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Según un correo parte de los “Monsanto Papers”, la filial argentina de Monsanto también sabía que el Roundup no es seguro
Cómo impacta el fallo que condenó a Monsanto en Estados Unidos en nuestro país y en el mundo. Por qué el SENASA debe tomar nota y actuar en consecuencia. Los correos que revelan que la empresa oculta información sobre la toxicidad de sus productos.
Por Anabel Pomar para www.monsantopapers.lavaca.org
El fallo condenatorio del pasado 10 de agosto, en el caso Dewayne Johnson v. Monsanto Company, marca un duro revés para la compañía ahora propiedad de Bayer. Es un antecedente judicial sin precedentes que alerta sobre la peligrosidad del Roundup arrojando luz – apoyada en sólidos documentos probatorios- sobre el modo en que esa empresa ocultó información e influyó sobre agencias regulatorias para mantener su producto en el mercado.
En Argentina es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) -, dependiente de la cartera de Agroindustria- quien autoriza estos productos químicos, basado en los estudios de seguridad de las propias empresas que los producen. Distintas investigaciones demuestran que esas agencias de regulación actúan en connivencia con las empresas y no cumplen su rol de proteger la salud pública. Después del fallo de EEUU, ¿es válido seguir manteniendo la etiqueta de “inocuidad” con la que se comercializa el RoundUp en nuestro país?
Argentina ostenta el triste récord de usar 350millones de litros por año de esa sustancia, que ya está presente en alimentos, ríos y hasta en el agua de lluvia. T
En el texto del veredicto del reciente juicio, Monsanto fue hallado culpable de actuar de manera premeditada o abusiva en ocultar el riesgo en el diseño de dos de sus herbicidas a base de Glifosato. “El Roundup Pro® o Ranger Pro® suponían posibles riesgos que se conocían o podían saberse a la luz del conocimiento científico generalmente aceptado en la comunidad científica al momento de su producción, distribución o venta”, afirmó el jurado sosteniendo su veredicto en las pruebas presentadas por la defensa y respaldada en los documentos internos de la propia Monsanto.
Muchas de esas pruebas forman parte de lo que se conoce como Monsanto Papers: miles y miles de documentos conseguidos por la ONG USRTK, a través de pedidos de información pública y por abogados de distintos casos contra el Roundup en los más de 4000 litigios que esperan su turno en corte. Documentos que lavaca.org pone a disposición desde un sitio en especial monsantopapers.lavaca.org por el derecho a la información.

“No se puede decir que Roundup no sea carcinógeno”, escribió la toxicóloga de Monsanto, Donna Farmer en un email el 22/11/2003. “No hemos hecho las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa declaración”, concluye.
Monsanto Argentina asegura en su página “que el glifosato, cuando es utilizado de manera correcta, no presenta riesgos para la salud humana, vida silvestre o medio ambiente”. Tras el fallo, además de adelantar que apelarían la decisión del jurado, volvieron a asegurar mediáticamente que sus productos son seguros.
El glifosato fue clasificado en 2015 por la IARC (Agencia Internacional de Cáncer de la OMS) como genotóxico, cancerígeno en animales y probablemente cancerígeno en humanos. Como está documentado en los monsanto papers, la EPA deberá explicar la relación con la empresa, sospechas de influir en negociaciones de la EFSA (si bien la agencia regulatoria europea lo desmintió en un comunicado ) y en otras agencias como la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, ASTDR, una agencia federal de salud pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, para evitar que ese nuevo status de peligrosidad cancerígena avanzara en otros lugares.
Brent Wisner, el abogado que representa a muchas de las víctimas del cáncer que están demandando a Monsanto, dijo que los documentos ofrecen pruebas contundentes de vínculos inapropiados entre la EPA y la compañía química en esfuerzos por evitar nuevas revisiones de seguridad tras la re categorización de la IARC. “Creo que es muy claro que los funcionarios de la EPA y los empleados de Monsanto trabajaron juntos para lograr el objetivo de detener un análisis en la ATSDR”, dijo Wisner. La ASTDR planeaba actualizar una revisión de seguridad del glifosato que se intuía estaría en línea con la decisión de la IARC. El estudio “fue cajoneado” tras conversaciones de empleados de Monsanto y el empleado de la EPA, Jess Rowland, quien ofreció abiertamente en un mail, en abril de 2015, su disposición para frenar la revisión de la ATSDR. Rowland, que se jubiló en 2016, fue el subdirector de división dentro de la división de efectos de salud de la Oficina de Programas de Pesticidas (OPP) de la EPA. La sospechosa e íntima relación entre Rowland y Monsanto ha provocado una investigación de la Oficina del Inspector General de la EPA en EE.UU.
Documentos internos de esa agencia muestran que la EPA en marzo y abril de 2016 estaba “luchando” internamente para lograr reunir datos sobre los ingredientes que Monsanto ha utilizado comúnmente para formular sus productos herbicidas. A pesar de que Monsanto ha estado vendiendo herbicidas Roundup por más de 40 años, los documentos internos de la agencia indican que la EPA tenía información, suelta, parcial y desordenada sobre esas formulaciones.
