La Defensora del Pueblo Alicia Pierini ratificó ante la Fiscalía correccional Nº 13 la denuncia contra la comisaría que ejecutó el violento desalojo de los cartoneros que se habían asentado en Pampa y la vía para reclamar el reestablecimiento del Tren Blanco, suspendido por la empresa TBA. Mientras tanto sigue el proceso judicial a la decena de cartoneros que habían sido detenidos, acusados de resistencia a la autoridad. Hasta ahora, a sólo dos de ellos se les dictó la falta de mérito.

La Defensora del Pueblo Alicia Pierini ratificó ante la Fiscalía correccional Nº 13 la denuncia contra la comisaría que ejecutó el violento desalojo de los cartoneros que se habían asentado en Pampa y la vía para reclamar el reestablecimiento del Tren Blanco, suspendido por la empresa TBA. Mientras tanto sigue el proceso judicial a la decena de cartoneros que habían sido detenidos. Hasta ahora, a sólo dos de ellos se les dictó la falta de mérito.
En el Juzgado de Menores Nº1 continúa tramitándose la causa contra los cartoneros desalojados de Pampa y la vía a fines de febrero pasado. Se los acusa de resistencia a la autoridad y daños. De las diez personas que fueron detenidas, nueve ya salieron en libertad y a dos de ellas ya se le dictó la falta de mérito. Mientras tanto, la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, ratificó la denuncia realizada por la represión policial que llevó a cabo el desalojo.
Pierini se presentó el 6 de marzo en la Fiscalía Correccional 13 para refrendar su presentación contra la comisaría 33, acusada de cometer abuso de la fuerza pública, lesiones, abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público y privaciones ilegítimas de la libertad en los hechos del 22 de febrero a partir de las 5 de la mañana. LA Defensora se entrevistó, además, con el fiscal Marcelo Daniel Roma, quien solicitó todas las copias de los testimonios de testigos y damnificados tomadas por la Defensoría del Pueblo y exigió copias de las grabaciones realizadas por los canales de televisión, para comenzar a obtener documentación probatoria de lo sucedido.
A su vez, la abogada Claudia Ferraro, defensora de los cartoneros y vecinos que resultaron detenidos, solicitó que el Juzgado de Menores se declare incompetente y traslade la causa a la justicia correccional. “Como uno de los detenidos era menor de edad, toda la causa pasó a manos de un juez de menores. Como ahora dictó la inimputabilidad del chico, no tiene sentido que se siga tramitando allí”, explica la letrada. De los diez detenidos, uno solo –Walter Acuña- aún no recobró su libertad debido a que tenía otras causas penales abiertas con anterioridad.
Uno de los que se ríe porque está siendo juzgado por un juez de menores es Alejandro Tiscornia, un vecino del barrio de Saavedra que tiene 44 años y que fue detenido cuando se solidarizó con las víctimas en medio del desalojo. Tiscornia estuvo detenido durante doce horas en la comisaría 33, no obstante no dejó de colaborar con los cartoneros. “Con los vecinos de Belgrano estamos haciendo el trabajo que debería hacer el Gobierno de la Ciudad: dar contención social a los cartoneros. Nosotros los ayudamos con alimentos, dinero, útiles escolares, guardapolvos porque esta gente quedó en situación de indigencia”, advierte.
El delegado de los cartoneros de Pampa y la vía, Marcelo Sosa, explica por qué: “Toda la gente que acampaba quedó en situación de indigencia. La mayoría alquilaba su vivienda y al perder la posibilidad de trabajar, porque nos sacaron los carros, ya no podían hacer frente al pago de la renta”.
En el violento desalojo del 22 de febrero, las autoridades del gobierno secuestraron los 40 carros que los cartoneros tenían en el lugar a palazo limpio. La semana pasada, señala Sosa, les devolvieron apenas 18. “Algunos ni siquiera eran los nuestros y otros estaban rotos –describe-. Y si no fuera por los vecinos que nos consiguieron bolsones y sogas, no hubiéramos podido salir a trabajar, porque todo eso, necesario para nuestro laburo, se lo llevaron todo”.
Recién esta semana, que recobró su carro, Sosa pudo retomar su trabajo. Y también su lucha: “Seguimos pidiendo el cumplimiento de la ley 992 que dice que el gobierno tiene que incorporarnos al sistema de reciclaje de residuos. Por eso exigimos el blanqueo de nuestra actividad. La ley dice que nos tienen que dar pecheras, guantes y un carnet”.
Sosa fue uno de los 90 cartoneros que acampó en el playón de Pampa y la vía desde el 28 de diciembre, cuando la empresa TBA decidió eliminar el servicio del Tren Blanco de la ex línea Mitre, que permitía a los cartoneros trasladar los desechos recolectados hasta sus barrios del conurbano. Como paliativo a esta situación, el Gobierno de la Ciudad había contratado camiones para transportar cartones, botellas y otros materiales reciclables, pero el sistema no estuvo bien pensado: “Tenemos que levantar la carga, que llega a ser de 250 kilos, a un metro setenta de altura, para subirla al camión. A mí, de tanto esfuerzo que hice, me duele toda la columna y eso que yo tengo un físico bien formado. Además, hay problemas con los horarios: cuando el camión vuelve, todavía no juntamos nada porque la gente recién a las ocho de la noche saca la basura”, describe Sosa.“El tren – agrega- sigue siendo la mejor solución. Si alguien se le cae un carro encima y pierde un brazo o una pierna, la Ciudad se tendrá que hacer responsable. Ahora el gobierno dice que quiere hacer centros verde, de reciclado, pero ¿habrá lugar para los miles de cartoneros que caminan la ciudad?”, pregunta incrédulo.
Mientras el proceso judicial prosigue, los vecinos solidarios estudian la posibilidad de realizar una presentación judicial por incumplimiento de los deberes del funcionario público por el incumplimiento de la ley 992. “Hay toda una campaña mediática que intenta enfrentar a los vecinos de la Ciudad con los cartoneros que vienen del conurbano. Pero la verdad es que los cartoneros no podrían juntar todo lo que juntan sin la colaboración de los vecinos. También es verdad que hubo algunos vecinos que presentaron una denuncia para que los desalojen, pero esos son quienes priorizan una mirada estética sobre el problema en lugar de analizar la problemática social de los que vivían en el asentamiento. Ellos buscaban una solución para su problema y también para la ciudad, que malgasta los 1.600 millones de pesos que gasta en higiene y saneamiento urbano. El mecanismo de gestion de residuos actual no solo es antiecológico, sino que despilfarra un montón de recursos. Económicos. La mayor parte de la basura puede ser reutilizada y generar una cadena de valor económico”, sentencia Tiscornia.