El 12 de junio se libró un pedido de detención hacia 20 personas en San Salvador, y a 22 en Humahuaca, finalmente ejecutadas ayer. Se trata de una “investigación penal preparatoria” que tiene origen el 20 de junio, día de la revuelta en la Legislatura local, firmada por el Juez de primera instancia Rodolfo Miguel Fernández, ejecutada por el fiscal Diego Funes y promovida por el gobernador Morales. Los imputados, en su mayoría, son referentes sociales y políticos que denunciaron cómo la policía se infiltró en aquella marcha para causar los desmanes que ahora les atribuyen a ellos. A la mayoría se la detuvo en violentos allanamientos por ser presuntos autores de los delitos de “atentado a la autoridad”, “resistencia a la autoridad”, “lesiones leves doblemente agravadas” a policías, “daños a bienes de uso público”, “estragos” y “entorpecimiento funcional del transporte terrestre”. De trasfondo, la cacería judicial promovida por el gobierno provincial “es la criminalización y la destrucción de cualquier organización: lo que quieren imponer es un estado de terror donde la gente deje de movilizarse y luchar por sus derechos”, dice a lavaca la compañera de uno de los detenidos. También fue detenido el abogado Alberto Nallar acusado de “sedición”. El atropello de esta semana se completó con la policía irrumpiendo en una universidad pública. Voces desde Jujuy, para comprender la magnitud del reclamo y la denuncia de una de las perseguidas: “Pedimos que el Estado nacional intervenga la provincia, no con pequeños gestos: tienen que saber que ya no hay Estado de derecho en Jujuy”.

Hablar con alguien que está en Jujuy es conocer cómo se oye la voz cuando la acecha el terror y la domina la desesperación. “Que intervenga el Estado nacional, no con pequeños gestos o con tweets de funcionarios: tienen que saber que ya no hay Estado de derecho en Jujuy”, reclama Miriam Morales, Secretaria de Género de CTAA, quien no duerme desde ayer cuando la policía entró a las 6 y media de la mañana a su casa para llevarse a su marido y realizar un allanamiento en su casa. “Se llevaron todos los celulares de la familia, hasta el de la novia de mi hijo”, cuenta.

Santiago Zamora, referente de la organización Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Jujuy está detenido en el penal de Gorriti desde entonces, junto a una veintena de referentes de otros partidos y organizaciones sociales y políticas que han sido el foco de la persecución judicial de ayer en San Salvador y Humahuaca. “Lo pudimos ver, estaba bien, pero había otro compañero de las organizaciones originarias que se lo llevaron desnudo. Y en Humahuaca es otra la situación: ahí hay mucha más violencia, mucho más racismo”.

En el departamento de Humahuaca se libraron otras 22 órdenes de allanamiento y detención, totalizando más de 40 detenidos solo en el día de ayer, más de 100 desde que comenzó la cacería.

La caza de brujas

A la mayoría de los detenidos el día de ayer se les imputan los delitos de “atentado a la autoridad”, “resistencia a la autoridad”, “lesiones leves doblemente agravadas” a policías, “daños a bienes de uso público”, “estragos” y “entorpecimiento funcional del transporte terrestre”; los mismos que se les han imputado a las 60 personas que fueron detenidas el 20 de junio, día de la manifestación ante la Legislatura. Las detenciones están comandadas por el juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Fernández, y por el fiscal Diego Funes, según órdenes expresas del gobernador Morales. La mayoría tiene origen en aquella revuelta del 20.

La semana pasada, el jefe de policía local (el mismo que tras la represión aseguró sin pruebas que los disturbios habían sido causados por “gente de Buenos Aires”) hizo saber que se habían abierto 100 causas judiciales por los “incidentes” de aquel día. Una de esas causas involucra a Santiago Zamora.

