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Atanor allanada: investigan doscientas muertes y delitos ambientales en el Barrio Química

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La justicia federal de San Nicolás allanó por primera vez la fábrica Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos en la Argentina, en una causa que lleva ya seis años con denuncias de más de 200 muertes en el Barrio Química. El abogado de lxs vecinxs, fabián Maggi, presenció el procedimiento y reveló a lavaca.org que se encontraron pruebas concluyentes del derrame de agrotóxicos sobre la barranca del Rio Paraná, y del enterramiento superficial y sin cuidado alguno de residuos altamente peligrosos para la salud humana y ambiental.

El operativo, este jueves 16, duró 12 horas y se produjo un mes después de que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) le pusiera un plazo de tres meses al Estado argentino para que presente informes sobre los reclamos por la contaminación en el territorio. (Foto en portada: Infocielo)..

Luego de seis años de radicada la demanda de los vecinos del Barrio Química, donde ocurrieron más de 200 muertes en sólo las seis manzanas del vecindario, la Justicia Federal de San Nicolás allanó este jueves la empresa Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos en la Argentina. La medida llegó casualmente un mes después de que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) remitiera al Estado argentino esas mismas denuncias que los vecinos, junto al Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA), elevaron al organismo internacional luego de no obtener ninguna respuesta por la justicia provincial o federal en todos estos años.

Atanor allanada: investigan doscientas muertes y delitos ambientales en el Barrio Química

“Toda la planta es un cementerio de residuos tóxicos”, grafica a lavaca Fabián Maggi, abogado de FOMEA y representante de un grupo de los vecinos. Maggi estuvo presente en el operativo que duró 12 horas y fue realizado por efectivos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, con participación de la Prefectura Naval Argentina.

La orden fue emitida por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, a instancias del pedido del fiscal federal Matías Di Lello. Entre otras medidas, el magistrado dispuso:

  • Requisar las instancias interiores de la fábrica (oficinas, depósitos, anexos) autorizando al personal de seguridad a la apertura de cajones, escritorios, caja fuertes, armarios y extracción de registros y soportes informáticos.
  • “Realizar una inspección integral del lugar a efectos de que se examine el proceso productivo en general, comprobar el modo de disposición y/o tratamiento de los residuos que la empresa genera y se obtengan muestras líquidas y sólidas a los fines de precisar el grado de contaminación denunciado”.
  • Constatar la existencia de caños clandestinos; el enterramiento de residuos peligrosos en la zona de la barranca del Río Paraná y otros sectores de la planta; la existencia de riego de la barranca sobre el Río Paraná con sobrantes de líquidos contaminados; y/o cualquier otro elemento de prueba para estas actuaciones.
  • Secuestrar toda documentación interna en soporte papel y/o digital, tendiente a acreditar el consumo de agua subterránea, y fiscalizar los medidores de consumo hídrico.

Las medidas fueron remitidas al Centro de Investigación de Medio Ambiente, de la Universidad Nacional de La Plata (CIMA-UNLP), a cargo del investigador Damián Marino. Ese mismo equipo ya había detectado que San Nicolás tiene valores de contaminación “miles de veces superiores” a las zonas de explotación agrícola.

A la espera de los resultados, el abogado Maggi destaca la medida. “A esta altura de las circunstancias es más que evidente que era cierto lo que denunciaban los exempleados de Atanor, junto a los mismos vecinos. En esa planta industrial se enterraban productos químicos, residuos peligrosos, y se volcaban al Río Paraná a través de su barranca. Al día de hoy es indudable, y esa conducta es un delito penalmente tipificado. Lo que esperamos es un tiempo razonable para que la justicia actúe”.

Una vecina del Barrio Química despliega el mapa que elaboraron para contabilizar muertos y enfermos producidos por la contaminación.

Denuncias y hallazgos

Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. La planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos.

