La policía, el DNI y las requisas arbitrarias. Detenciones al azar o por aspecto. Pedidos de documentos, ilegalidad, prepotencia. Dos casos que muestran que el hostigamiento contra jóvenes y adolescentes no es sólo policial. ¿Qué hay detrás de estos procedimientos? ▶ LUCAS PEDULLA

El filósofo Michel Foucault plantea que una época no oculta nada.

Nada.

Sólo hay que saber leerla.

Para eso, Foucault postula dos condiciones: ver y hablar.

Lo que se ve y lo que se dice en una época permiten extraer su esencia.

¿Qué es lo que podemos agrupar de un lado y de otro? Destellos y discursividades.

Por ejemplo.

El 23 de diciembre de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió por mayoría (con los votos de los jueces Luis Lozano, José Casás, Ana María Conde, Inés Weinberg y la disidencia de la doctora Ana María Ruiz) que la Policía Federal está habilitada a pedir DNI, a cualquier persona y al azar. Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales alertaron que la máxima autoridad judicial porteña fallaba en favor de una práctica policial que, entre otros casos, habilitó la privación ilegítima de la libertad, la tortura y asesinato del joven Walter Bulacio en 1991, que motivó una condena al Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Cuál fue el inexplicable recorrido de esta sentencia emitida por un tribunal porteño? La respuesta proviene del conurbano bonaerense.

El 14 de abril de 2014 Lucas Abel Vera -19 años, de La Matanza- es detenido a las 15.20 horas en la estación Constitución. El oficial de la Policía Federal Matías Hoyos (también oriundo de la zona oeste del Conurbano: Haedo) es quien labra el oficio. Allí sostiene que por “reclamos” realizados por la empresa ferroviaria y “las denuncias” de usuarios “por el consumo de estupefacientes y por diferentes hechos ilícitos”, realizó “un control poblacional” y una identificación de “personas al azar” (sin especificar ningún criterio para ambas abstracciones), por lo que pidió documentos a un joven que, afirma, “comenzó a demostrar un cierto nerviosismo” y que “de forma espontánea manifestó poseer un arma de fuego en la cintura”. El oficial lo esposó, le extrajo el arma y solicitó la cooperación del personal de la Brigada de Investigaciones.

El defensor oficial planteó la nulidad de la detención, al ser inconstitucional “la identificación al azar”, sin ninguna razón. El argumento del defensor es convalidado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 y la Sala II de la Cámara de Apelaciones. “No es facultad de la policía, si no cuenta con un motivo válido para hacerlo”.

El Ministerio Público Fiscal apela dos veces.

Así el proceso llega hasta el máximo Tribunal porteño, que deja sin efecto la resolución de la Cámara y devuelve las actuaciones para que otros jueces se pronuncien sobre la legitimidad del procedimiento “con arreglo a la doctrina fijada por esta mayoría”. Es decir, ellos mismos. Y establece que, además de considerar que la intervención es “nimia” sobre las personas, es una “facultad implícita” de la Policía Federal para la “prevención del delito”. El presidente de la Corte, doctor Luis Lozano, aclara que la medida debe “estar dentro de la competencia que habilita la ley”, por lo que “no puede violar ninguna garantía constitucional” ni “asumir solapadamente criterios de sospecha por notas de las personas que harían odiosa una distinción” como, por ejemplo, “el color de la tez” o el nivel económico revelado por la indumentaria (sic)”.

Los hechos muestran que eso no sucede. Por eso el fallo de 18 páginas abrió una Caja de Pandora.

Y una época.

Hasta aquí los discursos del centro.

Los destellos provienen, como siempre, de los bordes.

Por ejemplo: Quilmes, sur del conurbano bonaerense.

En primera persona

Laureana Rodríguez tiene 17 años y cursa su último año en el colegio Sagrado Corazón de Jesús. Está sentada en un bar, se pide una Aquarius de manzana y dice que quiere hablar. Enfrente suyo está sentada una amiga, 16 años, que prefiere no decir su nombre. Laureana: “Estábamos escuchando tantas barbaridades que pensé que era necesario hablar. Mi papá estuvo de acuerdo. Se decían cosas que nada ver. Y el colegio pidió que no hagamos declaraciones”.

¿Qué nos está contando?

Nos está contando eso que se vio en Internet y en todos los medios de comunicación del país.

