Hoy, 1º de agosto, se cumplen cuatro años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. El aniversario llega en medio de una parálisis de la causa que tiene a la familia esperando hace un año y medio que la Corte Suprema se expida sobre el avance de la investigación. La “solución amistosa” que propuso la CIDH no prosperó, así como la denuncia del Ministerio de Seguridad que recayó en el propio juez Gustavo Lleral, denunciado por la familia por obstaculizar la investigación. Un repaso de los  hechos en una causa que conmovió al país y se suma a tres reclamos de siempre: Memoria, Verdad y Justicia.

“La sensación es que no hay Estado de Derecho: vivimos en un país en el que alguien puede terminar preso por una causa cualquiera o que tu vida transcurra en la impunidad”.

La voz de Sergio Maldonado suena calma, pero también cansada, en medio de una seguidilla de entrevistas que tuvo durante este viernes: hoy domingo se cumplen cuatro años de la desaparición forzada seguida de muerte de su hermano Santiago, y se reavivan recuerdos, preguntas, sensaciones, pero también una cruda certeza que Sergio explica así: “Seguimos como el año pasado: la causa detenida en la Corte Suprema, esperando que se designe un juez que quiera investigar, y que diga que hay que investigarla como desaparición forzada. Pasa el tiempo, pero no pasa absolutamente nada. Estamos igual desde noviembre de 2018”.

La parálisis es un dato en medio de una causa que conmovió al país con movilizaciones multitudinarias para exigir justicia. La referencia a 2018 remite a cuando el juez Gustavo Lleral decidió archivar la causa, tema que la familia peleó en diversas instancias judiciales. “Desde que apareció el cuerpo, todo fue rechazo, destiempo y nada se movió: son 4 años de impunidad”.

En noviembre del 2020, Sergio viajó de Bariloche hacia Buenos Aires para presentar el informe del Grupo de Expertos convocado por la familia para desarrollar una investigación imparcial e independiente del caso. El estudio concluyó no sólo que no es posible descartar la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago sino que no hubo “actuación investigativa” acorde al delito. El informe fue entregado a la CIDH y al Estado argentino, el cual propuso al organismo internacional llegar a una “solución amistosa” con la familia. Sergio resume: “No solamente nada prosperó, sino que tampoco hubo resultados”.

El informe –elaborado por un grupo conformado por más de 10 expertos de Chile, Colombia y México– entre sus principales puntos, remarcó:

• “La desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así”.
• “Se advierte la ausencia de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983”.
• “En el marco de los análisis que se realizan con propósitos de identificación, el segundo informe emitido por el Equipo Argentino de Antropología Forense indica que en las muestras analizadas se identifica el perfil genético de al menos un individuo masculino desconocido además del perfil del Sr. Maldonado. Este hallazgo no es discutido en la pericia y podría tener implicaciones significativas en el análisis de los hechos, por lo cual deben analizarse las hipótesis relacionadas con este hallazgo”.
• “La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizada en el río Chubut y sus área circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 día después de la desaparición”.
• “La ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del Sr. Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima”.
• “El análisis de medios y de redes en torno al caso de Santiago Maldonado, evidencia un interés e injerencia por diluir responsabilidades y explicaciones de los acontecimientos vinculados a la desaparición forzada y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida”.

En 2020, el Ministerio de Seguridad denunció penalmente a Pablo Noceti, exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, junto a dos altos mandos de Gendarmería, por su responsabilidad en las irregularidades en el operativo donde desapareció Santiago, y sus encubrimientos posteriores. El Ministerio informó que las órdenes de Noceti y los procedimientos internos constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad”.

Sergio dice que esa denuncia también cayó en un vacío: “No pasó nada. El Ministerio denunciaba el accionar de Gendarmería por el operativo, pero no la responsabilidad que tuvo en la desaparición forzada. Esa causa, además, le cayó al propio Lleral, que ya se había querido sacar la causa de encima y dijo que Santiago se ahogó solo, que Gendarmería no tenía nada que ver. Si bien fue una manera de reconocer que la Gendarmería actuó mal, que fue un pésimo operativo, no decía nada en concreto respecto a la desaparición forzada”.

