Sigamos en contacto

Nota

Vida o muerte en el Riachuelo

Publicada

el

A 30 cuadras de Plaza de Mayo nacen chicos malformados, hay abortos espontáneos y los vecinos tienen la sangre intoxicada por la contaminación generada por grandes empresas sobre el Riachuelo. ¿Cómo es el juicio que podría determinar que esas empresas paguen, que dejen de contaminar, y que se busquen soluciones para las víctimas? El dilema: ¿se puede producir bien, dar fuentes de trabajo y no contaminar? Santiago Kaplun, uno de los abogados de la megacausa, explicó a lavaca por qué el futuro del Riachuelo ya llegó.
Santiago Kaplun es un abogado de 32 años que se especializa en cuestiones ambientales. Él y su maestro, Jorge Mosset Iturraspe, vienen desarrollando diversas batallas legales por asuntos ambientales, y esta vez habían presentado una demanda colectiva por la contaminación del Riachuelo contra el Estado nacional, el bonaerense y el porteño y contra 44 empresas de primera línea. Entre ellas se encuentran Shell, Petrobras, YPF, Central Dock Sud, Indupa, Molinos, Danone, Mercedes Benz, Bieckert y Aguas Argentinas.
La Corte ordenó los gobiernos de los tres estados que presenten un plan de saneamiento de la cuenca e intimó a las compañías para que informen qué hacen con sus residuos. Les dio plazo para las presentaciones hasta el 5 de setiembre. Dejó en suspenso, en cambio, otra petición de los abogados: que se cree un fondo de compensación para las víctimas de la contaminación, muchas de las cuales presentan –según la demanda- plomo en la sangre, sufrieron abortos espontáneos o tienen mal formaciones congénitas. En esta entrevista con lavaca, cuenta cómo se llegó a este fallo inédito.
-¿Cómo nace la causa del Riachuelo?
-Nos llama un grupo de vecinos del polo petroquímico de Dock Sud, después de tener alguna aparición mediática con Jorge Mosset Iturraspe, cuando actuamos en un caso de contaminación en Santa Fe. Enseguida nos involucramos y empezamos con visitas al lugar y a averiguar datos desde otro plano. Porque había un montón de información técnica de las industrias, pero nosotros decidimos correr el velo para ver a la gente que sufre. Encontramos personas muy complicadas del otro lado de la refinería de Shell.
-¿Qué quiere decir “personas muy complicadas”?
-Hay chiquitos que tienen altos índices de plomo en sangre, lo cual ya les produjo deficiencias en el crecimiento. En esa zona del polo petroquíco itambién hay abortos espontáneos, criaturas malformadas. Es una cosa increíble, si se piensa que ocurre a sólo 30 cuadras de la Plaza de Mayo. Y no es gente que vive hace dos días, sino 35 años. A partir de ahí comenzamos a ampliar el espectro de la investigación. Hablamos con profesionales de la zona y se dieron cuenta de que nuestra intención no era solo levantar datos, sino que queríamos hacer algo en serio. Nos contactamos con muchos médicos del Hospital Fiorito y nos trajeron los análisis de sangrerealizados allí: tenían tolueno en sangre, ácidos, diferentes metales. Así se armó un consorcio activo. Con ellos llevamos adelante la presentación judicial colectiva, como habilita la reforma constitucional del 94. Por eso puede beneficiar al conjunto de los habitantes.
Demandando a los grandes
-¿ Este tipo de demandas pueden asemejarse a esas megadenuncias contra empresas tabacaleras que cada tanto aparecen en los Estados Unidos para resarcir a los enfermos de cáncer?
-Acá no tenemos la posibilidad de hacer class accion, que es como se llaman esos procesos. Sí podemos hacer una presentación por lo que se conoce como derechos difusos: cualquiera puede reclamar por un daño colectivo. La diferencia es que mientras que en la class accion los damnificados directamente pueden percibir una indemnización; acá, hay que probar el daño individual en cada caso. En el expediente del Riachuelo, la Corte Suprema tomó la parte de la causa por el daño colectivo y envió a cada presentación particular a los juzgados de primera instancia. No creo que sea por una cuestión de competencia, sino para que no se le llenen los despachos con 300 expedientes. En esos casos multimillonarios contra tabacaleras, la persona damnificada se lleva una parte, según le corresponde, y el resto va a un fondo compensador para atender a otras víctimas. Esto es lo innovador que nosotros le pedimos a la Corte.
-¿Cómo funcionaría ese fondo?
-No es un invento nuestro, existe en muchos países. Y acá está contemplado en la Ley General del Ambiente. Pero como esta ley no está reglamentada, la Corte tiene libre creatividad para interpretarla. Para nosotros, el fondo compensador debería funcionar dando asistencia primaria a quienes resulten damnificados por la contaminación de la cuenca Riachuelo-Matanza. Otro objetivo también tiene que ser el saneamiento final. Hace cien años que se está contaminando, no se va a solucionar en un ratito, pero hay que empezar.
-¿De dónde debería provenir el dinero para ese fondo?
-Debería nutrirse de las empresas que contaminan, a través de penalizaciones o royalties anuales. Hay empresas que por su actividad están signadas como agentes contaminantes. Por ejercer ese tipo de producción deberían pagar una tasa anual. Ese fondo, más un aporte estatal, puede dar asistencia a las víctimas.
-¿Por qué la contaminación del Riachuelo, un problema centenario, se judicializa recién ahora?
-No lo sabemos. Tal vez haya algún juicio personal, por daños en contra de algún agente contaminante puntual. Pero no una causa colectiva que pida la recomposición de la cuenca. El Defensor del Pueblo, mas allá de que valoro el informe amplísimo que realizó, no llevó adelante una actuación judicial, sólo alertó a las autoridades.
-¿Cómo se lleva la representación de 150 damnificados en una causa?
-Es un trabajo fuerte, porque cada persona tiene un perjuicio diferente. Es como tener 150 juicios individuales. Pero tenemos otras experiencias, en un caso representamos a 163 damnificados por contaminación de cromo en un pueblito de Santa Fé. No es nada fácil: cada uno tenía que firmarnos un poder y la única escribana del pueblo trabaja para la curtiembre que demandamos. Tuvimos que alquilar un micro y llevar a todos a otra ciudad para hacer los poderes. Después, la jueza donde tramita el expediente nos dijo que no se podía llevar la causa de manera conjunta y nos pidió que dividiéramos el expediente, abriendo uno por cada demandante. Para eso, había que sacar 18.000 fotocopias. Me quejé y la jueza me dijo que me iba a beneficiar porque así iba a poder tener una dedicación exclusiva a cada expediente. Después agregó que el problema económico era mío, porque era yo el que presentaba 163 expedientes. Como no hay muchos antecedentes sobre daños y perjuicios en contaminación, uno hace camino al andar.
El futuro ya llegó
-Si bien el derecho ambiental tiene rango constitucional no parece estar incluido dentro de los derechos de ejercicio real. Pasa algo similar a lo que ocurre con el derecho al trabajo o a la vivienda. ¿Por qué cree que existe esa brecha jurídica?
-Los desocupados podrían demandar por el derecho a trabajar, pero aparece la discusión de quién es el que está obligado a dar trabajo y se complica todo. Pero en los casos ambientales por contaminación, existen agentes concretos contaminantes. Hay tipos que se están llevando fortunas a costa de todo esto. Otro ejemplo: si en el subte se produce un alto índice de ruido y existe un pliego que fija estándares de calidad, alguien incumplió.
-Sin embargo, no se acostumbra a penalizar al que no cumple. Acaba de reconocer que es la primera vez que se judicializa la contaminación del Riachuelo.
-Tal vez se esté instaurando de a poco. Pero estamos frente a una disyuntiva muy grande. Hay empresas que dan trabajo a miles de argentinos. No se si tanto en el Riachuelo, pero en el interior hay pueblos enteros que se mueven alrededor de estas industrias. Y eso pesa. Tenemos un caso de una curtiembre muy grande en Esperanza, una localidad de 35.000 habitantes al norte de Santa Fé. Nosotros consideramos que tiene un índice de contaminación altísimo. Ahora bien, la planta –directa o indirectamente- incide en el 30 por ciento de la población. Ahí uno es Montesco o Capuleto. Pero para mi no puede haber producción útil y rentable a costa de la salud de la gente.