“Hicimos la fiesta del UPD, que es Último Primer Día de clases, donde festejamos el inicio del último año del colegio. Tipo 5 de la mañana paramos en una plaza cerca de la escuela y nos quedamos ahí. En ese momento se acercan algunos pitufos (así son conocidos en el Conurbano los efectivos de las policías locales, por sus trajes azules) y dicen que nos vayamos porque iban a venir más policías. Dieron a entender que iban a ser otros, como más grandes. Supuestamente había otros colegios que estaban haciendo quilombo porque tenían aerosoles y bombos, pero por festejo. Nosotros no teníamos nada, pero nos fuimos, porque ya era hora de entrar al colegio. Estábamos a una cuadra y vemos llegar policías. Muchos. Vimos cinco patrulleros, que son esas camionetas grandes que tienen ellos. Ni estacionaron: abrieron las puertas con todo y bajaron con las armas en medio de la calle. La cortaron. Cuando los vi me asusté, pensé que nos iban a meter a todos en la camioneta. Eran mujeres y hombres. Nos empezaron a gritar,  y de mala manera nos dijeron que nos pusiéramos de espaldas, que tiráramos las mochilas. A algunos los revisaron. A los chicos les chocaron la cabeza contras las rejas. Hubo gritos y varios vecinos salieron a ver qué pasaba. Ahí fue cuando nos vieron a todos en fila y los vecinos empezaron a filmar”.

El video se viralizó en minutos y llegó a todos los canales de televisión y portales web. Allí se ve a adolescentes con sus uniformes de colegio católico requisados por la Bonaerense y se escucha a una señora que grita: “¿Por qué no van a agarrar a los trapitos que nos rompen todo y se cagan a tiros todos los días? ¿A estos pelotudos agarrás? Esta es la policía que tenemos”. La amiga de Laureana recuerda la respuesta de la Bonaerense: “Gorda, metete adentro”.

Laureana: “Nos gritaban. Nos decían que éramos unos chetos. Decían: ‘¿Ustedes se hacen los chetos, los cancheros? Bueno, hacete el vivo conmigo’. Y estaban con armas grandes, como escopetas. Como si estuviéramos afanando un banco. Una compañera se enojó y les dijo: ‘Ustedes pretenden que nosotros seamos educados pero no dan el ejemplo, no son respetuosos’. Una mujer policía, la más agresiva, que parecía que en cualquier momento iba a hacer algo, le gritó: ‘¡A ver, vení vos, date vuelta: callate la boca!’. No podíamos emitir palabra”.

Las jóvenes critican la cobertura del episodio en los medios: “Hablaron con profesores que no eran de nuestro colegio que dijeron que estábamos alcoholizados. ¡Mentira! Entrevistaron a un remisero que no tenía nada que ver: la remisería estaba cerrada. Después, otro periodista publicó la noticia en Facebook y vi comentarios que hablaban como si estuviéramos en un gobierno militar. Decían que estaba bien lo que nos habían hecho, que nos tenían que castigar así, que los policías actuaron perfecto, que los padres tenían que poner límites. No saben nada. Por eso salimos a hablar. Uno se queja de la policía, pero también la gente repite y fomenta estas cosas”.

Otro de los alumnos habló con el programa Ir a más, de FM Sur 88.9. “Supuestamente nos pararon para ver si teníamos navajas o armas de fuego”, dijo. “Nos pidieron documentos. Lo más violento es que te agarraban del cuello y te ponían la cara contra la pared: me quedó una marca en la frente. Lo hacían para meter miedo. Nos decían: ‘No me mires porque te llevo a la comisaría’”.

Lo normal de lo policial

Las chicas dicen que a ellas no les pidieron documentos. Pero Laureana recuerda una situación que pasó esa misma madrugada: “Tipo 2, por ahí, salimos a comprar con una amiga porque faltaba jugo. Nos frenó la policía. Lo único que faltaba, pensé, es que nos metan adentro. Me asusté. Nos llamaron y nos preguntaron si teníamos documento. No lo tenía a mano. Me pidieron que cuando salga lo lleve conmigo, porque era su ‘deber pedirlo’. Y lo tenemos que tener. Dijeron que vayamos tranquilas porque el documento es supuestamente para saber quién sos, por si te llega a pasar algo. No habíamos hecho ni dos pasos que nos paró de vuelta. Nos dijo que ellos nos iban a llevar a comprar en el patrullero. Yo lo vi normal. Después, cuando lo cuento, todos dicen que la policía no tiene por qué llevarme en el auto. Nos metieron en la parte de atrás, ¿viste que hay como una rejita? Ahí nos llevaron al kiosco. Bajé, compré, y dijeron que nos iban a llevar al salón. Uno de los policías era medio gordito y otro flaco. En ese momento pensé que si les decía que no, no sé qué me podían hacer. Supuestamente lo hicieron por seguridad, por si nos pasaba algo. Un amigo cuando conté esto en el aula, dijo: ‘Si hubiera sido yo, no me llevaban’. Me pidieron los datos: de dónde era, nombre completo, numero de teléfono como para llamar y el nombre de mi papa. Lo anotaron”.

