Sigamos en contacto

Nota

Alejandro Olmos: «Las deudas hay que pagarlas, las estafas no»

Publicada

el

El mayor investigador sobre la deuda externa argentina envió un telegrama al presidente Néstor Kirchner y presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que suspenda el pago de 9.530 millones al FMI. Sabe que el camino judicial local no prosperará, pero confía en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí quiere hacer pública toda la documentación que halló y que linda lo inverosímil, incluido un documento donde la Argentina renuncia a cualquier presentación penal si los contratos firmados con los acreedores estuvieran fuera de la ley. El manual del Citibank que aplicó Cavallo, el uso del Blindaje Financiero de José Luis Machinea y las violaciones del Fondo a su propia Carta Orgánica. La deuda privada estatizada, la deuda pagada y todo lo que habrá que seguir pagando mientras se sigan considerando legítimos los préstamos internacionales.

Alejandro Olmos impulsó la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia para suspender el pago de 9.530 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Con el mismo objetivo, le envió –junto a otras 28 personalidades- un telegrama al presidente Néstor Kirchner el pasado 28 de diciembre. Lo firmaron, entre otros, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo y el diputado Claudio Lozano. “Ahora que el gobierno pagó, la justicia declarará abstracta nuestra petición y no hará lugar. Pero lo importante es que si se rechaza también en la Cámara y en la Corte Suprema podremos recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Será la primera vez que la cuestión de la Deuda llegue a una instancia como esa”, explica el historiador, hijo de un ex asesor del Senado de la Nación homónimo que en 1982 decidió presentar una denuncia que investigue las irregularidades de los préstamos internacionales. Después de una conversación con Arturo Frondizi -donde el ex presidente develó algunas confesiones que le hiciera el ministro de Economía de la Dictadura José Alfredo Martínez de Hoz- Olmos padre decidió presentar su demanda para que se investigue la ilegitimidad de la deuda externa. Poco después, también accedió a la documentación del estudio Klein y se convirtió en el mayor especialista en el tema. Cuando falleció, siguió adelante. Ya no sólo con lo ocurrido durante la dictadura, sino también durante los gobiernos democráticos. “En el exterior se asombran, porque este el único país del mundo que tiene una investigación sobre la Deuda, pero presumen que la deuda peruana, ecuatoriana, colombiana y demás, tiene las mismas características que la nuestra”.
¿Qué es lo que se pagó al FMI?
Esta deuda se origina en el famoso Blindaje financiero contratado por el ministro de Economía, José Luis Machinea, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. El Fondo Monetario nos prestó en ese momento 12.449 millones de dólares, de los 40.000 que integrban el Blindaje. Y esa plata fue íntegramente fugada de la Argentina -junto con otro dinero- por 520 empresas. Esto lo determinó una comisión de investigación de fuga de capitales de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador justicialista Nicola, después de analizar un informe de 90 bancos. Se estableció que la plata que llegó del Fondo así como vino, se fue.
¿Usted lo dice en sentido figurativo o habla de los mismos billetes?
Los mismos billetes. Curiosamente, esto es información oficial de 90 bancos. Es lo que está registrado en los papeles, seguro debió haber habido mucho más. La oficina de Evaluación Independiente del FMI emitió un dictamen estableciendo que el Fondo sabía que la plata llegaba al país y se iba. Y la carta constitutiva del FMI prohibe expresamente hacer ese tipo de préstamos. Sin embargo, también fue a pedido del Fondo Monetario que el entonces presidente Eduardo Duhalde derogó la ley de Subversión Económica, que es la que le hubiera permitido al Estado accionar penalmente contra estas empresas. Pero los delitos siempre dejan sus huellas. Estas empresas -entre las que se encuentran Pecom, Telefónica Argentina, Repsoll-Ypf, las empresas del grupo Macri, IBM, etcétera-, declararon ganancias en la AFIP y pagaron impuestos por 2.500 millones. Es decir, no van a poder explicar porque se llevaron 16.000 millones. Por eso, inicié una denuncia por defraudación al Estado y evasión penal agravada contra estas empresas. También contra ciudadanos comunes, como Carlos Melconian, donde pido que se investigue por qué se llevó dos millones y pico de dólares. Entonces tenemos, por un lado, el delito de evasión fiscal, y por el otro que el FMI transgrede su propia Carta Orgánica y, finalmente, al Estado que no le interesa que se haya cometido un delito y decide igualmente pagarle al Fondo. Yo lo sintetizo en una frase: las deudas hay que pagarlas, las estafas no.
