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Del puestero a Benetton: el rol de la corporación en la trama de la desaparición de Santiago Maldonado

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El juzgado federal de Esquel comunicó de forma oficial que la sangre del apuñalado por el puestero de Benetton no pertenece a Santiago Maldonado. Se cae así la principal hipótesis sostenida por el gobierno y el foco vuelve donde nunca tendría que haber dejado de estar: el lugar de los hechos. En esa trama, la corporación Benetton aparece en el centro. La comisaría que montó el Estado para proteger sus intereses. El caso que se convierte en un antecedente para comprender la represión desatada en el Pu Lof de Cushamen. Las versiones e indicios que señalan que Benetton financia los operativos de las fuerzas de seguridad estatales. Más datos y testimonios que reconstruyen qué pasó el día que Santiago desapareció.
Del puestero a Benetton: el rol de la corporación en la trama de la desaparición de Santiago Maldonado
“Nosotros ya sabíamos que no era de Santiago. Esto era solo para desviar el foco. Poco a poco se van cayendo todas estas hipótesis de mierda. Lo concreto es que Santiago está desaparecido. ¿Ahora que van a decir los medios?”, dice a lavaca Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, minutos después de que el Juzgado Federal de Esquel comunicara de forma oficial que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA confirmó que la sangre de la persona herida por un puestero de Benetton el 21 de julio en Epuyén no es la de Santiago Maldonado. Así se desmoronó la principal hipótesis del Gobierno nacional.
Lavaca había reconstruido en exclusiva cuatro testimonios que desmentían esa hipótesis: son tres personas que vieron a Santiago en dos eventos distintos el 27 y el 29 de julio en El Bolsón, y otra que contó que llevó al joven hasta la Pu Lof de Cushamen en la mañana del 31 de julio. El Gobierno mantuvo la versión del puestero hasta que la Justicia se expidiera. Y la Justicia se expidió.
El comunicado completo:

  • “El Juzgado Federal de Esquel comunica que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires informó -en el día de la fecha- que el perfil genético de la persona que habría sido herida el 21 de julio de este año durante el ataque sufrido por Evaristo Jones en cercanías de Epuyen en la provincia del Chubut no tiene coincidencia con el perfil genético de un hijo biológico de Enrique Aníbal Maldonado y Stella Maris Peloso. El estudio fue requerido en el marco del Expte. nº FCR 8233/2017 ´MALDONADO SANTIAGO ANDRÉS S/HABEAS CORPUS´.
  • Asimismo, se comunica que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas continúa realizando los análisis y cotejos solicitados respecto de todas las muestras biológicas encontradas en los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina involucrados en el procedimiento del 1 de agosto de este año, en las tres prendas que pertenecerían a Santiago Maldonado y en la vivienda en la que residió en la ciudad de El Bolsón de la provincia de Río Negro”.

La confirmación oficial devuelve la atención a la principal hipótesis denunciada desde el 1 de agosto por la familia, la comunidad mapuche, los organismos de derechos humanos y la Defensoría Federal de Esquel: Santiago es víctima de una desaparición forzada de persona.
Y en la trama de su desaparición no tiene un rol el puestero, pero sí Benetton.

Del puestero a Benetton: el rol de la corporación en la trama de la desaparición de Santiago Maldonado

Este mapa sobre las tierras que posee la corporación Benetton en Argentina fue realizado por el diario El País de España en un completo informe sobre la represión al pueblo mapuche en Argentina. Se puede leer acá: https://elpais.com/especiales/2017/represion-mapuches-argentina/


El rol de Benetton
Sergio Nahuelquir es uno de los werken (voceros) de la Pu Lof. Se presenta así: “Mi nombre es Sergio Nahuelquir, soy tataranieto de Ñancuche Nahuelquir, uno de los primeros que llegó a Cushamen. Bisnieto de Gregorio Nahuelquir, nieto de Ludovico, uno de los últimos lonkos que existió en la zona. Hijo de Florentino y padre de Lautaro”. Su presentación no es al azar: su historia está vinculada a Cushamen: “Nací a la orilla del camino que va desde El Maitén a Cushamen, ahí pasa por el Río Pichico. En ese lugar nací yo, a dos kilómetros de la Redonda, a 5 km de la escuela 69, donde trabajo Trinidad Huala, la abuela de Facundo (Jones Huala, el lonko preso de forma ilegal desde el 27 de junio). Ellos vivieron allí cerca de mina de Indio. Casi la mayoría de los que estamos haciendo la recuperación somos de alguna u otra manera de Cushamen: nietos, hijos. No somos de ningún otro lado”.
