El experimento nacional con el RIGI y la Ley Bases tuvo una escala previa en Jujuy. La mirada hoy sobre lo que ocurrió hace un año con el trasfondo previsible: abuso de la violencia, de la trampa política, de las facultades delegadas al Ejecutivo y de la voracidad para el remate de bienes comunes y recursos naturales. Por Francisco Pandolfi

Junio de 2023 quedará guardado en la memoria y en las retinas de todas y todos los jujeños.

Se aprobó una reforma constitucional de manera exprés y a espaldas del pueblo.

El pueblo salió a la calle a reclamar al gobierno.

El gobierno lo reprimió ferozmente.

Alicia Chalabe, abogada que asesora a las comunidades originarias de Salinas Grandes, epicentro donde las multinacionales y los gobiernos se relamen para la extracción del litio, recuerda el fondo de la cuestión: “La reforma incorporó artículos de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura donde el oficialismo jujeño tiene mayoría, como la regulación del agua, la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no. La regulación de los bienes naturales queda sujeta a lo que disponga la provincia. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el país”.

Noche de corte de ruta en Jujuy. La pueblada que salió a responderle al gobierno de la prepotencia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Las comunidades originarias, uno de los sectores más damnificados con la enmienda de la carta magna provincial, gestó el Tercer Malón de la Paz, que primero caminó desde la localidad de Abra Pampa hasta San Salvador de Jujuy, para intentar frenar la reforma. Al no ser escuchados y ser recibidos a los tiros, viajaron a Buenos Aires para visibilizar la situación ante el gobierno nacional. Llegaron el 1º de agosto, Día de la Pachamama, y se fueron el 16 de diciembre.

Acamparon 137 días frente a la Corte Suprema de Justicia. Exigieron tres puntos:

1) Que la Corte se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución.

2) Solicitar al Ejecutivo y al Congreso de la Nación la intervención de Jujuy.

3) Que el Poder Legislativo elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

El Malón de la Paz en Buenos Aires. No los recibió la Corte, los ignoraron, volvieron a cada territorio para resistir cara a cara con el extractivismo.

Hicieron huelga de hambre, se encadenaron al Palacio Judicial y al Congreso; realizaron decenas de movilizaciones; tuvieron una reunión con el entonces presidente Alberto Fernández y con un puñado de legisladores que, en concreto, no sirvieron para nada.

Se volvieron a su tierra con toda la dignidad y sin ninguna respuesta de los tres poderes, más que el destrato.

Un año después, la reforma de la Constitución continúa vigente.

Un año después, el pueblo jujeño no olvida.

Laboratorio experimental

Mercedes Sosa es profesora y la secretaria general del CEDEMS, gremio docente de secundarios y terciarios. No olvida: “A un año del jujeñazo, a un año de una represión atroz, a un año de las mutilaciones, a un año de las detenciones arbitrarias y sospechadas, a un año de prácticas de montaje y de infiltración para justificar la represión brutal; a un año, la única reflexión posible es que Jujuy fue el laboratorio, la antesala de lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Recuerda, cuando se ve por fuera y por dentro: “Todavía persisten los moretones, productos de la brutal golpiza a la que fue sometido el pueblo jujeño el año pasado; persisten los traumas, persiste el miedo a hablar. Todavía no terminamos de entender todo el aparato y el dispositivo con el que descargaron su furia represiva”.

La política del protocolo y la violencia, anticipada en Jujuy. Foto: Telam.

Enlaza lo que pasó, con lo que pasa: “Qué contradictorio que quienes defienden el territorio, que quienes defienden las formas ancestrales de la vida, el patrimonio natural y cultural, que quienes abogan por el derecho a la salud, a una vivienda, a la soberanía alimentaria, a un trabajo bien remunerado, sean en este momento considerados terroristas, mientras que el presidente, de manera jocosa y risueña, manifiesta en medios de comunicación internacionales que es un topo que viene a destruir al Estado… Qué contradictorio”.

Y sentencia: “La reforma constitucional de Jujuy fue la antesala de la Ley Bases, porque el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) sólo viene a devastarnos. A darle un marco jurídico a una política de saqueo. Acá estamos abatidos porque hace un año denunciamos lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Mercedes Sosa, en su sindicato docente. De fondo, maestros desaparecidos por la dictadura y Carlos Fuentealba, asesinado en democracia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Argentina es el cuarto productor mundial de litio, mineral no renovable que se extrae de rocas y salares de altura. Su demanda se caracteriza como un “boom mundial” al ser insumo para baterías de celulares y computadoras, así como para autos eléctricos. Por allí merodea el verdadero contenido de la flamante supuesta amistad del megamillonario norteamericano Elon Musk con Javier Milei.

En el territorio argentino actualmente existen 40 proyectos. Solo tres se encuentran en producción: uno en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y dos en la puna jujeña, en el Salar de Olaroz. Varios de los 37 proyectos restantes están en las Salinas Grandes, que comparten Jujuy y Salta. Allí, en abril de este año ya empezó la exploración del litio en la Mina Agonic por parte de la empresa Lithos Minerales del Norte. La autorización la había firmado el ex gobernador Gerardo Morales, que sigue manejando los hilos de la provincia a través de su delfín Carlos Sadir.

Resistencia en el territorio y en la ruta, contra la reforma inconstitucional y el ninguneo a los pueblos indígenas. Foto Susy Maresca/Cítrica

¿Hay algún saldo positivo de todo esto para el pueblo jujeño? Plantea Mercedes: “A pesar del dolor, a pesar de darnos cuenta que cuando decíamos que lo que se venía para el futuro de nuestro país era este modelo extractivista, quedó una red solidaria consolidada y la certeza de que la soberanía hay que defenderla”.

¿Qué queda? “Seguir apostando por la reflexión, por la solidaridad, por el encuentro, por ayudarnos mutuamente, por sostenernos”.

Las calles jujeñas como anticipo de lo que se vendría. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Un arma letal

Octavio Colina es uno de los voceros de Potrero de la Puna, en la localidad Abra Pampa, al norte de la provincia. Con un frío extremo en el campo donde cría a sus animales, no olvida: “Además de que la reforma no se hizo mediante la consulta libre, previa e informada hacia las comunidades como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, su inconstitucionalidad también queda manifiesta porque los constituyentes que elaboraron los cambios fueron funcionarios del mismo poder Ejecutivo, algo que lógicamente está prohibido, porque vulnera la división de poderes. Uno de ellos fue el mismo gobernador de ese entonces, Gerardo Morales. La caradurez llegó a puntos extremos y una reforma ilegal, aprobada entre gallos y medianoche que debería haberse declarado nula, sigue vigente”.

¿Qué significa en concreto esa vigencia?

Que tenemos menos derechos; hoy por cualquier cosa nos hacen contravenciones. Le da más poder al poder del gobierno y de las corporaciones. Las constituciones deben servir para que el pueblo controle al gobierno, no al revés, para que el gobierno controle, humille y desaloje como está sucediendo hoy. La reforma constituye un arma letal, porque ya no reconoce los títulos comunitarios y deja a merced de intereses privados nuestros bienes, como el agua, ahora manejado por un ente controlador. Esto no es el futuro, ya es el presente: el gobierno provincial acaba de firmar un contrato con Mekorot, una empresa de Israel que dice que nos viene a enseñar cómo administrar el agua”.

