Nota
¿Qué hizo el Congreso con la denuncia de Ramos Padilla?
Daniel Lipovetzky (PRO) y Rodolfo Tahialde (Unidad Ciudana) son dos de los tres legisladores que integran la subcomisión que formó la de Fiscalización de Organismos y actividades de Inteligencia para estudiar el expediente de Ramos Padilla. Ambos hablaron con lavaca acerca de la reunión privada que mantuvieron -junto a otros legisladores- con el juez de Dolores. Qué piensan sobre su investigación sobre la red de espionaje ilegal judicial, político y mediática. Qué saben, y qué hicieron. Y por qué el Congreso no sólo no está a la altura de la denuncia, sino que es parte.
Mientras el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla sigue tomando indagatorias clave en la causa que investiga una red de espionaje judicial-mediática y política, la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia recibe este jueves a los titulares de la AFI. Si bien la reunión es privada, se espera que surjan trascendidos al igual que ocurrió con el encuentro entre legisladores y Ramos Padilla el jueves 21, según los dos bandos interesados (el oficialismo representado por Daniel Lipoveztky del PRO, y la oposición, encarnada en el diputado de Unidad Ciudadana Rodolfo Tahialde) en los detalles que parecen forzar lecturas en una y otra dirección, que en verdad es una sola: el Congreso no solo no está a la altura de la situación, sino que es parte.
La Bicameral de Inteligencia está conformada por 14 legisladores: siete del oficialismo y siete de la oposición (cuatro de Argentina Federal y tres por el kirchnerismo). Pero a partir del destape del escándalo del falso abogado D´Alessio, y un día después de la exposición de Ramos Padilla en Diputados (reunión a la que los bloques de Cambiemos no asistieron), la Bicameral resolvió formar una subcomisión para leer las 5 mil fojas que el magistrado envió, integrada por los diputados Lipoveztky (Cambiemos) y Tailhade (Unidad Ciudadana) y el senador Pedro Guastavino (Argentina Federal).
Cómo fue la reunión: la conexión Fariña, protección de testigos y el informe Fantino
Según pudo reconstruir lavaca, la reunión con la Bicameral duró tres horas. Ramos Padilla amplió algunos detalles de lo que expuso en la Comisión de Libertad de Expresión, aunque en un clima “más distendido” ya que la reunión era cerrada al público y sin cámaras de televisión. Las preguntas llegaron, básicamente, de dos sectores: el oficialismo y el kirchnerismo, los más interesados en la cuestión.
Esta escena es una representación de cómo está Bicameral.
Por su parte, el oficialismo hizo hincapié en uno de los argumentos por los que le exigen el juicio político al juez federal: por qué decidió acudir a la comisión de Libertad de Expresión y divulgar la causa que, en la opinión de Cambiemos, debería ser secreta. Ramos Padilla contestó que durante toda su carrera se había apoyado en el Programa Verdad y Justicia y en su mecanismo de protección de testigos, dedicado específicamente a crímenes de lesa humanidad. El juez señaló dos razones: el Programa no iba a apoyarlo en esta causa y, además, ningún testigo quería saber nada con ningún programa de protección de testigos del Gobierno. ¿Uno de los motivos? Por la causa mediáticamente conocida como la “ruta del dinero”, la Justicia puso en ese programa a Leonardo Fariña. El detalle: su abogado es Rodrigo González, uno de los imputados en esta causa, ni más ni menos que el exdefensor de D´Alessio. En febrero renunció a representarlo aclarando que no se hacía responsable de nada de lo que hizo D´Alessio.
El oficialismo también se interesó por Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que inició la denuncia en Dolores al revelar la extorsión de D´Alessio y Stornelli: en concreto, le preguntaron si no le había llamado la atención que esa denuncia pudiera haber sido una posible operación de inteligencia o de contrainteligencia, teniendo en cuenta que Etchebest llegó al juzgado con registros de audio y cámara. Ramos Padilla contestó que en el momento en el que Etchebest llegó a Dolores, él sólo veía a una persona que había llegado a denunciar una extorsión con 14 horas de grabación en curso, y que se dedicó a investigar eso. Si efectivamente es una operación de contrainteligencia, se determinará después. La conclusión: el juez está obligado a investigar, sea quien sea el denunciante.
