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Dos muertes y un nuevo atropello a la comunidad qom

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Tres integrantes de la comunidad qom Napocna Potae Navogoh fueron atropellados este domingo por el gendarme Cátulo Cardozo, en la ruta 86, a la altura de la Misión Tacaaglé, Formosa. Ayer por la tarde falleció Celestina Jara, 49 años, “una de las grandes luchadoras”, define Félix Díaz.  Hoy se conoció la muerte de su nieta Natalia, de apenas diez meses. Ricardo Coyipé, el tercero que viajaba en la moto que fue embestida, se encuentra herido, pero fuera de peligro, en su casa, porque no quiere atenderse en el hospital “por miedo”.

Tanto Ricardo, el sobreviviente, como su hija Yanina, madre de la beba muerta, que venía atrás de ellos en otra moto, sostienen la misma versión: “Primero intentó atropellar a la hija de Ricardo, pero ellos esquivaron a la camioneta, y después agarró a Ricardo y su mujer con la beba. Una vez tirados en la ruta, el gendarme se baja y lo primero que hace es insultar a Ricardo. Y, no solamente eso: lo pateó en la cabeza, en la espalda y lo pisó en el abdomen donde tiene una herida que fue producto de la represión del año 2010”, cuenta el carasche de la comunidad Félix Díaz.
El último viaje
Ricardo Coyipé, Celestina Jara, Yanina y su hija Natalia habían viajado a la misión qom Tacaaglé, a 50 kilómetros de su comunidad, a visitar a unos familiares. Habían ido en dos motos.
El domingo al mediodía, cuando ya volvían por la misma ruta 86 que los lleva a su comunidad, apenas saliendo de la misión, se toparon con una camioneta manejada por el gendarme Cátulo Cardozo. Yanina, que iba sola detrás de Ricardo y Celestina, que llevaban a su hija bebé, dice que el gendarme le tiró la camioneta encima; “pero ella esquivó a la camioneta, y después agarró a la otra moto”, relata Félix.
Yael, el hijo de Roberto López,  qom asesinado en la represión policial del 2003 en la ruta, cuenta a lavaca: “el gendarme lo insultó porque Ricardo no había visto para atrás”.
Félix, en cambio, no vacila al señalar: “fue intencional”.
El testimonio de los sobrevivientes Ricardo y Yanina no abonan la teoría del accidente.
Los antecedentes, tampoco.

La camisa ensangrentada en la represión de 2003


Los atropellos
Félix Díaz fue atropellado en la ruta en 2007 y otra vez en agosto de este año.
Cuenta sobre la primera: “Yo iba a Laguna Blanca, y el vehículo venía de esa zona. Se iba hacia Florinda, me agarró detrás de la bicicleta y me tiró en la banquina”. Más allá de algunas heridas, quedó fuera de peligro.
La segunda fue más violenta: el 9 de agosto de 2012, fecha consagrada como Día del Derecho Indígena, Félix volvía a su casa cuando fue arrollado por una camioneta negra que no pudo identificar. Resultó gravemente herido y aún hoy le cicatrizan las heridas. “No podría decir que fue un accidente porque es muy notorio que la intención era tirarme o liquidarme. Me salvé de milagro”, dijo en aquella oportunidad a lavaca.
De esta historia sin casualidades, que combina rutas, autos e injusticia, Félix tiene una teoría: “Esos son argumentos para matar a los indígenas. Ya van varios hermanos que mueren por este sistema de eliminar físicamente a través del uso de los vehículos ; porque los vehículos usan los seguros y el chofer siempre sale favorecido: cubren las malas conductas. Esa es la forma que nos matan en estos tiempos”.
Dice a lavaca Mauro, otro miembro de la comunidad: “La gente tiene miedo de andar porque es muy peligroso porque te pueden hacerte algo, te persiguen”.
El gendarme Cardozo esté detenido en el Escuadrón 16 de la Gendarmería Nacional de Clorinda, pero Félix no guarda expectativas: “Es difícil que la justicia intervenga. Ojalá que el juez se anime para que pague lo que hizo este hombre”.
Esta sensación de impunidad se refuerza en la soledad de la pampa formoseña, sin testigos, y se redobla más aún en la injusticia que encuentran los qom en estos casos. Félix: “Nos sentimos impotentes ante esta situación tan lamentable que estamos pasando, que se siguen matando hermanos y nos duele mucho que el gobierno nacional y provincial no le están dando importancia a esta situación, a pesar que tenemos la medida cautelar vigente de la CIDH y se siguen matando indígenas”.

