Nota

#NiñasNoMadres: denuncia contra Manzur y otras autoridades políticas y sanitarias por tortura

Publicada

hace 5 años

09/04/2019

El Encuentro de Profesionales contra la Tortura denunció ante la Asociación Médica Mundial al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de esa provincia y de Jujuy, por impedir el acceso al aborto legal a niñas y “someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”. La abogada Verónica Heredia, integrante de la organización, precisó a lavaca los alcances de la demanda. Además, compartimos el reportaje completo sobre la trama antiderechos en Tucumán que cobró visibilidad tras la obstaculización al aborto a una niña de 11 años.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de la provincia, fueron denunciados ante la Asociación Médica Mundial, por “impedir el acceso al aborto legal a niñas y someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”. La demanda fue realizada por el Encuentro de Profesionales contra la Tortura.
Tal como contó MU en su edición de marzo (investigación que compartimos al final de esta nota), en Tucumán se desplegó una red antiderechos que obstaculizó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela. El objetivo de esa red fue dilatar la gestación bajo la premisa de “salvemos las dos vidas”. El resultado fue la tortura a una niña y la muerte de una beba de 600 gramos.
“Los profesionales aquí denunciados no solo no han cumplido con el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo sino que han obstaculizado el acceso de las menores al mismo, y sometiéndolas a una violencia institucional y mediática pocas veces vista violando su juramento médico, y avasallando sus derechos como menor”, puntualiza la denuncia, que también involucra a dos médicos jujeños por la obstaculización de la ILE a otra niña de 12 años violada. El EPCT (una organización compuesta por profesionales de la salud, del derecho y la psicología social, entre otros) subraya que más de 3000 niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres en Argentina, según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
Por su parte, en Tucumán, y según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), 137 niñas menores de 14 años fueron madres en 2018.
“Denunciamos al gobernador, en su calidad de médico, ya que dio la orden de que se continúen los procedimientos necesarios en procura de ‘salvar las dos vidas’”, precisa a lavaca la doctora Verónica Heredia, secretaria del EPCT: “Esta es la perversidad de utilizar la ley, los fallos y las observaciones de los organismos internacionales para decir lo que quiera de forma deliberada, porque es falsear el fallo FAL de la Corte Suprema, que en ningún momento habla de salvar las dos vidas. Entendemos que los hechos configuran tortura. El embarazo forzoso está previsto en el Estatuto de Roma como un delito de lesa humanidad. Pero el hecho en sí es el mismo: es obligar a llevar adelante un embarazo, en especial si son niñas, y sobre todo en Argentina, porque todo esto se hizo contrariando expresamente la ley y la jurisprudencia”.
A quiénes denuncian

La doctora Verónica Heredia, del Encuentro de Profesionales contra la Tortura.
La denuncia del EPCT por “falta ética grave en ejercicio de la profesión” alcanza a:

Juan Manzur, gobernador de Tucumán.
Gustavo Vigliocco, viceministro de Salud y responsable directo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Vigliocco fue uno de los principales responsables de la obstaculización de la ILE a la niña de 11 años. Tal como reveló MU, la abogada de la organización ANDHES, Florencia Vallino, contó que el funcionario le prometió a la familia de la niña construirles una casa si continuaban con el embarazo. Y sumó: “Vigliocco le tocaba la panza, le mostraba la ecografía, le hacía referencia al futuro de ese feto, le preguntaba quién lo iba a criar”. Vigliocco también dijo en una entrevista radial que Lucía podía continuar la gestación porque “es grande de contextura física”.
Roxana Chahla, ministra de Salud.
Elizabeth Ávila, directora del Hospital del Este Eva Perón, donde estuvo internada la niña.

La demanda involucra además a dos médicos de Jujuy, que obstaculizaron en enero la ILE a una niña de 12 años violada y con 23 semanas de gestación. Ellos son:

Gustavo Briones, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana, de San Salvador de Jujuy.
Marcelo Villa, director del Hospital Guillermo Paterson de la localidad de San Pedro.

La denuncia cita jurisprudencia internacional respecto a materia de aborto y menciona el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012) que establece que las personas tienen derecho a la ILE si el embarazo proviene de una violación o si representa un peligro para la vida o la salud de la mujer. Señala además que el Ministerio de Salud publicó en 2015 el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la ILE. Sin embargo, Tucumán es una de las provincias que no adhirió, y hasta se declaró “Provida” a seis días del debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado.
De todas formas, la denuncia precisa los lineamientos para acceder a la ILE:

No se necesita autorización judicial.
No se necesita denuncia policial o judicial.
Las víctimas deben recibir “en forma inmediata y expeditiva” asistencia adecuada.
Tienen el derecho a recibir información.
Tienen derecho a la privacidad y la confidencialidad.

