#NiUnaMás
Femicidios y Estado: Las respuestas que faltan
Tres preguntas surgidas de experiencias con familiares de víctimas, respondidas por funcionarias y referentes, desde la Ministra de Justicia de la Nación hasta el Ministerio de Mujeres y de Seguridad. La diferencia entre las respuestas devela la preocupación por el tema, pero también la falta de una política unificada. Por Anabella Arrascaeta y Lucrecia Raimondi.
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¿Se podría municipalizar la atención de la línea 144 o crearse nuevas líneas municipales específicas para dar respuesta a una mujer que está en emergencia por violencia?
Marcela Losardo, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El Ministerio de Justicia cuenta con una importante herramienta para desarrollar esta tarea. Desde la línea 137 se atiende a víctimas de violencia sexual y familiar, de explotación sexual y comercial infantil, de grooming y de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Esta línea, que funciona desde el año 2006, es atendida por un equipo interdisciplinario formado por profesionales de la psicología, la abogacía y el trabajo social, profesionales comprometidas y con una extensa experiencia. La línea 137 tiene alcance nacional y atiende las 24 horas durante todo el año. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con Equipos Móviles que, ante situaciones de urgencia, se desplazan junto a personal policial hasta el lugar en que la víctima se encuentre en riesgo inminente. En estos casos el equipo de profesionales la asiste a los fines de radicar la denuncia, y ante una violación o de presentarse lesiones, la acompaña al servicio público de salud para que reciba la atención y la medicación necesarias de manera gratuita. Además, si se evaluara necesaria una intervención más allá de la urgencia, el caso se deriva a área de seguimiento. Tal como funcionan en el ámbito de CABA, los Equipos Móviles se han replicado con recursos locales en las ciudades de Resistencia (Chaco), y Posadas, Oberá y Eldorado (Misiones). Cuando llegan llamadas desde otras localidades del país, el equipo de profesionales articula su escucha con los recursos locales cercanos destinados a la asistencia y la protección de las víctimas. Uno de los objetivos de esta gestión es la progresiva federalización de la intervención de la Línea 137.
Norma Durango, Senadora por la Pampa, Presidenta de la Comisión Banca de la Mujer.
No sé si municipalizar la 144, tal vez sumar nuevas líneas locales, que sobre todos en los lugares más chicos ayuden con más rapidez en poblaciones más pequeñas, como por ejemplo las de La Pampa, donde el teléfono de la municipalidad, de la policía, de la oficina de la mujer suele ser siempre muy directo en la celeridad de la ayuda y la gente, no sé si la víctima, pero sí quienes la acompañan para ayudarla, saben que existen esas vías y cómo pedir auxilio.
Raquel Asensio, secretaria de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.
La importancia de esta línea es que un número único es muy fácil de incorporar, de conocer, y que se tiene información unificada entonces es un aporte muy valioso el que se puede dar desde la línea 144. Esta misma línea tiene operadores locales y esto no quita que efectivamente hay otros servicios que están municipalizados. La mayor cercanía siempre te da mayor posibilidad de conocimiento de lo que se puede hacer y de los recursos disponibles. Quizás con la vorágine de lo que va pasando día a día con los cambios que se van haciendo y estos nuevos recursos que se van abriendo sería importante mantener actualizados esos recursos de la línea 144, que no sean recursos paralelos sino que puedan confluir todos en ampliar y mejorar la información que se le pueda dar a cada mujer que llama desde cualquier punto del país. A veces se abren recursos tan rápido en la urgencia que sería importante que todo este tipo de nuevas líneas y nuevos servicios sean informadas a la 144 para que no dependa de la mujer que conoció un teléfono o el otro sino que cualquiera pueda contar con la mayor cantidad de información posible. En esto la cercanía te da mejor oportunidad de saber qué funciona, qué no, qué respuesta brinda cada una. Sería importante que eso sea información a la que tengan acceso actualizado en la 144.
Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra las violencias por motivos de género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación.
La Línea 144 ofrece orientación, contención, articulación y seguimiento de casos y consultas ante situaciones de violencia por motivos de género. Es importante destacar que ante una situación de urgencia y riesgo inminente el canal de comunicación es el 911. La Línea 144 es un dispositivo federal y coordina acciones en conjunto con las áreas de género y diversidad de los gobiernos municipales y provinciales, con los diferentes poderes judiciales provinciales y con organizaciones de la sociedad civil a fin de articular recursos y herramientas que garanticen el abordaje integral de las violencias en el marco de la emergencia sanitaria. Por su parte varias provincias y municipios sumaron sus propias líneas locales de asistencia y contención que se complementan y no excluyen el alcance de la Línea 144.
Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias de género del ministerio de las Mujeres bonaerense
Hay municipios que tienen servicios propios: a los servicios de llamadas que tienen otra característica le suman el de violencia de género y están instalados en la comunidad. Es parte de las autonomías municipales, hay lugares donde el 144 y 911 llegan bien y otros distritos que por cuestiones de distancia prefieren tener sus propios servicios, y funciona. Tiene que haber complementariedad.
Sabrina Calandrón, Subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de Nación
La línea 144 depende del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de la ministra Gómez Alcorta. Sé que están haciendo un trabajo para fortalecer el acceso a sistemas de denuncia y consultas, es un ministerio nuevo que tiene grandes desafíos por delante.
¿Es posible abrir tribunales de género de emergencia para atender en contexto de aislamiento las denuncias por violencia? ¿Podrían crearse tribunales que en particular resuelvan casos de femicidios?
Marcela Losardo
Lo importante es sensibilizar y capacitar al Poder Judicial, a las Fuerzas de Seguridad, a los efectores de la salud y a todos los actores con responsabilidad en la asistencia y la protección de las víctimas de violencias de género, para que sus intervenciones sean contenedoras, efectivas y no revictimizantes. El Ministerio de Justicia está absolutamente comprometido con esta tarea. Desde el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, del que depende la Línea 137, se brinda capacitación en la temática, con perspectiva de género y derechos humanos, a miembros de las Fuerzas de Seguridad, del Poder Judicial, de organismos públicos y de entidades de la sociedad civil. Los equipos de profesionales del Programa dictan una materia obligatoria de la currícula de las escuelas de la Policía Federal: Introducción al Conocimiento, Abordaje y Prevención de las Violencias.
Norma Durango
La creación de tribunales es una competencia del Poder Legislativo nacional y provincial por lo que es un proceso lento sobre todo en este momento que además requeriría nombramiento de jueces a través del Consejo de la Magistratura, y su aceptación. No es posible desde el Senado ahora, no creo que en este momento sea una medida rápida de tomar. Creo que en este momento lo que tiene que estar trabajando son las fiscalías de género. De hecho en La Pampa a pesar de haber feria las fiscalías están trabajando y recibiendo todas las denuncias. En todo el país sería recomendable que cada juzgado cuente con un fuero específico vinculado a casos de violencia de género.
Raquel Asensio
Nosotros lo impulsamos. No tenemos un proyecto de ley ni una cosa modelo pero sí creemos que las respuestas actuales que en algunas partes van al fuero de familia, en otras al fuero penal, y en la Ciudad de Buenos Aires además tienen la jurisdicción propia (y si tenes un problema habitacional tenes que ir a otro lado a pedir un subsidio de vivienda). Es toda una fragmentación de un conflicto que es único que se lo traducimos a la mujer en varias causas judiciales civiles o penales a donde intervienen múltiples actores, con distintos abogados y fiscales y defensores de menores y oficinas de atención a víctimas y juzgados. Esto hace no solamente una práctica de revictimización a la mujer que tiene que ir recorriendo de manera fragmentada todas estas oficinas, sino también una pérdida de vista de la dimensión total que adquiere la violencia de género en estos casos. Y creemos que básicamente este diseño judicial está hecho para las necesidades masculinas. Cuando se pensó cómo es la organización judicial y la distribución de distintos fueros no estaban pensando en las necesidades de las mujeres. Entonces se están tratando de aggiornar los mecanismos para llevar adelante situaciones de violencia de género que antes se accedía de forma muy marginal a la justicia y que cada vez se denuncian más, se trata de adecuar a un mecanismo que no fue pensado para esto. Y pensamos que los juzgados de violencia pueden recoger mejor cuáles son esas necesidades y esas violencias de las mujeres. Después están las discusiones que son la letra chica sobre las que no tenemos una posición tomada ni unificada, sabiendo que la justicia actual no ha sabido responder a las necesidades de las mujeres.