Desde esa historia, habla de Benetton.
Dice: “La compañía siempre existió. Mi papá trabajaba ahí mientras era la compañía inglesa. Amansaba burros. En ese tiempo había mula y después, al tiempo, se fue para Santa Cruz a seguir amansando allá. Nos fuimos en el año 80 por una realidad: en Cushamen no era posible la vida. Nos teníamos que ir porque nos íbamos a morir de hambre. Y así fueron la mayoría de las historias, que tenían que salir de Cushamen. Y yo tenía que volver alguna vez. Sabemos que la compañía inglesa en ese entonces y ahora Benetton es un aparato opresor de todo lo que es la zona. Ha funcionado siempre así. La gente trabaja sumisamente en lo que es Leleque. Todo el empresariado que ha venido siempre han oprimido al pueblo. Te dan permiso para que saques leña, pero no más de lo necesario. Te dan permiso para usar caballos, pero solo uno. Y así el poder fue aumentando hasta la complicidad: ahora podemos ver el ejemplo claro del intendente del Maiten, al que queremos denunciar porque ha discriminado la Pu Lof, pero quien se vale de lo que es la compañía para pagar los salarios sociales complementarios. También para hacer sus gestiones políticas: al deber favores, debe poner todo el pueblo en contra de la recuperación porque, sino, no está cumpliendo con su trabajo. También sabemos que El Maitén tiene muchas donaciones: Benetton sostiene económicamente a El Maitén. Son relaciones carnales”.
Nahuelquir cuenta que esa relación se vio muy clara en enero cuando la Pu Lof sufrió tres violentas represiones en dos días por parte de Gendarmería, Infantería y policía provincial. “La Gendarmería se alojó en el gimnasio del Maitén que donó Benetton. La compañía también proveyó el catering y la comida: estuvieron allí cinco días. Fue un gran despliegue, como 200 efectivos alojándose allí. Todo eso lo paga Benetton”. En la descripción del operativo del 10 de enero, el Diario Jornada dice: “En el casco de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras del Sud Argentino había tranquilidad y cada una o dos horas arribaban autoridades policiales y de Gendarmería a coordinar algunas acciones”. Andrea Millañanco, integrante de la comunidad, cuenta que los allanamientos de enero fueron dirigidos por el propio administrador general de Benetton, Ronald McDonald: “Los caballos secuestrados fueron trasladados en un camión de la compañía”.
Nahuelquir: “Cada vez que se mueven todas esas fuerzas es evidente de dónde viene la parte económica. No hay que ser muy ciego para sacar conclusiones: diez días antes de la represión donde se llevaron a Santiago había habido una gran nevada. Se estuvo por todos lados buscando conseguir medios o helicópteros para subir a las montañas. No se consiguió, pero a los diez días fue la represión y aparecieron helicópteros, drones, de todo. ¿Para qué? Para cazar al mapuche. Allí es algo que sabemos: es la parte en la que Benetton hace su articulación con el Estado”.
-¿Y la cuestión con los puesteros?
-Cuando se entró hace dos años atrás a la recuperación (marzo de 2015), empezaron los incendios de los puestos. ¿Casualidad que sólo sean de Benetton? ¿Con toda la seguridad que tienen? Sucede de forma impune en toda la zona protegido por el gobierno local y los intendentes. Hay declaraciones del Ejecutivo que dice que por qué no toma la gente las manos en el asunto y los lleva a la comisaría. El año pasado, en noviembre, decían: ´Corre peligro en la ruta 40 el turismo de toda la Comarca´. Y son ellos quienes hacen los sabotajes. Además, los propios trabajadores están en situación de precariedad: tienen el fogón, el caballo, el perro y la carne, que deben pagar: Benetton le cobra al puestero la comida del salario. Tampoco se pueden agremiar: ahora deben estar cobrando 6 mil pesos”.
La comisaría Benetton
Daniel Loncon, otro de los voceros, cuenta que la subcomisaría de Leleque tiene más móviles policiales que otras localidades cercanas como Epuyén, Maitén, El Hoyo. Nahuelquir: “Allí antes había una estación de servicio. Hoy es la comisaría de Benetton”. El werken no puede confirmar que dentro de la estancia opere una base informal de Gendarmería, pero afirma: “Lo que sí hay es una relación carnal con la subcomisaría. Inclusive no se sabe si la camioneta blanca que se llevó a Santiago no entró a la estancia. La Justicia nunca dispuso, por un lado, indagar a Gendarmería, y por otro, ordenar el seguimiento de los móviles. Tampoco allanó la subcomisaría”.