En noviembre de 2016 se produjo un incendio en la fábrica que dos meses atrás había sido clausurada por orden del juez Facundo Puente al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.

Uno de los trabajadores que disparó las primeras denuncias es Darío Álvarez, 50 años. Comenzó a trabajar en la planta de San Nicolás a fines de los 90. Lo echaron en 2005 por un accidente laboral, y fue uno de los testimonios de la nota de MU que fue enviado como prueba de los los reclamos a los expertos de la CIDH. Álvarez contó allí el caso de un extrabajador que relataba los constantes derrames tóxicos que iban al Paraná, el enterramiento de residuos peligrosos y los propios casos de contaminación.

El abogado Maggi llegó el jueves a las 8:30 al juzgado federal, a las 10 estaban ingresando a la planta y se retiraron pasadas las 21:30. Cuenta que el ambiente estaba muy tenso, y que el día anterior ya se había filtrado la noticia del allanamiento.

-¿Qué evaluación hace?

-La evaluación es muy positiva. Sobre todo por la toma de, al menos, dos muestras muy fuertes y contundentes. Estas muestras técnicamente se dicen que tienen características organolépticas, que es lo que uno percibe con los sentidos: el color, el olor. Hubo dos lugares: uno, el punto histórico de la barranca. Yo estaba acompañado de un ex supervisor testigo que sabía todo lo que había pasado, y que coincide con el relato de los empleados del lugar sobre los lugares donde volcaban los tóxicos. La barranca era uno de los puntos, porque la tierra tiene una coloración amarilla, verdosa. Tomamos muestras de lo que es un gran manchón de esa sustancia química. Se sospecha que es triflularina (un agroquímico), pero eso lo especificarán los análisis.

-¿Cuál es la otra muestra que mencionaba?

-Es otra prueba que revela la conducta temeraria de la empresa. Hay un camino de cemento, una especie de veredita que une dos sectores de la planta, que si vos la golpeás, se rompe fácilmente porque es una capa finita, y debajo de esa capa aparece carbón activado mezclado con triflularina. Es decir, un indudable enterramiento de residuos peligrosos. Estamos muy conformes en ese sentido con los hallazgos.

Atanor allanada: investigan doscientas muertes y delitos ambientales en el Barrio Química

Corrupción y otra contaminadora

El abogado Maggi apunta que no es la primera medida de estas características sobre la empresa. “Esto ya pasó en la justicia provincial. Pero nosotros no dudamos de que hay una situación de corrupción, porque la justicia ya encontró un enterramiento y de todas maneras mantuvo un acuerdo con la empresa, sin que hubiera ni una mínima consecuencia negativa”.

Sin embargo, sí es la primera vez que ocurre en el marco de la causa federal. “Tardaron seis años. En otro tipo de causas, la primer medida que se toma es el allanamiento después de investigar un poco, porque es lo lógico: te permite establecer una plataforma de pruebas. Acá tardaron todo este tiempo, siendo que lo pedimos desde un comienzo”.

Por ese motivo, para Maggi es difícil no ubicar esta medida como un coletazo del pedido de informes de la CIDH, donde le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que presente sus observaciones respecto a la causa de contaminación contra Atanor. A su vez, el abogado apunta a lavaca otro antecedente: el 2 de julio, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Justicia Federal de San Nicolás que vuelva a pronunciarse en una causa iniciada por el propia FOMEA contra la empresa Carboquímica Paraná SA, que según las denuncias “contaminaba el Río Paraná y sus costas con residuos peligrosos provenientes de la actividad industrial de destilado de alquitrán de hulla”.

Maggi: “Son los mismos jueces involucrados, los mismos funcionarios y la misma zona de influencia reflejada en la sentencia de la Corte. Carboquímica es una empresa que está en el mismo cordón industrial: Atanor es donde empieza y Carboquímica, donde termina, en una franja que tendrá entre 15 y 20 kilómetros. El alquitrán de hulla es un residuo que se produce en la industria metalúrgica. Acá tenemos la más grande de América, la exSomisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), que era del Estado y ahora es de Techint. Produjeron un desastre ambiental, que afectó gravemente la salud. Nosotros denunciamos el fallecimiento de un niño por la contaminación”.