Josefina Kelly Neila
La creación de tribunales requiere de una reforma legal que debe debatir y aprobar el Poder Legislativo de la Nación. En el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se intensificaron las vías de articulación y coordinación con los organismos y autoridades del Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales provinciales para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por motivos de género. En particular, se solicitó la prórroga automática de las medidas de protección judiciales que vencían durante la cuarenta. Si una persona se encuentra con la situación de que en alguna comisaría o fiscalía no le quieren tomar la denuncia o no sabe dónde recurrir, puede comunicarse con Línea 144 y se le brindarán los datos actualizados sobre los lugares disponibles para que pueda hacerlo. Además, se convocó especialmente a una reunión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y equipo, a representantes de la Oficina de la Mujer y Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación y representantes del Ministerio Público de la Defensa para evaluar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial la situación del acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencias por motivos de género en el contexto de la emergencia sanitaria. Se acordó promover medidas para ampliar las bocas de recepción de denuncias, coordinar con los equipos la toma de denuncia en los hogares, comunicar las medidas en el marco de la emergencia a procuradores y fiscales federales, entre otros temas relevantes.
Flavia Delmas
Es algo que se está discutiendo. En realidad lo que tendría que haber en este momento, y en eso estamos trabajando, es un rapidísimo acceso a la justicia que es lo que no está aconteciendo. Lo que vemos ahora es que las mujeres no están accediendo a los diferentes espacios para hacer denuncias, que las vías no están siendo efectivas y lo que se está haciendo es crear canales para que sean efectivas. Lo que necesitamos es resolución rápida de medidas.
Sabrina Calandrón
Estos temas son competencia de otras reparticiones y funciones del Estado. Establecer cambios en la estructura del Poder Judicial requiere un profundo análisis y la evaluación de varios factores. Esta no es responsabilidad del Ministerio de Seguridad que, por supuesto, actúa colaborando y atendiendo las disposiciones e investigaciones judiciales cada vez que se lo requiere.
¿De cuánto debería ser el presupuesto por mujer para aplicar la ley 26.485 de Protección integral de las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia?
Marcela Losardo
La ministra no respondió la pregunta por considerar que estaba fuera de su competencia.
Norma Durango
El presupuesto debe ser tan grande como sea posible para lo que se necesita. Ese es el horizonte deseado. Tanto el presupuesto nacional como los provinciales deben tener perspectiva de género y cuando digo eso, digo que todos los ministerios deben tener esta mirada para actuar no solamente en estos casos sino en todos, dándole importancia a todo lo inherente a las mujeres, desde el salario igualitario, las ayudas y la asistencia, hasta las situaciones de violencia. Por último, recordar que son premisas básicas en violencia de género, la necesidad que haya una articulación entre Seguridad- Justicia- Educación – Trabajo, un abordaje integral del tema, que trabaje sobre la prevención.
Raquel Asensio
La funcionaria no respondió la pregunta por considerar que estaba fuera de su competencia.
Josefina Kelly Neila
Pensar en la inversión del Estado en términos de un valor exacto por mujer no es un ejercicio que consideremos útil ni necesario, porque generalmente cuando se hace ese cálculo, se divide el presupuesto asignado al mecanismo para el adelanto de los derechos de las mujeres por la totalidad de las mujeres del país y esto implica desconocer que las políticas de género son transversales a todas las áreas del Estado. Lo que invierte el Estado en materia de género y derechos de las mujeres y personas LGBTI+ es mucho más que el presupuesto que asigna a un ministerio específico. De hecho, las políticas educativas, laborales, culturales e incluso ambientales tienen impacto en materia de género. Si solo se considera el presupuesto destinado a políticas contra las violencias de un organismo, se evalúa una fotografía recortada e incompleta. Trabajar en políticas sanitarias, laborales, educativas y económicas, entre otras, impacta directamente en la reducción de las violencias porque atacan su matriz cultural, que es la desigualdad. Es decir, para poder pensar en un número exacto por mujer, lo que habría que analizar es toda la inversión que todos los organismos hacen en incorporar perspectiva de género a las decisiones que toman y a los programas que implementan. Por otro lado, y a sabiendas de la situación presupuestaria, fiscal y en términos de deuda pública en la que la actual gestión de gobierno asumió, que incluso no le permitió aprobar aún el presupuesto 2020, no resulta posible hacer ese análisis de manera responsable.
Flavia Delmas
No se puede tomar el presupuesto para la protección integral por mujer porque lo fraccionás de una manera que no es real y tenés que pensarlo de manera real porque para hacer políticas contra la violencia necesitás que haya políticas para el empleo, políticas de vivienda, políticas para la autonomía, políticas de educación, políticas de prevención. Hay que pensar en un presupuesto transversalizado por el género, eso es fundamental, y pensar, lo que veníamos haciendo hasta que llegó el coronavirus, que la planificación en el área de políticas contra las violencias es una planificación integral que va desde la prevención, la asistencia, la atención y la salida de la violencia, en eso están los ministerios específicos y todas las demás áreas del gobierno, por eso es tan importante el tema de la transversalización: el presupuesto creo que hay que verlo de ese lugar.
Sabrina Calandrón
El presupuesto debe ser uno acorde a la necesidad de tratamiento integral de la violencia por razones de género y que permita dar respuestas concretas a las personas que se encuentran en esa situación. En la actualidad contamos, como nunca antes, con una estructura ministerial dispuesta para la ejecución de esta ley, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. La inversión presupuestaria es visible y eso habla de la importancia que tiene para el Presidente este tema. Además, otros ministerios y entidades estatales también tienen responsabilidades en la ejecución de esa ley, con lo cual también hay allí una apuesta presupuestaria importante para encontrar soluciones.
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El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad
El expolicía Miguel Ángel Mazo, femicida de Florencia Albornoz (foto principal), saldrá hoy en libertad después de una condena de solo 15 años; un caso que llegó a instancias internacionales y volvió a dejar al descubierto la peor de las violencias: la ejercida por el propio Estado. A pocos días de iniciado el año ya hay 13 víctimas de femicidios y en tres están involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad. El compromiso que el Estado argentino no cumple: capacitar, prevenir y reparar.
Por Evangelina Bucari
Durante la madrugada del 17 de enero de 2010, Miguel Ángel Mazo, policía de la provincia de Buenos Aires, asesinó con su arma reglamentaria a Florencia Albornoz, de 21 años, y a un amigo de ella, Ernesto Escudero. El caso fue catalogado como doble homicidio agravado por el vínculo, ya que en ese momento no estaba vigente la figura del femicidio. En 2012, Mazo fue condenado a solo 15 años de prisión. Hoy quedará en libertad.
Florencia y su femicida tenían una hija y, además, ella tenía un hijo de una pareja anterior. Durante toda la relación y aun cuando terminó, Mazo la sometió a hechos de violencia. Ella realizó la denuncia, pero no se dictó ninguna medida de protección. Y cuando las agresiones escalaron, fue la Comisaría de Quilmes, sección primera –en la cual el agresor prestaba servicios– la encargada de custodiar su integridad. Algo que no sucedió: finalmente, Mazo ingresó a la casa donde estaba Florencia con Ernesto Escudero y los asesinó.
A la impunidad y al dolor que siente la familia Albornoz porque el asesino de Florencia caminará libre por las calles de la zona sur del conurbano bonaerense, se suma otro incumplimiento por parte del Estado. Ocurre que en 2023, tras un reclamo presentado ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), habían lograron una serie de medidas de reparación y de no repetición, con la firma de un acuerdo de solución amistosa del cual las autoridades nacionales, las de entonces y las de ahora, nunca se hicieron cargo. “El Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber podido resguardar a Florencia ni prevenir su femicidio. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo es tierra de nadie”, denunció Christian Berndt Castiglione, fundador de Justicia y Reparación, uno de los abogados que brindó asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo del caso en la Cedaw.
¿Qué pasa cuando los agresores son parte de las fuerzas de seguridad y la violencia patriarcal se combina con la portación de un arma y la balanza desequilibrada del acceso a la justicia? De los 13 femicidios registrados en los primeros 15 días de 2025, tres fueron cometidos por y/o están acusados parejas o exparejas que eran policías, al igual que las mujeres asesinadas:
Guadalupe Mena, el 1º de enero; Yanina Noemí Zárate, el 5 de enero; y María Soledad Poblete, el 9 de enero. Al menos en uno de los casos existían denuncias previas o había medidas judiciales en curso, como pasó en 2010 con Florencia y, más recientemente, en 2021, con Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas luego de que un juez desestimara las múltiples denuncias contra Matías Martínez, su expareja, quien pertenecía a la Bonaerense.
A la misma fuerza pertenece el oficial Fabián Vázquez, detenido y acusado por el femicidio de Guadalupe Anahí Mena, de 19 años, quien recibió un disparo mortal en el parietal derecho. Vázquez dijo que mantenían un noviazgo con Guadalupe, que también pertenecía a la fuerza provincial, y que el arma reglamentaria se disparó cuando intentó evitar una broma de la joven.
La agente María Soledad Poblete, de 28 años, era mamá de dos niños. La encontraron asesinada en Bariloche, Río Negro. Tenía un tiro en el abdomen. Los vecinos aseguraron haber escuchado una discusión y detonaciones. Detuvieron a un policía y la investigación es por femicidio.
Yanina Noemí Zárate, de 38 años, era sargento de la Bonaerense y fue asesinada por su expareja, Gustavo Alejandro Juárez, también efectivo de esa fuerza, que luego de matarla se suicidó en su casa de Villa Gesell y ante la presencia de las dos hijas que compartían. Yanina lo había denunciado por violencia y el hombre tenía restricción de acercamiento. La causa está caratulada como “femicidio seguido de suicidio”.
Yanina Noemí Zárate, sargento de la Bonaerense asesinada por su expareja.
No son cifras
En 2024, el Observatorio Lucía Pérez registró 317 femicidios, 14 de los cuales tuvieron como autores a integrantes de la policía, las fuerzas federales o las fuerzas armadas, un número que se mantiene estable hace varios años. Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Corte Suprema de la Nación, los agentes federales y provinciales acusados de femicidios fueron:
14 en 2023,
15 en 2022,
23 en 2021,
7 en 2020,
16 en 2019,
18 en 2018,
12 en 2017. Un dato a destacar de ese año es que todos utilizaron su pistola reglamentaria para cometer los asesinatos.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
De acuerdo al informe “Uso de armas de fuego y participación de fuerzas de seguridad en femicidio (2017-2022)”, en ese período de cinco años hubo 70 víctimas directas de femicidio atacadas con armas de fuego por parte de 68 sujetos pertenecientes a las fuerzas de seguridad:
55 utilizaron su arma reglamentaria,
Dos emplearon armas de fuego autorizadas (no reglamentarias),
En un caso el arma no estaba autorizada
En los 12 restantes no hubo datos de autorización.
No repetición, no cumplimiento
En julio de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina –desmantelado por Javier Milei– acompañó el acto institucional de firma del acuerdo de solución amistosa ante la Cedaw en los casos de Florencia Albornoz y Analía Margarita Aros Soto, quien fue asesinada en 2017 y donde también se demostró la impericia estatal al demorar la solicitud de restricción. “El Estado argentino se comprometió a una reparación para ambas familias, pero ya pasó más de un año y todavía no cumplió con su parte del convenio”, explicó Berndt Castiglione. “El Estado brilla por su indiferencia: es brutal. No responden. Solo existió el pedido de disculpas en ese momento. Pero tanto en el gobierno anterior como en el actual hay una conducta de Estado sistemática, que revictimiza a las familias y eso es terrible”, enfatizó el abogado.
Berndt Castiglione detalló que entre los obligaciones asumidas se encuentran la asistencia psicológica a los familiares de las víctimas, el compromiso de llevar adelante políticas públicas que promuevan la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género; y la inclusión de los casos en diversas instancias de capacitación de las fuerzas de seguridad. “Se logró algo histórico, que era el compromiso de capacitar a 20 mil efectivos policiales sobre el tratamiento y sensibilización a la hora de tomar este tipo de denuncias”, explicó Berndt Castiglione.
“Estamos a la espera de que nos respondan –detalló fundador de Justicia y Reparación–. Desde hace más de un año pedimos reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia, la Secretaria de Derechos Humanos y la Cancillería para que el Estado les explique a ambas familias en qué instancia estamos y cómo viene el cumplimiento de todo lo que ofrecieron”. Además, se trata de “familias humildes que necesitan con urgencia esa reparación”.
Otros incumplimientos
En 2019, la Cedaw ya había intervenido en un caso contra el Estado argentino, que asumió su responsabilidad por no haber protegido a Olga del Rosario Díaz, por el intento de femicidio por parte de su expareja, el policía Luis Rolando Palavecino, luego de más de 15 años de desidia judicial por la violencia de género de la que era víctima y pasar 45 días en terapia intensiva. La denuncia ante Naciones Unidas contó con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación.
Las autoridades argentinas se comprometieron en un acuerdo de solución amistosa a tomar “acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia”. También, a realizar capacitaciones a las fuerzas de seguridad, incorporar en el plan de estudios de los cadetes y en todos los cursos exigidos al personal policial materias que traten la temática de género; y a realizar un registro público de denuncias realizadas contra jueces y juezas por casos de estos tipos de violencia. Como respuesta a ese compromiso internacional, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad crear un registro público, que tiene datos hasta 2023, escasos si se compara con los elaborados por el Observatorio Lucía Pérez.
Para las cientos de familias que perdieron a alguien en manos de un femicida, y para los hijos e hijas que quedaron huérfanos de madre, la noticia de que Miguel Ángel Mazo quede en libertad es un duro golpe. Incuso, ya desde el penal el expolicía se dedicó a hostigar y a amenazar a la familia Albornoz. “Queremos alertar a la sociedad. Tendremos a un asesino libre en las calles”, comunicaron desde Atravesados por el Femicidio, organización de la que son parte. Y pidieron: “Como no tenemos una justicia coherente que dé penas acordes ahora vamos por la condena social para el asesino de Florencia que no se merece la inserción en la sociedad porque no cambio en nada ni se arrepintió nunca”.
Mientras el gobierno nacional asegura que bajaron los casos de femicidios, a la vez que desmantela casi todos los programas y las líneas de atención a víctimas de violencia, e incumple los tratados internacionales que podrían ayudar a la prevención, los familiares y amigos siguen exigiendo justicia y que el Estado se haga responsable y no sea cómplice con su silencio e indiferencia.
#NiUnaMás
No son cifras: femicidios y blablá
¿Qué tienen en común el vocero presidencial Manuel Adorni y la ex ministra de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta? Ambos anunciaron que la cantidad de feminicidos habían disminuido. Adorni lo aseguró ayer en su habitual rueda de propaganda oficial. La ex ministra, el 30 de mayo de 2022. Es solo una de las coincidencias. La otra es la más contundente: ni uno ni otro gobierno asumió que todo femicidio es evitable. La tercera coincidencia está relacionada con la sensibilidad social y la responsabilidad política: no son cifras. Son vidas.
La declaración de Adorni tiene, además, un agravante: diciembre es históricamente el mes en el que se comete la mayor cantidad de estos crímenes. Este es particularmente trágico.
- En un solo día –15 de diciembre– sufrimos seis femicidios en seis diferentes provincias argentinas.
- En un solo día –el 20 de diciembre– la violencia femicida asesinó a tres víctimas, dos de ellas criaturas. Una de dos meses en Jujuy, otra de dos años en Santiago del Estero.
Durante este 2024, además, el gobierno decretó la desaparición de una herramienta esencial para la visibilización y el registro al enmudecer a la agencia Telam. Se trata, nada menos, de una fuente de información oficial y nacional que en su agenda, durante los últimos años, le dio centralidad a la cobertura de estos casos. Sin esa fuente informativa los observatorios sostenidos por la sociedad civil –como el nuestro– e incluso por los organismos de control como la Defensoría del Pueblo de Nación, han tenido que realizar un gran esfuerzo para obtener la información necesaria para actualizar sus registros. En nuestro caso, el rol de los medios territoriales ha sido central para compensar esa pérdida, ya que la mayoría de estos crímenes se cometen en localidades alejadas de las capitales provinciales.
La lista de coincidencias es extensa e incluye que ni antes ni ahora el Estado analizó los datos para diseñar lo que desde siempre falta: programas de prevención y contención. Una lectura atenta y responsable de los registros históricos podría establecer, por ejemplo, qué época del año es la más indicada para campañas de prevención y qué localidades son prioritarias para establecer programas pilotos de prevención. Esto implicaría, por supuesto, dedicar recursos económicos y profesionales a sistemas eficaces de recepción de alertas, de acompañamiento a víctimas y de contención de violencias. Implicaría, además, analizar sus resultados concretos, corregir y profundizar políticas y, sobre todo, rendir públicamente no solo los gastos, sino los porqués, los quiénes y las consecuencias negativas y positivas de cada programa. Nada más lejos de la motosierra con la que el actual gobierno arrasó lo poco que la sociedad movilizada y organizada había logrado arrancarle al Estado durante la última década.
Las consecuencias del negacionismo femicida son las que están a la vista, por tremendamente reales y cotidianas.
Los femicidios no se detienen.
El Estado es responsable no es una frase.
Acá podés leer la introducción al Informe 2024 de nuestro Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal.
#NiUnaMás
Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona
Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.
Tamara
Vanesa
Sheila
Abril
Rocio
Elena
Ana
Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.
Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.
La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.
Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.
Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
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