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Un muerto cada 21 horas en manos de las fuerzas de seguridad

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“Cambiemos es el gobierno más represor desde la vuelta de la democracia en 1983: desde 2015, el promedio es de un asesinado cada 21 horas». Esa la síntesis del informe anual que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó en Plaza de Mayo en un acto en el que participaron Nora Cortiñas y Sergio Maldonado. Las cifras del informe. El factor Bullrich. Los “femicidios de uniforme”. Y el análisis de la abogada María del Carmen Verdú: “La represión no es un error o exceso: es una política de Estado”.

Por Luis Zarranz

Como todos los años, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), presentó su “Informe Anual de la Situación Represiva”, en Plaza de Mayo, con la participación de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y Sergio Maldonado, entre cientos de familiares víctimas de la violencia estatal, sentados con carteles colgados al cuello de sus hijos, sus sobrinos, sus nietos.
“Hay organizaciones y organismos que colaboran para que nuestros casos lleguen a juicio, pero no es suficiente”, subrayó el hermano mayor de Santiago Maldonado. La familia aún se encuentra a la espera de Justicia tras su apelación al cierre de la causa que dictaminó el juez federal Gustavo Lleral en noviembre del año pasado, luego de revelarles que estaba siendo extorsionado.
“Ustedes siempre quienes tienen que estar al frente del reclamo de Verdad y Justicia. No hay quién pueda reemplazarnos”, continuó Sergio. “Somos los familiares los que tenemos que llevar la entereza de esa lucha. Los organismos pueden acompañar, pero atrás o al costado. Hay que entender que hay días que no queremos luchar. Que queremos llorar y abrazar. Que hay días que abrimos la puerta y hay 300 mil personas y otros que no hay nadie. Pido Verdad y Justicia por todos ustedes por sus familiares, por los 30 mil, por todos los desaparecidos en dictadura y en democracia. Y por Santiago. Necesitamos más pibes solidarios como Darío Santillán y Santiago Maldonado, y menos Chocobar y Patricia Bullrich”.
Las palabras resonaron fuerte en una Plaza de Mayo que recibió la contundencia de los números del informe de la CORREPI, que permite comprender la dimensión de la política represiva: “Cambiemos es el gobierno más represor desde la vuelta de la democracia en 1983: desde 2015, el promedio es de un asesinado cada 21 horas».
Éste y otros datos de enorme impacto dan cuenta de la vitalidad del aparato represivo, a 43 años del último golpe cívico militar, cuyo aniversario será repudiado en las calles, una vez más, este domingo 24 de marzo.
Algunos de los datos más impactantes de la investigación que CORREPI presenta y actualiza año a año:

  • “Un total de 1303 personas fueron asesinadas por el aparato represor del Estado durante la gestión de Cambiemos”.
  • Desglose: del 11 al 31 de diciembre de 2015: 50 casos. En 2016: 442. En 2017: 451. En 2018: 333, sin contar 150 muertes en lugares de detención aún no informadas. En 2019, hasta el 12 de febrero: 28.
  • “Desde 1996, fueron asesinadas 6535 personas por el aparato represor”.
  • “En sus tres primeros años de gobierno, el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados ya es responsable del 20% del total de muertes ocurridas desde diciembre de 1983”.
  • «La Policía de la Ciudad mató a 48 personas en 26 meses”. Duplicó los casos que tuvo su fuerza antecesora, la Metropolitana, en cuatro veces más de tiempo: 22 casos en ocho años”.
  • «Una de cada cinco mujeres asesinada en contexto de violencia machista es a la vez víctima de violencia estatal»
  • “En los últimos tres años fueron detenidas más de 550 personas en contexto de protesta social”.
  • “Más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio”.
  • “La casi totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones”.
  • “El 44,5% de las muertes corresponde a personas de 25 años o menos”. Si se suman a los de 25 a 35 años, el porcentaje se eleva al 70%.
  • “En relación a la población/casos, la provincia de Buenos Aires continúa primera, con muy poca diferencia con las que la siguen: Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza. En un segundo pelotón aparecen La Pampa, Río Negro, CABA, Santiago del Estero y Córdoba”.
  • “Las dos modalidades más frecuentes de la represión son las muertes de personas detenidas (46,8%) y los fusilamientos de gatillo fácil (38,3%).
  • Durante los gobiernos kirchneristas hubo, en promedio, un muerto cada 30 horas.

