Nota
Vida o muerte en el Riachuelo
A 30 cuadras de Plaza de Mayo nacen chicos malformados, hay abortos espontáneos y los vecinos tienen la sangre intoxicada por la contaminación generada por grandes empresas sobre el Riachuelo. ¿Cómo es el juicio que podría determinar que esas empresas paguen, que dejen de contaminar, y que se busquen soluciones para las víctimas? El dilema: ¿se puede producir bien, dar fuentes de trabajo y no contaminar? Santiago Kaplun, uno de los abogados de la megacausa, explicó a lavaca por qué el futuro del Riachuelo ya llegó.
Santiago Kaplun es un abogado de 32 años que se especializa en cuestiones ambientales. Él y su maestro, Jorge Mosset Iturraspe, vienen desarrollando diversas batallas legales por asuntos ambientales, y esta vez habían presentado una demanda colectiva por la contaminación del Riachuelo contra el Estado nacional, el bonaerense y el porteño y contra 44 empresas de primera línea. Entre ellas se encuentran Shell, Petrobras, YPF, Central Dock Sud, Indupa, Molinos, Danone, Mercedes Benz, Bieckert y Aguas Argentinas.
La Corte ordenó los gobiernos de los tres estados que presenten un plan de saneamiento de la cuenca e intimó a las compañías para que informen qué hacen con sus residuos. Les dio plazo para las presentaciones hasta el 5 de setiembre. Dejó en suspenso, en cambio, otra petición de los abogados: que se cree un fondo de compensación para las víctimas de la contaminación, muchas de las cuales presentan –según la demanda- plomo en la sangre, sufrieron abortos espontáneos o tienen mal formaciones congénitas. En esta entrevista con lavaca, cuenta cómo se llegó a este fallo inédito.
-¿Cómo nace la causa del Riachuelo?
-Nos llama un grupo de vecinos del polo petroquímico de Dock Sud, después de tener alguna aparición mediática con Jorge Mosset Iturraspe, cuando actuamos en un caso de contaminación en Santa Fe. Enseguida nos involucramos y empezamos con visitas al lugar y a averiguar datos desde otro plano. Porque había un montón de información técnica de las industrias, pero nosotros decidimos correr el velo para ver a la gente que sufre. Encontramos personas muy complicadas del otro lado de la refinería de Shell.
-¿Qué quiere decir “personas muy complicadas”?
-Hay chiquitos que tienen altos índices de plomo en sangre, lo cual ya les produjo deficiencias en el crecimiento. En esa zona del polo petroquíco itambién hay abortos espontáneos, criaturas malformadas. Es una cosa increíble, si se piensa que ocurre a sólo 30 cuadras de la Plaza de Mayo. Y no es gente que vive hace dos días, sino 35 años. A partir de ahí comenzamos a ampliar el espectro de la investigación. Hablamos con profesionales de la zona y se dieron cuenta de que nuestra intención no era solo levantar datos, sino que queríamos hacer algo en serio. Nos contactamos con muchos médicos del Hospital Fiorito y nos trajeron los análisis de sangrerealizados allí: tenían tolueno en sangre, ácidos, diferentes metales. Así se armó un consorcio activo. Con ellos llevamos adelante la presentación judicial colectiva, como habilita la reforma constitucional del 94. Por eso puede beneficiar al conjunto de los habitantes.
Demandando a los grandes
-¿ Este tipo de demandas pueden asemejarse a esas megadenuncias contra empresas tabacaleras que cada tanto aparecen en los Estados Unidos para resarcir a los enfermos de cáncer?