Nada de eso ocurrió en Tucumán ni en Jujuy.
Por ese motivo, Heredia explica la causa de esta demanda: “La Asociación Médica Mundial es una organización internacional que representa a los médicos en el mundo, fundada en 1947, que tiene como misión asegurar la independencia de los médicos para servir según la conducta ética en todas sus intervenciones. Apuntamos directamente a quienes buscaron impedir el acceso a la ILE a las niñas, hechos que configuraron tortura al haberlas obligado a ser niñas madres. Ahora, la Asociación Médica Argentina tendrá que dar explicaciones a nivel internacional sobre el accionar de estos médicos”.
A continuación, compartimos el reportaje sobre Tucumán en la edición 133 de MU.
***
Donde no es cuento: la pesadilla tucumana
Cómo es la trama antiderechos de una provincia que se declaró “Provida” durante el debate en el Congreso y tiene a su gobernador como el principal defensor. Los datos que asustan. Pactos de silencios, funcionarios coimeros, médicos que no se callan y las adolescentes que fijan la agenda política que viene: “Ya no nos callamos más”. ▶ LUCAS PEDULLA
Hay una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela en un pueblo al borde de la frontera con Santiago del Estero que suplica: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Es decir que reclama la Interrupción Legal del Embarazo.
Hay un viceministro de Salud que le ofrece una casa si no se hace el aborto.
Hay una fiscal de homicidios que quiere un defensor oficial para el feto.
Hay una provincia que se declaró “Provida” a seis días del debate en el Senado, que en 2018 tuvo 137 niñas madres menores de 14 años, e intentó votar una ley para prohibir el aborto en casos de violación, pero no pudo.
Hay un gobernador, Juan Manzur, que encabezó las marchas antiderechos.
Hay médicos que tienen miedo de hablar por persecuciones laborales y políticas.
Hay agentes fiscales en los hospitales de madrugada.
Hay un arzobispo, Carlos Sánchez, que nombró uno por uno a los legisladores nacionales en un sermón para advertirles que voten en contra de la IVE, el mismo que difundió a través de un audio de WhatsApp el nombre verdadero de la niña de 11 años.
Hay dos profesionales de la salud que realizaron una microcesárea, cuando un hospital entero se declaró objetor de conciencia en el momento.
Hay una beba de 660 gramos que nació producto de ese embarazo forzado y murió.
Hay abogados antiderechos que denuncian a los médicos por homicidio.
El cuento de la criada tuvo una versión argentina este febrero.
No la escribió Margaret Atwood, sino 38 senadores que votaron por el aborto clandestino.
Tampoco es ficción ni la República de Gilead.
Es Tucumán.
Y arde.
Romper el silencio
El 31 de enero, la Red de Profesionales por la Vida y el Aborto Legal se enteró de que una niña de 11 años con un embarazo en curso producto de una violación había ingresado al Hospital Eva Perón, en San Miguel de Tucumán. Este tejido se creó en el NOA para brindar herramientas y -sobre todo- apoyo a las médicas y médicos en casos de ILE, en provincias en las que la trama antiderechos pisa fuerte a nivel político. MU habló con integrantes en la provincia, que pidieron reserva de identidad para evitar persecuciones, pero que ayudan a entender cómo funcionan los hilos de una trama perversa.
Los profesionales que trataron con la familia en un primer momento habían pensado que dadas las características del caso se iban a comunicar con ellos para iniciar el protocolo ILE. Sin embargo, lo que comunicaron las autoridades del hospital fue que los servicios de Salud Mental y Servicio Social no iban a intervenir. Lucía (así fue dada a conocer en los medios para proteger su identidad) había llegado a la Clínica de Atención Primaria de Salud (CAPS) de su pueblo, en la localidad de 7 de Abril, con 16 semanas de gestación. Los médicos de la red confirmaron a MU que en la capital le constataron un embarazo de 20,4 semanas. Pero la ministra de Salud Rossana Chalha, en conferencia de prensa, dijo 22,7. La red responde: “Es muy fácil de desmentir. Está en la historia clínica”.
La situación se presentaba extraña. “Nos preguntábamos quién era el que estaba decidiendo acá. ¿La niña? ¿La madre? ¿O el Estado?”. Los primeros en romper el pacto de silencio fueron los profesionales de Salud Mental. “Denunciaron que el director de Salud Mental de la provincia, Walter Sigler, un funcionario que no tiene especialidad de psiquiatría en niños, estaba haciendo entrevistas a la niña, mientras no dejaban intervenir a los equipos del hospital. Estábamos convencidos de que había un plan de dilación para llegar hasta donde se pudiera con el embarazo”.
Sigler fue el funcionario que en conferencia dijo que la niña había tenido “ideaciones” suicidas. Los médicos responden: “La ideación es cuando decís que a veces pensás en morirte. La nena había llegado con autolesiones. Y todos los médicos del hospital decían que lloraba todos los días”.
-¿Cómo es el diálogo interno entre médicos cuando pasa algo así?
-Nadie habla. Nadie quiere enterarse de nada. Hay mucho silencio. Mucha angustia. Y un aroma de que en cualquier momento puede explotar todo. Entre los que sabemos quiénes somos, tratamos de contactarnos. Te vas enterando de a puchos quién es un compañero, mientras hay jefes o ginecólogos que atienden con pañuelos celestes atados en la mano. Así todos los días.
La tortura estatal
Las organizaciones ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) se presentaron como amicus curiae para garantizar el derecho al aborto no punible de la niña. La abogada de ANDHES, Florencia Vallino, fue una de las profesionales que más cerca estuvo de la familia. En diálogo con MU sintetiza cuatro hechos fundamentales:

Desde que Lucía ingresó al sistema de salud y se le practicó una microcesárea, pasaron cuatro semanas, cuando había manifestado en reiteradas oportunidades (incluso en Cámara Gesell durante el proceso judicial) el deseo de interrumpir el embarazo.
Nunca se informó adecuadamente a la familia su derecho a acceder a la ILE.
Nunca intervino el equipo interdisciplinario para acompañar y contener a la niña.
Cuando la madre firmó el consentimiento de la ILE, le exigieron la aprobación del otro progenitor. Vallino: “Esto no es una exigencia legal”. Tampoco se le informó dónde lo tenía que presentar. Así estuvo dos semanas. Recién el 26 de febrero, luego de presentar una nota en la mesa de entradas del hospital exigiendo su derecho, la recibieron.

Vallino: “Manifestamos con total claridad que forzar a una niña a maternar constituye tortura. No es necesario que la justicia ordene al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) estas prácticas. Y los funcionarios siempre le transmitieron mucho miedo a la familia. Por ejemplo, le decían que podía perder el útero y que nunca más iba a poder maternar”.
-¿Quién fue?
–La familia señala en particular a una autoridad provincial: el viceministro Gustavo Vigliocco, responsable del Siprosa. Hay detalles: Vigliocco le tocaba la panza, le mostraba la ecografía, le hacía referencia al futuro de ese feto, le preguntaba quién lo iba a criar. Todo a una niña de 11 años.
Vigliocco fue el funcionario que dijo en una entrevista en Radio Con Vos: “La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero es grande de contextura: tiene más de 50 kilos”.
Vallino: “No imaginábamos estos niveles de perversidad ni la noción de una niña como incubadora”.
-¿Hubo algún ofrecimiento directo desde el Estado para evitar la ILE?
-La familia nos manifestó que Vigliocco, de manera directa, les propuso construirles una casa si decidían continuar el embarazo. Él tenía un contacto directo, y esto lo remarco a propósito: esto no pasa. Él es una autoridad del sistema público de salud. No sucede que las autoridades visiten a una niña víctima alojada en un hospital, que tiene su médico de cabecera. Pero Vigliocco iba. Y cuando finalmente la madre firmó el consentimiento, esas promesas se desvanecieron. Y él, de un día para otro, desapareció.
Ni Chalha ni Vigliocco quisieron hablar para este artículo. Ambos fueron denunciados (junto a la directora del Hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila, y la jefa del servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedementoe) por organizaciones feministas y de derechos humanos por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La fiscal Giannoni tampoco aceptó ser entrevistada.
Los hilos
MU dialogó en exclusiva con el director de la Obra Social de Prensa de Tucumán, José Gijena, y su esposa, la tocoginecóloga Cecilia Ousset, los dos profesionales que realizaron la microcesárea a Lucía. La entrevista completa puede leerse en lavaca.org (Cómo el estado tucumano torturó a una niña de 11 años), en la que cuentan el procedimiento al que los sometieron, las amenazas, y la censura a sus hijos en la escuela, hasta el punto de negarle la vacante a uno de ellos. Ambos, además, fueron denunciados por abogados antiderechos por homicidio.
¿Cómo se activan los mecanismos en una provincia que opera con esa violencia estatal? Los médicos de la Red dicen a MU: “Hay algo muy crudo: es una ruleta rusa. Es depende de a quién le toque primero saber que hay una niña o adolescente embarazada y de si esa persona es garante de derecho o no. Eso incrementa la vulnerabilidad de nuestra comunidad, porque así la ruleta se simplifica en ricos y pobres. Mucho más si, como Lucía, son niñas del interior sin acceso a nada. Es muy perverso. Estamos viendo los hilos de los que deciden quién es madre y quién no”.
Lo antiderecho es político
Soledad Deza es integrante de Católicas por el Derecho al Decidir, docente, investigadora y miembro del Comité Académico del Observatorio de Género y Diversidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), además de profesora de la Universidad de San Pablo (USPT) y presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres en Tucumán. También fue abogada de Belén, la joven que estuvo tres años presa por un aborto espontáneo, condenada por “homicidio agravado por el vínculo”. Recién en marzo de 2017, la Corte Suprema de la provincia resolvió por unanimidad dejar sin efecto esa injusta sentencia. Belén tuvo que irse a vivir al Conurbano bonaerense.
Hay un dato construido por Deza que ubica que lo que sucede en Tucumán no es producto del azar, sino de una regularidad específica: desde 1992 a 2012, en la provincia fueron criminalizados 534 abortos. El 97 por ciento de los casos tiene a la propia mujer como imputada. “¿Qué se le imputa? Aborto, aborto provocado, pero de 2008 en adelante el 25 por ciento de las causas fue aborto natural o espontáneo. Es decir, eventos obstétricos que no son delito, como Belén, que muestra un ánimo de criminalizar por fuera de lo habilitado por el Código Penal”.
Las organizaciones realizaron el 14 de enero un pedido a la Secretaría de Derechos Humanos para actualizar las cifras. “Nos interesa medir qué pasó después del fallo FAL y, sobre todo, cómo incidió el caso Belén. Un ejemplo: en febrero, en el Hospital San Pablo, llegó una chica de 18 años con un aborto en curso e intervino la fiscal Gianonni pidiendo restos de muestra. Eso no se puede hacer”.