Por otro lado, el kirchnerismo le preguntó si había iniciado alguna medida de prueba respecto al llamado “informe Fantino”, en relación al conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, y donde aparece mencionada la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Según confiaron a lavaca fuentes legislativas, todo comienza con el espionaje a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien le detectan un encuentro con Fantino. Allí le piden a D´Alessio que le pida a “su amigo”, el periodista de Clarín y Animales Sueltos, Daniel Santoro, que traiga información.
Santoro volvió con críticas a dos colegas: el propio Fantino y Romina Manguel. Según surge en la causa:
Sobre Fantino: “Le lavaron la cabeza”, ya que después de la reunión “empezó a hablar de presos políticos y todas esas huevadas”.
Sobre Manguel, dijo que trabajaba para el operador judicial Javier Fernández.
Ese informe, redactado por D´Alessio, está dedicado a “RB o quien corresponda”. RB es Ricardo Bogoliuk, un comisario que orbitó en al AFI en 2017. Allí especifica que Animales Sueltoses un ciclo que reproduce la productora Jotax SA, propietario de “un amigo muy cercano” a la gobernadora Vidal, quien “le dio a esta persona fondos reservados de la provincia para que comprara el paquete accionario de América que vendía el hermano de Daniel Vila”, según confiaron a lavaca.
Ramos Padilla contestó que aún no había indagado sobre esa línea de investigación.
El kirchnerismo también le preguntó por el empresario petrolero Mario Cifuentes, otro de los que denunció ser extorsionado por D´Alessio. ¿Por qué el interés? En la computadora del falso abogado, el juez secuestró un archivo en el que aparece un oficio del juez federal Claudio Bonadío en el que le pide a la AFI un informe de inteligencia sobre Cifuentes. El dato: el oficio y el informe aparecen en la computadora personal de D´Alessio. La pregunta estaba orientada a saber si Ramos Padilla chequeó si el oficio salió de la computadora de Bonadío, ya que eso acreditaría la pertenencia de D´Alessio a la AFI.
La respuesta del juez también fue negativa: “Si tengo que sacar una línea de investigación por cada cosa, no termino más”.
Lavaca pudo hablar con Lipovetzky y Tailhade, a quienes consultó sus impresiones respecto al rol del Congreso en tanto poder del Estado en esta trama de espionaje ilegal. Esta agencia también intentó comunicarse con el senador Guastavino, que rechazó tres pedidos de entrevista.
Daniel Lipovetzky (Cambiemos): “No es un tema de libertad de expresión”
-¿Qué puede contar de la reunión en la Bicameral?
-Ramos Padilla concluyó que cree que se trata de una organización paraestatal de inteligencia, y que hasta ahora no tiene ninguna acreditación de que haya intervención de los organismos públicos de inteligencia, importante destacarlo. La impresión que yo tuve, y un poco se lo dije, es que esperaba hubiera ejecutado muchas más medidas de prueba de las que en ese momento había realizado, teniendo en cuenta que la información que nos había enviado a la Bicameral fue 20 días antes. Y la impresión que yo tuve es que profundizó la investigación sobre todo en el vínculo Stornelli y no en otras personas que también tenían vínculos con D´Alessio, incluidos otros que aparecen como socios y algún otro que era el denunciante, como Etchebest. D´Alessio es una persona hay que analizar su perfil con mucho detenimiento, un perfil de un hipotético delincuente, pero además que fue funcionario del gobierno anterior, y que hacía gala de sus relaciones para delinquir, extorsionar o hacer inteligencia ilegal, que es un delito.
-¿Qué representa esta denuncia en términos de gravedad institucional?
-Para analizar la gravedad institucional de esta organización hay que seguir profundizando los vínculos. Porque acá lo que uno ve es un personaje que tenía contacto con un montón de gente: funcionarios judiciales, funcionarios políticos de este gobierno y del anterior, de ahí me parece que hay que sacar ese análisis. Pero esos vínculos no significan que después los haya usado para delinquir, eso hay que investigar. Por ejemplo, un montón de gente se contacta con nosotros. Nuestros celulares ya cualquiera lo puede tener: podrías mandar un mensaje, pero no te haría partícipe de lo que ese personaje haga. Lo que sí está claro es que hay que ser muy precisos en la investigación porque esta causa tiene vinculación con otras que sí tienen importancia institucional para la Argentina, como la de lo Cuadernos. Una no debería tener que ver con la otra, pero hoy no parece tan así.
-Para usted, ¿afecta al Estado de Derecho?
