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Vida o muerte en el Riachuelo

Publicada

hace 20 años

06/07/2006

A 30 cuadras de Plaza de Mayo nacen chicos malformados, hay abortos espontáneos y los vecinos tienen la sangre intoxicada por la contaminación generada por grandes empresas sobre el Riachuelo. ¿Cómo es el juicio que podría determinar que esas empresas paguen, que dejen de contaminar, y que se busquen soluciones para las víctimas? El dilema: ¿se puede producir bien, dar fuentes de trabajo y no contaminar? Santiago Kaplun, uno de los abogados de la megacausa, explicó a lavaca por qué el futuro del Riachuelo ya llegó.
Santiago Kaplun es un abogado de 32 años que se especializa en cuestiones ambientales. Él y su maestro, Jorge Mosset Iturraspe, vienen desarrollando diversas batallas legales por asuntos ambientales, y esta vez habían presentado una demanda colectiva por la contaminación del Riachuelo contra el Estado nacional, el bonaerense y el porteño y contra 44 empresas de primera línea. Entre ellas se encuentran Shell, Petrobras, YPF, Central Dock Sud, Indupa, Molinos, Danone, Mercedes Benz, Bieckert y Aguas Argentinas.
La Corte ordenó los gobiernos de los tres estados que presenten un plan de saneamiento de la cuenca e intimó a las compañías para que informen qué hacen con sus residuos. Les dio plazo para las presentaciones hasta el 5 de setiembre. Dejó en suspenso, en cambio, otra petición de los abogados: que se cree un fondo de compensación para las víctimas de la contaminación, muchas de las cuales presentan –según la demanda- plomo en la sangre, sufrieron abortos espontáneos o tienen mal formaciones congénitas. En esta entrevista con lavaca, cuenta cómo se llegó a este fallo inédito.
-¿Cómo nace la causa del Riachuelo?
-Nos llama un grupo de vecinos del polo petroquímico de Dock Sud, después de tener alguna aparición mediática con Jorge Mosset Iturraspe, cuando actuamos en un caso de contaminación en Santa Fe. Enseguida nos involucramos y empezamos con visitas al lugar y a averiguar datos desde otro plano. Porque había un montón de información técnica de las industrias, pero nosotros decidimos correr el velo para ver a la gente que sufre. Encontramos personas muy complicadas del otro lado de la refinería de Shell.
-¿Qué quiere decir “personas muy complicadas”?
-Hay chiquitos que tienen altos índices de plomo en sangre, lo cual ya les produjo deficiencias en el crecimiento. En esa zona del polo petroquíco itambién hay abortos espontáneos, criaturas malformadas. Es una cosa increíble, si se piensa que ocurre a sólo 30 cuadras de la Plaza de Mayo. Y no es gente que vive hace dos días, sino 35 años. A partir de ahí comenzamos a ampliar el espectro de la investigación. Hablamos con profesionales de la zona y se dieron cuenta de que nuestra intención no era solo levantar datos, sino que queríamos hacer algo en serio. Nos contactamos con muchos médicos del Hospital Fiorito y nos trajeron los análisis de sangrerealizados allí: tenían tolueno en sangre, ácidos, diferentes metales. Así se armó un consorcio activo. Con ellos llevamos adelante la presentación judicial colectiva, como habilita la reforma constitucional del 94. Por eso puede beneficiar al conjunto de los habitantes.
Demandando a los grandes
-¿ Este tipo de demandas pueden asemejarse a esas megadenuncias contra empresas tabacaleras que cada tanto aparecen en los Estados Unidos para resarcir a los enfermos de cáncer?
-Acá no tenemos la posibilidad de hacer class accion, que es como se llaman esos procesos. Sí podemos hacer una presentación por lo que se conoce como derechos difusos: cualquiera puede reclamar por un daño colectivo. La diferencia es que mientras que en la class accion los damnificados directamente pueden percibir una indemnización; acá, hay que probar el daño individual en cada caso. En el expediente del Riachuelo, la Corte Suprema tomó la parte de la causa por el daño colectivo y envió a cada presentación particular a los juzgados de primera instancia. No creo que sea por una cuestión de competencia, sino para que no se le llenen los despachos con 300 expedientes. En esos casos multimillonarios contra tabacaleras, la persona damnificada se lleva una parte, según le corresponde, y el resto va a un fondo compensador para atender a otras víctimas. Esto es lo innovador que nosotros le pedimos a la Corte.
-¿Cómo funcionaría ese fondo?
-No es un invento nuestro, existe en muchos países. Y acá está contemplado en la Ley General del Ambiente. Pero como esta ley no está reglamentada, la Corte tiene libre creatividad para interpretarla. Para nosotros, el fondo compensador debería funcionar dando asistencia primaria a quienes resulten damnificados por la contaminación de la cuenca Riachuelo-Matanza. Otro objetivo también tiene que ser el saneamiento final. Hace cien años que se está contaminando, no se va a solucionar en un ratito, pero hay que empezar.
-¿De dónde debería provenir el dinero para ese fondo?
-Debería nutrirse de las empresas que contaminan, a través de penalizaciones o royalties anuales. Hay empresas que por su actividad están signadas como agentes contaminantes. Por ejercer ese tipo de producción deberían pagar una tasa anual. Ese fondo, más un aporte estatal, puede dar asistencia a las víctimas.