Loncon: “Lo que advertimos, puntualmente, es un corrimiento adrede por parte del Estado. Intencional. Había una ruta provincial que conectaba Cushamen con El Maitén pero, como se metía en sus campos, Benetton pidió que se corriera esa ruta: la Provincia tuvo que hacer dos puentes sobre el Río Chubut para que la ruta no pase por su campo. Son cuestiones y pretensiones que este privado tiene y la provincia obedece cabalmente sin chistar. Ese corrimiento estatal no es fortuito: tiene que ver con una intencionalidad para que ese privado ocupe el lugar, por una cuestión filantrópica, pero que compra voluntades. Hoy hay un pueblo como Cushamen que intenta despegarse del proceso de recuperación territorial cercano y es un frente interno que tenemos que resolver como comunidades. El Estado cómplice se corre de su rol para que el privado cumpla así un rol de protectorado. Hasta un fiscal le dijo al propio McDonald que la estancia de Benetton tenía más patrulleros que cualquier otro pueblo. Fue cuando el mayordomo le reclamó seguridad porque estaban incendiando puestos: le dijo que vaya a golpear la puerta a otros poderes porque ellos tienen destinados patrulleros que habían sido sacado de sus pueblos para cuidar sus intereses”.
El suceso que relata Loncón ocurrió en junio del 2016 y puede escucharse a través de un audio que reprodujo el sitio noticiasesquel.com.ar. El fiscal de El Hoyo, Oscar Oro, respondió al pedido de la multinacional de más seguridad: “En la Compañía Tierras del Sud había 20 policías y no sé si 3 o 5 móviles policiales. O sea que en un momento dado, un particular tenía más policías y más móviles que una comisaría. Pero además esos policías que fueron afectados a la Compañía Tierras del Sud fueron sacados de otras comisarías que se quedaban desprovisto de gente. Es como que el Estado sigue mirando para otro lado”.
A los tiros
Celedonio Díaz es músico y escritor de Esquel. Publicó algunos libros referidos a la historia local. Algunos de ellos son utilizados como material universitario y en escuelas públicas, como El desalojo de la tribu Nahuelpán. Díaz dice a lavaca: “La subcomisaría de Leleque surgió con la excusa del abigeato y coincidió con la decisión de pavimentar las rutas de ingreso a El Maitén, haciéndose la traza a pedir de la boca de Benetton, que la hizo pasar frente a la estancia ´La Burrada´, de su propiedad. Desde antes del 2005 y hasta el 2008, el camino de salida de El Maitén a El Bolsón y Bariloche era por la Aldea Buenos Aires Chico, donde vive y reclama derechos la Comunidad del longko Sepúlveda, tiroteado hace unos años por Héctor Guajardo, hermano del ex intendente de El Maitén”.
Guajardo es un estanciero conocido en la zona. Tiene un frigorífico y se dedica a la producción agropecuaria. Los conflictos venían de hace años. En marzo de 2006 se interpuso una demanda civil que denunciaba la construcción de un puesto en tierras de la comunidad Sepúlveda y la introducción de ganado. Hubo medidas cautelares, denuncias penales y un largo proceso judicial. En 2010, al lonko le avisaron que  Guajardo había entrado a sus tierras. Ve los rastros de la camioneta, sale a buscarlo a caballo. El empresario lo atacó a balazos. Una fuente de esa causa dice a lavaca “Por poco no le produjo la muerte. Esa causa penal que empezó por tentativa de homicidio terminó con una probation por abuso de armas”.
Del puestero a Benetton: el rol de la corporación en la trama de la desaparición de Santiago Maldonado
Noceti y el testigo
Guajardo también aparece vinculado a los hechos del 1 de agosto. Una de las voceras de la Pu Lof, Soraña Maicoño, llegó a la comunidad con otras dos personas a las 9 de la mañana, luego que les informaran el hostigamiento de Gendarmería en el territorio. Su horario de llegada coincide con lo informado por Gendarmería en el expediente: el primer alférez Daniel Gómez dijo que a las 9 de la mañana observó un vehículo color gris que ingresa por un camino al margen de la ruta 40 “a la construcción que se encuentra a 400 metros”.