-¿Qué eslabones de la máquina antiderechos visualizó el caso de Lucía?
-Evidenció un accionar antiderecho transversal dentro de los poderes del Estado. Lo grave es que vivimos en una provincia donde ese accionar antiderecho fue un accionar político destinado a impedir el acceso a un derecho. Y fue solapado: no tuvimos marchas, pero sí un nivel de incidencia mucho más peligroso destinado a convalidar la violación de los derechos de esta criatura. Es importante preguntarnos qué pasa en nuestra sociedad que los casos de niñas embarazadas se están detectando con la gestación tan avanzada, porque ahí tiene que haber un abandono estatal, una escuela o un sistema de salud que no las vio. O lo que es peor: una sociedad para la que está naturalizado una niña con una panza de 20 semanas. Me pregunto: ¿qué estamos validando?
-¿Qué similitudes encuentra en esa trama respecto a Belén?
-Es la misma maquinaria. Belén estuvo presa porque un equipo de salud, con una cosmovisión moral afín a ciertos dogmas religiosos, decidió que podía violar la ley para castigarla desde su lugar de poder. Luego, el Poder Judicial convalidó ese accionar. Es la misma maquinaria para castigar aquellas decisiones con las cuales no acuerdan moralmente. Y eso impugna o invalida cualquier tipo de democracia, a la vez que profundiza una enorme desigualdad: todas esas mujeres pertenecen a sectores populares. No solo hay falta de empatía, sino un ensañamiento que profundiza la desigualdad y convierte la maternidad en servicio público de mujeres pobres y con escasos recursos simbólicos y materiales, lo cual es doblemente malicioso por parte del Estado.
-¿Qué hipótesis puede trazar a partir de esa regularidad?
–Por un lado, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) dice que en 2018, en Tucumán, 137 niñas fueron madres con menos de 14 años: allí solo hay niñas pobres. Por otro, la doble moral: esas niñas son las mismas que no reciben Educación Sexual Integral (ESI) porque van a una escuela pública donde se sigue impartiendo educación religiosa; las mismas que no acceden a la anticoncepción gratuita porque Tucumán no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva; y las que paradójicamente terminan pagando el pacto patriarcal del Gobierno con los sectores fundamentalistas de iglesias católicas y evangélicas.
-¿Qué nos deja Lucía?
–Así como Belén logró sensibilizar y evidenció que podía ser cualquier chica, este caso conmovió aun a sectores que fueron históricamente antagónicos con el derecho al aborto. Es de una crueldad impactante, y me parece que finalmente inscribió que pretender a una niña de 11 años como madre es un deseo perverso. Pero lo que hay que subrayar es que detrás hay un movimiento de mujeres que inscribió estas violencias como imperdonables.
El movimiento
Frente al Sistema Provincial de Salud se paran tres jóvenes con pañuelo verde.
En cuestión de minutos serán 300, con aerosoles, banderas y dos pintadas que lo dicen todo: “ILE no es cesárea”y “Niñas, no madres”.
Camila (22), Carla (22) y Mariana (18) son las primeras en llegar. Dicen que están rabiosas. “Queremos que las autoridades que permitieron esta atrocidad sean removidas. Punto”. Sol y Florencia, ambas de 23, con purpurina en los ojos y en los cachetes, se suman: “Nosotras no nos escondemos. Nos insultan todo el tiempo, nos gritan asesinas, pero lo importante es seguir sumándose y no tener miedo. Es un orgullo llevar el pañuelo, y cuando vemos a otra persona que lo tiene, nos sentimos acompañadas. Es saber que, aun en esta provincia, con alguien podés contar”. Las cinco coinciden en un detalle esperanzador: “Generalmente somos las adolescentes”.
Las escucha María Rosa Castro, trabajadora en un instituto privado, 58 años. Su voz pone contexto y perspectiva: “Soy vecina, no estoy en ninguna organización, pero veo cómo las mujeres que en mi barrio abortaban cuando tenían 15 ó 16 años, hoy son las que llenan las calles antiderechos. Porque sus hijas también abortan. ¿Pero dónde? En sanatorios. Sabemos que las perjudicadas son las pobres que no tienen posibilidad de pagarlos. Y si quedan vivas, van presas. En cambio las otras salen vivas y vuelven tranquilas a sus casas con sus familias. Nosotras no luchamos por ‘las dos vidas’, luchamos por todas. ¿Sabés cuál es mi principal bronca? Que hablan de ‘provida’ mientras la criatura está dentro del vientre, pero cuando esa criatura sale y están en los semáforos violados, drogados o con hambre, los corren y los insultan y les meten un tiro por detrás de la cabeza. Eso es injusticia e hipocresía”.
La calle explota. Se nombra a cada uno de los funcionarios públicos tucumanos. Las jóvenes devuelven con un veredicto: “Torturadores”. ¿Qué significa ese grito en esta provincia? Florencia y Lucía, estudiantes de Teatro y Ciencias de la Comunicación, 24 y 20 años, responden: “Significa que no nos callamos más. Sentimos que frente al movimiento feminista no podemos quedarnos en silencio. Y aunque ahora seamos trescientas o menos de cien, estamos acá, cortando la calle, y que lo vean todos los medios nacionales: estamos poniendo el cuerpo, la voz, el aerosol. Todo”.
Ambas tienen un cartel que ata los cabos y sintetiza este cuento de terror: “El Estado es pedófilo”. No es ficción.
Es Tucumán. Y arde.

