Nota
Atanor allanada: investigan doscientas muertes y delitos ambientales en el Barrio Química
La justicia federal de San Nicolás allanó por primera vez la fábrica Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos en la Argentina, en una causa que lleva ya seis años con denuncias de más de 200 muertes en el Barrio Química. El abogado de lxs vecinxs, fabián Maggi, presenció el procedimiento y reveló a lavaca.org que se encontraron pruebas concluyentes del derrame de agrotóxicos sobre la barranca del Rio Paraná, y del enterramiento superficial y sin cuidado alguno de residuos altamente peligrosos para la salud humana y ambiental.
El operativo, este jueves 16, duró 12 horas y se produjo un mes después de que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) le pusiera un plazo de tres meses al Estado argentino para que presente informes sobre los reclamos por la contaminación en el territorio. (Foto en portada: Infocielo)..
Luego de seis años de radicada la demanda de los vecinos del Barrio Química, donde ocurrieron más de 200 muertes en sólo las seis manzanas del vecindario, la Justicia Federal de San Nicolás allanó este jueves la empresa Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos en la Argentina. La medida llegó casualmente un mes después de que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) remitiera al Estado argentino esas mismas denuncias que los vecinos, junto al Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA), elevaron al organismo internacional luego de no obtener ninguna respuesta por la justicia provincial o federal en todos estos años.
“Toda la planta es un cementerio de residuos tóxicos”, grafica a lavaca Fabián Maggi, abogado de FOMEA y representante de un grupo de los vecinos. Maggi estuvo presente en el operativo que duró 12 horas y fue realizado por efectivos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, con participación de la Prefectura Naval Argentina.
La orden fue emitida por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, a instancias del pedido del fiscal federal Matías Di Lello. Entre otras medidas, el magistrado dispuso:
- Requisar las instancias interiores de la fábrica (oficinas, depósitos, anexos) autorizando al personal de seguridad a la apertura de cajones, escritorios, caja fuertes, armarios y extracción de registros y soportes informáticos.
- “Realizar una inspección integral del lugar a efectos de que se examine el proceso productivo en general, comprobar el modo de disposición y/o tratamiento de los residuos que la empresa genera y se obtengan muestras líquidas y sólidas a los fines de precisar el grado de contaminación denunciado”.
- Constatar la existencia de caños clandestinos; el enterramiento de residuos peligrosos en la zona de la barranca del Río Paraná y otros sectores de la planta; la existencia de riego de la barranca sobre el Río Paraná con sobrantes de líquidos contaminados; y/o cualquier otro elemento de prueba para estas actuaciones.
- Secuestrar toda documentación interna en soporte papel y/o digital, tendiente a acreditar el consumo de agua subterránea, y fiscalizar los medidores de consumo hídrico.
Las medidas fueron remitidas al Centro de Investigación de Medio Ambiente, de la Universidad Nacional de La Plata (CIMA-UNLP), a cargo del investigador Damián Marino. Ese mismo equipo ya había detectado que San Nicolás tiene valores de contaminación “miles de veces superiores” a las zonas de explotación agrícola.
A la espera de los resultados, el abogado Maggi destaca la medida. “A esta altura de las circunstancias es más que evidente que era cierto lo que denunciaban los exempleados de Atanor, junto a los mismos vecinos. En esa planta industrial se enterraban productos químicos, residuos peligrosos, y se volcaban al Río Paraná a través de su barranca. Al día de hoy es indudable, y esa conducta es un delito penalmente tipificado. Lo que esperamos es un tiempo razonable para que la justicia actúe”.
Denuncias y hallazgos
Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. La planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos.
En noviembre de 2016 se produjo un incendio en la fábrica que dos meses atrás había sido clausurada por orden del juez Facundo Puente al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.
Uno de los trabajadores que disparó las primeras denuncias es Darío Álvarez, 50 años. Comenzó a trabajar en la planta de San Nicolás a fines de los 90. Lo echaron en 2005 por un accidente laboral, y fue uno de los testimonios de la nota de MU que fue enviado como prueba de los los reclamos a los expertos de la CIDH. Álvarez contó allí el caso de un extrabajador que relataba los constantes derrames tóxicos que iban al Paraná, el enterramiento de residuos peligrosos y los propios casos de contaminación.
El abogado Maggi llegó el jueves a las 8:30 al juzgado federal, a las 10 estaban ingresando a la planta y se retiraron pasadas las 21:30. Cuenta que el ambiente estaba muy tenso, y que el día anterior ya se había filtrado la noticia del allanamiento.
-¿Qué evaluación hace?
-La evaluación es muy positiva. Sobre todo por la toma de, al menos, dos muestras muy fuertes y contundentes. Estas muestras técnicamente se dicen que tienen características organolépticas, que es lo que uno percibe con los sentidos: el color, el olor. Hubo dos lugares: uno, el punto histórico de la barranca. Yo estaba acompañado de un ex supervisor testigo que sabía todo lo que había pasado, y que coincide con el relato de los empleados del lugar sobre los lugares donde volcaban los tóxicos. La barranca era uno de los puntos, porque la tierra tiene una coloración amarilla, verdosa. Tomamos muestras de lo que es un gran manchón de esa sustancia química. Se sospecha que es triflularina (un agroquímico), pero eso lo especificarán los análisis.