-Las empresas suelen argumentar que si cumplen con los estándares ambientales pierden competitividad.
-En las curtiembres, un caso que conozco bien, los clientes no están en la Argentina, sino en Europa. Si un cuero que llega a allá a 10 pesos, sólo 5 pesos representan el valor de la producción, los otros cinco corresponden al transporte. No hay que ser inteligente para darse cuenta que la empresa no puede instalarse en el país que consume el producto, porque no se lo permiten. Entiendo que no vivimos en un lugar con un PBI espectacular y que necesitamos de las inversiones. Pero no a cualquier precio, hay un montón de lugares para instalarse. Claro, hay una cuestión de costos de producción, pero si no son rentables, que se vayan. No soy un negado del trabajo que dan, pero no a cualquier precio.
-¿ Pero qué pasa cuando un pueblo defiende la contaminación para preservar una fuente laboral?
-Te imponen necesidades sociales sobre cualquier cosa a futuro, pero resulta que el futuro es hoy. Estas son empresas que trabajan hace mucho tiempo. Los malformados están hoy, el índice de abortos espontáneos es de hoy, la enfermedades congénitas, cutáneas y respiratorias corresponden a hoy. El futuro del Riachuelo es hoy. Esta historia tiene cien años, hubo un cúmulo de incumplimientos y a río revuelto la ganancia es de los pescadores.
El fondo del asunto
-Otro aspecto poco habitual en la justicia argentina es que un fallo que intime a 44 empresas de primer nivel.
-Ahí hay mil industrias que son clandestinas y el que no es clandestino se ampara en el que lo es para lavar sus culpas. Pero el clandestino es nada en niveles de producción. Yo tengo un amigo que tiene una curtiembre pequeña, de la que viven su familia y las de sus dos hijos, y da trabajo a 25 empleados. Si bien no es clandestino, sus dimensiones pueden ser similares a cualquiera de ellas. Y él me cuenta que con esa estructura no podría curtir en un año la cantidad de cueros que produce una curtiembre de las grandes en un solo día. Las grandes empresas ya hicieron el lobby antes e impidieron la reglamentación de la Ley del Ambiente. Tenemos una ley marco modernísima, que data de noviembre de 2002, y no se reglamentó. Por ejemplo, en un capítulo establece que todas las industrias que tienen actividad contaminante deberán poseer un seguro de responsabilidad civil, pero no hay una sola compañía en la Argentina que pueda brindar esa cobertura. No está reglamentado en la ley, no está reglamentado cómo deberían ser esas pólizas en la Superintendencia de Seguros y, entonces, no hay tales seguros. Si existieran, hoy tal vez estaríamos citando en garantía a las aseguradoras. La pregunta es si los aseguradoras querrán hacer negocios con las compañías que contaminan el Riachuelo.
-¿Qué grado de transparencia pueden tener los informes que la Corte le pidió a estas empresas?
-Obviamente nadie esta obligado a declarar en contra de sí mismo. A mí me parece que la Corte lo hace para tener información y después contrastarla con pericias que vaya a producir o con estudios oficiales que ya existan. La actividad que ellos generan es contaminante y está claro que en el Riachuelo no hay oxígeno. No hay que olvidarse que la Ley General del Ambiente invierte la carga de la prueba, no es el damnificado que tiene que probar quién lo contamina, sino que solo hay que acreditar al daño y es el denunciado el que tiene que demostrar que no contamina. Me parece que la Corte quiere sus informes para resolver después sobre el fondo de compensación. Esa es nuestra expectativa. Y eso sí sería un precedente importantísimo, tanto en la Argentina como en Latinoamérica. Estamos en un momento con las arcas llenas, con superávit impensado. Con ese fondo administrado correctamente se puede atender a los damnificados sin perder de vista el fondo del asunto: que no se siga contaminando más.
