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Dos muertes y un nuevo atropello a la comunidad qom

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Tres integrantes de la comunidad qom Napocna Potae Navogoh fueron atropellados este domingo por el gendarme Cátulo Cardozo, en la ruta 86, a la altura de la Misión Tacaaglé, Formosa. Ayer por la tarde falleció Celestina Jara, 49 años, “una de las grandes luchadoras”, define Félix Díaz.  Hoy se conoció la muerte de su nieta Natalia, de apenas diez meses. Ricardo Coyipé, el tercero que viajaba en la moto que fue embestida, se encuentra herido, pero fuera de peligro, en su casa, porque no quiere atenderse en el hospital “por miedo”.

Tanto Ricardo, el sobreviviente, como su hija Yanina, madre de la beba muerta, que venía atrás de ellos en otra moto, sostienen la misma versión: “Primero intentó atropellar a la hija de Ricardo, pero ellos esquivaron a la camioneta, y después agarró a Ricardo y su mujer con la beba. Una vez tirados en la ruta, el gendarme se baja y lo primero que hace es insultar a Ricardo. Y, no solamente eso: lo pateó en la cabeza, en la espalda y lo pisó en el abdomen donde tiene una herida que fue producto de la represión del año 2010”, cuenta el carasche de la comunidad Félix Díaz.
El último viaje
Ricardo Coyipé, Celestina Jara, Yanina y su hija Natalia habían viajado a la misión qom Tacaaglé, a 50 kilómetros de su comunidad, a visitar a unos familiares. Habían ido en dos motos.
El domingo al mediodía, cuando ya volvían por la misma ruta 86 que los lleva a su comunidad, apenas saliendo de la misión, se toparon con una camioneta manejada por el gendarme Cátulo Cardozo. Yanina, que iba sola detrás de Ricardo y Celestina, que llevaban a su hija bebé, dice que el gendarme le tiró la camioneta encima; “pero ella esquivó a la camioneta, y después agarró a la otra moto”, relata Félix.
Yael, el hijo de Roberto López,  qom asesinado en la represión policial del 2003 en la ruta, cuenta a lavaca: “el gendarme lo insultó porque Ricardo no había visto para atrás”.
Félix, en cambio, no vacila al señalar: “fue intencional”.
El testimonio de los sobrevivientes Ricardo y Yanina no abonan la teoría del accidente.
Los antecedentes, tampoco.

La camisa ensangrentada en la represión de 2003


Los atropellos
Félix Díaz fue atropellado en la ruta en 2007 y otra vez en agosto de este año.
Cuenta sobre la primera: “Yo iba a Laguna Blanca, y el vehículo venía de esa zona. Se iba hacia Florinda, me agarró detrás de la bicicleta y me tiró en la banquina”. Más allá de algunas heridas, quedó fuera de peligro.
La segunda fue más violenta: el 9 de agosto de 2012, fecha consagrada como Día del Derecho Indígena, Félix volvía a su casa cuando fue arrollado por una camioneta negra que no pudo identificar. Resultó gravemente herido y aún hoy le cicatrizan las heridas. “No podría decir que fue un accidente porque es muy notorio que la intención era tirarme o liquidarme. Me salvé de milagro”, dijo en aquella oportunidad a lavaca.
De esta historia sin casualidades, que combina rutas, autos e injusticia, Félix tiene una teoría: “Esos son argumentos para matar a los indígenas. Ya van varios hermanos que mueren por este sistema de eliminar físicamente a través del uso de los vehículos ; porque los vehículos usan los seguros y el chofer siempre sale favorecido: cubren las malas conductas. Esa es la forma que nos matan en estos tiempos”.
Dice a lavaca Mauro, otro miembro de la comunidad: “La gente tiene miedo de andar porque es muy peligroso porque te pueden hacerte algo, te persiguen”.
El gendarme Cardozo esté detenido en el Escuadrón 16 de la Gendarmería Nacional de Clorinda, pero Félix no guarda expectativas: “Es difícil que la justicia intervenga. Ojalá que el juez se anime para que pague lo que hizo este hombre”.
Esta sensación de impunidad se refuerza en la soledad de la pampa formoseña, sin testigos, y se redobla más aún en la injusticia que encuentran los qom en estos casos. Félix: “Nos sentimos impotentes ante esta situación tan lamentable que estamos pasando, que se siguen matando hermanos y nos duele mucho que el gobierno nacional y provincial no le están dando importancia a esta situación, a pesar que tenemos la medida cautelar vigente de la CIDH y se siguen matando indígenas”.