Para usted, ¿por qué el Gobierno decidió pagarle al Fondo?
El año pasado el Fondo le pidió al gobierno argentino que cancelara la Deuda. Roberto Lavagna, entonces ministro de Economía, dijo que no mediante una nota oficial del delegado argentino ante el FMI. Argumentaba el Estado iba a seguir cancelando sus obligaciones según como estaba pautado, lo que venía haciendo el gobierno de Néstor Kirchner desde sus inicios. En julio hubo otro pedido del Fondo para cancelar la deuda. También se le contesta que no, porque no se puede disponer de las divisas del Banco Central. Y se repite que Argentina va a seguir pagando sus obligaciones. Yo supongo –esto ya no es información- que ahora habrá habido una nueva exigencia del FMI y se aprovechó que pagó Brasil, sumado a ese exhibicionismo mediático y efectista que deslumbró a gente de buena fe.
¿No nos liberamos de la deuda?
Esto que se pagó representa apenas el 9 por ciento de la deuda global del país. Claro, resulta que el Fondo es una especie de niño malo y la gente cree que nos liberamos de él. Pero no nos liberamos nada. Porque la Argentina es miembro del FMI y eso la hace sujeta a sus auditorias anuales, por más que no le deba un peso. Además, va a seguir presionando para se arregle la situación con los bonistas que no ingresaron al Canje. También va a presionar para que la Argentina arregle sus cuentas con el Club de París, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericno de Desarrollo…
El argumento oficial es que con la deuda saldada no habrá posibilidad de extorsión.
No habrá extorsión a través de la Deuda, pero si presiones políticas y diplomáticas, que se manejan al más alto nivel. La Argentina podrá decir que no le debemos un peso, pero el FMI contestará que como miembro del organismo el país debe respetar determinadas pautas y que el Fondo es el encargado de monitorear su cumplimiento todos los años. Lo extraño de todo esto, por usar una palabra muy débil, es cómo el Poder Ejecutivo, teniendo elementos concretos para no pagar, debido a las grandes sospechas de ilegitimidad –denuncia y sentencia en la justicia penal, incluidas- no dice nada y paga.
Si lo que se le pagó al Fondo es lo recibido por el Blindaje, ¿quiere decir que se pagó lo que algunos denominan deuda nueva?
Mi padre inicia la causa sobre la Deuda en el 82 y el trámite judicial demoró 18 años. Recién en el 2000 el juez Jorge Ballesteros emite un fallo donde plantea la ilicitud de la deuda y habla de la responsabilidad del Fondo en ese ilícito. No obstante, esa Deuda se siguió pagando y refinanciando. Los economistas hablan de dos deudas, la de la dictadura y la nueva. Hay que aclararlo. La Argentina del 92 en adelante tuvo superávit en sus cuentas, pero ese superávit se convertía en déficit cuando se agregaban los montos de deuda que había que pagarle anualmente al Fondo, al Club de París y a las entidades financieras particulares. Ese déficit, a su vez, era cubierto con emisión de nueva deuda. ¿Qué quiere decir? Que esa emisión de nueva deuda era motivada por el déficit producido por esa deuda ilícita. La deuda nueva era consecuencia de la vieja. Si el Fondo nos prestaba plata para pagarle una deuda que era ilícita, esta nueva deuda con el Fondo es tan ilícita como aquella.
Usted quiere decir que está vicida en su origen
En La deuda odiosa, mi último libro, hago un planteo jurídico novedoso. Tomo como base la legislación sobre derechos humanos que plantea que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señalo que el delito de la Deuda Externa es de ejecución continuada. ¿Por qué? Porque continúa a través del tiempo, a través de las refinanciaciones y acuerdos que se hacen. Yo no enfrento este problema desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del derecho. Si uno tiene un problema con otra persona, va a dirimirlo a Tribunales. Si uno tiene un problema con el Estado, lo mismo. Si un país tiene un problema con otro, también. Parece que el tema de la deuda, no. La deuda esta inmersa en un sector privilegiado donde no la alcanza el orden jurídico ni los principios fundamentales del derecho internacional público. Se puede hacer una gran estafa con la deuda y no es judiciable.
¿Por qué se puede afirmar que la deuda es ilícita?