La tumba de Roberto López, asesinado en la ruta en 2003


Nunca más
Celestina Jara murió la tarde del mismo 9 de diciembre en que fue atropellada, a causa de los golpes producidos por el impacto, la caída y el vuelco en la ruta.
Hoy, 10 de diciembre, los médicos del Hospital de Formosa “no pudieron hacer nada”, cuenta Félix,   con  Natalia Lila, de diez meses, que también murió tras un día de estar en coma.
Nieta y abuela fueron sepultadas juntas.
“Era una gran luchadora” define Félix sobre Celestina. “Ella siempre estuvo con nosotros, también sufrió la golpiza de la policía de Formosa y tiene una causa penal”. Félix se refiere a las causas que la justicia, en otra estrategia de inversión de cargos, abrió contra miembros de la comunidad tras la jornada del 23 de noviembre de 2010 por “instigación a cometer delitos, atentado a la autoridad y lesiones”. Dice Félix: “ Era una mujer muy comprometida con la causa indígena, al igual que su marido”.
Celestina fue una de los pocos miembros de la comunidad que viajó a Buenos Aires el 23 de diciembre de 2010, un mes después que la policía formoseña matara al qom Roberto López, para hacer escuchar sus reclamos desde el ombligo porteño: tierras, agua, educación, senderos asfaltados, justicia.
Junto a Félix, Yael – el hijo de Roberto- y otra veintena de compañeros acamparon durante más de 5 meses en Avenida de Mayo y 9 de julio, se encadenaron a ministerios, hicieron huelgas de hambre hasta que el gobierno nacional  decidió recibirlos.
La condición para levantar el acampe fue la promesa del ministro del Interior, Mariano Randazzo, de generar una mesa de diálogo entre la comunidad, el gobierno nacional y el gobierno provincial.
Para ello, le exigieron a la comunidad Napocna Potae Navogoh que elija un representante. Félix Díaz ya era el cacique natural y elegido, aunque no por instancias burocráticas y occidentales.
Los qom se sometieron a ese proceso con paciencia y la seguridad de estar reclamando por lo justo.
Soportaron las maniobras del gobierno provincial que empujaban a un candidato propio, Cristino Zanabria, a fuerza de chapas, colchones, planes sociales  y otras promesas para quienes lo votaran.

Las casas quemadas: otro de los ataques que sufrió la comunidad


Las elecciones finalmente se hicieron a 60 kilómetros de la comunidad. El gobierno provincial puso camionetas para trasladar a los seguidores de Zanabria. Los de Félix muchos fueron a pie, otros en moto y algunos hasta se subieron a las camionetas del favorito del gobernador para asegurarle el voto a Díaz: “Ese método de la mentira lo aprendimos de ellos”, dicen en la comunidad.
Félix Díaz ganó con el 80% de los votos. Ahora sí, era el cacique virtual y real según las exigencias de los gobiernos para encarar la mesa de diálogo.
Pero el gobierno provincial no reconoció a la autoridad elegida, y se retiró de la mesa.
El gobierno nacional no hizo nada. Nada más.
Los Qom se quedaron hablando solos.
Desde entonces y como siempre, la comunidad qom reclama justicia.
Justicia para que les devuelvan sus tierras.
Justicia por Roberto López
Justicia para una vivienda digna y acceso al agua potable.
Acceso a DNI, caminos asfaltados, escuela propia.
El día de la democracia y los derechos humanos, los qom sumaron dos razones más para exigir Nunca Más.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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