Sin ningún tipo de precisión sobre el motivo de la actuación, a la 10:30 establecen que personal apostado observó al auto salir y que se “ordena a un vehículo oficial realizar un seguimiento controlado”. A esa hora salieron de la Pu Lof para alejarse del territorio e informar a diferentes organizaciones cuál era la situación en la comunidad. No pudieron: “Apenas salimos con dos lamien del campo, una camioneta de Gendarmería nos siguió. A la altura de la estancia de Leleque, del casco de la entrada de Benetton, que es también a la altura de la subcomisaría, nos detiene Gendarmería. Allí ya había dos camionetas apostadas con conos bien grandes. Eran tres camionetas, contando la que nos seguía desde el Lof”.
Les revisaron el auto, les secuestraron volantes, mientras veían cómo camionetas de Gendarmería salían con urgencia en dirección a la Lof: “También podía ver cómo salían las camionetas blancas del casco de la estancia de Benetton. Hablaron con los gendarmes. Era como que estaban muy al tanto de lo que pasaba. Hacían consultas, se informaban”. Soraya cuenta que entre las 13 y las 13.15 ven llegar una camioneta blanca con luces azules, “tipo led”, en la parrilla del vehículo. “Baja un hombre, saco largo, alto, flaco, le da la mano a cada uno de los gendarmes. La lamien se le acerca, se presenta y le pregunta quién era, que por qué nos tenían demorados hacía más de dos horas, que nos quitaron los papeles del auto, los documentos, y entonces dice: ‘Yo soy el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y si yo quiero las puedo tener seis horas también’. Nos quedamos duras.”.
-¿Era Noceti?
-Era Noceti.
Soraya cuenta que Noceti volvió a pasar por el retén. Fue en el momento en que querían hacerles firmar un acta como si ellos hubieran salido de la estancia de Benetton en Leleque. Uno de los testigos de Gendarmería para labrar esa acta fue Héctor Guajardo.
Quién manda
Desde ese lugar –donde estuvo más de seis horas demorada- Soraya cuenta qué vio: “Al estar todo el día detenidas frente al casco de la estancia, se veían que entraban y salían camionetas de Benetton con sus capataces: paraban y hablaban con los gendarmes, se dirigían en dirección a la Pu Lof, volvían, bajaban a la subcomisaría. Como nosotras queríamos ir al baño, nos custodiaban hasta la subcomisaría. También podíamos observar cómo los capataces hablaban desde sus camionetas a los gendarmes. Veíamos a los peones que venían a caballo, porque habían andado del otro lado del alambre del territorio, y llegaban hasta la comisaría. Si bien los sueldos los paga el Estado, la subcomisaría es bancada por Benetton y es para Benetton. Más de una vez han baleado el territorio y entraron a cualquier hora de la madrugada. Eso se da denunciado, pero nunca hubo ningún tipo de respuesta. Hay una connivencia que, más que una complicidad, marca una señal: quien manda ahí es Benetton”.
El antecedente
“Es notoria la capacidad de influencia de Benetton sobre funcionarios y sobre las fuerzas de seguridad”, dice a lavaca Gustavo Macayo, abogado del matrimonio de Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, que en 2002 inició la recuperación de sus tierras ancestrales frente a la Estancia Leleque de la multinacional, a pocos kilómetros del actual Pu Lof. Macayo fue una de las decenas de personas de Esquel espiadas por servicios de inteligencia en el marco del intento de aplicación de la Ley Anterrorista a la comunidad de Cushamen en 2015. Es una de las voces especializadas que pueden graficar la mutación de esos territorios.
“Tomé la primera causa en 2002. Ellos ocuparon el predio con la idea de que era fiscal y no tenía propietario, porque ese lugar no forma parte de las estancias de Benetton. Qué pasa: en algún momento fue cercado por la multinacional. Lo mismo pasa hoy con la Lof en Cushamen: estaba abierto y era tierra fiscal. Las comunidades vecinas continuaban utilizándolo aun cuando lo habían cerrado, para pastoreo y sin hacer ocupación permanente ni construcciones. El conflicto tomó mucho estado público y pudimos llegar a juicio oral y público en 2004. Allí explotó con mucha fuerza el tema Benetton y las estancias de los ingleses de la Patagonia, que datan de 1896 y se originan en una donación de 10 estancias de 90 mil hectáreas cada una. Es decir: un feudo de 900 mil hectáreas. Eso lo hizo el presidente José Evaristo Uriburu”.
