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¿Qué hizo el Congreso con la denuncia de Ramos Padilla?

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Daniel Lipovetzky (PRO) y Rodolfo Tahialde (Unidad Ciudana) son dos de los tres legisladores que integran la subcomisión que formó la de Fiscalización de Organismos y actividades de Inteligencia para estudiar el expediente de Ramos Padilla. Ambos hablaron con lavaca acerca de la reunión privada que mantuvieron -junto a otros legisladores- con el juez de Dolores. Qué piensan sobre su investigación sobre la red de espionaje ilegal judicial, político y mediática. Qué saben, y qué hicieron. Y por qué el Congreso no sólo no está a la altura de la denuncia, sino que es parte.

Mientras el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla sigue tomando indagatorias clave en la causa que investiga una red de espionaje judicial-mediática y política, la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia recibe este jueves a los titulares de la AFI. Si bien la reunión es privada, se espera que surjan trascendidos al igual que ocurrió con el encuentro entre legisladores y Ramos Padilla el jueves 21, según los dos bandos interesados (el oficialismo representado por Daniel Lipoveztky del PRO, y la oposición, encarnada en el diputado de Unidad Ciudadana Rodolfo Tahialde) en los detalles que parecen forzar lecturas en una y otra dirección, que en verdad es una sola: el Congreso no solo no está a la altura de la situación, sino que es parte.

La Bicameral de Inteligencia está conformada por 14 legisladores: siete del oficialismo y siete de la oposición (cuatro de Argentina Federal y tres por el kirchnerismo). Pero a partir del destape del escándalo del falso abogado D´Alessio, y un día después de la exposición de Ramos Padilla en Diputados (reunión a la que los bloques de Cambiemos no asistieron), la Bicameral resolvió formar una subcomisión para leer las 5 mil fojas que el magistrado envió, integrada por los diputados Lipoveztky (Cambiemos) y Tailhade (Unidad Ciudadana) y el senador Pedro Guastavino (Argentina Federal).

Cómo fue la reunión: la conexión Fariña, protección de testigos y el informe Fantino

Según pudo reconstruir lavaca, la reunión con la Bicameral duró tres horas. Ramos Padilla amplió algunos detalles de lo que expuso en la Comisión de Libertad de Expresión, aunque en un clima “más distendido” ya que la reunión era cerrada al público y sin cámaras de televisión. Las preguntas llegaron, básicamente, de dos sectores: el oficialismo y el kirchnerismo, los más interesados en la cuestión.

Esta escena es una representación de cómo está Bicameral.

Por su parte, el oficialismo hizo hincapié en uno de los argumentos por los que le exigen el juicio político al juez federal: por qué decidió acudir a la comisión de Libertad de Expresión y divulgar la causa que, en la opinión de Cambiemos, debería ser secreta. Ramos Padilla contestó que durante toda su carrera se había apoyado en el Programa Verdad y Justicia y en su mecanismo de protección de testigos, dedicado específicamente a crímenes de lesa humanidad. El juez señaló dos razones: el Programa no iba a apoyarlo en esta causa y, además, ningún testigo quería saber nada con ningún programa de protección de testigos del Gobierno. ¿Uno de los motivos? Por la causa mediáticamente conocida como la “ruta del dinero”, la Justicia puso en ese programa a Leonardo Fariña. El detalle: su abogado es Rodrigo González, uno de los imputados en esta causa, ni más ni menos que el exdefensor de D´Alessio. En febrero renunció a representarlo aclarando que no se hacía responsable de nada de lo que hizo D´Alessio.

El oficialismo también se interesó por Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que inició la denuncia en Dolores al revelar la extorsión de D´Alessio y Stornelli: en concreto, le preguntaron si no le había llamado la atención que esa denuncia pudiera haber sido una posible operación de inteligencia o de contrainteligencia, teniendo en cuenta que Etchebest llegó al juzgado con registros de audio y cámara. Ramos Padilla contestó que en el momento en el que Etchebest llegó a Dolores, él sólo veía a una persona que había llegado a denunciar una extorsión con 14 horas de grabación en curso, y que se dedicó a investigar eso. Si efectivamente es una operación de contrainteligencia, se determinará después. La conclusión: el juez está obligado a investigar, sea quien sea el denunciante.