-¿Por qué la contaminación del Riachuelo, un problema centenario, se judicializa recién ahora?
-No lo sabemos. Tal vez haya algún juicio personal, por daños en contra de algún agente contaminante puntual. Pero no una causa colectiva que pida la recomposición de la cuenca. El Defensor del Pueblo, mas allá de que valoro el informe amplísimo que realizó, no llevó adelante una actuación judicial, sólo alertó a las autoridades.
-¿Cómo se lleva la representación de 150 damnificados en una causa?
-Es un trabajo fuerte, porque cada persona tiene un perjuicio diferente. Es como tener 150 juicios individuales. Pero tenemos otras experiencias, en un caso representamos a 163 damnificados por contaminación de cromo en un pueblito de Santa Fé. No es nada fácil: cada uno tenía que firmarnos un poder y la única escribana del pueblo trabaja para la curtiembre que demandamos. Tuvimos que alquilar un micro y llevar a todos a otra ciudad para hacer los poderes. Después, la jueza donde tramita el expediente nos dijo que no se podía llevar la causa de manera conjunta y nos pidió que dividiéramos el expediente, abriendo uno por cada demandante. Para eso, había que sacar 18.000 fotocopias. Me quejé y la jueza me dijo que me iba a beneficiar porque así iba a poder tener una dedicación exclusiva a cada expediente. Después agregó que el problema económico era mío, porque era yo el que presentaba 163 expedientes. Como no hay muchos antecedentes sobre daños y perjuicios en contaminación, uno hace camino al andar.
El futuro ya llegó
-Si bien el derecho ambiental tiene rango constitucional no parece estar incluido dentro de los derechos de ejercicio real. Pasa algo similar a lo que ocurre con el derecho al trabajo o a la vivienda. ¿Por qué cree que existe esa brecha jurídica?
-Los desocupados podrían demandar por el derecho a trabajar, pero aparece la discusión de quién es el que está obligado a dar trabajo y se complica todo. Pero en los casos ambientales por contaminación, existen agentes concretos contaminantes. Hay tipos que se están llevando fortunas a costa de todo esto. Otro ejemplo: si en el subte se produce un alto índice de ruido y existe un pliego que fija estándares de calidad, alguien incumplió.
-Sin embargo, no se acostumbra a penalizar al que no cumple. Acaba de reconocer que es la primera vez que se judicializa la contaminación del Riachuelo.
-Tal vez se esté instaurando de a poco. Pero estamos frente a una disyuntiva muy grande. Hay empresas que dan trabajo a miles de argentinos. No se si tanto en el Riachuelo, pero en el interior hay pueblos enteros que se mueven alrededor de estas industrias. Y eso pesa. Tenemos un caso de una curtiembre muy grande en Esperanza, una localidad de 35.000 habitantes al norte de Santa Fé. Nosotros consideramos que tiene un índice de contaminación altísimo. Ahora bien, la planta –directa o indirectamente- incide en el 30 por ciento de la población. Ahí uno es Montesco o Capuleto. Pero para mi no puede haber producción útil y rentable a costa de la salud de la gente.
-Las empresas suelen argumentar que si cumplen con los estándares ambientales pierden competitividad.
-En las curtiembres, un caso que conozco bien, los clientes no están en la Argentina, sino en Europa. Si un cuero que llega a allá a 10 pesos, sólo 5 pesos representan el valor de la producción, los otros cinco corresponden al transporte. No hay que ser inteligente para darse cuenta que la empresa no puede instalarse en el país que consume el producto, porque no se lo permiten. Entiendo que no vivimos en un lugar con un PBI espectacular y que necesitamos de las inversiones. Pero no a cualquier precio, hay un montón de lugares para instalarse. Claro, hay una cuestión de costos de producción, pero si no son rentables, que se vayan. No soy un negado del trabajo que dan, pero no a cualquier precio.
-¿ Pero qué pasa cuando un pueblo defiende la contaminación para preservar una fuente laboral?
-Te imponen necesidades sociales sobre cualquier cosa a futuro, pero resulta que el futuro es hoy. Estas son empresas que trabajan hace mucho tiempo. Los malformados están hoy, el índice de abortos espontáneos es de hoy, la enfermedades congénitas, cutáneas y respiratorias corresponden a hoy. El futuro del Riachuelo es hoy. Esta historia tiene cien años, hubo un cúmulo de incumplimientos y a río revuelto la ganancia es de los pescadores.
El fondo del asunto
-Otro aspecto poco habitual en la justicia argentina es que un fallo que intime a 44 empresas de primer nivel.
-Ahí hay mil industrias que son clandestinas y el que no es clandestino se ampara en el que lo es para lavar sus culpas. Pero el clandestino es nada en niveles de producción. Yo tengo un amigo que tiene una curtiembre pequeña, de la que viven su familia y las de sus dos hijos, y da trabajo a 25 empleados. Si bien no es clandestino, sus dimensiones pueden ser similares a cualquiera de ellas. Y él me cuenta que con esa estructura no podría curtir en un año la cantidad de cueros que produce una curtiembre de las grandes en un solo día. Las grandes empresas ya hicieron el lobby antes e impidieron la reglamentación de la Ley del Ambiente. Tenemos una ley marco modernísima, que data de noviembre de 2002, y no se reglamentó. Por ejemplo, en un capítulo establece que todas las industrias que tienen actividad contaminante deberán poseer un seguro de responsabilidad civil, pero no hay una sola compañía en la Argentina que pueda brindar esa cobertura. No está reglamentado en la ley, no está reglamentado cómo deberían ser esas pólizas en la Superintendencia de Seguros y, entonces, no hay tales seguros. Si existieran, hoy tal vez estaríamos citando en garantía a las aseguradoras. La pregunta es si los aseguradoras querrán hacer negocios con las compañías que contaminan el Riachuelo.
-¿Qué grado de transparencia pueden tener los informes que la Corte le pidió a estas empresas?
-Obviamente nadie esta obligado a declarar en contra de sí mismo. A mí me parece que la Corte lo hace para tener información y después contrastarla con pericias que vaya a producir o con estudios oficiales que ya existan. La actividad que ellos generan es contaminante y está claro que en el Riachuelo no hay oxígeno. No hay que olvidarse que la Ley General del Ambiente invierte la carga de la prueba, no es el damnificado que tiene que probar quién lo contamina, sino que solo hay que acreditar al daño y es el denunciado el que tiene que demostrar que no contamina. Me parece que la Corte quiere sus informes para resolver después sobre el fondo de compensación. Esa es nuestra expectativa. Y eso sí sería un precedente importantísimo, tanto en la Argentina como en Latinoamérica. Estamos en un momento con las arcas llenas, con superávit impensado. Con ese fondo administrado correctamente se puede atender a los damnificados sin perder de vista el fondo del asunto: que no se siga contaminando más.
-Los opositores a este fondo de compensación señalan que no es posible garantizar que el dinero no se desvíe para otros fines, como sucede con otras partidas estatales.
-Me parece que la administración debería ser compartida con organismos, instituciones y ONGs serias, que podrían garantizar los objetivos del fondo.
Dónde fue la plata
-A lo largo de cien años, hubo más de dos decenas de planes de saneamiento del Riachuelo, ¿qué garantías hay de que el proyecto que exigió la Corte no sea uno más?
-En realidad, ninguna. Solo, que estando la Corte de por medio, se supone que ya no serán “Dios y la Patria” quienes demanden por incumplimiento.
Estamos en un país que tiene siempre prioridades de emergencia que seguramente le quitaron espacio a este tema, que es silencioso. Acá se gastó muchísimo en consultorías, elaboración de proyectos. Hasta hubo un plan aprobado en el gobierno de Eduardo Duhalde con un presupuesto de 500 millones de dólares para comenzar con el saneamiento. Se gestionó un crédito ante el BID por el 50 por ciento, se aprobó, y se recibieron 150 millones. Pero se redireccionaron a planes sociales. Vamos a ver qué hace la nueva secretaria (la abogada Romina Picolotto), por sus antecedentes deberíamos tener alguna expectativa positiva. Esta mujer tiene una oportunidad muy buena para estrenarse en el cargo.
-¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que haya una sentencia definitiva en la causa del Riachuelo?
-No va a ser poco, me imagino un par de años. Mi expectativa a corto plazo es la creación del fondo, que exista y que la gente que está en problemas tenga un lugar a donde ir para que se la compense. No necesariamente con plata. Si alguien tiene plomo en sangre, que pueda acceder a médicos, medicamentos o una casa lejos de donde vive. Es infinita la cantidad de respuestas que puede dar el fondo y no es tan oneroso.
-¿Y los daños colectivos como se compensarían?
Habrá que liberar la imaginación para ver como se compensa el daño moral colectivo por la contaminación de la cuenca. Hay un precedente interesante que es la causa de la Municipalidad de Tandil contra la empresa El Cóndor-La Estrella porque un micro destruyó una estatua en medio de una plaza. Había sido donada por un escultor y era irremplazable. ¿Cómo se compensa eso? Se condenó a la empresa a que hiciera un montón de obras en la plaza, se les dio a los habitantes un lugar nuevo para disfrutarlo. De eso se trata también acá. Eso está en manos de la Corte.
Del lado de Gualeguaychú
-¿Para usted el clima que se generó en torno a las pasteras de Gualeguaychu ayudó para que saliera este fallo de la Corte?
-Hay lecturas que pueden llevar a la conclusión de que no era muy oportuno que salga esto ahora. Si se piensa que el presidente le está reclamando al extranjero que no nos contamine y, de repente, su propia Corte lo condena a limpiar su casa, no debería ser demasiado feliz el fallo. Desde otro punto de vista, si el discurso presidencial en los foros internacionales reclama a las empresas extranjeras radicadas en la Argentina inversiones para no generar contaminación, el fallo es oportuno. Hay que ver, yo no lo relaciono con tiempos políticos.
-¿Qué mirada tiene sobre el conflicto con Uruguay?
-Me llama la atención que las empresas insistan en la instalación. Me lleva a pensar que probablemente quieran hacer las cosas bien. Pero pagar para ver puede llegar a ser carísimo. ¿Cuánto cuesta equivocarse? Me parece bárbaro que no quiera asumirse ese riesgo. Por eso, si tengo que ponerme de un lado, me pongo del lado de Gualeguaychú. Estaría bueno que se instalen en otra parte.