Temas:aborto legal

Bienvenida #Nieta129: “Es muy sanador saber la verdad”

Nitron y el Estado contra los vecinos: la actualidad envenenada en Villa Constitución

Nota

Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”

Publicada

hace 2 días

26/09/2024

El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.

Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche

Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”

Foto: Alejandra Bartoliche

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.

Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.

1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.

2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.

La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.

El por qué de la decisión se impone como pregunta.

La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.

No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.

Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.

Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.

Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.

Foto: Alejandra Bartoliche

El contexto

Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).

La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.

Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.

Viaje al corazón mapuche

El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Foto: Alejandra Bartoliche

El comienzo del juicio oral

En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.

La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.

Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.

¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.

Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.

Mu 176: Marici wew

Seguir leyendo

Nota

Córdoba en catástrofe: el presupuesto nacional incendiado y lo que plantea la comunidad para defenderse

Publicada

hace 6 días

23/09/2024

Nueva jornada de incendios en Córdoba mientras el gobierno nacional alardea de su rechazo a la agenda contra la crisis climática y la ministra Bullrich le manda whatsapps a una periodista afectada. El presupuesto incendiado: de enero a julio de este año se registraron 1.425 incendios forestales en todo el país, 764 más que en el mismo período de 2023. Sin embargo, el presupuesto nacional para enfrentar estos desastres es un 43,8% menor al del año pasado. La situación actual, los reclamos para que Nación al menos abandone la indiferencia frente al desastre y la contracara: las sugerencias de brigadistas forestales que plantean cuidarse de la “infoxicación” y “conectar con la grupalidad comunitaria para accionar en tareas o actividades colaborativas que surgen de la necesidad colectiva”.

Por Bernardina Rosini, desde Córdoba

Es lunes y la actividad se reinicia para la mayoría de los habitantes en Córdoba Capital como si la provincia no estuviera asomada el infierno. Como si kilómetros más allá los vecinos de las localidades de Villa Berna, San Esteban, Los Cocos, Capilla del Monte y demás pueblos aledaños no estuvieran rogando que el fuego ceda y pueda ser aplacado.

Que el viento sur se mantenga, que baje la temperatura. Y quienes ejercitan más la fe ruegan para que alguna lluvia sorprenda.

Es el sexto día de este dragón de fuego en el territorio cordobés. En este momento se contabilizan cuatro focos activos: San Marcos Sierras, Villa Berna, Chancaní y Ascochinga.

El incendio que se inició el miércoles 18 en San Esteban y que luego llegó a Capilla del Monte, ahora está anclado en el margen norte del Río La Granja y los esfuerzos se concentran en proteger esta localidad. Por ahora el fuego no avanza hacia zonas pobladas gracias a los esfuerzos de brigadistas y bomberos.

16.000 hectáreas quemadas

Este lunes en Ascochinga y La Granja no hay clases “por salud y seguridad de la comunidad educativa pero también para dar prioridad de tránsito de vehículos de emergencia por las rutas” informaron autoridades locales. El intendente de la municipalidad de Córdoba Daniel Passerini instruyó al gabinete municipal para que se ponga a disposición del Ministerio de Seguridad y quienes dirigen el operativo de lucha contra el fuego. “Desde el Municipio se han enviado varios camiones cisterna de apoyo logístico, mientras que a través del Ente Municipal BioCórdoba se concretó el traslado de profesionales para el resguardo y atención de animales de las zonas afectadas, con equipos y medicamentos” anuncian los canales oficiales de la capital.

El panorama es trágico: al domingo se contabilizan 16.000 hectáreas quemadas a pesar de los 700 bomberos y bomberas movilizados, la acción de las brigadas forestales, los 7 aviones hidrantes y los 6 helicópteros que actúan sin descanso.

En las declaraciones del fin de semana el gobernador Martín Llaryora –sin dar mayores detalles– mencionó el “apoyo de aeronaves y pilotos provenientes de la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero”. Chubut anunció que 32 miembros de la Brigada Nacional Sur de Las Golondrinas partieron desde esa localidad para sumarse a la lucha contra el fuego en la provincia mediterránea.

No hay pacto para el futuro

Por otra parte, el silencio del gobierno nacional se quebró con las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que desde Estados Unidos y mediante un audio de whatsapp enviado a la periodista Mercedes Ninci expresó: “El fuego está fuerte y estamos haciendo todo lo posible”. Y completó: “Lo que sucede es que tenemos el pasto muy seco que se convierte en basura y eso se quema y genera chispas muy grandes, enormes. Y hay viento y mucho calor” sintetizando el reporte de situación en la mención de estos componentes y dirigiéndose no a la ciudadanía sino a una periodista afectada.

En cuanto al presidente Javier Milei, se prepara para hablar este martes 24 en la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo la canciller cordobesa Diana Mondino anticipó la posición argentina y confirmó que el país no firmará el denominado Pacto por el Futuro 2045, que se trata de la continuidad cronológica de la Agenda 2030 para el Desarrollo planteada por las Naciones Unidas.

La extensión al año 2045 de las líneas maestras en seguridad, cambio climático y derechos humanos logró la adhesión de la mayoría de los 193 Estados miembro de la ONU, entre ellos EEUU, Brasil, India, Israel y la Unión Europea y la Argentina está en el reducido grupo de países que rechazaron el proyecto, junto a Irán, El Salvador, Venezuela y Corea del Norte.

El gobierno nacional ratifica su descreimiento sobre la agenda climática ante la comunidad internacional mientras la provincia de Córdoba arde por quinto año consecutivo y más de 150 organizaciones civiles se movilizan por la declaración de emergencia nacional bajo el lema #FuegoCero “ante la catástrofe de dimensiones históricas y daños irreparables por los incendios, sumados a las condiciones intensificadas por el cambio climático, consideramos que se debe solicitar mayor colaboración de la Nación” según señala el comunicado de la organización.

Derogaciones y confusiones

En el marco de los incendios, fueron publicados varios análisis de las normativas ambientales y del manejo del fuego, sin embargo es importante aclarar que la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815/12 y su modificatoria N° 27.604/20) no fue derogada ni por el mega DNU ni por la Ley Bases. Si bien la derogación estaba contemplada en la primera versión del proyecto de ley, no logró pasar por el Congreso.

En cuanto a la segunda versión de la Ley Bases, se excluyó todo el capítulo ambiental debido a que todos los dictámenes en disidencia o minoría de la primera versión rechazaban las derogaciones o modificaciones de las regulaciones ambientales.

Con respecto al fideicomiso para la administración del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, tampoco fue eliminado, de hecho el pasado 13 de septiembre fue publicado en el Boletín Oficial que la “Subsecretaría de Ambiente será la autoridad de aplicación del Fideicomiso Financiero y de Administración para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, cuyo Comité Ejecutivo estará integrado por el Vicejefe de Gabinete del Interior, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y el Secretario de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Incendiando el territorio y el presupuesto

Mientras los incendios continúan arrasando el territorio cordobés, los números evidencian una cruda realidad: la falta de recursos destinados a prevenir y combatir estas catástrofes es alarmante.

De enero a julio de este año se registraron 1.425 incendios forestales en todo el país, 764 más que en el mismo período de 2023. Sin embargo, el presupuesto nacional para enfrentar estos desastres es un 43,8% menor al del año pasado. El ajuste a las partidas de Manejo del Fuego y Servicio Nacional de Manejo del Fuego se tradujo en una drástica reducción de las horas de vuelo previstas para las tareas de control y combate del fuego, pasando de 5.100 a 3.100 horas, en base a previsiones meteorológicas optimistas que no contemplan la realidad local.

Pero si las partidas son reflejo del ajuste, la ejecución del presupuesto asignado al manejo del fuego es reflejo de la indiferencia oficial. Durante el primer semestre de 2024, solo se ejecutó el 26,7% de los recursos destinados a esta área, muy lejos del 78% registrado en el mismo período de 2023. Los costos de la inacción se miden en vidas, biodiversidad y comunidades devastadas. El Estado es responsable.

La contracara: el cuidado

Se abrazan en ronda, se agradecen y se animan en grupo: “¡Hoy le vamos a dar, vamos que hoy lo cerramos!”. Las jornadas son extenuantes.

No olvidan la importancia de mantenerse en contacto, pero en el sentido profundo de la palabra. La brigada forestal de La Granja comparte en sus redes recomendaciones para el cuidado de la salud mental y emocional ante la cercanía del fuego:

ESTAR CERCA. ¿De quién? Primero de nosotros mismos, de nuestras sensaciones, sentimientos, pensamientos y emociones. Y estar cerca de otras personas, acudir a nuestras redes de sostén y vínculos (familiares y/o comunitarios) No quedarse en la emoción individual sino intentar encontrarnos y compartir!
OBSERVAR Y CHEQUEAR a las infancias, adolescencias y también a personas mayores. Para contener y acompañar. Preguntarnos y preguntar ¿Cómo estamos? ¿Qué necesitamos?
Recordar que no somos héroes ni heroínas por lo que no es necesario forzar fortaleza y SÍ ES NECESARIO abrazar y abrazarnos en la sensibilidad.
Cuidar y cuidarnos de “INFOXICACION” (exceso de información) Informarse sí, desde fuentes seguras. Evitar la sobre exposición a; * Imágenes, sobre todo en redes sociales (que tienen un fuerte impacto emocional) *Mensajes confusos (que puedan generar o aumentar la angustia).
PRESTAR ATENCIÓN cuidando de no entrar en desesperación. Conectar con la GRUPALIDAD COMUNITARIA para accionar en tareas o actividades COLABORATIVAS que surgen de la necesidad colectiva ante la situación presente.

Seguir leyendo

Nota

Incendios en Córdoba: zona de catástrofe

Publicada

hace 7 días

22/09/2024

La provincia se encuentra en “estado de alerta ambiental” y varias localidades ya fueron catalogadas como “zona de catástrofe” ante la multiplicación de focos de incendio: al menos 12 mil hectáreas en el departamento de Calamuchita y otras 4 mil de la reserva natural de La Calera fueron consumidas por el fuego. Apenas dos dimensiones de lo que se muere cuando avanza la especulación, la desidia, el modelo extractivo y el cambio climático, y se retira el Estado. Qué está pasando en Córdoba como un microclima de la región, que registra la mayor cantidad de focos de incendio desde hace 26 años.

Por Bernardina Rossini desde Córdoba. Fotos y videos de @brigadachiviquin

Córdoba arde. Se suceden las escenas de espanto; le siguen paisajes de desolación, y cifras de aquellas pérdidas que habilitan el recuento: ¿qué se pierde? Y la pregunta: ¿qué está pasando? Villa Berna, Intiyaco y Los Cocos son las localidades donde bomberos y brigadistas trabajan intensamente en este momento, midiendo el comportamiento del viento, sin pronóstico de lluvia a la vista.

Incendios en Córdoba: zona de catástrofe — La postal de las sierras: humo de día, fuego de noche.

El recuento

El fuego que devora la zona de Capilla del Monte comenzó el miércoles 18 en el pueblo vecino de San Esteban; trepó implacable por el cerro Las Gemelas y, “durante la madrugada del viernes descendió agresivamente hacia Capilla del Monte”, según describió Fabricio Díaz, intendente de la localidad, tras haberse evacuado con su familia, al igual que otras 60 personas.

Este relato corresponde a uno de los tantos focos activos a la fecha, pero la ola de fuegos comenzó mucho antes: el 2 de septiembre, en Villa Yacanto, departamento de Calamuchita, se desató un incendio que en 48 horas recorrió 86 kilómetros, consumió 12.600 hectáreas y dejó a su paso más de 20 viviendas afectadas. Simultáneamente hubo 14 focos más en distintos puntos de la provincia. Apenas tres días después, el jueves 5, otro incendio arrasó con un tercio de la reserva natural militar de La Calera: 4 mil hectáreas de monte nativo preservado.

El gobernador Martín Llaryora se presentó en la zona afectada del norte de Punilla junto con el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Allí anunció la declaración de “zona de catástrofe” y que el gobierno provincial será querellante en la investigación que busca determinar las causas del fuego. Al unísono con el ministro de Seguridad Quinteros, hablaron de “todo el peso de la ley” para quienes provocan los incendios y a la necesidad de “revisión de las escalas penales existentes”. Quinteros añadió que “el 99% de los incendios forestales son ocasionados por el hombre”, un mantra repetido ante cada emergencia ígnea.

