Nota
Esquel: espionaje de organismos de inteligencia contra vecinos y Ley Antiterrorista contra los mapuche
Un grupo de vecinos y vecinas de Esquel, Chubut, fueron espiados y fichados por organismos de inteligencia de nivel nacional en el marco de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la multinacional Benetton. Por ese conflicto territorial, el poder judicial local intenta aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuche, por primera vez en la provincia.
Un grupo de 22 vecinos y vecinas de Esquel, Chubut, fueron espiados y fichados por organismos de inteligencia de nivel nacional en el marco de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la multinacional Benetton. Por ese conflicto territorial, el poder judicial local intenta aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuche, por primera vez en la provincia.
En el trámite de la causa Mapuche/Benetton, el defensor público Fernando Radziwilowski descubrió un archivo digitalizado con nombres, fotos y actividades reales o supuestas, de 22 personas, según confirmó a lavaca.org. La mayoría de los fichados participa de la Asamblea No a la Mina de Esquel que se moviliza para frenar los proyectos mineros en la región, lo que incluyó un plebiscito en 2003 en el que el 82% de los ciudadanos se pronunciaron contra la megaminería a cielo abierto.
La gama de espiados es amplia, y abarca entre otros a docentes, médicos, comerciantes, empleados públicos, abogados, periodistas de televisión y radio, y miembros de la comunidad mapuche.
El propio Ministerio Público Fiscal reconoció haber recibido esas fichas, aportadas por un agente cuyo nombre tienen prohibido dar a conocer por la Ley 25.520 de Inteligencia (que impide revelar datos de los espías). El fiscal Fernando Rivarola admitió sobre el fantasmal informante: “La persona es integrante de un organismo nacional tiene una protección legal especial para la reserva de su identidad y también del contenido de la información que ha suministrado”.
De todas formas el MPF denuncio la situación y solicitó ser liberado de esa obligación de silencio para dar a conocer quiénes están espiando a la comunidad.
Otro dato: el MPF asumió esta actitud recién al estallar el escándalo, y no en los tres meses, desde el 28 de mayo, durante los que esas fichas estuvieron en su poder. Ahora, el fiscal Rivarola ha reconocido que el hecho, “a la luz de los derechos constitucionales se presenta como vejatorio, de los más sagrados derechos constitucionales como son la libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades básicas que tenemos los ciudadanos”.
Archivo “Activistas Antimineros”
La situación empezó a explotar cuando la dio a conocer el defensor público Fernando Radziwilowski, en medio de una audiencia en la causa por “usurpación” que la multinacional Benetton (que posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia). Benetton había iniciado juicio contra la comunidad mapuche que reclama sus tierras ancestrales. Radziwilowski defiende a los mapuche, y en la audiencia del viernes pasado planteó al juez Martín Zacchino su preocupación por el “tono persecutorio” de esos informes que encontró en el expediente, con identificaciones por actividad y militancia social y política a periodistas y vecinos de Esquel.
Explica Radziwilowski a lavaca.org: “Por la causa contra los mapuches estaba buscando algunos elementos en el expediente dentro de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal cuando, el mismo día de la audiencia, veo un archivo digitalizado, un word, que decía: ‘Activistas Antimineros’”.
El doble click sobre el archivo hizo aparecer en pantalla 22 fichas con fotos y descripciones de las personas investigadas por su oposición a la minería con apreciaciones absurdas y discriminatorias en la mayoría de los casos.
La persona
Varias de las fichas corresponden a integrantes de la radio comunitaria FM Kalewche, pero la “información” anexada en todos los casos es llamativa. Por ejemplo, aparece Adolfo Alarcón, periodista de Canal 4 de Esquel, bajo la definición: “Permanentemente realiza juicios de valor sobre la actividad, los funcionarios y las fuerzas”. La “actividad” es la minería, las “fuerzas” son las de seguridad.