Temas:contaminación medio ambiente petróleo Riachuelo

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La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Publicada

hace 18 horas

12/05/2026

Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.

Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Hay muchos jóvenes.

Muchos docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.

Hay una Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que llega y gente que se va.

Gente que estuvo todo el tiempo.

Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.

Está el movimiento disca, también siempre presente.

Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.

Hay carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.

Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.

Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

“Milei cumplí la ley”

Es la cuarta.

Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.

Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.

Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.

Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.

El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.

Algunos datos de contexto:

Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas.
Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.

Docentes Uber

Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.

Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”.

Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.

Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”.

Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”.

Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.

Plata para la deuda

Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”.

Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”.

En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”.

En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.

El contagio

Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.

La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.

Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos:

“Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y
“No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”.

Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.

Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:

“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.

Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.

Y sonríe.

Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.

Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.

Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.

¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.

Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.

Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán

junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:

“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.

La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:

“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.

La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.

Que la cosa sigue.

En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.

Sigue cada miércoles en el Congreso.

Y todas las veces que hagan falta.

Porque hay muchos jóvenes.

Docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.

Hubo otra Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.

Hay más carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

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Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Publicada

hace 6 días

07/05/2026

Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.

Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol

–El sueldo no alcanza ni para comer.

Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.

También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.

Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.

Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Salir a la calle

El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.

La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.

La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.

Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:

Docentes con sueldos indecentes.
Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
Basta de mentiras, amenazas y presión.
Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
Salud mental es llegar a fin de mes.
Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Migajas

Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.

–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.

–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.

Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas

-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.

Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.

¿Cómo sigue el curso de esta historia?

Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

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Nota

MU 212: El fin de un mundo

Publicada

hace 1 mes

09/04/2026

MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.

Descargar la Mu en PDF

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