El fallo de la Corte llegó luego del pedido de informes de la CIDH.

Y, una semana después a la sentencia del máximo tribunal, el juez Villafuerte Ruzo ordenó el allanamiento, que finalmente se concretó este jueves.

-En la orden, el juez también requirió el secuestro de toda documentación interna en soporte papel y/o digital para acreditar el consumo de agua subterránea y fiscalizar los medidores de consumo hídrico. ¿Qué significa?

-Es un punto fundamental. Desde el inicio, a partir de los testimonios de los trabajadores, sabíamos que se estaba sobreexplotando un recurso hídrico, no solo para su producción industrial sino también para diluir sus efluentes. La producción de agrotóxicos ahora va “evolucionando” hacia lo sólido, pero siempre fueron líquidos. Y, a su vez, estaban volcando al Paraná de manera descontrolada. Acá las empresas tienen un balance de flujo: para poder controlarlas ambientalmente tenés que saber cuánta agua consume y cuánta vuelca. Atanor funcionó 50 años sin caudalímetros. Y la Autoridad del Agua (ADA) informó en un expediente de amparo que la empresa no contaba con ellos ni tampoco con cámara de toma de muestras, además de que la propia ADA nunca había testeado los efluentes de la industria.

-¿Como si fuera un dato menor?

-Como si fuera un dato menor. Obvio que denunciamos, pero no nos dieron importancia. Es decir, no hay un balance hídrico ni de ingreso ni de egreso de efluentes, y eso generó una situación de vulnerabilidad del medio ambiente.

Además de estas irregularidades y denuncias, hace años que los vecinos y el FOMEA alertan que la planta inauguró un sector de formulación de atrazina sólida, un hebicida que en la Unión Europea está prohibido desde 2013. “Lo pudimos comprobar con el allanamiento. Era un desastre, con el polvillo volando por todos lados, siendo que hay una ordenanza local que establece que la empresa tiene prohibida su expansión dado el entorno urbano. Sin embargo, en esa inauguación vino un diputado provincial y el obispo local, sin la habilitación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS, ámbito de regulación bonaerense)”.

Por ese motivo, en San Nicolás están a la espera de los resultados. Maggi: “Nuestra preocupación es que los funcionarios sean investigados. Si no son sancionados ni penados por incumplir sus deberes, van a seguir dándole vía libre a las empresas”.

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La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

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Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.

Por Franco Ciancaglini

Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:

  • su salud era cada vez más delicada;
  • los medicamentos oncológicos no llegaban;
  • y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.

Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.

Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Mary junto a Nora Cortiñas.

Contaminada

María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.

Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.

La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.

Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.

Contaminada

La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.

Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.

Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
En Plaza de Mayo, con una bandera contra la megaminería contaminente en Chubut.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:

  • “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
  • “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
    También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».

Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”

Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.

En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Lidia y Mary, durante el acampe del Malón de la Paz en Buenos Aires, hace dos años.

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”

Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:

  • “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
  • Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.

Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.

Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”

El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Carlos Ponce, Mary y Lidia Campos: una amistad atravesada por la lucha ambiental del sur del país.

Abandonada

Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.

Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.

Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».

Sino miren este video.

María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”

El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.

Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.

Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.

Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”

Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”

La respuesta era obvia: mal.

Insurgente

Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.

Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.

El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».

Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.

Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Un cartelito que le hicieron tras su muerte, Clarisa y Agus, que lo dice todo: «Se lo hicimos porque ella era doña cartelitos, y lo dejamos con ella».

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.

Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.

Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.

Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.

La muerte es el abandono.

La muerte es el olvido.

Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.

odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.

Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.

Mary: gracias.

Hasta mañana.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

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