La tumba de Roberto López, asesinado en la ruta en 2003


Nunca más
Celestina Jara murió la tarde del mismo 9 de diciembre en que fue atropellada, a causa de los golpes producidos por el impacto, la caída y el vuelco en la ruta.
Hoy, 10 de diciembre, los médicos del Hospital de Formosa “no pudieron hacer nada”, cuenta Félix,   con  Natalia Lila, de diez meses, que también murió tras un día de estar en coma.
Nieta y abuela fueron sepultadas juntas.
“Era una gran luchadora” define Félix sobre Celestina. “Ella siempre estuvo con nosotros, también sufrió la golpiza de la policía de Formosa y tiene una causa penal”. Félix se refiere a las causas que la justicia, en otra estrategia de inversión de cargos, abrió contra miembros de la comunidad tras la jornada del 23 de noviembre de 2010 por “instigación a cometer delitos, atentado a la autoridad y lesiones”. Dice Félix: “ Era una mujer muy comprometida con la causa indígena, al igual que su marido”.
Celestina fue una de los pocos miembros de la comunidad que viajó a Buenos Aires el 23 de diciembre de 2010, un mes después que la policía formoseña matara al qom Roberto López, para hacer escuchar sus reclamos desde el ombligo porteño: tierras, agua, educación, senderos asfaltados, justicia.
Junto a Félix, Yael – el hijo de Roberto- y otra veintena de compañeros acamparon durante más de 5 meses en Avenida de Mayo y 9 de julio, se encadenaron a ministerios, hicieron huelgas de hambre hasta que el gobierno nacional  decidió recibirlos.
La condición para levantar el acampe fue la promesa del ministro del Interior, Mariano Randazzo, de generar una mesa de diálogo entre la comunidad, el gobierno nacional y el gobierno provincial.
Para ello, le exigieron a la comunidad Napocna Potae Navogoh que elija un representante. Félix Díaz ya era el cacique natural y elegido, aunque no por instancias burocráticas y occidentales.
Los qom se sometieron a ese proceso con paciencia y la seguridad de estar reclamando por lo justo.
Soportaron las maniobras del gobierno provincial que empujaban a un candidato propio, Cristino Zanabria, a fuerza de chapas, colchones, planes sociales  y otras promesas para quienes lo votaran.

Las casas quemadas: otro de los ataques que sufrió la comunidad


Las elecciones finalmente se hicieron a 60 kilómetros de la comunidad. El gobierno provincial puso camionetas para trasladar a los seguidores de Zanabria. Los de Félix muchos fueron a pie, otros en moto y algunos hasta se subieron a las camionetas del favorito del gobernador para asegurarle el voto a Díaz: “Ese método de la mentira lo aprendimos de ellos”, dicen en la comunidad.
Félix Díaz ganó con el 80% de los votos. Ahora sí, era el cacique virtual y real según las exigencias de los gobiernos para encarar la mesa de diálogo.
Pero el gobierno provincial no reconoció a la autoridad elegida, y se retiró de la mesa.
El gobierno nacional no hizo nada. Nada más.
Los Qom se quedaron hablando solos.
Desde entonces y como siempre, la comunidad qom reclama justicia.
Justicia para que les devuelvan sus tierras.
Justicia por Roberto López
Justicia para una vivienda digna y acceso al agua potable.
Acceso a DNI, caminos asfaltados, escuela propia.
El día de la democracia y los derechos humanos, los qom sumaron dos razones más para exigir Nunca Más.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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