Por eso, subraya Sergio, la sensación respecto al Estado de Derecho: “Nadie está exento de padecer este sistema judicial. Así está diseñado. Pasaron cuatro años y todos los jueces y camaristas que intervinieron siguen en funciones, dando veredictos. ¿Con qué autoridad?”.

Desde marzo del año pasado, la familia Maldonado espera la resolución de la Corte Suprema que habilite la investigación por desaparición forzada. “Tuvimos pinchaduras, un médico que filtró fotos del cuerpo de Santiago, la causa del espionaje, la denuncia del Ministerio de Seguridad: no pueden ser causas separadas, porque todas están relacionadas con lo mismo. Todo es parte de una desaparición forzada, pero lo que hacen es demorar. La fecha límite que tenían para responder era de 10 días. Llevamos casi un año y medio”. –

Los hechos

Estos son los principales puntos del caso.

1. La violencia del operativo: la importancia del contexto

A Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de una violenta represión de Gendarmería en el marco de una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto de 2017. Había llegado un día antes, el 31 de julio al mediodía, para sumarse al corte de ruta de la comunidad mapuche en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, que había sido detenido el 27 de junio. Santiago, que había cumplido 28 años cuatro días antes, iba a continuar su viaje a 25 de Mayo, su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires, porque extrañaba a su mamá y a su abuela.

Ese 1º de agosto, el juez federal Guido Otranto ordenó despejar la ruta. La Gendarmería llegó a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo y los gendarmes los reprimieron con violencia pese a que, según las propias actas de la fuerza, a las 11:15 la ruta ya estaba liberada. Un informe del CELS subrayó que ningún gendarme fue siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, que duró hasta las 17 horas:

• Ingresar al territorio sin orden judicial.
• Arrojar piedras a los manifestantes.
• Quemar las pertenencias de la comunidad en una hoguera.
• Retener durante cuatro horas a dos mujeres y dos niños.
• Ocultar fotografías y videos del operativo.
• Portar escopetas, bastones, hachas, piedras.
• Ingresar a la comunidad con cuatro camionetas y un camión.
• Bajar hasta la vera del río en persecución de los manifestantes.

2. La respuesta del Estado

La familia de Santiago denunció que en las primeras semanas, claves para toda investigación, el Poder Ejecutivo –Mauricio Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad– respondió de tres maneras:

1. Plantear hipótesis infundadas: que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión (la falsa hipótesis del puestero, que insumió recursos y tiempo claves en la pesquisa, fue introducida en el expediente de hábeas corpus por el propio Ministerio de Seguridad).
2. Ocultar cómo había actuado Gendarmería en el operativo.
3. No buscar a Maldonado de manera eficiente.

La postura del Gobierno nacional no se modificó aun cuando se constatara que un participante de una protesta social había muerto durante una represión desatada por una fuerza federal. Tampoco hubo cambios respectos a la figura de “flagrancia”: la Gendarmería tenía orden de la justicia federal sólo para despejar la ruta, pero bajo esa figura promovida desde el Ejecutivo y, en particular, por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en el operativo el 1º de agosto–, la fuerza ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes.

Tampoco modificó su enfoque la certeza de que el Ministerio plantó y reprodujo falsedades aun cuando contaba con las actuaciones administrativas de la Gendarmería que, si bien fue cuestionada en duros términos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por su nulo rigor jurídico, daban cuenta de, al menos, la irregularidad del operativo. El dictamen de la PIA denunció el direccionamiento de las entrevistas y los diálogos actuados.  Describe algunas preguntas como de una “superficialidad análoga a una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un supermercado”. Y también cuestiona que no hace foco sobre el rol de Noceti.

A través de un duro informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. El informe, firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo que, en sus declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos”. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich:

• El 7 de agosto, la ministra dijo que “no hay ningún indicio” del involucramiento de Gendarmería en la desaparición.
• El 27 de agosto, declaró a La Nación: “Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho”.
• El 16 de agosto, la ministra dijo en su interpelación en el Senado que no había ningún testimonio que aseverara que Maldonado estuvo en la Pu Lof. Los expertos señalaron: “El Comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio”.

Por esa razón, concluyó: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.

