadora grande empresas transportadoras de alcance provincial o regional y tres distribuidoras. Estas últimas -Edesur, Edenor y Edelap- poseen exclusividad zonal para la prestación del servicio, por el lapso de 95 años. Estas transferencias al capital privado representaron un ingreso para el Estado de aproximadamente 3.300 millones de dólares y, al mismo tiempo, el fisco absorbió la deuda que tenía las antiguas empresas por 3.500 millones de dólares. De modo que el Estado no sólo se quedó sin el control del servicio sino que la operación ni siquiera le alcanzó para saldar los pasivos que tenían, previamente, las empresas privatizadas.

A ello hay que sumar que, para hacer más atractiva la oferta, hubo fuertes expulsiones de trabajadores. Al momento de la privatización de Segba, el personal ocupado era un 50% más bajo que el existente a mediados de los 80. Como parte del mismo «trabajo sucio» a cargo del Estado, también antes del traspaso, fueron incrementadas las tarifas. Sin embargo, en este rubro ocurrió algo inusual en el proceso privatizador: entre marzo de 1991 y diciembre de 1998, cuando el sistema ya estaba fuera de la órbita del Estado, la tarifa promedio de electricidad disminuyó un 10,9%, según un estudio del experto Daniel Azpiazu. Factores como la abundancia de agua acumulada en las regiones donde se ubican las represas hidroeléctricas y el funcionamiento de nuevas plantas de generación incrementaron la oferta de energía eléctrica y ello indujo a una disminución del precio mayorista, que se trasladó luego al precio final, aunque de manera regresiva.

«Las tarifas residenciales reflejan una disminución inferior a la registrada por los usuarios industriales, y, a su vez, dentro de las tarifas residenciales, la que menos se redujo es la correspondiente a los usuarios de bajo consumo (1,6%), en tanto la que más disminuyó es la abonada por los usuarios de alto consumo (70,4%). Dado que, al igual que en la mayoría de los servicios públicos, existe una alta correlación entre los niveles de consumo y los ingresos de los distintos hogares, puede inferirse que el sector que menos se benefició con el reordenamiento de los precios del mercado eléctrico fue el conformado por los segmentos de la población con menores ingresos», señalan Azpiazu y Martín Schorr en Crónica de una sumisión anunciada.

Los consorcios beneficiados por la privatización estuvieron integrados -en general- por los mismos grupos económicos nacionales – los grupos Pérez Companc, Techint, Soldati- que participaron en la venta de Gas del Estado e YPF, en asociación con empresas extranjeras. Resultaron consorcios especialmente interesados en el área porque son importantes usuarios industriales para los que la energía eléctrica constituye uno de sus principales insumos energéticos y, porque -a su vez- participaron en las privatizaciones encaradas en los sectores petrolero y gasífero, con lo cual pasaron a ocupar un papel decisivo en el mercado energético nacional. Además, aún a pesar de la disminución de las tarifas «las empresas prestatarias registraron elevados márgenes de beneficio. De considerar el período 1994-1999, las distribuidoras surgidas de la privatización de Segba registraron, en promedio, una tasa de utilidades sobre ventas del 7,0%; porcentual que se ubica en el orden del 15% cuando se considera la rentabilidad de las principales generadoras, según indican las estimaciones del Àrea de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En cuanto a las tarifas, varios informes de la Auditoría General de la Nación determinan, a la vez, que:

Con posterioridad a la celebración de los contratos de concesión de distribución de energía eléctrica con Edenor, Edesur y Edelap, se introdujeron modificaciones al Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario contemplado, sin celebrarse en forma previa una audiencia pública con el fin de preservar los intereses económicos de los usuarios finales del servicio. (Resolución AGN 145/2002).

Edenor y Edesur no cumplieron con la obligación de publicar el cuadro tarifario y sus modificaciones en al menos dos diarios de amplia circulación (Resolución AGN N 145/02)

La empresa Edenor aplicó erróneamente algunos parámetros, que luego rectificó, a instancias del Ente Nacional de Regulación Eléctrica. En esa oportunidad la Auditoría constató procedimientos y circuitos de carácter informal y recomendó su normatización. (Resolución AGN 104/94)
Las auditorías señalan, además:

Falta de equipos adecuados para hacer mediciones fiables.

Campañas de medición realizadas en forma deficiente.

Falta de información y comunicación al ENRE de los accidentes ocurridos en la vía pública. Si lo denuncian, lo hacen tardíamente lo que dificulta el seguimiento del hecho y la eventual sanción.

Frente a un problema climático, las distribuidoras no tienen una estructura adecuada para la atención eficaz y eficiente de los reclamos efectuados por los usuarios. (Resolución 17/97).

En el mejor de los casos, las distribuidoras cumplen con lo que corresponde en cuanto a las instalaciones y funcionamiento de los servicios propiamente dichos y no con respecto al cumplimiento de normas vigentes relativas a señalización y seguridad durante la ejecución de los trabajos, y rellenado, compactación y terminación de aceras y calzadas utilizadas para la ejecución de este tipo de obras.
Según el Instituto de Economía Energética, asociado a la Fundación Bariloche, «el marco regulatorio no parecería destinado centralmente a normar sólo el funcionamiento del sistema, ni preocupado por la futura expansión del mismo, sino más bien dispuesto a asegurar la rentabilidad de los activos privatizados, prerrequisito para poder llevar a cabo con éxito la privatización».

Englobados en el área de energía, el servicio público de transporte y distribución de electricidad y el del gas -al que está dedicado el capítulo siguiente- tienen muchas similitudes:

Son las únicas dos privatizaciones que no fueron hechas por decreto sino por ley.

Ambas fueron consideradas privatizaciones ejemplares por el menemismo

Antes de ser privatizadas las tarifas fueron previamente aumentadas, en perjuicio -fundamentalmente- de los usuarios de menores ingresos.

El proceso quedó fuertemente concentrado: unos pocos actores accedieron al control de los distintos eslabones de las respectivas cadenas. Si bien la ley preveía mecanismo para evitarlo, la reglamentación flexibilizó las restricciones.

En los dos casos fracasaron las audiencias públicas
La privatización de la energía eléctrica fue considerada un caso modelo. Por lo menos hasta el «apagón» de Edesur de principios de 1999, que dejó sin luz a 100 mil usuarios por casi dos semanas. Fue entonces cuando quedaron dramáticamente expuestos tanto los incumplimientos de la firma -en materia de inversiones y normas mínimas de seguridad y previsión-, como las fallas del ENRE, encargado del control y seguimiento de la concesión. La ley por la que se privatizó el servicio de luz establecía un plazo de 60 días para la creación del organismo. Pero la demora en reglamentar la norma pospuso en más de un año la conformación del ente y preanunció lo que sería la conducta del ENRE.

Basta un ejemplo: cuatro días después del apagón, el vicepresidente del ENRE, le solicitó al presidente de Edesur que acreditara «fehacientemente» si en las instalaciones de la subestación Azopardo, cuya falla hizo que entrara en colapso el sistema, «se había dado estricto cumplimiento a las normas técnicas de diseño nacionales e internacionales que regulan la materia para instalaciones de esas características». Tal como destaca Daniel Azpiazu «que el ‘regulador’ le consulte al ‘regulado’ por el grado de cumplimiento de las normas es, cuando menos, sorprendente».

Entre otras cosas, los informes de auditoría puntualizan que el Enre:

Dejó sin sanción gran parte de las anomalías detectadas mediante inspecciones, en detrimento de la seguridad de los usuarios. (Resolución AGN N° 114/98 y 133/96)

No realizó controles preventivos y sólo verificó anomalías y accidentes a posteriori, algunos de los cuales tomó conocimiento a través de informaciones periodísticas. (Resolución AGN N 133/96).

No ejerció un control eficaz y suficiente del régimen tarifario aplicable a jubilados y pensionados y no estableció un procedimiento que redujera al mínimo posible la existencia de errores y/o fraudes que perjudicaran al Estado Nacional ( Resoluciones AGN Nº 110/96, Nº 131/94 y Nº 236/93)

No coordinó tareas y esfuerzos con las municipalidades, respecto a las medidas de seguridad relacionadas con las obras en la vía pública. (Resolución AGN N° 114/98).

Dio por «cerrados» varios expedientes por accidentes, enviando sus actuaciones a archivo. ( Resolución AGN N° 2/02).

No emitió un instructivo que regularice y encuadre las presentaciones de las concesionarias que requieren la emisión previa de certificado para iniciar los trabajos de construcción. De la documentación relevada, no surge que efectúe observaciones de los anteproyectos técnicos, ni que realice inspecciones durante la construcción, o con posterioridad a la puesta en servicio de las nuevas instalaciones de las distribuidoras. (Resolución AGN N 19/2002).

No adoptó ninguna resolución respecto de la gran cantidad de reclamos efectuados por los usuarios (Resolución AGN N 2/2002)

Carece de medios informáticos adecuados para una cantidad de reclamos que se incrementa mes a mes. Así, demora considerablemente la notificación de los reclamos a las distribuidoras y esto retrasa innecesariamente la solución efectiva del problema. La ausencia de un sistema interconectado en tiempo real entre el ente y las distribuidoras, para la comunicación, tratamiento y resolución de los reclamos, extiende los plazos en las respuestas de cada problema presentado por los usuarios del servicio eléctrico.

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

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Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial.  Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal.  Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos  los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en  el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia. 

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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