Su compañera cuenta qué hizo Santiago ese día y qué pasó en verdad: “En esa movilización el gobierno organizó grupos de infiltrados que se pusieron a hacer distintos desmanes, entre ellos, aparte de intentar entrar a la Legislatura, a quemar autos que estaban puestos especialmente en ese lugar, autos sin dueño. Mi marido trató de impedir eso, todos vieron cómo estaban esos autos preparados para ser incendiados… Santiago es uno de los que sale auxiliando al hombre al que le pegan con un gas en la cabeza”, recuerda sobre la imagen que circuló y al que los manifestantes, a falta de ambulancias, trasladaron hasta el hospital más cercano, salvándole la vida.

Sigue: “Horas después a nosotros nos incendian el auto: es el único auto incendiado que tiene dueño. Estaba en una zona liberada de la policía. Hay registros fílmicos de como la policía estaba alrededor del auto… y es la zona donde detienen a un montón de personas, entre las que estaba este chico con autismo que había ido al supermercado”.

Desde entonces hasta ayer, día del allanamiento y detención, pasaron más cosas: “Ese mismo día 20 a la noche recibí dos llamadas intimidatorias. Y durante la semana los autos blancos, camionetas blancas sin patente estacionaban tanto en mi domicilio como mi trabajo en tres ocasiones”.

Con estas intimidaciones como marco, la caza de brujas finalmente se desató ayer. “Entraron al domicilio con la violencia que suele hacer la policía, 15, 20  efectivos. 6 y media de la mañana, estaban mis hijos, todos estábamos durmiendo. Entregaron preguntando si había dinero efectivo o joyas, y los dispositivos celulares. Se llevaron los celulares de todos, incluso de la novia de mi hijo, que ni vive acá. Duró como una hora y pico”.

Sobre la detención: “Lo primero que hicieron fue llevarlo detenido, no le terminaron ni de leer la causa”.

Miriam asegura que este es un caso más que grafica el estado de terror en el que vive la población, así como la persecución directa a los referentes sociales. “Santiago es un referente de la CCC, particularmente de los comedores, y como él han detenido ayer de muchas organizaciones. La causa de fondo es la criminalización y la destrucción de cualquier organización, con lo cual van por los referentes. Lo que quieren es imponer un estado de terror donde la gente deje de movilizarse y luchar por sus derechos, que no es otra cosa que salir de los salarios de hambre que tienen los estatales, y del saqueo del litio y los recursos naturales. En las tierras fiscales están haciendo un jugoso negocio el gobernador…  y en la zona del litio están metidas las financieras más importantes del mundo, que son prestamistas del FMI, y tienen negocios arreglados”.

Además de referentes sociales, durante el día de ayer fue detenido el abogado Alberto Nallar, en las inmediaciones de su domicilio. Nallar era uno de los letrados que había presentado recursos contra la reforma. Según trascendió, fue acusado de “sedición”. El Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy está reclamando su libertad y exige que “se respete la dignidad, libertad e independencia de los y las profesionales del Derecho. Todo ello de conformidad con las normas constitucionales y convencionales”.

Ante estas detenciones, la reacción popular no tardó en llegar:  sindicatos docentes y otros sectores estatales de Jujuy, agrupados en la Intergremial y la Multisectorial anunciaron un paro por 24 horas para exigir la libertad de las personas detenidas y realizaron una movilización en Salvador. Por la noche, se trasladaron al penal donde se encuentra detenido Santiago junto a una veintena de personas: “Ayer fue re importante, además de la marcha de la mañana bajo la lluvia, a la tarde hubo una concentración grande frente al penal, con música, cantos orquesta que están a full acompañando esta lucha: ha sido una característica el arte y la música como transformadora, tomando los ritmos y la cultura de Jujuy. Eso lo escuchan los compañeros adentro, les dan fuerzas, y es presión para que salgan”.

Hoy, nuevamente, los gremios docentes y las comunidades originarias se encuentran en las calles y en las rutas

Miriam reclama: “Pedimos que el Estado nacional intervenga la provincia, no con pequeños gestos: tienen que saber que ya no hay Estado de derecho en Jujuy”.