Por otro lado, el kirchnerismo le preguntó si había iniciado alguna medida de prueba respecto al llamado “informe Fantino”, en relación al conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, y donde aparece mencionada la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Según confiaron a lavaca fuentes legislativas, todo comienza con el espionaje a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien le detectan un encuentro con Fantino. Allí le piden a D´Alessio que le pida a “su amigo”, el periodista de Clarín Animales Sueltos, Daniel Santoro, que traiga información.

Santoro volvió con críticas a dos colegas: el propio Fantino y Romina Manguel. Según surge en la causa:

  • Sobre Fantino: “Le lavaron la cabeza”, ya que después de la reunión “empezó a hablar de presos políticos y todas esas huevadas”.

  • Sobre Manguel, dijo que trabajaba para el operador judicial Javier Fernández.

Ese informe, redactado por D´Alessio, está dedicado a “RB o quien corresponda”. RB es Ricardo Bogoliuk, un comisario que orbitó en al AFI en 2017. Allí especifica que Animales Sueltoses un ciclo que reproduce la productora Jotax SA, propietario de “un amigo muy cercano” a la gobernadora Vidal, quien “le dio a esta persona fondos reservados de la provincia para que comprara el paquete accionario de América que vendía el hermano de Daniel Vila”, según confiaron a lavaca.

Ramos Padilla contestó que aún no había indagado sobre esa línea de investigación.

El kirchnerismo también le preguntó por el empresario petrolero Mario Cifuentes, otro de los que denunció ser extorsionado por D´Alessio. ¿Por qué el interés? En la computadora del falso abogado, el juez secuestró un archivo en el que aparece un oficio del juez federal Claudio Bonadío en el que le pide a la AFI un informe de inteligencia sobre Cifuentes. El dato: el oficio y el informe aparecen en la computadora personal de D´Alessio. La pregunta estaba orientada a saber si Ramos Padilla chequeó si el oficio salió de la computadora de Bonadío, ya que eso acreditaría la pertenencia de D´Alessio a la AFI.

La respuesta del juez también fue negativa: “Si tengo que sacar una línea de investigación por cada cosa, no termino más”.

Lavaca pudo hablar con Lipovetzky y Tailhade, a quienes consultó sus impresiones respecto al rol del Congreso en tanto poder del Estado en esta trama de espionaje ilegal. Esta agencia también intentó comunicarse con el senador Guastavino, que rechazó tres pedidos de entrevista.

Daniel Lipovetzky (Cambiemos): “No es un tema de libertad de expresión”

-¿Qué puede contar de la reunión en la Bicameral?
-Ramos Padilla concluyó que cree que se trata de una organización paraestatal de inteligencia, y que hasta ahora no tiene ninguna acreditación de que haya intervención de los organismos públicos de inteligencia, importante destacarlo. La impresión que yo tuve, y un poco se lo dije, es que esperaba hubiera ejecutado muchas más medidas de prueba de las que en ese momento había realizado, teniendo en cuenta que la información que nos había enviado a la Bicameral fue 20 días antes. Y la impresión que yo tuve es que profundizó la investigación sobre todo en el vínculo Stornelli y no en otras personas que también tenían vínculos con D´Alessio, incluidos otros que aparecen como socios y algún otro que era el denunciante, como Etchebest. D´Alessio es una persona hay que analizar su perfil con mucho detenimiento, un perfil de un hipotético delincuente, pero además que fue funcionario del gobierno anterior, y que hacía gala de sus relaciones para delinquir, extorsionar o hacer inteligencia ilegal, que es un delito.

-¿Qué representa esta denuncia en términos de gravedad institucional?