3. El rol del Poder Judicial

Como se marcó, la intervención de la Gendarmería comenzó con una orden judicial para despejar el corte de ruta pero luego utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar con violencia a la comunidad. Ese mismo día, el defensor oficial Fernando Machado registró las irregularidades del operativo y que una persona estaba desaparecida. Fue el único actor judicial que intervino en persona y acorde a la gravedad del hecho el 1º de agosto. Así también lo denunció Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la APDH, cuya denuncia abre la foja 1 del expediente que tramitaba como desaparición forzada. Sin embargo, ni el juez federal Otranto ni la fiscal federal Silvina Ávila dieron credibilidad a la denuncia sino que actuaron bajo la hipótesis de si Maldonado estuvo o no en el lugar y criminalizando a la comunidad mapuche. Un ejemplo: en la audiencia de habeas corpus del 4 de agosto, ni el juez ni la fiscal exigió explicación alguna a los representantes de la Gendarmería presentes. El juez Otranto fue apartado tras un pedido de recusación. Desde ese entonces, la causa la llevó el titular del Juzgado Federal de Rawson N°2, Gustavo Lleral.

En septiembre del 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa que el juez Gustavo Lleral había archivado en noviembre de 2018. Sin embargo, en ese fallo los camaristas descartaron una desaparición forzada. Este es el punto central: ese delito sólo lo comete el Estado. “Descartar la desaparición forzada es descartar la responsabilidad de la ex ministra Patricia Bullrich quien fue la primera persona que salió a festejar este fallo”, precisó la familia.

Por esa razón, la familia presentó un recurso de casación ante el fallo de los jueces de Comodoro. Así se llegó a la audiencia en diciembre frente a los jueces Gustavo Hornos, Marcelo Borinsky y Javier Carbajo en la que la familia expuso los argumentos por los que debería investigarse la causa como una desaparición forzada. La abogada de la familia, Verónica Heredia, citó dos fallos que esa misma sala había dictado respecto a otras dos desapariciones forzadas: Iván Torres (en 2003, Chubut) y César Monsalve (en 2013, también en Chubut). Sin embargo, en un fallo confuso, la Sala IV rechazó por mayoría el recurso de la familia Maldonado para que la causa por la desaparición y muerte de Santiago sea investigada como una desaparición forzada de persona. El único voto que hizo lugar al recurso de la familia fue el de Hornos: “La ausencia de signos físicos de violencia no permite concluir sin más la inexistencia de ilícitos tales como la desaparición forzada, el homicidio, o la tortura”, expresó.

El 30 de diciembre, el propio Lleral sostuvo la denuncia de la familia le generaba una “inevitable afectación moral” y aconsejó “el cese” de su participación en el expediente. Sin embargo, hace dos semanas, la familia comunicó que la Sala IV nuevamente rechazó el pedido de recusación e inhibición de Lleral como juez. Cabe recordar que en la audiencia, la familia había destacado que una investigación por desaparición forzada (atendiendo la jurisprudencia por los casos en los que el Estado argentino fue condenado) debe contemplar el contexto en el que se produce. En ese sentido La familia destacó tres ejes fundamentales:

• La última vez que a Santiago lo vieron con vida fue huyendo aterrorizado de más de cien gendarmes en una brutal represión de Gendarmería enmarcada en una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel.
• 78 días después aparece en ese lugar sin vida.
• Y aparece en un lugar que ya había sido rastrillado tres veces por las fuerzas de seguridad.

La familia fue clara: “Nada se investigó. Por eso, no se puede descartar una desaparición forzada”.

4. Los medios

El rol de las empresas comerciales de comunicación, junto a operadores mediáticos y figuras de Juntos por el Cambio, también formó parte del contexto en el que se buscó tapar el rol del Estado en la desaparición y muerte de Santiago.

“Se describe quiénes fueron los actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea, y también de los periodistas más famosos, operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para polarizar la sociedad”. Así comienza el informe que la familia de Santiago Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que refleja los ataques que sufrieron por parte de los funcionarios de Cambiemos y del Gobierno (que debían investigar la desaparición de un joven de 28 años en contexto de protesta social) a través de las redes y los medios de comunicación.

El informe completo puede leerse aquí: