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35 días sin Santiago y sin justicia: “Que Macri deje de bancar lo imbancable”

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En conferencia de prensa, la familia, la abogada y los organismos de derechos humanos CELS y APDH de Chubut, dieron la noticia que no es noticia: Santiago fue víctima de una desaparición forzada. Levantado el secreto de sumario, aportaron sus declaraciones testigos clave que describieron a la justicia qué sucedió el 1 de agosto. La abogada Verónica Heredia lo sintetizó así:  “Santiago fue brutalmente golpeado por tres gendarmes, subido a un unimog y luego llevado a una camioneta. Todo estuvo dicho desde el primer momento ante autoridades que no quieren escuchar, que no quieren ver, que no quieren asumir, y eso es lo que ya está cada día más fortalecido en la causa”. En tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sigue a la espera de que el Gobierno concrete lo que prometió en la reunión que mantuvieron el jueves pasado: la conformación del grupo de expertos internacionales que participarán de la investigación, tal como propuso la familia.

35 días sin Santiago y sin justicia: “Que Macri deje de bancar lo imbancable”

La abogada Verónica Heredia; Sergio Mladonado, hermano de Santiago y Gastón Chillier, del CELS


“Que Macri deje de bancar lo imbancable”.Las palabras de Sergio Maldonado llegan a 35 días de la desaparición forzada de su hermano Santiago y con la principal hipótesis del Gobierno nacional desmentida por la justicia federal. La familia de Santiago realizó una conferencia de prensa en el Hotel Plaza de Esquel junto a su abogada, Verónica Heredia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Regional Noroeste del Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el defensor federal de la ciudad, Fernando Machado. Ocurrió horas después de que integrantes de la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen realizaran otra conferencia en la puerta del Juzgado Federal, luego de declarar ante la justicia que Santiago llegó al territorio el 31 de julio, estuvo en la represión del 1 de agosto y que tres efectivos lo golpearon y lo subieron a los vehículos de la fuerza federal.
“Sentimos mucho dolor, impotencia”, sintetizó Sergio.
También, sostuvo:

  • Sobre los medios de comunicación: “La mayoría lo están haciendo bien, salvo los ´grandes´ que tiran muchas cosas falsas: no se dan cuenta o lo hacen a propósito. Y que la gente lo asuma y replica, sin chequearla. Tienen que tener cuidado cuando comparten. Por eso tenemos la página santiagomaldonado.com. Todo lo que es oficial es ahí. No se dejen engañar”.
  • Sobre las marchas por Santiago: “Son muy positivas. No bajen los brazos. Que salga más gente. En estas últimas quedó demostrado que todos los incidentes son armados. La gente lo puso en evidencia”.
  • Sobre el viaje a Esquel del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, a Esquel: “No tengo idea a qué vienen”.
  • Sobre los dichos del Presidente Mauricio Macri: “Que deje de bancar lo imbancable”.
  • Sobre las recompensas por la búsqueda de Santiago: “No es el caso. Esto es una desaparición forzada de persona. Eso es para extravío. Desde el principio no tiene nada que ver: se orientó mal la búsqueda”.

El Alto Comisionado de la ONU, en espera
La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado donde expresó su preocupación por la falta de avances “a más de un mes de ocurrida la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut, en el marco de una protesta por la liberación del líder de la comunidad mapuche de Cushamen”. Y agregó: “La Oficina Regional del Acnudh urge a las autoridades pertinentes a realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”. Esto significa, concretamente, que debe apartarse a todo el personal de Gendarmería involucrado en el operativo que desencadenó la desaparición de Santiago Maldonado y también al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, presente en el procedimiento.
El Gobierno recibió la semanada pasada al representante regional del Alto Comisionado, Amerigo Incalcaterra. El experto de la ONU está esperando la respuesta del Estado para ponerse a trabajar de inmediato en la causa, en línea con el reclamo específico de la familia: la conformación de un grupo de expertos internacionales que colaboren de forma activa en la investigación. Este grupo actuaría según el convenio marco que se aplicó con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México. Un escenario que es inédito en Argentina y revela el tono y el peso que adquirió el caso: la desaparición forzada de Santiago es ya una cuestión internacional.
El testigo clave
Tres integrantes de la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen se presentaron de forma espontánea ante el Juzgado Federal de Esquel para ratificar a cara descubierta y con DNI los relatos que sostienen desde el 1 de agosto: a Santiago Maldonado se lo llevó Gendarmería. Al salir del juzgado, brindaron una conferencia de prensa.
Uno de los que habló ante los medios fue Matías Santana: dijo que Santiago estuvo el 31 de julio y el 1 de agosto en la comunidad y que esos días realizaron cortes parciales en la ruta 40 para reclamar por la liberación del lonko Facundo Jones Huala, detenido desde el 27 de junio. Luego, cuenta qué ocurrió al momento de la violenta irrupción de Gendarmería sin orden judicial al territorio mapuche: “Nos hacen replegar de forma rápida, desesperante hacia el río. Yo me monto a un caballo y cuando voy llegando escucho la voz de alto y ´quedate quieto, estás detenido´. Subí a un cerro un poco más alto y logro ver que había tres efectivos de Gendarmería que estaban golpeando un bulto, negro, con una campera celeste: esa es la que yo le presto a Santiago a la mañana. Ahí me lanzo de nuevo cuesta abajo, cruzo el río y ahí con unos binoculares logro observar que sale un Unimog de dentro de la comunidad, rápido hasta la ruta 40-70 (la intersección), estaciona una camioneta blanca perteneciente a Gendarmería, hacen una pantalla, sacan el mismo bulto que yo vi, lo introducen dentro de la camioneta y salen rumbo a Esquel. Después de podernos juntar todos los que habíamos sufrido la represión nos damos cuenta que el único compañero que faltaba era él. El pueblo sabe lo que pasó con Santiago: todos sabemos que se lo llevó Gendarmería”.

35 días sin Santiago y sin justicia: “Que Macri deje de bancar lo imbancable”

Matías Santana, testigo clave de la desaparición de Santiago


Algunos periodistas le dijeron que la fiscal federal Susana Ávila, en un reporte presentado ante el Gobierno, sostuvo que la comunidad había obstaculizado los rastrillajes. Santana lo desmintió: “Hay que comprender que tenemos nuestras propias pautas culturales. Si ellos quieren ingresar a nuestro territorio tienen que hacer una consulta previa, informada”. El mapuche confirmó algo que la comunidad ya había contado a lavaca: en el primer rastrillaje (5 de agosto) la Prefectura llegó custodiada por la Gendarmería (que aún vigilaba el territorio, a días del violento operativo). Santana: “Ya venía viciado, porque la propia Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado”. De todos modos, la comunidad dejó ingresar a Prefectura: “Hace su rastrillaje dentro del agua, tanto de este lado, como del medio y también del otro, y dicen que no hay ninguna forma en que el compañero se hubiese ahogado porque el ramería era muy tupido. Hicieron su trabajo. En ningún momento se le prohibió”.
Santana recordó que el 16 de agosto hubo otro rastrillaje con cientos de efectivos federales, un dron y un helicóptero, pero los ataques a la comunidad siguieron: “Aquí se nota que el juez y la fiscal no tienen ganas de trabajar”.
También amplió su testimonio la persona que llevó a Santiago a la Pu Lof el 31 de julio.
El relato coincide con lo que la comunidad describió a Revista Cítrica y lavaca.org.
Mentiras, encubrimiento y otras verdades
La conferencia de la familia de Santiago Maldonado junto a los organismos, luego de 20 días del secreto de sumario, puede verse completa en el Facebook Aparición con vida de Santiago Maldonado – Oficial: https://www.facebook.com/Aparici%C3%B3n-con-vida-de-Santiago-Maldonado-Oficial-818427001659224/.
Aquí compartimos algunos de los extractos más destacados de la conferencia:
Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado:

  • “Es mentira que recién 36 horas después de los hechos del 1 de agosto se denunció la desaparición forzada. Santiago estuvo desde el 31 de julio en el lugar y el 1 de agosto fue brutalmente golpeado por tres gendarmes, subido a un unimog y luego llevado a una camioneta. Todo estuvo dicho desde el primer momento ante autoridades que no quieren escuchar, que no quieren ver, que no quieren asumir, y eso ya está cada día más fortalecido en la causa”. En ese sentido, advierte que el 1 de agosto a las 19:10 el defensor federal Fernando Machado tomó testimonio a una persona en la comunidad que denunciaba lo que ocurrió. Luego, esa persona fue a las 22:30 a los escuadrones de Gendarmería a preguntar si había una persona detenida. Le negaron la información. “Ahora no les queda otra que avanzar en esa dirección”.
  • Cuenta que no hubo ningún avance en la causa. “Por eso en los testimonios que se presentaron ayer y hoy en el marco de habeas corpus, entendemos que no hay dudas de que estamos poniendo las pruebas contundentes en la única hipótesis: desaparición forzada. Hasta ahora se ha dudado de Santiago, de si estaba o no en la comunidad, y se han puesto en duda los testimonios”.
  • Los resultados de los rastrillajes a los escuadrones aún no están. “Faltan resultados de muchas pruebas. Estamos trabajando en analizar la causa que recién ayer pudimos tener acceso porque durante 20 días estuvo en secreto de sumario. En función de lo que se haya hecho -aunque entendemos que no se hizo nada- vamos a analizar”.
  • “No nos llama la atención que no hayan avanzado en esa investigación. Estamos denunciando a la Gendarmería como responsable de la desaparición forzada en democracia”.

Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS:

  • “A partir del lunes quedó en claro que no existe la hipótesis del puestero. A partir del martes quedó en claro que la comunidad no es que no quiere declarar y entorpece la investigación. La hipótesis que queda- y ese es el anuncio que hay que hacer hoy- es que hubo un operativo en el que estaba Santiago Maldonado, que hubo gente que lo vio, que denunció su desaparición desde el primer día y a 35 días se encuentra desaparecido”.
  • “Durante todo este período, lamentablemente, el Gobierno, a través de la ministra de Seguridad, se dedicó a desviar la investigación en una declaración en el Congreso, donde promovió la pista del puestero, que luego fue informada por muchos medios. El Estado nacional informó al Comité de Desaparición Forzada de la ONU una serie de inexactitudes bastante graves en relación al rol de Gendarmería, a la legalidad del operativo, que no es tal. El Ministerio se encargó de diseminar estos 35 días rumores a la prensa que fueron reproducidos y recién hoy nos enteramos que mañana va a viajar el ministro de Justicia y el secretario de Seguridad. 35 días despúes. Esto hubiera sido importante hacerlo desde el primer día, colaborar con la investigación. No se hizo”.
  • “Podemos advertir inexactitudes del jefe del operativo Juan Pablo Escola (segundo del Escuadrón 36 de Esquel), que ante uno de los diarios (Clarín) dijo que no llegaron hasta la orilla del río: hay propias imágenes de Gendarmería donde se ve que sí llega. El CELS, junto con la colaboración de la familia, vamos a presentar un escrito pidiendo algunas diligencias y mencionando varias omisiones de Gendarmería hasta ahora”.
  • “Creemos que luego de haber desviado la investigación por 35 días, este debe ser un punto de inflexión en la investigación para que se investigue la hipótesis principal, que apunta a Gendarmería”.
  • “Hubo varias falencias: los vehículos no se secuestraron al día siguiente, se le pidió a la Gendarmería que los identifique”.
  • “La reacción de la ministra de Seguridad es absolutamente inapropiada: debería haberse puesto a la cabeza de la investigación administrativa frente a los funcionarios que participaron del operativo”.
  • “El Estado contestó a la acción urgente del Comité de la ONU la semana pasada a través de tres notas distintas: Secretaría de Derechos Humanos, fiscal federal Ávila y Ministerio de Seguridad. El Ministerio reproduce tres párrafos en relación con el operativo y el descargo de Gendarmería, que dice que actuó en un operativo legal porque fue bajo las órdenes del juez Otranto, quien ordenó el desalojo de la ruta. Esas órdenes habían sido el día anterior y no es extendible al ingreso de la comunidad, por lo cual esa respuesta es definitivamente falta. Se está investigando un allanamiento ilegal, desde el principio. En ese contexto, es grave la respuesta del Estado nacional ante un organismo que le reclama acciones urgentes”.

Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS:

  • “El operativo, tal como lo describió la comunidad desde el primer momento, fue ilegal, violento, donde se cometieron muchos abusos, secuestros. Ese fue el contexto en el que desapareció Santiago. No se puede escindir la desaparición de Santiago de un operativo violento. Ya solo el modo de ingreso de Gendarmería sin orden judicial hace necesario para apartar a quien estuvo al cargo y quienes participaron. Hay indicios suficientes”.

Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste del Chubut de la APDH:

  • “Ha sido muy difícil para los testimonios que se presentaron en la causa hacer 100 o 140 kilómetros para presentarse en Tribunales. Acompañamos a uno de los testigos: esa persona no tenía quién la trajera, y es uno de los testimonios más importantes que se han dado. Es una abuela que ha estado en la comunidad con su nieta, toda la noche. ¿La Justicia no tiene medios para acompañar esto? Desde que se inició la recuperación hace dos años, todos los integrantes de la comunidad, casi con 40 causas, han tenido que viajar desde allá hasta acá”.
  • “¿Por qué los pueblos originarios son sometidos a esta terrible condición de no expresar su verdad? Hasta ahora no se los ha tomado en serio. Tenemos que pensar seriamente que la Justicia adolece de problemas muy básicos”.

“El jefe de la agrupación 14 de Gendarmería informó en sumario que hubo una reunión el 31 de julio en Bariloche. Allí destaca la presencia de los jefes de escuadrones de Gendarmería, de Noceti (Pablo, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) y la presencia del ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán. Destaco su importancia: dice que el ministro de Gobierno participó en esa instancia previa al operativo de Gendarmería. Hasta ahora nadie ha mencionado ese informe. Nuestra denuncia del día 2 de agosto por desaparición forzada habla de la responsabilidad de Gendarmería, de Noceti, de Bullrich y de Macri. Es la primera foja que abre un expediente que hoy tiene 1700”.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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LA NUEVA MU. No podrán

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