-Para analizar la gravedad institucional de esta organización hay que seguir profundizando los vínculos. Porque acá lo que uno ve es un personaje que tenía contacto con un montón de gente: funcionarios judiciales, funcionarios políticos de este gobierno y del anterior, de ahí me parece que hay que sacar ese análisis. Pero esos vínculos no significan que después los haya usado para delinquir, eso hay que investigar. Por ejemplo, un montón de gente se contacta con nosotros. Nuestros celulares ya cualquiera lo puede tener: podrías mandar un mensaje, pero no te haría partícipe de lo que ese personaje haga. Lo que sí está claro es que hay que ser muy precisos en la investigación porque esta causa tiene vinculación con otras que sí tienen importancia institucional para la Argentina, como la de lo Cuadernos. Una no debería tener que ver con la otra, pero hoy no parece tan así.

-Para usted, ¿afecta al Estado de Derecho?

-La verdad es que inteligencia paraestatal o no, hecha por los organismos públicos, y no hecha para prevenir delitos internacionales, es ilegal. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional, es un delito. Está claro que los tipos son delincuentes. Y tienen que ser juzgados y condenados. Pero lo que hay que ver es si tiene colaboración de un funcionario público. Por lo que yo vi, no encontré.

-¿El Congreso está a la altura de esta denuncia?

-Para nosotros el Congreso tiene que dar respuestas a través del organismo competente que es la Comisión Bicameral de Inteligencia. Es la comisión que tiene facultades para intervenir, justamente reservada y con un montón de condiciones distintas a las comisiones del Congreso, y es quien debe tomar el rol y profundizarla. Para eso necesitamos que el Poder Judicial colabore en ese marco de relación entre dos poderes planteando toda la información del expediente, que no la tenemos.

Rodolfo Tailhade (Unidad Ciudadana): “El Congreso no está a la altura”

-¿Cómo se comportó el Congreso en la Comisión de Libertad de Expresión?
-Fue un bochorno que no estuvieran otros bloques. En realidad estuvimos nosotros, un par de diputados de Argentina Federal, un rato la izquierda, pero era un tema central y más allá de que algunos bloques del oficialismo podían tener miradas muy críticas de Ramos Padilla, era la oportunidad para dejarlo en evidencia. Pero sabíamos que lo que iba a contar, sin el detalle, era grave. Me parece que el Congreso no estuvo a la altura. Y las razones quedaron en evidencia: el bloque oficialista está defendiendo a parte de la banda. Tiene cierta lógica. Podés tener críticas, pero no relativizar la importancia que tiene.

-¿Qué puede contar de la reunión en la Bicameral?

-Lo más interesante de todo es que todavía no puede empezar a investigar todo lo que hay para investigar. En un contexto en el que no tiene recursos, que tiene que usar cada minuto o bien, se concentró inicialmente en los delitos que se atribuye a los que están en prisión, inclusive al propio Stornelli, porque tenía que resolver la situación procesal de ellos. Pero a nosotros todo el circo no nos interesa. Nos interesa si hay agentes o no en la banda, si se verificaron contactos de D´Alessio con la AFI, si la AFI qué reconoció. Ramos Padilla contó que lo único que reconoció fue a Bogoliuk como agente durante un año, en 2017: eso nos interesaba nosotros. Es lo que vamos a preguntarle a Arribas, pero el juez no había hecho muchas medidas. Lo único que tenía era que Bogoliuk fue agente de la AFI, confirmado por la AFI. Y que la AFI negó que Aníbal Degastaldi y D´Alessio fueran agentes.

-Padilla dijo que sólo había visto el 25 por ciento del expediente.

-Lo ratificó en la Bicameral. Abrió un celular o dos de una docena, un disco rígido de cuatro y está totalmente desbordado, no tiene recurso materia para buscar. El dijo: “Si pongo Rodolfo Tailhade en el disco rígido que abrimos, el software tarda media hora en detectar. Si detecta dos y quiero abrir uno, me rebota”. Esos software son caros: medio millón de pesos. No sé si le van a colaborar mucho.

-¿Qué representa esta denuncia en términos de gravedad institucional?

-Por ahora no tenemos ni siquiera una mínima parte de lo que realmente se puede conocer. Falta mucha información que tiene que abrir el juez. Con lo poco que hay está muy claro que hay una organización que tiene contactos con la AFI. Bogoliuk era el jefe de D´Alessio, a quien él le subía los reporters, y Bogoliuk era la persona de confianza de Majdalani. No tengo ninguna duda de que la AFI está en esto y que usaba esta organización para sus operaciones de persecución política. Seguro usa otras, que coexisten, pero usaba ésta en parte para conseguir información o inventar información, armado de causas, de testimonios, con fines politicos. A su vez, esta organización que recibía información de la AFI tanto para sus objetivos políticos, la transformaba en un negocio porque, además, esos tipos eran millonarios. Había mucho papel que armaba D´Alessio: inventaba una testimonial y después iba a ver a la víctima. Era falso, pero tenía toda la información general porque venia alimentado de datos ciertos. Seguro que gente de la AFI participaba del botín: D´Alessio no se cortaba solo.
-¿Cómo se explica ese modus operandi?

-Esto existió siempre. Hace 40 años que las bandas pululan así. El rey de esto era Jaime Stiusso, nomás que con mucha más capacidad y más sofisticado. La gravedad es que hay una alianza servicios de inteligencia-medios de comunicación-gobierno nacional, que arma causas, que persigue y te prescribe. Esa triple alianza, y acá comparto la mirada del juez Ramos Padilla, pone en riesgo el Estado de Derecho. Un proceso judicial tiene que ser conforme la legítima defensa, el Estado lo tiene que garantizar, pero vemos que es el que te arrincona en base a irregularidades. Esa alianza quedó al descubierto. El principio de esa descomposición la podría ubicar por lo menos en 1992. Allí Menem hace una reforma judicial importante, aparecieron tribunales orales, juicios orales, cambia el Código Procesal, se sacó a muchos jueces molestos, los ascendió y puso en Comodoro Py a los jueces de la servilleta. Las primeras modalidades del servicio-Poder Judicial eran los famosos sobresueldos que venían de Hugo Anzorregui y la SIDE, en dólares, para que armara causas de determinada manera. Esto se fue modificando. Durante el kirchnerismo eso se cortó, pero Stiusso, en vez de llevar sobresueldos, empezó a vender negocios. Ezeiza, por ejemplo, es su mina de oro: bajaban aviones con supuesto material de inteligencia de Estados Unidos, se lo llevaba la camioneta de la SIDE, y de repente eran Playstation, sillones de dentistas, lo que se te ocurra, y los metían acá. Son millonarios, imaginate. Entonces todos los negocios se lo daban a lo jueces, los hacía socios y así se fue consolidando una relación promiscua: los jueces terminaron siendo dependientes de los servicios. Hoy eso quedó a la vista.

-¿El Congreso está a la altura de esta denuncia?

-No, para nada. Porque hay muchos intereses que son comunes entre las bandas, y en esta alianza hay muchos legisladores o bloques. Acá ya tendría que haber en marcha, por lo pronto, la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que durante 2017 funcionó a pleno para cargarse a Gils Carbó (Alejandra, ex Procuradora General de la Nación) y ahora está totalmente desactivada. La principal responsable es la vicepresidenta Michetti: es la firma que está obstaculizando su conformación, que es la que tiene que traer a Stornelli en términos políticos. Así como se armó la Bicameral por el ARA San Juan, todos los bloques tendríamos que armar la Bicameral de investigación esta mafia. Por eso yo digo: la mafia está integrada por los servicios, por la Justicia Federal, por el Gobierno nacional, por medios, y por diputadas y diputados. Todos son usuarios de la información de D´Alessio. Carrio y Oliveto, por ejemplo. Por supuesto que van a bloquear cualquier intento de profundizar la investigación que pueda ponerlas en riesgo. Evidentemente ellos reconocieron a D´Alessio como propio. La mafia está integrada por quienes están defendiendo a los mafiosos.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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LA NUEVA MU. No podrán

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