Haciendo historia

CORREPI produjo el primer informe, mucho más artesanal que los que elabora ahora, en 1996, después de que el entonces presidente Carlos Menem brindara su versión respecto a porqué crecían las denuncias sobre fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, se atrevió a decir. La frase fue revalidada por el entonces ministro de Interior, el servilletero Carlos Corach, que en una de sus habituales entrevistas al bajar de su departamento, sostuvo “¿Dónde están los nombres?”.
Así, como respuesta urgente, un ínfimo equipo de militantes, ligado a familiares de víctimas de la represión, presentó un primer informe con 262 de personas asesinadas por el Estado desde el fin de la dictadura. El listado se presentó en Plaza de Mayo, cuando una delegación de familiares, se lo llevó a Corach para que, por fin, pudiera ver “los nombres”.
Desde entonces, la presentación del informe anual es un ritual de la lucha antirepresiva, que incluye casos de gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (en gran parte, tras recibir torturas), fusilamientos en movilizaciones, muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que, para “resolver” un conflicto interno o familiar, el autor utiliza los recursos represivos que le provee el Estado); entre otros.
María del Carmen Verdú es una de las históricas referentes de CORREPI. En diálogo con lavaca, analiza e interpreta qué (nos) dicen estos datos sobre la violencia represiva:
¿Cuál es el dato más sobresaliente?: “Sin dudas, que el ritmo de las personas asesinadas sigue creciendo al mismo ritmo, o mayor, que al inicio de la gestión Macri. La curva de crecimiento histórica coincide, obviamente, con los momentos de profundización del conflicto y de crisis social (años 1989, 2001, 2008 o 2015), en donde hay un salto y luego un amesetamiento. Acá, lo que se comprueba es que desde diciembre de 2015 a hoy, todos los días sigue subiendo: es una constante. Tan sostenido en el tiempo no había ocurrido nunca antes. Por eso, el número promedio de la gestión de Macri es de una muerte cada 21 horas”.
Política de Estado: “La represión es política de Estado y no un error, un exceso, un abuso, un defecto, o un problema no resuelto. La diferencia sustancial de la política de Cambiemos respecto a las anteriores es que por primera vez no lo tenemos que estar explicando nosotros, porque lo explica Patricia Bullrich por cadena nacional. La diferencia es abismal por el efecto que produce en las Fuerzas y en el Poder Judicial: por primera vez en los 35 años de democracia, un gobierno en bloque sale a decir: ‘Esta es nuestra política’,  ‘Es la decisión que hemos tomado como Estado’. Son frases textuales de Bullrich, Michetti y del propio Macri”. Antes, cuando lo mataron a Carlos Fuentealba, por ejemplo, Aníbal Fernández y Cristina Fernández dijeron: ‘Investigaremos hasta las últimas consecuencias’. Cuando se armó la visibilidad pública del caso, la estrategia del gobierno fue aportar testigos a la causa, sacarse fotos con la mamá: cuando las cosas se las iban de las manos y se producía un rebote importante, el gobierno se intentaba despegar y lo presentaba como un hecho individual repudiable. Ahora, en lugar de eso, lo reciben a Chocobar, el policía que fue filmado fusilando por la espalda, recién salido del procesamiento, y dicen que necesitamos muchos policías como él. Eso es una orden explícita al resto de las Fuerzas para que sigan disparando”.
Mujeres: “Los casos de mujeres que son víctimas de la violencia represiva son pocos (600 sobre 6500), en términos proporcionales, porque el 90% de los casos de gatillo fácil son víctimas varones jóvenes: el sujeto a disciplinar en los barrios. Lo mismo ocurre en las cárceles. Son infinitamente más los varones porque la población masculina de cárceles es muy superior a la de mujeres, pero en la relación población/cantidad de casos es parejo”.
Mujeres II: “Si se toman el total de casos en los que la víctima son mujeres (596 casos), la mayoría, 349 son femicidios. Casos intrafamiliares en los que miembros de fuerzas de seguridad asesinan a su pareja, a su ex, su hija, o a su suegra, Es lo que denominamos ‘femicidios de uniforme’ y representa alrededor del 20% de todos los casos: ningún oficio u ocupación tiene un porcentaje tan elevado. Cuando se cruzan la violencia patriarcal con la estatal, se potencian”.
Medios de (in)comunicación: “Estamos discutiendo sobre el pibito de 8 años que robó una joyería, aunque sea un hecho absolutamente excepcional, porque los medios bombardean con casos de ese estilo. El conjunto de la política represiva no solo se administra a punta de pistola o picana, sino que además de lo que es violencia directa hay toda una serie de mecanismos de cooptación de concesos para legitimar lo que se ve y para naturalizar lo que debe ser invisibilizado. Ésa es la función que cumplen esas usinas propagandísticas oficiales disfrazas de medios de comunicación. Basta con leer los títulos. No es lo mismo decir ‘valiente miembro del orden abatió un precoz delincuente’, que ‘un policía hijo de puta le metió un tiro a un nene de doce años’”.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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