-La verdad es que inteligencia paraestatal o no, hecha por los organismos públicos, y no hecha para prevenir delitos internacionales, es ilegal. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional, es un delito. Está claro que los tipos son delincuentes. Y tienen que ser juzgados y condenados. Pero lo que hay que ver es si tiene colaboración de un funcionario público. Por lo que yo vi, no encontré.
-¿El Congreso está a la altura de esta denuncia?
-Para nosotros el Congreso tiene que dar respuestas a través del organismo competente que es la Comisión Bicameral de Inteligencia. Es la comisión que tiene facultades para intervenir, justamente reservada y con un montón de condiciones distintas a las comisiones del Congreso, y es quien debe tomar el rol y profundizarla. Para eso necesitamos que el Poder Judicial colabore en ese marco de relación entre dos poderes planteando toda la información del expediente, que no la tenemos.
Rodolfo Tailhade (Unidad Ciudadana): “El Congreso no está a la altura”
-¿Cómo se comportó el Congreso en la Comisión de Libertad de Expresión?
-Fue un bochorno que no estuvieran otros bloques. En realidad estuvimos nosotros, un par de diputados de Argentina Federal, un rato la izquierda, pero era un tema central y más allá de que algunos bloques del oficialismo podían tener miradas muy críticas de Ramos Padilla, era la oportunidad para dejarlo en evidencia. Pero sabíamos que lo que iba a contar, sin el detalle, era grave. Me parece que el Congreso no estuvo a la altura. Y las razones quedaron en evidencia: el bloque oficialista está defendiendo a parte de la banda. Tiene cierta lógica. Podés tener críticas, pero no relativizar la importancia que tiene.
-¿Qué puede contar de la reunión en la Bicameral?
-Lo más interesante de todo es que todavía no puede empezar a investigar todo lo que hay para investigar. En un contexto en el que no tiene recursos, que tiene que usar cada minuto o bien, se concentró inicialmente en los delitos que se atribuye a los que están en prisión, inclusive al propio Stornelli, porque tenía que resolver la situación procesal de ellos. Pero a nosotros todo el circo no nos interesa. Nos interesa si hay agentes o no en la banda, si se verificaron contactos de D´Alessio con la AFI, si la AFI qué reconoció. Ramos Padilla contó que lo único que reconoció fue a Bogoliuk como agente durante un año, en 2017: eso nos interesaba nosotros. Es lo que vamos a preguntarle a Arribas, pero el juez no había hecho muchas medidas. Lo único que tenía era que Bogoliuk fue agente de la AFI, confirmado por la AFI. Y que la AFI negó que Aníbal Degastaldi y D´Alessio fueran agentes.
-Padilla dijo que sólo había visto el 25 por ciento del expediente.
-Lo ratificó en la Bicameral. Abrió un celular o dos de una docena, un disco rígido de cuatro y está totalmente desbordado, no tiene recurso materia para buscar. El dijo: “Si pongo Rodolfo Tailhade en el disco rígido que abrimos, el software tarda media hora en detectar. Si detecta dos y quiero abrir uno, me rebota”. Esos software son caros: medio millón de pesos. No sé si le van a colaborar mucho.
-¿Qué representa esta denuncia en términos de gravedad institucional?
-Por ahora no tenemos ni siquiera una mínima parte de lo que realmente se puede conocer. Falta mucha información que tiene que abrir el juez. Con lo poco que hay está muy claro que hay una organización que tiene contactos con la AFI. Bogoliuk era el jefe de D´Alessio, a quien él le subía los reporters, y Bogoliuk era la persona de confianza de Majdalani. No tengo ninguna duda de que la AFI está en esto y que usaba esta organización para sus operaciones de persecución política. Seguro usa otras, que coexisten, pero usaba ésta en parte para conseguir información o inventar información, armado de causas, de testimonios, con fines politicos. A su vez, esta organización que recibía información de la AFI tanto para sus objetivos políticos, la transformaba en un negocio porque, además, esos tipos eran millonarios. Había mucho papel que armaba D´Alessio: inventaba una testimonial y después iba a ver a la víctima. Era falso, pero tenía toda la información general porque venia alimentado de datos ciertos. Seguro que gente de la AFI participaba del botín: D´Alessio no se cortaba solo.
-¿Cómo se explica ese modus operandi?