Octavio Colina, comunero de la puna jujeña. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Colina plantea una mirada por fuera de las voces más radicales: “Nosotros no estamos en contra de que trabajen las mineras, pero sí que lo hagan responsablemente y que le quede al país lo que necesite, no lo que le conviene a las multinacionales como ahora, que pagan regalías de como máximo un 3%”. Agrega: “La reforma vino a profundizar un sistema: el gobierno provincial, junto al nacional y las multinacionales, entregan las riquezas minerales a cambio de nada. Es un saqueo que sólo deja pobreza y contaminación. Si verdaderamente pagaran lo que valen nuestros minerales, Argentina sería uno de los mejores países, sin deudas de ningún tipo, por ser tan rica en minerales, en agricultura, en ganadería. Somos un país empobrecido, con funcionarios y empresas que se llenan los bolsillos y un pueblo que recibe migajas”.

Las bases y la guerra

José Sajama es el presidente de la comunidad aborigen de Queta, del pueblo kolla. Es comunicador indígena y nieto de descendiente de abuela malonera. No olvida: “A un año de ser violentados jurídica y físicamente, se ha profundizado el accionar violento, represivo y anti derechos en nuestra provincia. Lo que querían lograr se simboliza en el acuerdo con Mekorot, en un convenio que hasta hoy se desconoce la letra chica. Sí sabemos que vienen por el agua; pero pese a los múltiples pedidos de información, el Gobierno se llama a silencio”.

Cierra: “De esta manera, van de la mano provincia y nación, que con la Ley Bases puede lograr en la práctica modificar puntos centrales de la Constitución Nacional. Se le ha declarado la guerra al pueblo; nos quieren ver pobres, sin derechos y de rodillas. Y eso no se lo vamos a permitir”.

Imágenes en San Salvador, Jujuy. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

En 2023 la provincia se sacudió frente al gobierno de Gerardo Morales, que eligió la violencia y la criminalización de quienes defienden el trabajo, el salario, el agua y la vida. Y derechos reconocidos por toda la legislación. La aprobación de una reforma nada constitucional. Negocios políticos y familiares, nepotismo y autoritarismo. Niveles cada vez más altos de pobreza, indigencia e injusticia. Las balas que apuntan a los ojos de la sociedad. Esta es la recorrida que hicimos por la provincia: cada corte hasta los 3.500 metros de altura. Juego sucio, identidad, esperanzas, relación con la tierra, el futuro y lo que dicen las comunidades sobre la capacidad de la mente y la del corazón.

Texto: Francisco Pandolfi

Fotos: Lina Etchesuri

Junio de 2023 quedará en la memoria del pueblo jujeño. Por lo represivo y por la fortaleza de muchos de sus habitantes. Por el avasallamiento y por la lucha que continúa en cada rincón de la provincia. Quedará en la memoria por la reforma parcial de la Constitución del gobernador Gerardo Morales (presidente además del Comité Nacional de la UCR) y por la sublevación de una comunidad educativa con salarios empobrecidos. Quedará en la memoria porque Jujuy despertó: la generalización –como licencia narrativa– tiene su apoyatura en que el viernes 16 se gestó en San Salvador la mayor movilización en su historia: entre 80 y 100 mil personas, mediante la unidad de docentes, trabajadores estatales en general, organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos, junto a los pueblos originarios que ese día arribaron desde distintas localidades encolumnados en el Tercer Malón de la Paz.

El lema de la manifestación fue unánime: “Gerardo Morales aprobó su reforma a espaldas del pueblo jujeño”. De espaldas y mientras dormía. Horas antes, en esa madrugada, la había votado por unanimidad la Convención Constituyente de Jujuy, integrada por el oficialista Frente Cambia y el Frente Justicialista (Juntos por el Cambio y el PJ).

Junio quedará en la memoria, también, porque a partir de ese día las comunidades originarias cortaron las rutas en más de 20 puntos estratégicos, decisión que aún persiste al cierre de esta edición. Del sur al norte, y en cada una de las regiones: en los Valles, las Yungas, la Quebrada, la Puna. Ese mismo viernes 16 de junio, la localidad de Abra Pampa fue el epicentro de la primera represión. Un día después, se encarnizó la violencia policial en Purmamarca y el martes siguiente, en otra multitudinaria marcha, se ejecutó en San Salvador una cacería con más de una centena de heridos y 68 detenidos.

El estado de las cosas 

Tras esa seguidilla de balas de goma y de plomo y de gases lacrimógenos, la gente empezó a cantar a lo largo y ancho del territorio: “Morales, basura, vos sos la dictadura”. El gobierno jujeño no es una dictadura, pero sembró la provincia de un tipo de violencia que permite recordar tiempos más nefastos del país:

• Fuerzas policiales reprimiendo en motos y camionetas sin patentes.
• Fuerzas policiales usando camionetas de empresas privadas para levantar gente (táctica ya vigente durante El Apagón de Ledesma en 1976 que derivó en el secuestro de más de 400 personas, 55 de las cuales siguen desaparecidas). 
• Fuerzas policiales disparando a la cabeza: cuatro personas perdieron la vista en uno de sus ojos.
• Fuerzas policiales disparando, persiguiendo y deteniendo a periodistas y fotógrafos.
• Pago de un bono de 50 mil pesos a cada policía el día después de ejecutar la represión. 
• Hostigamiento a comuneros y dirigentes de pueblos originarios.
• Amenazas de despidos a manifestantes.
• Incendio del auto de dos dirigentes sindicales.
• Allanamientos a viviendas sin orden judicial.
• Intervención de fuerzas policiales a asambleas de estudiantes.
• Encapuchados de civil tirando piedras a quienes protestaban.
• Policías infiltrados en las marchas.
• Policías que lanzaron gases lacrimógenos vencidos, extremadamente más tóxicos. 
• Policías rompiendo puertas de casas, sin otro motivo que generar miedo. 
• Policías sin identificación.
• Decenas de detenciones arbitrarias.
• Detenciones ilegales, sin intervención durante días de jueces y fiscales, ni explicación de sus causas..
• Represiones y acción psicológica, a 40 años de la recuperación de la democracia. 

Lo inconstitucional

La aprobación de la reforma constitucional también tiene aires antidemocráticos. La abogada jujeña Alicia Chabale, integrante del equipo que asesora a las comunidades originarias de Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc, describe: “La reforma es inconstitucional y tiene varios defectos, de forma y de fondo. En lo formal, se publicó en el Boletín Oficial en septiembre del año pasado la Ley 6302 hecha por el Poder Ejecutivo que convocaba a realizar la reforma. Sin embargo, en la Constitución Provincial de 1986 está previsto que la declaración para hacer una reforma es exclusiva de la Legislatura. No importó: se aprobó la ley”. Sigue: “Se determinó que las elecciones de los constituyentes se haría el 7 de mayo pasado, junto a las elecciones a gobernador, intendentes, diputados y concejales. Así fue, y estaba previsto que sesionen durante 90 días hábiles, unos cinco o seis meses por feriados y fines de semana. Esto no fue así: tuvo un tratamiento exprés; las sesiones empezaron a fines de mayo, se votó el viernes 16 de junio, en primera instancia, y el martes 20 en segunda cuando dejaron sin efecto los artículos 50 y 36 por la resistencia de los pueblos originarios”.

Completa: “Otra discusión jurídica refiere a si la Convención Constituyente tenía funciones para reabrir el debate convencional el día 20 y eliminar esos dos artículos que ya habían aprobado la semana anterior. La función del convencional termina ahí. La jura que se hace, tan protocolar y antigua, tiene la función de darles legalidad y legitimidad a los actos que se desarrollen. Acá votaron una vez, hubo repudio del pueblo, sacaron dos artículos y votaron de nuevo, como si nada”.