También se nombra a Humberto Kadomoto, histórico en la asamblea: “Gran activista del NO A LA MINA y crítico del gobierno”. Corina Milán, docente: “Toma decisiones y se involucra en las recaudaciones y gastos de la asamblea”. Ortiz Luaguita: “Docente. Baja línea del NO A LA MINA a sus alumnos”. Aparecen el abogado y librero Gustavo Macayo, los periodistas Pablo Galperìn y Pablo Quintana, el empleado público Alejandro Corbeletto. Otro de los perfiles es el de Moira Millán, activista mapuche, organizadora de la primera Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, a quien acusan de participar en un documental financiado por una ONG opuesta a Benetton, “que hasta habrían pagado en festivales para que sea premiado y así más difundido en el mundo”.
La psicosis recorre así todo el informe de ese submundo curiosamente llamado de la “inteligencia”.
Las fichas, rápidamente, se viralizaron por las redes sociales. Ante tal explosión, el Ministerio Público Fiscal (MPF) habló a través de los fiscales generales Fernando Rivarola y Fernanda Révori. “Confirmamos fehacientemente que no es un documento elaborado y requerido por el MPF”, expresó Rivarola, quien agregó que la información fue aportada “espontáneamente por una persona”
Caos y control
Las preguntas fueron obvias: ¿quién es esa “persona”? Rivarola: “No podemos brindar desde el MPF los datos concretos de esta persona que en su momento fue atendida por dos fiscales el pasado 28 de mayo de este año y aportó la información en formato digital y se volcó en una computadora”.
¿Por qué no se puede brindar información sobre esa “persona”? Los fiscales agregaron que el Ministerio estaba impedido por la ley de inteligencia nacional: “La persona es integrante de un organismo nacional y tiene protección legal especial para la reserva de su identidad y también del contenido de la información que suministrado”.
El fiscal Rivarola calificó el informe como “repudiable” y “vejatorio, de los más sagrados derechos constitucionales como son la libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades básicas que tenemos los ciudadanos”. Cabe considerarlo, entre otras cosas, como violación a la libertad de expresión tanto de los periodistas como de los vecinos y vecinas que no lo son, como abuso de poder, como ataque directo a los derechos humanos, como coacción, como discriminación
Aseguró el fiscal que el MPF “iniciará acciones legales correspondientes para colaborar con los vecinos afectados”. En ese sentido, ambos funcionarios, junto a la fiscal María Bottini, se presentaron este lunes en el Juzgado Federal de Esquel para formalizar una denuncia por espionaje ilegal.
El agente está filmado
También habló el procurador general Jorge Miquelarena, que afirmó que pedirá que releve al MPF de mantener el secreto sobre la identidad del agente que presentó las fichas. “No tenemos absolutamente ningún tipo de problema en revelar la fuente de la persona que nos trajo la información, en la medida que seamos relevados del secreto que impone la ley 25.520”, declaró al Diario Jornada, donde agregó que la información fue copiada “desde un CD o un pen drive a la computadora de uno de los fiscales”, pero que no fue evaluada por cuestiones de tiempo. Un archivo que decía “Activistas Antimineros” no fue estudiado ni causó extrañeza a los fiscales durante tres meses.
Miquelarena sobre el agente: “Es una persona que fue más de una vez a la Fiscalía hasta que lo atendieron, y manifestó tener cierta información que podía ser de interés para la investigación, y así fue como la copia en la computadora de uno de los fiscales y se fue; esta entrevista está filmada, no tenemos absolutamente ningún problema en revelar la fuente de la persona que nos trajo la información, en la medida que seamos relevados del secreto que nos impone la ley 25.520”.
Racismo
Pablo Galperín, de la radio comunitaria FM Kalewche, uno de los fichados, dice a lavaca: “Los fiscales dicen que ellos no habían visto ni procesado la información. O sea, desde el 28 de mayo, esa información, que es ilegal porque viola garantías y derechos, quedó en un legajo fiscal. Y dicen que no sabían que estaba ahí. Difícil de creer”.
¿Cómo evaluar la explicación de la fiscalía? “No explicaron quién elaboró esas fichas ni para qué. Además las información es absurda: a una persona la definen como ‘hijo de chilenos’. Una mentalidad discriminatoria, racista”.
Proteger lo ilegal
Humberto Kadomoto, otro de los asabambleístas, otro de los fichados, recuerda que esa historia es larga: “En Esquel, durante 2003, hubo una serie de vecinos amenazados, otros espiados por teléfono, marcados, y en todos esos casos, el común denominador es que la Fiscalía nunca actuó en consecuencia luego de nuestras denuncias. Luego, en 2014, detectamos una persona que se hacía pasar por docente. Iba siempre con las cámaras, quería colaborar en hacer un video de la asamblea. Descubrimos que no era cierto que fuera empleado provincial. De repente, desapareció”
Sobre el accionar de la fiscalía, sostiene Kadomoto: “Fue una aberración. En la conferencia no se despegaron de nada. Cometieron un error dentro de la ignorancia: dicen que recibieron una información sobre la causa, ¡pero esa información es ilegal! Y dicen que la guardaron. Es una estupidez. Como funcionarios públicos y como fiscales estaban obligados a denunciarlo: lo deberían haber hecho en el momento, el 28 de mayo, pero lo que hicieron fue proteger en la práctica a la gente que les llevó la información ilegal”.
¿Mapuches terroristas?
El marco donde se produjeron estas tareas de inteligencia es una causa que Benetton inició contra las comunidades mapuches. El 13 de marzo de este año unas treinta personas de diversos pueblos ingresaron a la estancia Leleque (una de las cuatro que la multinacional Benetton tiene en Argentina: tres en la Patagonia, una en la provincia de Buenos Aires) para iniciar una recuperación territorial de sus tierras ancestrales. No era la primera vez: en 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque enfrentó intentos de desalojos y causas judiciales tras ingresar a su territorio ancestral, derecho reconocido por leyes argentinas y tratados internacionales.
El Estado, finalmente, reconoció ese derecho en el marco de la ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160). “La única manera de frenar al poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”, afirmaron este año las comunidades en un comunicado, firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cuschamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP). “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”.
Benetton contraatacó. La Compañía de Tierras del Sud Argentina (propiedad desde 1991 de la corporación textil nacida en Italia, que concentra casi un millón de hectáreas en toda la Patagonia) impulsó una denuncia por “usurpación” contra las comunidades, que realizaron una conferencia de prensa para explicar el conflicto. Hubo cinco imputados: los cuatro que hablaron en conferencia y una quinta persona (Martinano Jones Huala) que es quien se presentó en la causa judicial.
En abril de este año realizaron un corte de ruta a la altura de la recuperación. “La policía reprimió con armas reglamentarias y bala de plomo”, señaló a lavaca el defensor público Fernando Radziwilowski. “Se citó a todos los cinco imputados, pero al único que se notificó fehacientemente es a Martiniano”. Además de usurpación le presentaron otros cargos: hurtos, coacción agravada y daño de producción.
Radziwilowski: “El 2 de julio el juez Martín Zacchino nos notifica que declina su competencia en razón que el Ministerio Público Fiscal (a través de los mismos fiscales Rivarola, Révori y Bottini) le plantea, y él hace lugar, a que se estaba ante actos de terrorismo, por lo que traslada la causa al juzgado federal de Esquel”.
Pasando en limpio: “El MPF pidió concretamente la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los mapuche, que tiene dos efectos: uno es adjudicar la competencia a la justicia federal, y otro es que, en caso de condena, la pena se duplica. El juzgado federal, con mucha más consistencia, explicó qué cosa es el terrorismo realmente, no compartió el criterio de Zachino, y le devolvió la causa. Pero Zachino mantuvo su criterio: la actitud mapuche es terrorismo. Entonces, como es un conflicto de competencia, lo manda a la Corte Suprema de la Nación. Así estamos en este momento”.
La ley contra los derechos
Este momento es crucial, y Radziwilowski advierte la magnitud: es la primera vez que se aplica la ley antiterrorista en Chubut. “Y se aplica en una causa donde los imputados son mapuches”, subraya. El juez federal Guido Otranto, que rechazó el pedido de Zacchino, especificó que “para decidir de ese modo (previa solitud del MPF) el magistrado sostuvo que se encuentran comprometidos los intereses de la Nación, porque el reclamo territorial no sólo afecta a una porción de la Provincia de Chubut, sino que además abarca otros sectores del territorio nacional e incluso extranjero”.
Otranto entendió que los hechos imputados “no tienen punto de comparación con la gravedad y entidad de los actos que -según lo que se ha expuesto- constituyen actos de terrorismo”. O sea, el juez que debería juzgar, considera que no existe el delito que el señor Zacchino sí considera que existe.
¿Cómo entender el tema? Las modificaciones a la Ley Antiterrorista fueron sancionadas en 2011 para cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el argumento de evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional. Tras las críticas de diversos organismos de derechos humanos, asociaciones civil y personalidades del derecho como el juez Raúl Zaffaroni, se incorporó un párrafo a las modificaciones que expresa que “las agravantes previstas” no se aplicarán:
“cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Además, estableció que la competencia será exclusiva de los jueces federales, para que ese poder no recaiga sobre las justicias provinciales. En este caso, se reitera, el juzgado federal es el que plantea que no existe tal delito.
En medio de este intento de aplicación de la Ley Antiterrorista es cuando en mayo se presenta el fantasmal agente, la “persona”, para suministrar información. Así las 22 fichas pasaron a engrosar el expediente mapuche.
Corporaciones, medios y gente
El sábado se realizó una asamblea en Esquel para discutir próximas movilizaciones. Galperín no pierde de vista la lectura política de estos acontecimientos: “El eje o denominador común en las fichas es la participación o la cercanía de las personas al movimiento No a la Mina. Más allá del proceso, está la cuestión minera. Es tan grave y tan complejo que estamos evaluando acciones legales. En cuanto al posicionamiento público, la asamblea decidió marchar este miércoles al Ministerio Público Fiscal y ahí se va a expresar públicamente nuestra denuncia y reclamo. Si bien está la investigación por la reparación mapuche de los Benetton, por otro lado está la cuestión minera que, en el fondo, expresa lo mismo: persecución y judicialización de vecinos o ciudadanos que defendemos las tierras y los recursos naturales frente a las corporaciones, las mineras o los Benetton. Allí metida está la complicidad de muchos medios que alimentan las versiones, y hablan de vecinos violentos y comunidades terroristas. Es parte de la misma discusión: lo que amenaza al poder es la participación de los vecinos. Y esta es una manera de amedrentar, segmentar las luchas, fracturar los colectivos y meter miedo”.
Kadomoto: “Lo fundamental está en otro lado. No nos vamos a dejar asustar por esto: salimos todos los días por los mismos lugares, los vecinos nos ven siempre. La inteligencia no me interesa tanto como las mineras: los pesados acá siempre fueron ellos, como cuando golpearon a la gente de Rawson en la Legislatura con las patotas de la Uocra. Simplemente es una cuestión más que resolveremos en una asamblea, en varias o en un montón. Pero vamos a seguir: esto nos tiene que animar a seguir. Siempre decimos que lo importante de las asambleas y marchas es ver la cantidad de chicos que hay, que se suman”. Este miércoles y el viernes la sociedad volverá a movilizarse ante una amenaza a las comunidades que acaso vaya mucho más allá de lo que ocurre en Esquel.
Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Nota
S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo
Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.
Por Francisco Pandolfi
Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan.
Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.
La salud de quienes cuidan la salud
Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020:
–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.
–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.
–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá.
Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil).
Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.
La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.
El sueldo más bajo de la historia
Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos.
Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”.
Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.
Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”.
Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.
Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.
El éxodo de trabajadores
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”.
Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.
Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”.
Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”.
Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”.
Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.
El ministro que nunca pisó el hospital
El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.
Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.
A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.
La resistencia
Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.
Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego.
Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.
Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.
Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.
Nota
Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial
La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.
Por Francisco Pandolfi
En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política.
Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.
No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Arrasa-miento
Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.
El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.
El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Jenefes, el patrón
De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.
Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Una peli de terror
El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.
Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.
Un puñado de kollas
La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.
La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”.
Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
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