-Esto existió siempre. Hace 40 años que las bandas pululan así. El rey de esto era Jaime Stiusso, nomás que con mucha más capacidad y más sofisticado. La gravedad es que hay una alianza servicios de inteligencia-medios de comunicación-gobierno nacional, que arma causas, que persigue y te prescribe. Esa triple alianza, y acá comparto la mirada del juez Ramos Padilla, pone en riesgo el Estado de Derecho. Un proceso judicial tiene que ser conforme la legítima defensa, el Estado lo tiene que garantizar, pero vemos que es el que te arrincona en base a irregularidades. Esa alianza quedó al descubierto. El principio de esa descomposición la podría ubicar por lo menos en 1992. Allí Menem hace una reforma judicial importante, aparecieron tribunales orales, juicios orales, cambia el Código Procesal, se sacó a muchos jueces molestos, los ascendió y puso en Comodoro Py a los jueces de la servilleta. Las primeras modalidades del servicio-Poder Judicial eran los famosos sobresueldos que venían de Hugo Anzorregui y la SIDE, en dólares, para que armara causas de determinada manera. Esto se fue modificando. Durante el kirchnerismo eso se cortó, pero Stiusso, en vez de llevar sobresueldos, empezó a vender negocios. Ezeiza, por ejemplo, es su mina de oro: bajaban aviones con supuesto material de inteligencia de Estados Unidos, se lo llevaba la camioneta de la SIDE, y de repente eran Playstation, sillones de dentistas, lo que se te ocurra, y los metían acá. Son millonarios, imaginate. Entonces todos los negocios se lo daban a lo jueces, los hacía socios y así se fue consolidando una relación promiscua: los jueces terminaron siendo dependientes de los servicios. Hoy eso quedó a la vista.
-¿El Congreso está a la altura de esta denuncia?
-No, para nada. Porque hay muchos intereses que son comunes entre las bandas, y en esta alianza hay muchos legisladores o bloques. Acá ya tendría que haber en marcha, por lo pronto, la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que durante 2017 funcionó a pleno para cargarse a Gils Carbó (Alejandra, ex Procuradora General de la Nación) y ahora está totalmente desactivada. La principal responsable es la vicepresidenta Michetti: es la firma que está obstaculizando su conformación, que es la que tiene que traer a Stornelli en términos políticos. Así como se armó la Bicameral por el ARA San Juan, todos los bloques tendríamos que armar la Bicameral de investigación esta mafia. Por eso yo digo: la mafia está integrada por los servicios, por la Justicia Federal, por el Gobierno nacional, por medios, y por diputadas y diputados. Todos son usuarios de la información de D´Alessio. Carrio y Oliveto, por ejemplo. Por supuesto que van a bloquear cualquier intento de profundizar la investigación que pueda ponerlas en riesgo. Evidentemente ellos reconocieron a D´Alessio como propio. La mafia está integrada por quienes están defendiendo a los mafiosos.
Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Nota
S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo
Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.
Por Francisco Pandolfi
Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan.
Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.
La salud de quienes cuidan la salud
Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020:
–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.
–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.
–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá.
Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil).
Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.
La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.
El sueldo más bajo de la historia
Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos.
Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”.
Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.
Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”.
Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.
Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.
El éxodo de trabajadores
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”.
Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.
Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”.
Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”.
Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”.
Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.
El ministro que nunca pisó el hospital
El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.
Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.
A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.
La resistencia
Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.
Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego.
Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.
Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.
Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.
Nota
Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial
La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.
Por Francisco Pandolfi
En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política.
Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.
No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Arrasa-miento
Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.
El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.
El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Jenefes, el patrón
De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.
Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Una peli de terror
El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.
Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.
Un puñado de kollas
La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.
La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”.
Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
- Revista MuHace 5 días
Mu 198: Tomar el futuro
- Fábricas RecuperadasHace 6 días
La combustión que permitió recuperar Aceitera La Matanza
- ActualidadHace 4 semanas
Veto confirmado contra el financiamiento universitario: el triunfo de la derrota y el fracaso del éxito
- ActualidadHace 4 semanas
Abogado Juan Pablo Gallego: “Hay una razonable posibilidad de que Loan pueda ser hallado”
- NotaHace 4 semanas
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
- NotaHace 1 semana
S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo
- #NiUnaMásHace 3 semanas
Cierre del Encuentro: la fiesta de la resistencia
- #NiUnaMásHace 3 semanas
Arrancó el Encuentro en Jujuy: acá estamos nosotras