Hay cualquier cantidad de documentos que lo prueban. Hay una cláusula firmada que dice que si estos contratos fueran nulos, inejecutables por ilícitos, la Republica Argentina renuncia a denunciarlos o pedir la nulidad del contrato. Yo no conozco otro caso donde se firme un contrato que ya desde el vamos se presume ilícito. Hasta eso se arregló. El Banco Mundial, un organismo que no puede ser sospechado de izquierdismo, estableció que la deuda contraída durante la dictadura fue utilizada en un 40 por ciento para fuga de capitales, un 30 por ciento en pago de intereses de la deuda y un 30 por ciento en compra de armamentos. O sea que el pueblo no vio un centavo. Los peritos de la cusa penal establecieron que la deuda externa argentina no tenía justificación financiera, económica ni administrativa. De 7.000 millones que el país debía cuando asumió la dictadura, pasó a deber 45.000 cuando se fue. Del stock de deuda pública que existe en este momento, diría que 70.000 millones corresponde a la deuda privada estatizada. Es decir, deuda de los Macri, de Bridas, Pérez Companc, Bulgheroni, Renault Argentina. A través de una artificiosa operatoria pergeñada por Cavallo y otros, sus deudas fueron asumidas por el Estado. Y José Luis Machinea, en el 85, sustituyó todas las imperfecciones de esos créditos por documentación especifica donde el Estado se hacia responsable directo frente a acreedores internacionales. Esa deuda se fue refinanciando permanentemente y hoy representa 70.000 millones. Bernardo Grinspún, primer ministro de Economía de Raúl Alfonsin, fue el primero que enfrento al FMI y dijo que iba a hacer una auditoria de la deuda privada. Solo se pudo auditar el 50 por ciento y se determinó que el 90 por ciento de la deuda era fraguada.
¿Tiene algún ejemplo concreto?
Hay un montón. Por ejemplo, argentina tenía que pagar a un banco de Bruselas una deuda contraída por Renault. Según los auditores se trataba de un autopréstamo y no había que pagarlo. Era plata que Renault trajo al país para aumentar su capital y el Estado terminó respondiendo por ella. No resultaba verosímil que Renault pidiera diez millones al mismo banco donde tenía depositado 85 millones. Como si esto fuera poco, se secuestro un acta de directorio de Renault que tiene 44 páginas, donde los directores establecen cómo va a ser la operatoria para defraudar al Estado. Esto está todo documentado, después hay otros indicios simbólicos.
¿Cuáles?
Cuando Walter Klein fue signado secretario de Programación Económica en la dictadura era representante de un banco sueco en la Argentina. Cuando se fue de la función pública, al mes y medio, representaba a 22 bancos extranjeros, todos acreedores de la Argentina. Le pagaron muy bien su trabajo. Cuando se allana su estudio y se secuestra documentación, pudo establecerse que el estudio Klein-Mairal era la verdadera base operativa del endeudamiento.
¿Cuántas veces se pagó la deuda externa?
Alfredo Calcagno estableció que en el 89 la deuda estaba cancelada. Todo lo que se pagó desde entonces es excedente. En 1993, el stock de deuda externa era de 63.000 millones. Del 93 al 2004 pagamos 140.000 millones y en el 2004 debíamos 191.264 millones de dólares. Hoy la deuda real es de 140.000 millones, no 124 mil como dice el Gobierno. Porque no calcula los bonistas que quedaron fuera del canje y en algún momento eso tendrá que pagarse, porque nunca se declaró a la deuda ilícita. En un principio, los que no entraron en el canje representaban 19.000 millones, en diciembre de 2004. Ahora ya son 23.000 millones y siguen generando intereses y acumulando deuda. El Código Civil argentino prohibe la capitalización de intereses, lo mismo sucede en Italia, Brasil, Austria, Alemania… Pero en los contratos de deuda se aceptó la capitalización de intereses. Se firmaron contratos negando el propio derecho interno. Y también que atentan contra el sentido común. ¿Usted pagaría algo cuando no le muestran lo que debe? En 1995, Domingo Cavallo manifestó que la República Argentina paga la Deuda Externa ante simple aviso de vencimiento y sin verificar en ningún caso si las cifras reclamadas eran exactas. Como se dio cuenta que no podía ser que la Argentina no tuviera documentada su propia deuda, contrató a los mismos acreedores para ordenarla. Fueron el Citibank, el Credit Swiss y otros bancos acreedores lo que determinaron cuánto les debemos, cuántos intereses había que pagarles, cuántas moratorias. Eso fue una conducta histórica de la Argentina. Todos creen que el plan económico llevado adelante desde 1992 fue obra y gracia de Domingo Cavallo, pero no es así.
¿De quién fue entonces?