-Los opositores a este fondo de compensación señalan que no es posible garantizar que el dinero no se desvíe para otros fines, como sucede con otras partidas estatales.
-Me parece que la administración debería ser compartida con organismos, instituciones y ONGs serias, que podrían garantizar los objetivos del fondo.
Dónde fue la plata
-A lo largo de cien años, hubo más de dos decenas de planes de saneamiento del Riachuelo, ¿qué garantías hay de que el proyecto que exigió la Corte no sea uno más?
-En realidad, ninguna. Solo, que estando la Corte de por medio, se supone que ya no serán “Dios y la Patria” quienes demanden por incumplimiento.
Estamos en un país que tiene siempre prioridades de emergencia que seguramente le quitaron espacio a este tema, que es silencioso. Acá se gastó muchísimo en consultorías, elaboración de proyectos. Hasta hubo un plan aprobado en el gobierno de Eduardo Duhalde con un presupuesto de 500 millones de dólares para comenzar con el saneamiento. Se gestionó un crédito ante el BID por el 50 por ciento, se aprobó, y se recibieron 150 millones. Pero se redireccionaron a planes sociales. Vamos a ver qué hace la nueva secretaria (la abogada Romina Picolotto), por sus antecedentes deberíamos tener alguna expectativa positiva. Esta mujer tiene una oportunidad muy buena para estrenarse en el cargo.
-¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que haya una sentencia definitiva en la causa del Riachuelo?
-No va a ser poco, me imagino un par de años. Mi expectativa a corto plazo es la creación del fondo, que exista y que la gente que está en problemas tenga un lugar a donde ir para que se la compense. No necesariamente con plata. Si alguien tiene plomo en sangre, que pueda acceder a médicos, medicamentos o una casa lejos de donde vive. Es infinita la cantidad de respuestas que puede dar el fondo y no es tan oneroso.
-¿Y los daños colectivos como se compensarían?
Habrá que liberar la imaginación para ver como se compensa el daño moral colectivo por la contaminación de la cuenca. Hay un precedente interesante que es la causa de la Municipalidad de Tandil contra la empresa El Cóndor-La Estrella porque un micro destruyó una estatua en medio de una plaza. Había sido donada por un escultor y era irremplazable. ¿Cómo se compensa eso? Se condenó a la empresa a que hiciera un montón de obras en la plaza, se les dio a los habitantes un lugar nuevo para disfrutarlo. De eso se trata también acá. Eso está en manos de la Corte.
Del lado de Gualeguaychú
-¿Para usted el clima que se generó en torno a las pasteras de Gualeguaychu ayudó para que saliera este fallo de la Corte?
-Hay lecturas que pueden llevar a la conclusión de que no era muy oportuno que salga esto ahora. Si se piensa que el presidente le está reclamando al extranjero que no nos contamine y, de repente, su propia Corte lo condena a limpiar su casa, no debería ser demasiado feliz el fallo. Desde otro punto de vista, si el discurso presidencial en los foros internacionales reclama a las empresas extranjeras radicadas en la Argentina inversiones para no generar contaminación, el fallo es oportuno. Hay que ver, yo no lo relaciono con tiempos políticos.
-¿Qué mirada tiene sobre el conflicto con Uruguay?
-Me llama la atención que las empresas insistan en la instalación. Me lleva a pensar que probablemente quieran hacer las cosas bien. Pero pagar para ver puede llegar a ser carísimo. ¿Cuánto cuesta equivocarse? Me parece bárbaro que no quiera asumirse ese riesgo. Por eso, si tengo que ponerme de un lado, me pongo del lado de Gualeguaychú. Estaría bueno que se instalen en otra parte.

Nota

Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

Publicada

el

Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

Seguir leyendo

Nota

16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

Publicada

el

Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

Seguir leyendo

#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

Publicada

el

Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

Seguir leyendo

LA ÚLTIMA MU: MARICI WEW

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.