¿Es legal que la Convención Constituyente haya estado integrada por funcionarios actuales? “No, y esto figura en el artículo 100 de la Constitución provincial. ¿Cómo hicieron? Se tomaron licencia en sus cargos y sesionaron. Esto es lo que hizo el propio Morales, uno de los constituyentes. Se pidió licencia como gobernador, abrió la Convención, dictaminó las normas y luego se pidió licencia de la Convención. Después, previo a votar, se pidió licencia como gobernador y volvió para asumir las funciones como constituyente. Así funciona todo acá”. 

El trabalenguas; las idas y vueltas; la repetición de la palabra “licencia” es una síntesis de lo que sucede en Jujuy mientras estos funcionarios aplastan la palabra democracia.

La doctora Chabale enumera algunos de los problemas de fondo: 

1. “No se consultó a las comunidades originarias antes del dictado de la Ley 6302, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que tiene rango de norma constitucional, que refiere a la consulta previa anterior a una disposición legislativa que afecte a las comunidades indígenas”. 

2. “Posterior al dictado de la ley, no se conoció el texto completo hasta el viernes 9 de junio, apenas una semana antes de que se vote. El pueblo jujeño entero, no solo las comunidades, no sabía qué iba a decir nuestra Constitución”. 

3. “El gobierno no tuvo otra opción que salir a dar de baja los artículos 50 y 36, pero el haberlos querido incluir da la pauta del propósito de esta reforma: darle todo el poder al Ejecutivo. Se reconocía a la personería jurídica de las comunidades, la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras, pero atribuía en forma exclusiva la facultad de decisión sobre ellas a la provincia, recortando lo que dice la Constitución Nacional en reconocimiento de las comunidades originarias como preexistentes al Estado”. “Los nuevos derechos que se incorporan en la reforma parcial son de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura donde el oficialismo jujeño tiene mayoría. Así, la regulación del agua (donde no se menciona que es un derecho humano), la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no, entre otros varios artículos, le otorgan facultad absoluta al Ejecutivo”.

4. “Con respecto a los recursos naturales pasa exactamente lo mismo: su regulación queda sujeta a lo que disponga la provincia. Pero la provincia no es una isla aunque así la hacen parecer. Somos parte de un sistema federal donde hay un orden cuya cúspide es la Constitución Nacional. Tenemos que cumplir por ejemplo el tratado de Escazú, que se incorporó como legislación nacional y establece la promoción y la defensa de quienes cuidan el ambiente. En este caso, las comunidades indígenas que fueron y están siendo perseguidas por la policía. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el país. Desde lo jurídico es inabordable esta reforma que refleja el desconocimiento absoluto de las normas que nos rigen como Estado”. 

Lo que encendió el fuego 

Las movilizaciones y el paro que sacudieron a Jujuy comenzaron con las y los docentes el 5 de junio, protestando contra “los salarios de miseria”. Marchas de antorchas, mateadas masivas y las ollas populares, así como un enorme repertorio de canciones creativas, fueron el caldo de cultivo no solo para visibilizar los 34 mil pesos del salario básico más pobre del país, sino también para magnificar el reclamo por la reforma constitucional. Primero para que no se apruebe; luego para que no se jure; después –y ahora– para que se derogue.

Las manifestaciones de la comunidad educativa contaron con un fuerte apoyo de otros gremios, sobre todo de los trabajadores estatales que entre los años 2016 y 2023 perdieron el 65% del salario real. En ese lapso que abarca la gestión de Gerardo Morales, la inflación acumulada fue de 399% y la suba del salario nominal de 277%, lo que da una diferencia en contra del 122% del salario acumulado. Esto se enlaza con los últimos datos oficiales del INDEC: la pobreza en Jujuy asciende al 41,8% de la población, por encima del promedio nacional que es de 39.2%. La indigencia trepó al 8.1%. 

Entre canto y canto, entre marcha y marcha, enseñan los maestros: “Estamos muy precarizados; yo tengo 14 años de antigüedad y cobro 70 mil pesos. Y encima nos jubilan con la mínima”, dice María, docente no formal, mientras camina al ritmo de “Fuera Morales Fuera”, y de “Somos los docentes de Jujuy, aquí presentes, los docentes que nunca se venden, a la patronal”. 

Mónica es maestra jardinera: “En la pandemia trabajamos las 24 horas y ni así nos aumentó el sueldo. Nuestro salario no cubre la canasta básica”. La canasta básica total está en 250 mil pesos para una familia de cuatro miembros, y el sueldo neto de un docente primario y secundario (básico más adicionales) ronda los 125 mil. Hay que hacer esfuerzo para escuchar el descargo, porque suena uno de los hits: “Morales gato sos un ladrón, le robaste a la educación”. 

Las letras de las canciones mezclan palabras duras y sensibles, así como un festival de ritmos: coplas, huaynos, tinkus, pin pin y carnavalitos. Hay para elegir en el cancionero pero no en otras cosas, cuenta Viviana, maestra jardinera. “No podés comprarle ni ropa a un hijo. Ya ni digo paseos o viajes: ni las necesidades básicas se pueden garantizar. Además, no podemos enfermarnos porque nos cortan el presentismo por faltar un día”.

A un mes de iniciar el reclamo, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior aceptó los 200 mil pesos de piso salarial propuesto por el Ministerio de Educación provincial y levantaron el paro, aunque aseguraron que “bajo ningún punto de vista” dejarán de pelear contra la reforma “que consideramos inconstitucional”. En cambio ADEP, el sindicato de educadores de Nivel Inicial y Primario, continuaba el paro exigiendo una nueva paritaria, la derogación de la reforma constitucional y en apoyo al consenso al que llegaron las comunidades originarias: cortes de ruta hasta la derogación de la reforma.

Un corte y una Quebrada

La decisión tomada por el Tercer Malón de la Paz de restringir el libre acceso de los vehículos en rutas nacionales y provinciales tiene como motor el hartazgo total. Las comunidades originarias dijeron “basta” y “hasta las últimas consecuencias”. De ahí no se mueven. Entonces debíamos movernos nosotros desde el sur hasta el norte de la provincia, desde los valles, pasando luego por la Quebrada de Humahuaca y subiendo hasta esa meseta increíble, la Puna, a más de 3.500 metros de altura, para escuchar, conocer y ampliar las diversas miradas sobre este momento esencial.

Corte de Purmamarca

Desde San Salvador hasta Purmamarca hay 54 kilómetros de un paisaje impresionantemente bello. La Quebrada de Humahuaca es una seducción para la mirada ante tanta biodiversidad, caballos y vacas, cielo, montañas, infinitos cactus; con una paleta llena de diversos verdes que uno se sorprende de que existan.

En la entrada a la ciudad hay una bandera argentina y una whipala, binomio que estará presente en cada reclamo. Y en cada persona que da testimonio. “Morales es un traidor, una mala persona que está vendiendo a la Argentina con sus negociados”, comenta Nicolasa, de 31 años y cinco hijos, entre los cuales está su bebé de 5 meses, a quien acuna mientras habla: “Nunca pensé exponer a mis hijos de esta manera; estoy muy triste, jamás había pasado una represión así, fue horrible, agarraban a cualquiera, no importaba si era una mujer, un niño, les daba lo mismo”.

Pegado al típico cartel turístico que dice “Purmamarca”, una bandera con letras verdes pintadas prolijamente, anuncia: “Nación Kolla”. A metros está Mariana, que lleva una botella de plástico vacía. Cuando pasan los autos cada vez que se levanta el corte –cada 3 o 6 horas dependiendo la decisión asamblearia–, la botella es su herramienta para hacer ruido, chocándola contra su muñeca. Habla y no contiene las lágrimas que acarrean varios días durmiendo mal, y el haber recibido dos balazos de goma: “Es un dictador que vino a matarnos”.

Un día después de la aprobación de la reforma, el miércoles 21 de junio, se celebró el nuevo año andino (año 5531) y se realizó la ceremonia del Inti Raymi, la fiesta del sol. “Pese a la tristeza que quedará marcada por haber iniciado un nuevo año de esta manera violenta, el Tata Inti, nuestro sol, nos dio energías para seguir”, explica Mariana, de 48 años. Otra compañera algo más joven: “Estamos protegidos por guías sagradas y espirituales; por nuestros ancestros; por una fuerza superior que nos da fortaleza”, dice Semilla, que pide ser llamada así por miedo a una represalia: “Morales es un tirano que debe ir preso, por perverso. Es mala gente y conduce un aparato violento y turbio que de un segundo a otro puede montar lo que desee. No le importa la Pacha, solo el dinero”. 

En Purmamarca se siente un temor latente por sospechas de infiltrados de la policía, de la gobernación, de los servicios de inteligencia. “Vienen y nos sacan fotos para provocarnos miedo. A muchos nos han amenazado de muerte”, dice Semilla. Aurora necesita desterrar algunos estigmas que se anduvieron repitiendo en cadena televisiva: “Nos tildan de kirchneristas y no es así. No militamos en el kirchnerismo, ni en la izquierda, ni en la Tupac de Milagro Sala; militamos por la vida. Morales es un asesino. ¿Cómo definirlo de otra manera? Nos dice terroristas a nosotros, cuando él nos genera terror”.

Corte de Tilcara

No lo pueden creer. O quizá sí, pero no les deja de asombrar. Horacio Rodríguez Larreta presentó como su acompañante en la fórmula presidencial al mismísimo Gerardo Morales. Lo vieron en un televisor de la estación de servicio de la entrada de Tilcara. Lo leyeron en el zócalo de la pantalla. A menos de cincuenta metros la comunidad tilcareña corta la ruta 9 exigiendo la renuncia del propio Morales, que muy lejos aparece posando en un salón de Palermo, en Buenos Aires.

Habla Griselda: “Él es el responsable de que tengamos el agua contaminada, de haber explotado nuestros bienes naturales y de entregarles las riquezas a las empresas extranjeras. Y que la mayoría de la población cobre sueldos miserables. Él es el responsable de que no tengamos proyectos de esperanza”. Antes de aceptar la charla, Griselda junto a su amiga Graciela pidieron la identificación de prensa. No será una excepción, sino la regla en los todos los cortes que recorrimos desde MU. “Estamos teniendo muchos problemas, hay muchos infiltrados”, justifica Graciela, quien un poco más distendida, explica: “Estamos seguros de lo que hacemos, hay esperanzas porque tenemos raíces, que son nuestras identidades”.

Corte de Uquía

En los costados de la ruta nacional 9, desde Tilcara hasta Uquía, hay algunas vacas, algunas cabras y pocas llamas, que proliferarán mucho más a medida que se avanza hacia la Puna. También casas bajitas de barro, de adobe, de paja, de madera. 

Al llegar nos recibe un rojizo y hermosísimo cerro: Las Señoritas. Olga, docente: “Aceptar la reforma es pasar a ser esclavos. Morales es un represor, volvimos a los tiempos de la dictadura, no hay derechos en Jujuy. Tiene doble cara, dice una cosa y hace otra”.

Gabriela revuelve con una rama en una olla gigante el pollo con arroz primavera que pronto comerá su comunidad. Y dice: “Morales se hace el colla; tiene a mucha gente amenazada y cooptada con el compromiso de darle viviendas y dinero”. Al terminar, aconseja que hablemos con Doña Panchita, que está parada a unos metros, luciendo un sombrero rosa y una whipala en sus hombros. Tiene 66 años, una voz tenue y una potencia en sus palabras que refleja firmeza en las ideas: “Nos traicionó. Yo confié en él, lo voté, soy históricamente radical, pero ya perdimos la confianza. Necesitábamos que nos explicara los beneficios de la reforma y no lo hizo. No habló con su pueblo”.

Corte de San Roque

En Uquía ofrecen llevarnos en auto hasta la siguiente trinchera, con la generosa condición de que aceptemos dos bandejas de pollo con arroz. En el próximo destino, ya con las bandejas vacías, nos recibe Omar. Dice que está desvelado y con la convicción de “sostener hasta que se vaya Morales”. En una ronda que se arma espontánea, Alex Frites, docente de 28 años de la comunidad de Varas, sintetiza: “En una palabra, el gobernador es autoritario; jamás se apoyó en el diálogo, siempre hizo lo que quiso”. Luisa escucha y expresa su timidez con el silencio, que solo esquiva por un par de segundos y en pocas letras: “Solo quiero que bajen la reforma”. No necesita decir más que eso y vuelve a escuchar. 

Mientras Morales es enfocado por muchas cámaras porteñas a 1.630 kilómetros de los cortes de Humahuaca, sobre la ruta hay muchas infancias que juegan, corren, sienten y piensan. Y que tienen qué decir. Xiomara, de 13 años: “Que dé la cara Morales y se haga responsable de la sangre derramada”. Se contrapone con lo que sabe que había dicho Larreta sobre su ladero: “Es un tipo valiente que no duda en defender los derechos de los jujeños, hubo una muestra esta semana de su temple y de cómo quiere evitar siempre situaciones de violencia”. Jorgelina, con un poncho que la resguarda, no está de acuerdo: “Morales quiere ser dueño de Jujuy, y ahora querrá hacer lo mismo con la Argentina. Sólo piensa en su dinero”. 

Pegada a un muñeco de 2 metros y medio de alto que lleva una bandera con el lema “Abajo la reforma”, Verónica describe: “El gobernador siempre ha jugado sucio y esta no es la excepción; todo es una burla, una mentira. No le importamos, se ríe de los pobres, porque nos ve sucios, con zapatillas rotas”. 

Muestra sus borcegos raídos. Y sus lágrimas, mientras dice que no cesará el reclamo, porque eso sería “entregar la libertad”.

Corte de Iturbe

La solidaridad está latente en cada tramo del camino y Juan, un vecino de Humahuaca, nos lleva al siguiente reclamo colectivo donde cantan un clásico: “El pueblo, unido, jamás será vencido”, evidenciando lo mucho que hay en juego. En asamblea permanente, Severiano Lamas aclara: “Acá no hay referentes, no hay patrones, somos seres humanos de carne y hueso. Nadie está a cargo del corte”. Lo que expresa no es menor: en todo el camino, en cada corte, no veremos ni infiltrados “porteños” ni “bolivianos” ni “militantes de la Tupac Amaru” ni de “La Cámpora” ni de “la izquierda”, como se buscó clasificar en muchos medios porteños para ensanchar la grieta.

Añade Severiano: “Además, si hablamos de cargos, no podemos quedarnos solo en las personas que estamos acá, porque también está la arena, están las piedras”, cuenta despacio, mirando al piso, sabiendo que la naturaleza no es algo ajeno sino parte de un sistema de vida. “Somos hermanos y nuestra madre es la naturaleza, la que nos dice que no nos podemos rendir”. Y sentencia: “El gobernador se ha enfermado, por testarudo, por haberse endulzado con el dinero; no es un burro, porque el burro es más inteligente que nosotros. Dicen que nos dan planes, pero no recibimos dinero, porque no podríamos hacer escuela de eso; que nuestros hijos y nietos vean que recibimos dádivas va en contra del pensamiento indígena”. 

Hay nueve comunidades en este corte de Iturbe. Jacinta es de la comunidad Azul Pampa: “No tenemos agua ni para el ganado, ni para nuestros cultivos, ni para nosotros, por los calores extremos y por las grandes cantidades que se utilizan para el litio. Morales nos entregó por la plata, no tiene perdón”.

Corte de Abra Pampa

Esta vez nos queda únicamente la opción de viajar a dedo, porque estamos en el corte más inhóspito del camino. A los costados solo hay cerros. Delante y atrás, ruta. De la decena de vehículos que esperan pasar, solo uno va a Abra Pampa. Hugo y Graciela son de Neuquén. No tienen lugar, pero lo inventan. El camino está lleno de llamas y la Quebrada de Humahuaca les deja paso a la llanura y a cerros más minúsculos. La concentración en Abra Pampa, la ciudad cabecera del departamento de Cochinoca es enorme. Igual que la desconfianza. Piden identificación y no quieren revelar nombres propios. “¿Quién es Morales? El responsable de que todos los días recibamos amenazas de despidos, de descuentos en los sueldos, de inhabilitación por determinado tiempo para trabajar. Y hasta amenazas de muerte, por no aceptar la reforma”. 

Hay 25 comunidades originarias sosteniendo esta trinchera en la Puna, a más de 3.500 metros de altura. El frío se cuela por todos lados. Jamás habíamos sentido un frío así, que parece meterse en los huesos. No alcanzan un buzo, un pullover, una campera. Ni guantes. Ni bufanda. A la madrugada, será peor. Se duerme a la intemperie, en el piso, en colchones, sobre tarimas de madera, con fuegos alrededor que amainan un poco la helada insoportable que alcanza los 10º bajo cero, y que llega hasta los 27º bajo cero en las noches más crudas. ¿Por qué se resiste en estas condiciones? Habla una mujer con voz tranquila, segura, precisa: “Si nos vencen acá, perdemos todo; vendrán por nuestras tierras, por el agua, por la vida. No nos queda otra que aguantar. Es ganar o morir”.

Corte de Perico 

De vuelta en San Salvador y a no más de cuatro kilómetros del aeropuerto, la gente reclama no solo por la reforma, sino también porque varias familias están siendo desalojadas de la Finca El Pongo, en la localidad de Perico. Familias productoras de hortalizas y frutas desde hace décadas. “Morales es una persona que no tiene corazón de humildad, que no piensa en los demás, y menos si somos humildes”, dice una campesina que denuncia haber sido desalojada “porque ahora en esas tierras se está plantando cannabis para hacer aceite medicinal que se lo llevan a otro país; no es para beneficio del pueblo, sino de él y de una empresa de Canadá. En Jujuy, veas donde veas, está todo mal”. Denuncia otro campesino: “Por ahora nos sacaron 300 hectáreas y ya dijeron que van a agarrar 300 más. Ya echaron a 8 familias y vienen por más. Ahí también plantábamos caña de azúcar y hacíamos ganadería”. Pregunta en forma de adivinanza: “¿Saben quién maneja todo? El hijo de Morales. Ya hicieron hasta su propia pista de avión”. 

Gastón Morales es el presidente de la empresa Cannabis Avatara Sociedad del Estado y su filiación no es un caso aislado en un gobierno jujeño en el que se calcula que Morales es el gobernador con más parientes colocados en puestos políticos del Estado. El número asciende al menos a 25 entre hermanos, hijos, sobrinos, cuñados, un tío y una ex esposa.

En el corte, otra campesina que también pide reserva de la identidad por miedo, asegura: “En la Finca vivimos alrededor de 300 familias de comunidades originarias, que somos preexistentes. No solo no nos consultaron en nada, como deben hacer según la Constitución, sino que vinieron con topadoras a arrasarnos”.

¿Quién cierra los ojos?

La represión sobre las comunidades no es una novedad en Jujuy. En marzo de 2021 Morales ejecutó una brutal represión en el barrio Campo Verde, de San Salvador, donde las y los vecinos buscaban resguardar el único espacio libre que les quedaba. Un año antes, en el inicio de la pandemia, echó a un grupo de inmigrantes obligándolos a subir a un micro hacia Buenos Aires. Un mes después anunció la puesta de fajas en las puertas de las casas de quienes contraían el coronavirus. Por el escándalo que ocasionó su idea debió dar marcha atrás. El 8 de marzo de este año reprimió frente a la Casa de Gobierno la movilización encabezada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy y familiares de víctimas de femicidios.

Jujuy sigue latiendo a innumerables pulsaciones. A horas de que esta revista entre a imprenta, los hechos relevantes se multiplican, la resistencia continúa y los métodos represivos también.

En la madrugada del 28 de junio la docente y actriz Camila Müller denuncia haber sido agredida físicamente por encapuchados que ingresaron a su domicilio: “No te hagas la revolucionaria, te tenemos junada”. El 30 de junio, el gobierno nacional hace una solicitud tan tardía como necesaria: le pide a la Corte Suprema de la Nación que declare inconstitucional la reforma impuesta por Morales. En la madrugada del 1º de julio el pueblo de Humahuaca toma la Municipalidad y logra, a regañadientes, que el Concejo Deliberante apruebe una declaración de rechazo a la reforma constitucional. El cuerpo de infantería reprime descarnadamente y uno de los balazos de goma le hace perder la vista del ojo derecho al joven Joel Paredes. Es la cuarta persona que pierde la visión en un ojo por un balazo: Mijael Lamas, en Purmamarca, el sábado 17; Ernesto Aguirre y Jorge Rodríguez, en San Salvador, el martes 20. 

Un graffiti que exige justicia recorre todo Jujuy: “Tus balas no fueron suficientes para cerrarnos los ojos”.

La iniciativa de la comunidad de Humahuaca sirve de ejemplo para el resto y en las horas siguientes se logran rechazos a la reforma por parte de los Concejos Deliberantes de La Quiaca, Abra Pampa, El Aguilar, Palpalá, El Molulo, Puesto del Marqués y Tres Cruces y se está exigiendo lo mismo en varias localidades más.

Desde el corte de Abra Pampa, un comunero originario amenazado cuenta: “Morales es como dice el dicho, un cuchillo de doble filo. Escribe con la mano lo que borra con el codo. Yo creo que el error de nosotros, del pueblo jujeño, fue darle al poder más poder. Eso no sirve. Yo creo que a cualquier gobierno hay que darle cuatro años. En el segundo mandato demostró tener el poder y llevarse todo por delante. Pero hay que hacer autocrítica: nosotros también somos responsables de lo que hoy estamos pasando”. De fondo, se escucha una canción que es de las más representativas: “Dicen que los del norte somos callados, pero cuando nos joden nos levantamos; libres o muertos; pero jamás esclavos”.

Con vistas a lo que viene, desde la Comunidad San Miguel de Colorado, de Salinas Grandes, una de las 400 comunidades originarias que están preparando una demanda jurídica para exigir la derogación de la reforma, le recuerdan a Morales, en un tono bajito, casi susurrando, algo que creen no tuvo en cuenta al analizar hasta dónde podría escalar el conflicto: “La lucha que damos está relacionada a nuestra cosmovisión, a nuestra madre tierra, al viento, al fuego, al sol, a la luna. Son parte nuestra y por eso esta defensa hasta el final; somos una espina para ellos por reclamar lo justo; una piedra en sus zapatos y lo seguiremos siendo. No dependemos de nadie, de ningún partido ni organización social. Estamos en la tierra para cumplir una función, que no es destruirla ni desmontarla. Uno puede tener un título o no, podés ser científico, geólogo, andar por los salones. Por eso quienes somos de pueblos originarios nunca usamos corbata: porque divide el pensamiento del sentimiento. Si nos pasa eso corre riesgo el futuro y no lo vamos a permitir. Porque la capacidad no está solo en la mente, también está en el corazón”.

(Desde la Lof Lafken Winkul Mapu) Se cumplió una inspección ocular de los jueces, imputados y testigos en el juicio por el crimen de Rafael Nahuel, asesinado en 2017 durante una represión propiciada por el gobierno de Mauricio Macri y su entonces ministra de seguridad Patricia Bullrich. Los hallazgos y reflexiones en un la escena del crimen: un lugar mapuche arrasado por la violencia. Los avances judiciales y la voz de la machi de la comunidad. Para lavaca, desde Río Negro, por la agencia Perycia.

Texto: Luciana Avilés

Fotos: Jaime Carriqueo

Cobertura colaborativa entre Perycia y agencia lavaca.

Son las 11 de la mañana. Un gran operativo a cargo de diversas fuerzas de seguridad ha sido desplegado una vez más en la zona de Villa Mascardi, Rio Negro. El foco está puesto nuevamente en la tranquera que da inicio al territorio que reivindica territorialmente la Lof Lafken Winkul Mapu aunque las zonas linderas también están colmadas de efectivos de la Policía Federal, la de Río Negro y Gendarmería. 

Durante la inspección ocular, una casa quemada en la Lof, bajo la mirada mapuche.

A esa hora de la mañana del 24 de octubre ya hay un corte parcial en la ruta sentido Bariloche- Bolsón y viceversa a la altura de la estación YPF y del lado contrario, ni bien se pasa el desvío, a la zona de Pampa Linda y Cerro Tronador.

El paisaje es soñado: el lago Mascardi está totalmente planchado ya que no corre una gota de viento, el cielo está totalmente despejado y un sol radiante ilumina las puntas de los cerros nevados. A pesar de las postales, los vehículos demorados esperan con gente con caras de pocos amigos mientras escuchan a los efectivos explicarles que es para “garantizar que el operativo judicial pueda desarrollarse con normalidad”. 

El operativo del que hablan es la inspección ocular solicitada días atrás por el Ministerio Público Fiscal y forma parte de la causa que busca esclarecer el asesinato de Rafael Nahuel. El joven mapuche murió de un tiro que ingresó por su espalda en noviembre de 2017 mientras se encontraba resistiendo junto a su comunidad en las tierras en disputa. El violento desalojo ordenado por la gestión del ex presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dejó como saldo varixs adultxs y niñxs mapuches detenidxs, heridxs con balas de plomo y una muerte. 

Funcionarios judiciales recorriendo la escena del crimen de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda en 2017.

A 500 km del crimen

Por este grave hecho, se encuentran imputados 5 efectivos del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina: Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos. Este comando especial de Prefectura se sumó a los más de 300 efectivos de Gendarmería y Policía Federal que intervinieron aquel día en el lugar.

Hay dos teorías girando:

Por un lado, la del enfrentamiento armado que sostiene que ambos bandos actuaron en legítima defensa.

Por el otro, la de una especie de cacería humana hacia lxs integrantes de la Lof, replicando las épocas más violentas y de barbarie que tuvo la historia argentina con la Campaña del Desierto.

El juicio llega 6 años después y no en las mejores condiciones. Desde el 15 de agosto de este año, la ciudad de General Roca se convirtió en el escenario principal ya que el Poder Judicial Federal resolvió que las audiencias sucedan allá, a más de 500 km de donde se produjeron los hechos. Familiares, testigxs, amigxs, comunidades mapuches y quienes acompañan la causa pidieron seriamente que el mismo se desarrollara en Bariloche por cuestiones ligadas a distancias, viáticos y cotidianidades. A pesar de los pedidos a los que se sumaron incluso los de los abogados de la familia Nahuel e integrantes de la APDH, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, no se tuvo éxito. 

Mapuche en su territorio: el conocimiento de la montaña. A los visitantes no les resultó tan sencillo moverse entre el bosque y los cerros.

En Bariloche, a 30 km aproximadamente de donde sucedió todo, existe un Juzgado Federal en condiciones de asumir un caso con estas características. Sin embargo, se decidió hacerlo en General Roca y es por eso que diferentes organismos de derechos humanos han descripto públicamente al hecho como otro gesto de racismo hacia el pueblo nación mapuche. 

A lo largo de estos meses sucedieron diversas audiencias, algunas virtuales, otras presenciales. Ya se expusieron las pruebas recabadas y brindaron testimonio lxs testigxs. Jornadas tensas y emotivas fueron las que tuvieron como protagonistas a Johana Colhuan, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, integrantes de la comunidad y piezas claves en el armado del rompecabezas ya que fueron ellxs quienes estuvieron cuando Rafael recibió el disparo y luego bajaron su cuerpo. De hecho, el mismo día de la muerte, Colhuan también recibió un disparo en su brazo y resultó seriamente herida. Es por eso que durante la inspección ocular tuvieron un papel crucial. 

La gente de la comunidad frente a la policía, mientras se realizaba la recorrida por el escenario del crimen de Rafa Nahuel en 2017.

Comienza el operativo 

A la altura de la tranquera que da ingreso al territorio que está en disputa, se ha formado un cordón humano de efectivos de la Policía Federal que toman lista de las personas autorizadas a ingresar e impiden el paso de quienes no. Hasta allí, han llegado integrantes de comunidades mapuches con sus hijxs e instrumentos musicales, algunxs trabajadorxs de prensa y la comitiva autorizada para realizar la inspección ocular. 

Hay varios autos estacionados a los costados del ingreso al territorio y un grupo de pocas personas reunidas en círculo escuchando lo que los jueces a cargo del operativo tienen para decir. 
“Les pido que pidan la palabra para que sea lo más prolijo y dinámico posible. Va a haber tiempo para asentar lo dicho, tenemos todo el día. Como somos muchos y los senderos son chicos, si no ponemos un poco de orden va a ser un lío”, dijo uno de los tres jueces intervinientes para dar inicio” dijo uno de los jueces. 

Y siguió: “Si las defensas necesitan que los imputados se acerquen a los testigos avisen. Vamos a estar todos separados, Nosotros adelante con los testigos e imputados atrás. Vamos en función de los requerimientos de lo que van manifestando los testigos, observando y si necesitan alguna consulta, acercamos a los imputados. Como si estuviéramos en juicio. Tratemos de pedir la palabra para no pisarnos porque la ansiedad está”. 

La charla fue encabezada por los jueces del Tribunal Oral Federal de Roca, Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava y fue pensada para despejar cualquier tipo de duda sobre el operativo. “La inspección ocular no es una reconstrucción ni una declaración testimonial. Se refiere a lugares, reconocimiento del lugar y realizar observaciones”, sostuvo uno de los magistrados. 

El fiscal de la causa, Rafael Vehils Ruíz, también se encontraba presente, así como Mariano Przybylski, director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, ya que el organismo estatal interviene como querellante en la causa. 

Último tramo de la introducción de los jueces: “La propuesta es hacer paradas. Primero Puesto Tranquera, después Puesto Mochila, Antena 1, Antena 2, donde se visualizó el perro. Me parece que Lescano es el que nos tiene que ir guiando porque es el que estuvo y es el suboficial de mayor graduación. Va a ir diciendo por dónde ascendieron, dónde los binomios se separaron, dónde ubicaron el perro, dónde se ubicaron los otros binomios, cómo bajaron y cómo se replegaron. Van a surgir cosas, vamos a parar, paciencia y orden”, finalizaron. 

Mujer y niño mapuche, frente a policías pertrechados como para una guerra. En 2017 se cumplieron los peores presagios cuando los uniformados recibieron la orden de atacar la Lof.

Montaña arriba

La pequeña comitiva inició trayecto de más de 1000 metros montaña arriba para llegar al lugar exacto donde murió Rafael. Recién descendieron pasadas las 17.30, luego de 6 horas intensas y emotivas. Bajaron primero integrantes de la Lof, a quienes se vio como conocedorxs del territorio y la vida en la montaña. El resto de la comitiva tardó un poco más, reflejo de las dificultades del terreno tanto para subir como para bajar. 

Los tres jueces fueron los primeros en dejar Villa Mascardi rápidamente, escoltados por efectivos de seguridad, sin tener contacto con la poca prensa que había hecho guardia a la vera de la ruta 40, ni con integrantes de la comunidad. El resto de los presentes aprovechó para reunirse nuevamente cerca de la tranquera, de forma espontánea, para charlar sobre lo vivido montaña arriba. “Fue muy duro”, se escuchó decir. En todo ese tiempo convivieron imputados y testigxs, recorriendo, reviviendo y regresando al lugar de los hechos por segunda vez. Colhuan, Jones Huala y González Curruihunica no habían vuelto después de aquel día de 2017. Y brindaron su versión, pero también escucharon a los Albatros. 

El operativo de seguridad seguía intacto. Muy agotado se lo vio al fiscal de la causa Rafael Vehils Ruiz, quien luego de hidratarse y tomar un poco de aire, aceptó el dialogo con este medio.   

–¿Cuál es el balance que hacen? 

–Fue muy interesante porque lo que nosotros buscábamos era lo que obtuvimos. Ver el lugar. Preguntamos a la gente sobre las condiciones climáticas de ese día y fueron muy parecidas. Lo mismo con la visibilidad. Hay lugares que tienen más maleza pero está bastante bien conservado el lugar de los hechos. Se indicó dónde cayó Rafael Nahuel. Cada una de las partes dio su versión y en definitiva lo que queríamos con la Fiscalía era conocer in situ el lugar de los hechos para tener una noción más acabada de lo que ocurrió. 

La belleza del paisaje, y el rol del Estado en el conflicto.

¿Quién disparó el proyectil?

Vehils Ruiz explicó que lo narrado por testigxs sí estuvo bajo juramento, en cambio lo que expusieron los imputados no. Por lo tanto: “En su derecho de defensa pueden decir lo que les parezca. Pueden mentir, no se le puede decir nada al respecto. No así los testigos que si mienten están bajo juramento y les acarrea una consecuencia penal. Por supuesto que la Fiscalía tiene una teoría del caso y esta inspección nos aportó bastante a lo que venimos conversando”. 

Por cuestiones procesales el funcionario no pudo adelantar conclusiones pero sí sostuvo que “seguramente pidamos algo más todavía antes de terminar porque tenemos un campo que sería el último para despejar todas las dudas. Tenemos un camino marcado que es el que marcó la doctora Little a través de su acusación originaria. Esa es la guía nuestra, veremos si estamos de acuerdo con ella o no”.

En este sentido, es posible que el fiscal solicite un careo entre los peritos que hicieron la primera y la tercera peritación balística, porque llegaron a conclusiones contradictorias, a pesar de haber analizado el mismo proyectil y las armas secuestradas a los sospechosos. 

En el peritaje realizado a mediados del 2018 los peritos oficiales Roberto Nigris y Karina Uribe, del Poder Judicial de Río Negro, con la adhesión de la perito designada por la querella Silvia Bufalini, informaron que la bala había sido disparada del subfusil MP5 del albatros Francisco Javier Pintos. Pero a principios de 2021, peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta concluyeron que el proyectil calibre 9 milímetros que mató al joven mapuche, salió del arma que portaba el albatros Sergio Guillermo Cavia. 

“Lo que podemos hacer es adecuar y resignificar la calificación legal en base a elementos que se aporten en esta etapa que es la de la certeza porque justamente venimos de una etapa de sospecha. Se modificará siempre y cuando existan elementos de convicción”, concluyó el fiscal sobre lo sucedido en la jornada.  

Recordando un disparo

Otra voz resonante y dispuesta al diálogo fue la del director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski. El organismo que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en la causa. 

“Esta prueba era importante porque venimos hasta ahora en todas las audiencias escuchando testigos. Nos van contando cada uno su punto de vista pero es la primera vez que tanto el Tribunal como los abogados pudimos ver en el lugar los hechos y donde los testigos nos fueron contando acá pasó tal cosa, acá tal otra. Eso te genera otra visión, sobre todo para el Tribunal que tiene que resolver”, dijo ni bien empezada la entrevista.  

“Fue fuerte para todos”, siguió “sobre todo para Johana Colluan, Fausto y Lautaro que estuvieron ahí. Johana estuvo al lado de Rafa y ella misma recibió un disparo. Nos dijo que no había vuelto a ese lugar desde aquel momento. Llegar al lugar donde cayó Rafa fue muy fuerte. Fue muy importante también marcar el lugar en donde le pegaron el tiro y después pudimos visualizar y paramos donde teníamos la referencia de las vainas de 9mm que se habían encontrado. Todos pudimos ver el ángulo que coincide de abajo para arriba y de izquierda a derecha que son los orificios de bala que tuvo Rafa. Coincidieron con los restos de las vainas que habían disparado. Esto confirma todo lo que venimos hablando y viendo y te da una referencia in situ de eso. Es fuerte verlo”, insistió. 

El funcionario reflexionó: “Ningún gobierno ni funcionario está exento de que una fuerza de seguridad que dependa de si, un agente o una fuerza de seguridad cometa un hecho de violencia institucional. Puede pasar. Ahora la diferencia es cómo reacciona un gobierno ante eso. Un gobierno puede salir a justificarlo, apoyarlo, marcarlo como ejemplo que es lo que pasó o sancionar y decir esto no puede pasar más. Separar o ponerse a querellar e investigar qué es lo que pasó para que haya responsables. Esas son las diferencias que te van marcando y bajando línea para que las cosas no pasen más porque si vos lo marcás como un ejemplo es bastante probable que siga pasando”.

La mujer señala la destrucción a la que ha sido sometido el territorio.

La intención de matar

¿Qué expectativas hay con este juicio? ¿Se iniciarán algunas acciones judiciales más que apunten a la responsabilidad estatal más allá de los cinco integrantes del grupo Albatros?

“La expectativa y el optimismo como litigante, como secretaria siempre lo tenemos que mantener. No podemos pensar que el Poder Judicial se va a tapar los ojos y no va a ver lo que estuvimos viendo nosotros durante todo el juicio. Llegamos al juicio y dijimos que por las pruebas que teníamos en instrucción, acá lo que había habido era una persecución a los tiros montaña arriba, con los miembros de una comunidad corriendo y escapando y los 5 prefectos imputados disparando por lo menos 130 municiones de plomo con intención de matar. Eso fue lo que llevamos a juicio y la verdad que con el tiempo fuimos corroborando todos esos hechos. Hoy lo pudimos transitar. Vimos donde empezaron los primeros disparos que estaban marcados con la recolección de las vainas, seguimos subiendo, vimos donde terminó muriendo, lo vimos en el terreno y lo vio el tribunal. La expectativa es que esto termine como tiene que terminar, que es por una condena por homicidio. Yo no veo otra posibilidad que no sea esta. 

En cuanto a la responsabilidad estatal más allá del grupo Albatros, “este juicio tiene a estos imputados. Tendría que ser otro juicio eventualmente si existiera algún vínculo que eso no siempre es fácil porque vos tenés lo que se vio en este juicio por ejemplo. Un operativo, cinco efectivos de Albatros que en un determinado momento abren fuego con intención de matar. Ahora, ¿cómo unir eso y decir que hubo una orden superior que les haya dicho: ‘ustedes tienen que ir al lugar y asesinar a las personas que están ahí’?. Bueno ese es un paso más que no siempre es tan fácil de poder acreditarlo. Una cosa es lo político y otra cosa es lo penal. En lo político tenemos claro que son responsabilidades políticas pero en lo penal necesitás pruebas fehacientes que acrediten una orden concreta, y eso es más difícil”.  

La voz de la machi 

Mientras se desarrollaba la inspección, integrantes de comunidades mapuches, allegadxs a la Lof Lafken Winkul Mapu y representantes de la Multisectorial contra la Represión pudieron hacer la guardia desde el rehue, espacio sagrado de suma importancia para la Lof y la cultura mapuche. No fue fácil porque en un primer momento y a pesar de haber dialogado con los jueces, ese vallado humano conformado por efectivos de seguridad no les permitía el acceso. Luego, gracias a la presión ejercida, se consiguió el objetivo que era realizar ceremonias para brindar newen o fuerza espiritual a sus lamngen (hermanxs) quienes estaban encabezando el operativo.

Allí pudimos conversar con la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan.  

A diferencia de todo lo que se había escuchado ese día, ella inició la conversación con este medio en su idioma, el mapudungun. Un rato antes había compartido mates alrededor del fuego con quienes pudieron ingresar a esta parte del territorio que reivindican. Entre amargo y amargo surgieron charlas interesantes sobre feminismos, luchas de los pueblos originarios, reflexiones en torno a los derechos humanos y a ser una sociedad verdaderamente plurinacional.

Dice mientras amamanta a uno de sus hijos. 

“Hemos llegado nuevamente al territorio que está muy militarizado. Rafael Nahuel dejó su vida resistiendo, defendiendo este territorio donde hoy se encuentra el rehue, un espacio de celebración sagrado para nosotros, para nuestra conexión y nuestro ser mapuche. Este territorio ha sufrido tanta represión, atropellos, nos han tirado tiros, nos han gaseado. Es en este mismo territorio donde de esa misma forma le quitan la vida por la espalda a Rafael. Hemos vuelto hoy con tanto despliegue policial de distintas fuerzas, federales, gendarmería. Nuevamente nos vimos hostigados, agredidos por la policía”. 

Sobre el regreso al lugar del crimen: “Es difícil volver al territorio, encontrarlo en el estado en que está, con tanta violencia hacia el espacio, está destruido. Nuestras casas están demolidas, nuestro rehue profanado que es nuestro ser más sagrado. Por eso nuestra cultura espiritual, nuestro ser mapuche también se ve agredido y violentado. Vinimos la semana pasada en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Vimos el estado del espacio y del rehue. Una semana después volvemos a venir y volvemos a ver esto. En nuestra ausencia siguen profanando, siguen manoseando, cambian las cosas de lugar, las tocan. Ni hablar de los tratos y violencias recibidas de parte de fuerzas policiales y represivas del Estado”. 

Mientras observa cómo uno de los integrantes de la Lof acomoda escombros de lo que antes era su ruka, su casa, dice que “estamos esperando que los lamngen puedan bajar, estamos apoyándolos espiritualmente y anímicamente para que ellos tengan la fortaleza porque es un proceso difícil volver a recordar los momentos en los que la policía se llevó la vida de un hermano acá en el territorio y para nosotros como comunidad revivir esos momentos”. 

“Recordamos lo que pasamos el 4 de octubre pasado. Otro violento desalojo en el que nos detuvieron 8 meses injustamente. Por una causa de usurpación estuvimos detenidas cuatro de nosotras, y por la misma causa hoy se encuentra detenida Jessica Bonefoi con prisión domiciliaria”, sostuvo al tiempo que denunció “la persecución y estigmatización que hacen hacia nuestro pueblo mapuche, hacia este territorio particular, hacia las comunidades que luchan por la defensa de los espacios sagrados, los territorios limpios y puros. Es una tristeza hoy volver al territorio y verlo atropellado. Igual que a nosotros”.

Hay palabras que vuelven a Betiana al contar la realidad del lugar: “Atropellado, herido, contaminado, violentado”. 

“Nos sentimos con esta fortaleza que da el espacio para seguir luchando y no bajar los brazos, para seguir defendiendo este espacio incansablemente. Nos da tristeza y seguimos denunciando aunque nosotros ya sabemos cómo se maneja el Estado, sus fuerzas policiales y todas las formas desde la Campaña del Desierto: la colonización de nuestro pueblo mapuche y todos los pueblos originarios hasta hoy”. 

Reflexiona: “Sigue siendo lo mismo. No ha cambiado. Somos pueblos pre-existentes que vivimos en esta sociedad, que se nos ha impuesto una nacionalidad, un idioma, una forma de educación, de salud, pasando por encima nuestra propia cultura y creencias. Hoy estamos siendo parte de esta sociedad, empobrecidos. Gran parte de nuestra gente mapuche ha sido lanzada a las periferias de las ciudades, despojados de sus territorios e identidades lamentablemente. Pero estamos en una lucha por recuperar lo robado, por fortalecer nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestro ser mapuche. Entendemos que eso es grave porque para el Estado es un peligro que nosotros hoy estemos tratando de fortalecernos. Nos estigmatizan llamándonos violentos, terroristas. Nos tildan de indios salvajes, ignorantes y hoy somos terroristas, delincuentes, violentos siendo que nuestro único objetivo es la protección de los territorios sagrados para proteger el agua, las montañas, que no solo son nuestras sino que somos parte de este territorio y no es solo por nosotros esta lucha sino por todas las generaciones”. 

El respeto no es un folklore

Betiana añade que la lucha es por la defensa de la vida, de la propia, de los espacios sagrados y la de todos los territorios porque “siempre los muertos los hemos puesto nosotros, el pueblo mapuche, los pueblos originarios, preexistentes”.

Así es que “estamos poniendo la fuerza espiritual para que el territorio se levante, para que las comunidades se levanten, para que el pueblo mapuche se levante, para que haya una unión como pueblo mapuche y para que la sociedad en general, aquel no mapuche pueda concientizarse, pueda respetar que hoy estamos en una plurinacionalidad y que es importante que el respeto sea concreto, sea real. El respeto no es un folklore sino apoyar los reclamos porque se confunde mucho. Se dice que las comunidades hoy tratan de generar una nación aparte, que somos terroristas, violentos pero en verdad nosotros buscamos vivir en paz en los territorios. Buscamos sumar a la conciencia, a la solidaridad, a los espacios que están en lucha, que se acerquen a conversar para tener la voz en primera persona y ver por lo que realmente estamos luchando”. 

“Es una situación que estamos viviendo como comunidad pero también como pueblo porque estamos siendo despojados de todos los territorios, los atropellos son en todos los territorios. Son de parte de empresas extractivistas como las mineras, las petroleras, grandes terratenientes que nos siguen corriendo el alambrado, alambrando nacientes de ríos como es el río Chubut, como lo es Lewis que tiene un lago entero. Nuestra lucha es contra esto, contra los grandes extractivistas terratenientes que lo único que quieren a la vez que nos asesinan como pueblo preexistente, también asesinan a los territorios y a nuestra Mapu. Agradecemos a la gente que apoya, que difunde y acompaña. Marichiweu” dice para despedirse, término que significa “cien veces venceremos”.