-¿Cuál es la otra muestra que mencionaba?
-Es otra prueba que revela la conducta temeraria de la empresa. Hay un camino de cemento, una especie de veredita que une dos sectores de la planta, que si vos la golpeás, se rompe fácilmente porque es una capa finita, y debajo de esa capa aparece carbón activado mezclado con triflularina. Es decir, un indudable enterramiento de residuos peligrosos. Estamos muy conformes en ese sentido con los hallazgos.
Corrupción y otra contaminadora
El abogado Maggi apunta que no es la primera medida de estas características sobre la empresa. “Esto ya pasó en la justicia provincial. Pero nosotros no dudamos de que hay una situación de corrupción, porque la justicia ya encontró un enterramiento y de todas maneras mantuvo un acuerdo con la empresa, sin que hubiera ni una mínima consecuencia negativa”.
Sin embargo, sí es la primera vez que ocurre en el marco de la causa federal. “Tardaron seis años. En otro tipo de causas, la primer medida que se toma es el allanamiento después de investigar un poco, porque es lo lógico: te permite establecer una plataforma de pruebas. Acá tardaron todo este tiempo, siendo que lo pedimos desde un comienzo”.
Por ese motivo, para Maggi es difícil no ubicar esta medida como un coletazo del pedido de informes de la CIDH, donde le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que presente sus observaciones respecto a la causa de contaminación contra Atanor. A su vez, el abogado apunta a lavaca otro antecedente: el 2 de julio, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Justicia Federal de San Nicolás que vuelva a pronunciarse en una causa iniciada por el propia FOMEA contra la empresa Carboquímica Paraná SA, que según las denuncias “contaminaba el Río Paraná y sus costas con residuos peligrosos provenientes de la actividad industrial de destilado de alquitrán de hulla”.
Maggi: “Son los mismos jueces involucrados, los mismos funcionarios y la misma zona de influencia reflejada en la sentencia de la Corte. Carboquímica es una empresa que está en el mismo cordón industrial: Atanor es donde empieza y Carboquímica, donde termina, en una franja que tendrá entre 15 y 20 kilómetros. El alquitrán de hulla es un residuo que se produce en la industria metalúrgica. Acá tenemos la más grande de América, la exSomisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), que era del Estado y ahora es de Techint. Produjeron un desastre ambiental, que afectó gravemente la salud. Nosotros denunciamos el fallecimiento de un niño por la contaminación”.
El fallo de la Corte llegó luego del pedido de informes de la CIDH.
Y, una semana después a la sentencia del máximo tribunal, el juez Villafuerte Ruzo ordenó el allanamiento, que finalmente se concretó este jueves.
-En la orden, el juez también requirió el secuestro de toda documentación interna en soporte papel y/o digital para acreditar el consumo de agua subterránea y fiscalizar los medidores de consumo hídrico. ¿Qué significa?
-Es un punto fundamental. Desde el inicio, a partir de los testimonios de los trabajadores, sabíamos que se estaba sobreexplotando un recurso hídrico, no solo para su producción industrial sino también para diluir sus efluentes. La producción de agrotóxicos ahora va “evolucionando” hacia lo sólido, pero siempre fueron líquidos. Y, a su vez, estaban volcando al Paraná de manera descontrolada. Acá las empresas tienen un balance de flujo: para poder controlarlas ambientalmente tenés que saber cuánta agua consume y cuánta vuelca. Atanor funcionó 50 años sin caudalímetros. Y la Autoridad del Agua (ADA) informó en un expediente de amparo que la empresa no contaba con ellos ni tampoco con cámara de toma de muestras, además de que la propia ADA nunca había testeado los efluentes de la industria.
-¿Como si fuera un dato menor?
-Como si fuera un dato menor. Obvio que denunciamos, pero no nos dieron importancia. Es decir, no hay un balance hídrico ni de ingreso ni de egreso de efluentes, y eso generó una situación de vulnerabilidad del medio ambiente.
Además de estas irregularidades y denuncias, hace años que los vecinos y el FOMEA alertan que la planta inauguró un sector de formulación de atrazina sólida, un hebicida que en la Unión Europea está prohibido desde 2013. “Lo pudimos comprobar con el allanamiento. Era un desastre, con el polvillo volando por todos lados, siendo que hay una ordenanza local que establece que la empresa tiene prohibida su expansión dado el entorno urbano. Sin embargo, en esa inauguación vino un diputado provincial y el obispo local, sin la habilitación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS, ámbito de regulación bonaerense)”.
Por ese motivo, en San Nicolás están a la espera de los resultados. Maggi: “Nuestra preocupación es que los funcionarios sean investigados. Si no son sancionados ni penados por incumplir sus deberes, van a seguir dándole vía libre a las empresas”.
Nota
Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González
Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.
En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.
Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.
Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.
Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)
Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.
La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.
La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.
Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8A a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.
La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.
“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8A que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.
Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 21 y 25 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.
Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.
El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.
De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.
Nota
Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo
El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.
El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.
El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.
El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.
Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
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La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
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Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
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