La vecina de Exaltación de la Cruz Anabel Pomar, periodista y habitual colaboradora de la revista MU y la Cooperativa de Trabajo Lavaca, Sebastián Vargas (periodista de FM Cardales que realizaba la cobertura del acto), y los integrantes del grupo Exaltación Salud Agustín Brun y Jorge Viale fueron las cuatro personas detenidas por la policía este 11 de enero al desplegar una bandera en la que se lee: «Basta de cáncer – Paren de fumigarnos».

La detención ocurrió en el acto inaugural del Centro Modular Sanitario de Los Cardales, provincia de Buenos Aires, que encabezaba el presidente Alberto Fernández. Imputan a los cuatro por una supuesta “resistencia a la autoridad” que desmienten los propios videos que registraron el tema.

¿Quién rompe la convivencia democrática?

Durante el acto el presidente Fernández escuchó el alboroto provocado por la acción policial y dijo: “Escuchaba recién al compañero quejarse por el uso de agroquímicos, y está bien. Son temas que se debaten en el mundo, pero no es necesario hacerlo de ese modo”. Agregó: “Una de las cosas que tenemos que aprender es a hablarnos en voz baja, plantear nuestras diferencias en voz normal, sin necesidad de maltratarnos. Ya demasiado nos maltratamos como país. Recuperemos la convivencia democrática”. Dejar el maltrato y recuperar la convivencia democrática es lo que intentan desde hace más de 10 años los vecinos de Exaltación de la Cruz que por eso reclaman pacíficamente contra las fumigaciones con agrotóxicos y los efectos (como el cáncer) en la salud de la comunidad, tema que no se tocó durante el acto por el módulo sanitario.  

¿Quién dio la orden?

El hecho ocurrió a las 11.45 y las cuatro personas detenidas fueron liberadas cerca de las 17, cuando el abogado Fabián Maggi ya había presentado un hábeas corpus ante el juzgado Nº 2 de Garantías de Campana a cargo del juez Julio Andrés Grassi. “Durante casi cuatro horas estuvimos ilegal y arbitrariamente detenidos sin que nos comunicaran cuál era el cargo o la acusación, frente a lo que fue un reclamo totalmente silencioso y pacífico” explicó Anabel Pomar a lavaca. «Lo que nos dijo la policía local de Los Cardales es que la orden de actuar provino de la custodia presidencial. No sé si es cierto, pero es lo que nos dijeron”.

El relato: “Desplegamos nuestra bandera sin gritar, sin hacer nada. Nadie le gritó al Presidente. Estábamos incluso más allá de las vallas del acto. Cuando vieron la bandera hubo gente de seguridad de civil que se acercó, nos la arrancaron y nos quisieron echar. Como nos querían sacar por la fuerza hubo gritos, pero no resistencia a la autoridad ni nada de eso”.

¿Cómo siguió el episodio? “Agarramos la bandera para irnos, y nos empezaron a acompañar, una cuadra más adelante, ya estábamos a más de cien metros del acto, aparecieron más policías bonaerenses y patrulleros. Querían detenernos, preguntamos por qué, se generó una situación tensa. Les dijimos: ‘cálmense, lo nuestro es pacífico, es un derecho democrático a la libertad de expresión’”.

El argumento no prosperó. Relata Anabel que Sebastián Vargas, el periodista de FM Cardales que cubría el acto, se acercó y comenzó a filmar la acción policial. “Me agarraron de las muñecas y yo les gritaba: ‘a mí no me toques’. Ni siquiera había policías mujeres, pedí que me dijeran por qué me detenían y ni contestaban. Fue una violencia total. Pero como Vargas estaba filmando también fue detenido, le pegaron y le sacaron el celular”.  

Instalaron a los detenidos en la Subestación de Policía Comunal de Los Cardales. “Allí nos dijeron que habían recibido la orden de parte de la propia seguridad de Presidencia. Pero durante casi cuatro horas no nos comunicaron de qué nos acusaban”.

Lo que denuncia Exaltación

“El grupo Exaltación Salud tiene más de 10 años con una presencia constante y pacífica en el tema, así como también somos firmes en exigir lo que nos corresponde. Estamos contra todo este tipo de atropellos y es inconcebible sugerir que sea violento que una persona despliegue una bandera como la nuestra en un municipio lleno de gente con cáncer. Desplegar una bandera no es delito” sintetiza Anabel. En términos prácticos, la pancarta no llegó a estar desplegada ni siquiera un minuto.

Cuenta Anabel Pomar que había otras banderas y otros movimientos durante el acto, como el Evita. “Pero solo vinieron a perseguirnos a nosotros”.

Otra reflexión: “Si hubo una situación de violencia, fue la del abuso policial”.

“Los estudios permitieron detectar agrotóxicos en el agua de red, el agua de pozo y en los suelos. Estamos exigiendo lo que nos corresponde: vivir en un ambiente saludable y gozar del derecho a la salud que es ampliamente vulnerado. Y ahora se agrega la vulneración de otro derecho: el de manifestarse pacíficamente. O como en nuestro caso: tener la intención de hacerlo”.  

Esto ocurre días después del nombramiento como jefe de Gabinete de Antonio Aracre, quien hasta fin de diciembre fue CEO de Syngenta, una de las principales multinacionales fabricantes de agroquímicos. ¿Hay alguna relación entre un hecho y otro?

Anabel: “No solo aplican este modelo, sino que nombran funcionario a una persona que no debería estar en ese cargo. Una compañía de agrotóxicos y transgénicos, o quien la encabezaba, no puede estar instalada en un lugar así, por eso el repudio que está generando ese nombramiento. La palabra es: lamentable. Y mientras hacen eso, criminalizan una bandera por decir ‘Basta de cáncer’. La verdad es que no se entiende”.

Criminalización de la comunidad

Las cuatro personas detenidas están procesadas por “resistencia a la autoridad”. Anabel: “Es el único cargo que se menciona como imputación, totalmente falso. Pero además en el relato del acta que nos hicieron firmar para liberarnos se mencionan situaciones también falsas, que no aceptamos absolutamente, llegando a decir que estaba en riesgo la seguridad de Presidente”.

El corolario: procesamiento de tres manifestantes que se estaban retirando y de un periodista que intentó registrar la acción policial. El abogado Fabián Maggi había presentado a media tarde el hábeas corpus (obsérvese el grado de peligro que sigue representando la policía para los derechos humanos, que obliga a este tipo de recursos).   

Maggi suma un agravante inesperado: “Sumada a la ilegal participación policial se suma la actuación del Ministerio Público Fiscal, que puso el caso en manos del fiscal Juan Manuel Esperante a quien denunciamos hace más de un año por incumplimiento de los deberes de funcionario público justamente por el tema de las fumigaciones en Exaltación de la Cruz. Eso sería suficiente como para que se excuse. Pero no solo no lo hizo, sino que imputó a cuatro personas por resistencia a la autoridad”.

Anabel: “Denunciamos a Esperante administrativa y penalmente porque no investiga ni actúa frente a las fumigaciones. Pero esto no nos va a detener. Al contrario. Cada vez más vamos a reclamar un ambiente sano, que incluye nuestro derecho a expresarnos con libertad”.