Esta postura política parece estar centrada en mantener la narrativa de los incendios forestales como un problema de seguridad, aislándola de la problemática ambiental.

iMÁGENES TOMADAS DESDE LA RUTA, EN LA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE CALAMUCHITA, UNA DE LAS MÁS AFECTADAS.

La negación

El 24 de mayo pasado el gobierno de Córdoba declaró el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios hasta el 31 de diciembre, prohibiendo el encendido de cualquier tipo de fuego y toda actividad que pueda iniciar incendios en tierras públicas de la Provincia. Esta resolución advierte que, durante otoño e invierno, la sequía se agrava con heladas tempranas y olas de calor recurrentes, afectando especialmente a las zonas serranas y agro-ganaderas.

A pesar del estado de alerta declarado, se investiga la responsabilidad de las fuerzas armadas en el incendio de la reserva de La Calera de quienes se presume negligencia ya que habrían realizado prácticas de tiro en un lugar de alto riesgo de incendio, incluso habiendo sido advertidos tan solo unos días antes: “Fuimos a evaluar el lugar y les dijimos: ‘Saquen los blancos de acá y tiren en otro lado porque van a hacer cagada’. Dos días después se incendió todo el sector. Fueron negligentes”, contó un bombero a medios locales.

A pesar del reconocimiento de inicios de fuego accidentales o negligentes, no se puede obviar que los incendios forestales son una consecuencia directa de la convergencia de factores como la sequía extrema, las altas temperaturas exacerbadas por el cambio climático y la mencionada intervención del ser humano que implica un arco que va desde la negligencia, quemas ilegales, a la falta de planificación territorial y la especulación inmobiliaria.

En este contexto, resulta paradójico que hace apenas dos semanas y en medio de la racha incendiaria, el gobernador presentó la creación del Gabinete Provincial de Cambio Climático, un órgano liderado por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, que tiene como función principal desarrollar e implementar el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático (PPRCC). Sin embargo el flamante gabinete no emitió ningún comunicado ni ha mostrado gestión alguna frente a una situación reconocida como catastrófica. Tampoco la ministra de Ambiente Victoria Flores visitó las zonas afectadas, evidenciando la falta de articulación entre las políticas ambientales y la realidad de la provincia.

El alto de las llamas, alimentado por la sequía. Un informe provincial había previsto que esto sucedería, pero no se tomaron medidas.

Incendios récord

Córdoba se inscribe en una problemática regional: los incendios que estuvieron afectando desde la selva amazónica en Brasil hasta los bosques secos de Bolivia las últimas semanas, establecieron un nuevo récord anual para la región. Según datos de satélite analizados por la agencia brasileña de investigación espacial Inpe, se registraron 346.112 focos de incendio en lo que va de año en Sudamérica, superando el récord de 2007 de 345.322 focos, registro de datos que se remonta a 1998. Es decir, la mayor cifra en 26 años.

Las predicciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente no son alentadoras: anticipan que los incendios extremos podrían aumentar hasta un 14% para 2030, un 30% para 2050 y un 50% para fines de siglo y no sólo se espera mayor nivel de ocurrencia sino de mayores magnitudes. Según el informe “Propagándose como un incendio forestal: la creciente amenaza de incendios excepcionales en paisajes” el factor clave en la intensidad de los incendios forestales es la temperatura de la superficie. Dice: “Al intensificar su principal factor impulsor, el calor, el cambio climático causado por el hombre aumenta los incendios forestales. Por tanto, el calor del cambio climático seca la vegetación y acelera la quema”.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, dependiente del Ministerio de Ambiente de la provincia, publicó en julio su segundo informe en el año, llamado “Áreas afectadas por incendios forestales”. Allí anticipa que para los meses de agosto y septiembre “se espera un contexto mayormente seco en todo el territorio provincial”. Este contexto, a pesar de ser alertado con meses de antelación, no parece haber ayudado: los ecosistemas arden y las comunidades afectadas se enfrentan a un escenario devastador, sin un plan de contingencia visible que ofrezca alguna esperanza de control, mitigación o recuperación.

Movilizaciones en la paz, bolivia, para visibilizar el tema de los incendios y reclamar medidas urgentes: la voz de una joven que se viralizó en redes.

Hace una semana cientos de personas se manifestaron en La Paz, Bolivia, para exigir medidas contra los incendios, portando pancartas que decían “Bolivia en llamas” y “Bolivia se nos quema, es hora de actuar”. “Por favor, dense cuenta de lo que está pasando en el país, hemos perdido millones de hectáreas” lloraba una mujer mirando a cámara “millones de animales han muerto quemados”. El dolor y los ruegos de los afectados son comunes.

Córdoba arde como un microcosmos de una problemática que ya no es distante ni ajena.

El fuego se extiende.

Y la combinación de sequías extremas, políticas ambientales insuficientes y recortes presupuestarios no parecen augurar un futuro mejor.