El plan económico fue diseñado por J.P. Morgan y el Citibank. Esto no es una expresión de la ultraizquierda, un mero slogan. Esto puedo probarlo porque encontré el plan que presentó el Citibank. Tiene 1400 paginas, donde esta diseñada la política que llevó adelante el gobierno desde el 92 en adelante: el canje del Brady, la privatización de los servicios públicos, la reforma de la legislación laboral, la privatización del sistema jubilatorio. Está todo minuciosamente pautado.
¿Cómo encontró esa documentación?
Revisando la enorme cantidad de papeles que hay en el juzgado Federal N° 2, en la causa que llevó adelante mi padre. Hubo una declaración que pasó por alto, la de José Luis Rodríguez, gerente del Departamento de Deuda Externa del Banco Central. En su extensa exposición dice que para el canje de deuda del Plan Brady fue contratado el Citibank y J.P. Morgan, por el ministro Cavallo. Si se firmó un contrato, pensé, tenía que estar en algún lado. Fui a los archivos del Ministerio y encontré que no sólo prepararon el Brady, sino todo lo demás. Encontré otros documentos importantes: una carta enviada por Michel Camdessus, el 16 de junio de 93, dirigida a la comunidad financiera internacional, que decía que había que aprobar toda la política económica del gobierno porque la Argentina se había comprometido a transformar el país a través de las privatizaciones de las empresas públicas.

Nota

Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

Publicada

el

11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.  

Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo. 

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba. 

Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio. 

Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo. 

Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia

La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.

Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.

Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate. 

Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.

En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.

El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.

Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.

Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.

“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.

Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Las condenas:

  • Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos:  condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
  • Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
  • La oficial  Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
  • Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
  • El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
  • El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46)  el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
Seguir leyendo

Nota

Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

Publicada

el

Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.

La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Pedidos de justicia por Daniel Solano en 2012, a meses de su asesinato.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.

Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.

Compartimos la investigación de MU sobre este caso:

Seguir leyendo

Nota

Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

Publicada

el

Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.

En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.

La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.

Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.  

El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban  conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.

Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:

  • la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
  • el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
  • las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
  • el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
  • las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
  • las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
  • Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
  • Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.

Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:

  • Sí: sí a la vida.
  • Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
  • Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
  • Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.

Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.  

Seguir leyendo

LA NUEVA MU. Lo que está en juego

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.