El relato estremece.

El papá de Laureana es Adrián Rodríguez, juez de Faltas de Quilmes, que denunció el accionar policial junto a otros padres. La denuncia penal se tramita como “abuso de autoridad” en la fiscalía penal N° 5 del municipio, a cargo del fiscal Jorge Zaizar. Hay cinco patrulleros y al menos 10 policías identificados de la Comisaría 1° y del Comando de Prevención Comunitaria (CPC). El propio jefe distrital de la Unidad Regional de Quilmes dispuso un sumario administrativo y dio aviso a Asuntos Internos de la Bonaerense.

“Es muy fuerte y absolutamente desagradable enterarte que a tu hija adolescente, con un uniforme escolar y cuando estaba yendo al colegio, la ponen contra la pared, con una actitud desmedida de la fuerza de seguridad policial, injustificada y sin orden judicial”, dice el juez Rodríguez a MU. “Los derechos constitucionales no pueden ser avasallados por la autoridad policial. Hay que tomar conciencia de que vivimos en un Estado de Derecho: no podemos retroceder 40 años. Esto debe llamar la atención del Gobierno: deberían repudiarlo. De lo contrario, interpreto que hay una liberación injustificada del accionar represivo. Es la justicia la que debe determinar qué tipo de responsabilidad existió. Como persona del Derecho, digo que existieron responsabilidades penales. Desconozco si esto obedeció a una falta de formación policial o a una orden. Probablemente estén autorizados a actuar al margen de la ley. Pero yo quiero saber quién fue la persona que impartió la orden”.

El color penal

La Defensoría General y la Defensoría General en lo Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) de la Ciudad presentaron un recurso extraordinario federal para revocar el fallo del Tribunal porteño sobre el caso de Lucas Vera, el joven detenido inconstitucionalmente que dio origen al fallo que derivó en la generalización de las requisas arbitrarias.

Se refieren a la acción de identificar al azar y sin causa, y van al hueso:

“Siempre estuvo claro para todos que la policía usaba esa facultad para justificar sus intervenciones o sospechas sin otro fundamento, y que la aprovechaba selectivamente para poder interrogar o revisar a los ‘seleccionados’. Es decir, invariablemente funcionó como un mecanismo para sortear la exigencia legal de orden judicial de detención, en casos donde no hay delito flagrante alguno. Y aunque los doctores Weinberg, Lozano, Casás y Conde válidamente aspiren que no ocurra, lo cierto es que la policía nunca pidió documentos de identidad a la gente que suponía ‘decente’ y de apariencia ajustada a sus propios estándares, sino a las que atribuía ‘notorias características sospechosas’, y que, después de su derogación, redefinió como propio de su ‘olfato policial’”.

“No existe ninguna norma que exija la portación de documento de identidad para la sola circulación por la vía pública”.

Horacio Corti, defensor general de la Ciudad, dice a MU: “Este caso trasciende la situación del joven Vera. Hay un contenido simbólico: el fallo se dio a conocer el mismo día del anuncio de la transferencia de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad. ¿Qué mecanismo institucional es posible y factible que asegure que la policía no está realizando detenciones al azar, o que no están jugando criterios implícitos para seleccionar a las personas?”.

La respuesta de Corti: “Ninguna”.

Luis Duacastella Arbizu, defensor general adjunto: “Si Lucas Abel Vera hubiera tenido documentos, ¿qué pasaba? ¿Hubiera seguido teniendo una supuesta arma? El juez Lozano dice que no puede detenerse por discriminación, pero no es el juez el que está en la calle, sino un agente de la policía al que le estamos otorgando una facultad discrecional. Sinceremos esto: existe una cifra negra de detenciones ilegales. Y estudios que muestran que el 80 por ciento de las detenciones por identificación no terminan en causas penales. La policía siempre lo maquilla: no reconoce  que detuvo a una persona para pedirle documentos, sino porque ‘estaba nerviosa’ o ‘volvió sobre sus pasos’. Tenemos 24 defensores de primera instancia: ya nos está llegando esa información. Y la vamos a sistematizar”.

Por ahora no hay datos.

Y esa ausencia es un dato: la falta de producción de información policial y judicial deja en el vacío cuántas personas detienen y el por qué. La doctora Verónica Heredia (abogada del caso Iván Torres, desaparecido en democracia, que motivó otra condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Argentino en la que prohíbe las detenciones al azar) realizó un trabajo para la Universidad de Palermo: El color del derecho penal. Cotejó la información de 163 expedientes ingresados en un turno de una fiscalía porteña. La información involucraba a 272 personas. Algunos resultados comprueban la hipótesis del proyecto: casi el 90 por ciento de los detenidos son varones de tez trigueña/morena, de pelo negro, contextura física delgada y se visten con campera capucha, jean y zapatillas.

Es decir, el prototipo del pibe pobre.

La mayoría de las detenciones eran porque las personas “cambian de rumbo” al ver el control policial o muestraban “signos de nerviosismo y sudoración” o porque se los observaba “manipulando algo pequeño” que luego “esconden” o “arrojan”. Tal lo escrito en las actas policiales.

Ese es el “olfato policial”.

Por esa razón, Duacastella Arbizu cree que el fallo repercute en otras fuerzas provinciales y nacionales. “Cuando uno le da más facultades a la policía lo que le está dando es más autonomía. Y nuestra policía no fue democratizada. Los cuadros policiales conservan intacta la capacidad de actuar de forma autonómica y contraria a la ley. Y la policía también es muy rápida para advertir un cambio político: cuando advierte que el Ejecutivo da una orden y, por otro lado, el Poder Judicial libera y convalida actuaciones excesivas, rápidamente sienten que hay piedra libre. Y la usina generadora de estas libertades es el poder mediático”.

Ninguno de los jueces y las juezas del Tribunal porteño quisieron hablar con MU. Todos coincidieron que el fallo todavía estaba en trámite y que no era “pertinente” dar entrevistas. De todos modos, el doctor Lozano, si bien remarcó que los jueces “hablan por su voto”, sostuvo que le gustaría hablar para aclarar algunas “malinterpretaciones” de la sentencia. “Cuando esto se resuelva, hablamos con gusto”, afirmó. Otra respuesta dio el magistrado José Osvaldo Casás: “Los jueces no tienen por qué defender la sentencia. Lea el fallo. Entrevista, imposible”.

Por otro lado, el recurso extraordinario presentado por los defensores tiene grandes posibilidades de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí se habilitaría una instancia para que organizaciones sociales, sindicales, cooperativas y movimientos de derechos humanos se presenten como amicus curiae para manifestar su opinión dentro de esta discusión vital para la democracia. Ante el hipotético caso de una sentencia negativa por parte del máximo tribunal, MU pregunta a los defensores: ¿hasta qué instancia buscarían llegar para revertirlo?. Responde Corti: “Hasta a la Corte Interamericana”.

La pregunta

Vanesa Orieta lleva en el cuerpo esta discusión. Referente ineludible, cita el caso de su hermano, Luciano Arruga, que con 16 años fue hostigado sistemáticamente por efectivos de la Bonaerense en La Matanza. Su desaparición en 2009 se convirtió en uno de los símbolos de la brutalidad del Estado. Luciano vivía en un barrio pobre y se había negado a robar para la policía. En septiembre de 2008 fue detenido por una supuesta denuncia de un robo que nunca se comprobó ni se juzgó, por lo que fue llevado a un destacamento por “averiguación de antecedentes”. Alli fue torturado por el oficial Julio Diego Torales, condenado luego a 10 años de prisión.

Vanesa sabe, entonces, de qué estamos hablando:

“¿A quién le van a pedir el documento? ¿A un chico de Recoleta? ¿O al que venga del Conurbano a la Capital porque le ven esa cara que ellos consideran ‘peligrosa’? Seguimos hablando de lo que ya está instalado hace mucho tiempo: acá se persigue por portación de cara”.

¿Cómo leer entonces esos destellos que  se emitieron en Quilmes?

“Está mal. Estamos mal. Y es peligroso: muchos salen a decir en los medios que parar a los pibes está mal, pero son los mismos que aclaran que ‘igual hay muchos delincuentes’. Y ahí ya me justificaste la requisa. Hay que combatir ese discurso: es una persecusión anticipada en base a una sospecha que viene de la mano de discriminar y criminalizar la figura de una persona. Y, en este caso, son chicos de un colegio privado. Y va a llegar un punto donde la violencia no va a distinguir entre clase media o pobre. ¿Hay que esperar a eso para darnos cuenta que ya nos han liquidado una cantidad enorme de pibes?”.

La pregunta queda resonando. ¿Una posible respuesta? Ver y hablar.