Atilio y Rosa sufrieron desalojos y causas penales. El conflicto motivó la participación del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Viajaron a Italia y se entrevistaron con el propio Benetton, que les prometió la donación de tierras, pero la familia la rechazó: sólo aceptarían la restitución de sus tierras. El Estado reconoció el territorio en el marco de la Ley N° 26.160 (Emergencia Territorial Indígena, se buscará una prórroga en el Senado en los próximos días).  “Hoy están conformados como comunidad. La situación de ellos está judicializada, pero suspendido el trámite por la aplicación de la ley” explica Macayo.
Benetton nunca reconoció la derrota. “El poder ya venía ampliándose a partir del Museo Regional Leleque, que lo hizo con ayuda de antropólogos, historiadores y otras personas que se prestaron a armar una narrativa sobre el poblamiento de la Patagonia. Tiene todo tipo de material de archivo y es uno de los museos más grandes de la región, donde Benetton cuenta la historia de la Patagonia. Es muy grave: es una multinacional propietaria de la mayor cantidad de tierras en Argentina”.
La multinacional se fue asentando. Macayo: “Antes cuando sucedía un delito en algún paraje y llamabas a la comisaría de El Maitén, no te podían mandar a nadie porque no tenían móviles. Si tenían, estaban rotos. Y si estaban bien, no tenían nafta. Eso era permanente. Frente al Museo, allí mismo, había una estación de servicio. La empresa compra ese predio y ahí se transforma en una comisaría. A partir de allí en El Maitén y en Leleque hay una cantidad de vehículos policiales modernísimos. También hay una participación a través de obras en las diversas localidades, que lo posicionan como el vecino económicamente más importante de toda la Patagonia: no hay otra empresa que atraviese Neuquén, pase por Río Negro y llegue a Chubut”.
Del puestero a Benetton: el rol de la corporación en la trama de la desaparición de Santiago Maldonado
Fuerzas de seguridad y corporaciones
El abogado Gustavo Macayo agrega a lavaca: “Cuando estas empresas ven afectados sus intereses, sean o no legítimos, aparece la mano del Estado más cruel que nunca. Es una constante: pasa con Chevron en Neuquén, con Barrick en San Juan, con Monsanto en Córdoba. También aquí. Maitén y Leleque están militarizados hace años: es impresionante y desmesurado para el nivel de peligrosidad que puede tener el grupo de mapuches que están recuperando el predio. Habría que hacer una pericia muy detallada para determinar si es parte de la reserva Cushamen, de la ocupación original de la comunidad Vuelta del Río o si forma parte de alguna de las estancias. Hasta que no se haga, no podemos hablar ni de delito ni de propiedad privada. Para la comunidad, ese es un predio ocupado tradicionalmente por familias indígenas”.
Celedonio Díaz: “La otra entrada y salida era por Vuelta del Río, un tramo de 25 kilómetros de tierra que cruza por la comunidad del mismo nombre y por el casco de la estancia FitiRwin de Benetton. El edificio de la subcomisaría era propiedad de los hermano Sarquís, abogados ambos, y uno de ellos juez de Cámara de Esquel”.
Hector Sarquis, uno de los dos hermanos, fue abogado de José Vicente El Kazen, un empresario que denunció por usurpación a la familia de Mauricio Fermín en Vuelta del Río. Esa denuncia motivó un desalojo violento en marzo de 2003 –muy recordado en la zona- ordenado por el juez José Colabelli, quien en 2004 fue destituido por ese hecho: hoy retornó a los Tribunales de Esquel.
Sigue Díaz: “Los Sarquís explotaron durante muchos años el negocio de ramos generales de la estancia, en el edificio donde funciona ahora el Museo Leleque. Ellos heredaron ese comercio concesionado por los gringos a su padre. Después se hicieron ´dueños´ o compraron por otros medios un predio que lindaba y/o abarcaba parte del actual lof. Vendieron más tarde ese predio de pocas hectáreas a un joven que, luego, falleció. Entonces fue que los Sarquís construyeron el edificio donde funciona la subcomisaría: se instalaron en un cruce de caminos estratégico que llevaba a Cholila y a El Maitén, donde nos deteníamos los viajeros a cargar el combustible. El último encargado se llamó Juan Arbe y estuvo allí hasta que falleció. La recuperación de Rosa y Atilio fue el fusible que les disparó la idea de darle a Benetton una policía más cercana al lugar donde, se preveía, surgirían los conflictos de reclamos de devolución de tierras después de promulgada la ley 26.160”.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
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LA NUEVA MU. No podrán

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