-Acá no tenemos la posibilidad de hacer class accion, que es como se llaman esos procesos. Sí podemos hacer una presentación por lo que se conoce como derechos difusos: cualquiera puede reclamar por un daño colectivo. La diferencia es que mientras que en la class accion los damnificados directamente pueden percibir una indemnización; acá, hay que probar el daño individual en cada caso. En el expediente del Riachuelo, la Corte Suprema tomó la parte de la causa por el daño colectivo y envió a cada presentación particular a los juzgados de primera instancia. No creo que sea por una cuestión de competencia, sino para que no se le llenen los despachos con 300 expedientes. En esos casos multimillonarios contra tabacaleras, la persona damnificada se lleva una parte, según le corresponde, y el resto va a un fondo compensador para atender a otras víctimas. Esto es lo innovador que nosotros le pedimos a la Corte.
-¿Cómo funcionaría ese fondo?
-No es un invento nuestro, existe en muchos países. Y acá está contemplado en la Ley General del Ambiente. Pero como esta ley no está reglamentada, la Corte tiene libre creatividad para interpretarla. Para nosotros, el fondo compensador debería funcionar dando asistencia primaria a quienes resulten damnificados por la contaminación de la cuenca Riachuelo-Matanza. Otro objetivo también tiene que ser el saneamiento final. Hace cien años que se está contaminando, no se va a solucionar en un ratito, pero hay que empezar.
-¿De dónde debería provenir el dinero para ese fondo?
-Debería nutrirse de las empresas que contaminan, a través de penalizaciones o royalties anuales. Hay empresas que por su actividad están signadas como agentes contaminantes. Por ejercer ese tipo de producción deberían pagar una tasa anual. Ese fondo, más un aporte estatal, puede dar asistencia a las víctimas.
-¿Por qué la contaminación del Riachuelo, un problema centenario, se judicializa recién ahora?
-No lo sabemos. Tal vez haya algún juicio personal, por daños en contra de algún agente contaminante puntual. Pero no una causa colectiva que pida la recomposición de la cuenca. El Defensor del Pueblo, mas allá de que valoro el informe amplísimo que realizó, no llevó adelante una actuación judicial, sólo alertó a las autoridades.
-¿Cómo se lleva la representación de 150 damnificados en una causa?
-Es un trabajo fuerte, porque cada persona tiene un perjuicio diferente. Es como tener 150 juicios individuales. Pero tenemos otras experiencias, en un caso representamos a 163 damnificados por contaminación de cromo en un pueblito de Santa Fé. No es nada fácil: cada uno tenía que firmarnos un poder y la única escribana del pueblo trabaja para la curtiembre que demandamos. Tuvimos que alquilar un micro y llevar a todos a otra ciudad para hacer los poderes. Después, la jueza donde tramita el expediente nos dijo que no se podía llevar la causa de manera conjunta y nos pidió que dividiéramos el expediente, abriendo uno por cada demandante. Para eso, había que sacar 18.000 fotocopias. Me quejé y la jueza me dijo que me iba a beneficiar porque así iba a poder tener una dedicación exclusiva a cada expediente. Después agregó que el problema económico era mío, porque era yo el que presentaba 163 expedientes. Como no hay muchos antecedentes sobre daños y perjuicios en contaminación, uno hace camino al andar.
El futuro ya llegó
-Si bien el derecho ambiental tiene rango constitucional no parece estar incluido dentro de los derechos de ejercicio real. Pasa algo similar a lo que ocurre con el derecho al trabajo o a la vivienda. ¿Por qué cree que existe esa brecha jurídica?
-Los desocupados podrían demandar por el derecho a trabajar, pero aparece la discusión de quién es el que está obligado a dar trabajo y se complica todo. Pero en los casos ambientales por contaminación, existen agentes concretos contaminantes. Hay tipos que se están llevando fortunas a costa de todo esto. Otro ejemplo: si en el subte se produce un alto índice de ruido y existe un pliego que fija estándares de calidad, alguien incumplió.
-Sin embargo, no se acostumbra a penalizar al que no cumple. Acaba de reconocer que es la primera vez que se judicializa la contaminación del Riachuelo.
-Tal vez se esté instaurando de a poco. Pero estamos frente a una disyuntiva muy grande. Hay empresas que dan trabajo a miles de argentinos. No se si tanto en el Riachuelo, pero en el interior hay pueblos enteros que se mueven alrededor de estas industrias. Y eso pesa. Tenemos un caso de una curtiembre muy grande en Esperanza, una localidad de 35.000 habitantes al norte de Santa Fé. Nosotros consideramos que tiene un índice de contaminación altísimo. Ahora bien, la planta –directa o indirectamente- incide en el 30 por ciento de la población. Ahí uno es Montesco o Capuleto. Pero para mi no puede haber producción útil y rentable a costa de la salud de la gente.
-Las empresas suelen argumentar que si cumplen con los estándares ambientales pierden competitividad.
-En las curtiembres, un caso que conozco bien, los clientes no están en la Argentina, sino en Europa. Si un cuero que llega a allá a 10 pesos, sólo 5 pesos representan el valor de la producción, los otros cinco corresponden al transporte. No hay que ser inteligente para darse cuenta que la empresa no puede instalarse en el país que consume el producto, porque no se lo permiten. Entiendo que no vivimos en un lugar con un PBI espectacular y que necesitamos de las inversiones. Pero no a cualquier precio, hay un montón de lugares para instalarse. Claro, hay una cuestión de costos de producción, pero si no son rentables, que se vayan. No soy un negado del trabajo que dan, pero no a cualquier precio.
-¿ Pero qué pasa cuando un pueblo defiende la contaminación para preservar una fuente laboral?
-Te imponen necesidades sociales sobre cualquier cosa a futuro, pero resulta que el futuro es hoy. Estas son empresas que trabajan hace mucho tiempo. Los malformados están hoy, el índice de abortos espontáneos es de hoy, la enfermedades congénitas, cutáneas y respiratorias corresponden a hoy. El futuro del Riachuelo es hoy. Esta historia tiene cien años, hubo un cúmulo de incumplimientos y a río revuelto la ganancia es de los pescadores.
El fondo del asunto
-Otro aspecto poco habitual en la justicia argentina es que un fallo que intime a 44 empresas de primer nivel.
-Ahí hay mil industrias que son clandestinas y el que no es clandestino se ampara en el que lo es para lavar sus culpas. Pero el clandestino es nada en niveles de producción. Yo tengo un amigo que tiene una curtiembre pequeña, de la que viven su familia y las de sus dos hijos, y da trabajo a 25 empleados. Si bien no es clandestino, sus dimensiones pueden ser similares a cualquiera de ellas. Y él me cuenta que con esa estructura no podría curtir en un año la cantidad de cueros que produce una curtiembre de las grandes en un solo día. Las grandes empresas ya hicieron el lobby antes e impidieron la reglamentación de la Ley del Ambiente. Tenemos una ley marco modernísima, que data de noviembre de 2002, y no se reglamentó. Por ejemplo, en un capítulo establece que todas las industrias que tienen actividad contaminante deberán poseer un seguro de responsabilidad civil, pero no hay una sola compañía en la Argentina que pueda brindar esa cobertura. No está reglamentado en la ley, no está reglamentado cómo deberían ser esas pólizas en la Superintendencia de Seguros y, entonces, no hay tales seguros. Si existieran, hoy tal vez estaríamos citando en garantía a las aseguradoras. La pregunta es si los aseguradoras querrán hacer negocios con las compañías que contaminan el Riachuelo.
-¿Qué grado de transparencia pueden tener los informes que la Corte le pidió a estas empresas?
-Obviamente nadie esta obligado a declarar en contra de sí mismo. A mí me parece que la Corte lo hace para tener información y después contrastarla con pericias que vaya a producir o con estudios oficiales que ya existan. La actividad que ellos generan es contaminante y está claro que en el Riachuelo no hay oxígeno. No hay que olvidarse que la Ley General del Ambiente invierte la carga de la prueba, no es el damnificado que tiene que probar quién lo contamina, sino que solo hay que acreditar al daño y es el denunciado el que tiene que demostrar que no contamina. Me parece que la Corte quiere sus informes para resolver después sobre el fondo de compensación. Esa es nuestra expectativa. Y eso sí sería un precedente importantísimo, tanto en la Argentina como en Latinoamérica. Estamos en un momento con las arcas llenas, con superávit impensado. Con ese fondo administrado correctamente se puede atender a los damnificados sin perder de vista el fondo del asunto: que no se siga contaminando más.
-Los opositores a este fondo de compensación señalan que no es posible garantizar que el dinero no se desvíe para otros fines, como sucede con otras partidas estatales.
-Me parece que la administración debería ser compartida con organismos, instituciones y ONGs serias, que podrían garantizar los objetivos del fondo.
Dónde fue la plata
-A lo largo de cien años, hubo más de dos decenas de planes de saneamiento del Riachuelo, ¿qué garantías hay de que el proyecto que exigió la Corte no sea uno más?
-En realidad, ninguna. Solo, que estando la Corte de por medio, se supone que ya no serán “Dios y la Patria” quienes demanden por incumplimiento.
Estamos en un país que tiene siempre prioridades de emergencia que seguramente le quitaron espacio a este tema, que es silencioso. Acá se gastó muchísimo en consultorías, elaboración de proyectos. Hasta hubo un plan aprobado en el gobierno de Eduardo Duhalde con un presupuesto de 500 millones de dólares para comenzar con el saneamiento. Se gestionó un crédito ante el BID por el 50 por ciento, se aprobó, y se recibieron 150 millones. Pero se redireccionaron a planes sociales. Vamos a ver qué hace la nueva secretaria (la abogada Romina Picolotto), por sus antecedentes deberíamos tener alguna expectativa positiva. Esta mujer tiene una oportunidad muy buena para estrenarse en el cargo.
-¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que haya una sentencia definitiva en la causa del Riachuelo?
-No va a ser poco, me imagino un par de años. Mi expectativa a corto plazo es la creación del fondo, que exista y que la gente que está en problemas tenga un lugar a donde ir para que se la compense. No necesariamente con plata. Si alguien tiene plomo en sangre, que pueda acceder a médicos, medicamentos o una casa lejos de donde vive. Es infinita la cantidad de respuestas que puede dar el fondo y no es tan oneroso.
-¿Y los daños colectivos como se compensarían?
Habrá que liberar la imaginación para ver como se compensa el daño moral colectivo por la contaminación de la cuenca. Hay un precedente interesante que es la causa de la Municipalidad de Tandil contra la empresa El Cóndor-La Estrella porque un micro destruyó una estatua en medio de una plaza. Había sido donada por un escultor y era irremplazable. ¿Cómo se compensa eso? Se condenó a la empresa a que hiciera un montón de obras en la plaza, se les dio a los habitantes un lugar nuevo para disfrutarlo. De eso se trata también acá. Eso está en manos de la Corte.
Del lado de Gualeguaychú
-¿Para usted el clima que se generó en torno a las pasteras de Gualeguaychu ayudó para que saliera este fallo de la Corte?
-Hay lecturas que pueden llevar a la conclusión de que no era muy oportuno que salga esto ahora. Si se piensa que el presidente le está reclamando al extranjero que no nos contamine y, de repente, su propia Corte lo condena a limpiar su casa, no debería ser demasiado feliz el fallo. Desde otro punto de vista, si el discurso presidencial en los foros internacionales reclama a las empresas extranjeras radicadas en la Argentina inversiones para no generar contaminación, el fallo es oportuno. Hay que ver, yo no lo relaciono con tiempos políticos.
-¿Qué mirada tiene sobre el conflicto con Uruguay?
-Me llama la atención que las empresas insistan en la instalación. Me lleva a pensar que probablemente quieran hacer las cosas bien. Pero pagar para ver puede llegar a ser carísimo. ¿Cuánto cuesta equivocarse? Me parece bárbaro que no quiera asumirse ese riesgo. Por eso, si tengo que ponerme de un lado, me pongo del lado de Gualeguaychú. Estaría bueno que se instalen en otra parte.
Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
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