La necesidad de revisar con qué papeles y en qué certificaciones se basa el permiso de ingreso a nuestro país es imperiosa. El fallo y las revelaciones de los Monsanto Papers muestran que cuando Monsanto asegura que sus productos están autorizados desde hace 40 años por no poseer peligro, oculta información. Los propios investigadores de la empresa admiten en correos internos que no hicieron los estudios suficiente para hacer esa afirmación.
Las estrategias de Monsanto para defender al Roundup se han revelado en correos electrónicos internos, presentaciones y memos. Peor aún, estos documentos sugieren que la compañía ni siquiera pareciera saber si Roundup es inofensivo para la salud de las personas. “No se puede decir que Roundup no sea carcinógeno”, escribió la toxicóloga de Monsanto, Donna Farmer en uno de los correos electrónicos. “No hemos hecho las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa declaración”. El correo electrónico, enviado el 22 de noviembre de 2003, es una de las pruebas utilizadas en el caso de Dewayne Johnson.
Esa misma afirmación, que no había suficientes estudios para decir que el Roundup no es cancerígeno, fue leída por varios empleados de Monsanto Argentina, hace ocho años, el 14 de diciembre de 2010. El intercambio de correos, – en algunos de los cuales participa o está en copia, el Presidente de Monsanto Argentina, Juan Farinati-, finaliza admitiendo la falta de estudios. En esa copia final figuran como destinatarios por la filial Argentina, Martín Lasarte y Diego Kavanas, entre otras personas vinculadas a la compañía.
Con el ASUNTO: Re: Response Need – Re: Glyphosate Questions (Argentina); FW: publicaciones CASAFE, el último mail responde, entre otras, a estas preguntas: “Porque las fórmulas de Roundup no son cancerígenas? Cualés son sus metabolitos más relevantes y que estudios demuestran no lo son (cancerígenos)?

El mail responde, entre otras preguntas de Casafe y Monsanto Argentina: “¿Por qué las fórmulas de Roundup no son cancerígenas? ¿Cualés son sus metabolitos más relevantes y que estudios demuestran no lo son (cancerígenos)?
Stephen Adams, Chemistry Regulatory Affairs Manager de Monsanto Company, confirma en la respuesta la misma información que Donna Farmer. La fórmula de su producto estrella nunca fue testeada. Solo sus componentes por separados pero nunca la formulación final qué es lo que venden.
Stephen Adams, Chemistry Regulatory Affairs Manager de Monsanto Company, confirma en la respuesta la misma información que Donna Farmer (también en copia en este mail): la fórmula de su producto estrella nunca fue testeada; sólo sus componentes por separados pero nunca la formulación final qué es lo que comercializan. Textualmente en español: “Con respecto a la carcinogenicidad de nuestras formulaciones, no tenemos realizados esa clase de testeos directamente sobre ellas, pero tenemos tales pruebas en el componente de glifosato y algunas pruebas de toxicidad extensivas en el surfactante”.
Hoy 8 años después de ese correo, de contar con esa información, el discurso público de la empresa sigue siendo el mismo. “Sólo salen al mercado aquellos que fueron certificados como seguros para el medio ambiente y la salud humana.”, se lee en el sitio de Monsanto Argentina sin informar sobre lo que la empresa sabe según el texto del email interno consignado más arriba.
Las primeras declaraciones del SENASA tras el veredicto, en nota publicada el 17 de agosto por iprofesional, desestimaron la gravedad de la conclusión que arrojó el litigio y que se resolvió en contra de la compañía. “Se trata de un juicio entre particulares. El usuario de un producto va contra la empresa. Y lo que ocurrió es un fallo de primera instancia. Hasta acá, con los documentos y estudios que tienen todas las agencias de gobierno, incluso el SENASA, no hay motivos para cambiar la situación del glifosato”, informaron fuentes del organismo a Patricio Eleisegui, autor del artículo mencionado.
“Para nosotros la seguridad de nuestros productos es fundamental. Ni una sola agencia normativa considera al glifosato cancerígeno. Las evaluaciones realizadas por autoridades reguladoras en todo el mundo durante más de 40 años lo confirman”, aseguran desde Monsanto en las cinco preguntas más habituales sobre el Glifosato en su sitio web.
Los papeles de la propia compañía publicados en MonsantoPapers desmienten esa afirmación y la declaración de Donna Farmer, en la décima jornada del juicio realizado en San Francisco y que encontró a Monsanto culpable de todos los cargos. A eso se le suman las demostradas campañas para interferir o desprestigiar a la ciencia que contradiga lo que Monsanto sigue repitiendo y los estudios “científicos” sobre toxicidad escrito de modo fantasma por los propios empleados de la empresa, que respaldan la inocuidad, y son usados como “ciencia independiente”.
Toda esta información debe ser analizada y no puede obviarse para decidir la utilización de esos agrotóxicos en Argentina. Es hora de que el SENASA tome nota y cumpla su rol en proteger a la sociedad argentina, y garantizar el derecho a la información y a la salud.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar: