Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.

Por Lucas Pedulla

El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:  

“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.

El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.

Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.

La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.

Avon, papel & toma

Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.

En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:

• “Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”. 
• “Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”. 
• “En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.

La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.

Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.

Gris de espera

Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.

Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.

Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.

Empezó el segundo proceso judicial a integrantes de la lof mapuche, a quienes se les endilga el delito de usurpación en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, Río Negro. 

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca y que se realizará de manera virtual, tendrá 132 testigos que serán llamados a declarar y como mínimo, se espera que dure hasta abril. Expresan desde la comunidad: “Somos sometidos injustamente, acusados de usurpar nuestro propio territorio, el mismo que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.

Para entender el conflicto hay que retroceder a 2017, cuando la lof inició la recuperación de su territorio a partir del levantamiento de una machi –guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche–, y la construcción del rewe –un sitio sagrado de conexión con otras energías del espacio en donde la machi atendía a quien fuera a curarse–. La respuesta del Estado fue de terror: un operativo de desalojo comandado por la vigente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura, el 25 de noviembre de aquel 2017. Todo ese proceso derivó en el primer juicio contra la comunidad, donde fueron condenados siete mapuche.

Tiempo después del crimen de Rafita, la comunidad volvió al territorio hasta que en 2022, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutó otro desalojo represivo.

En el juicio que arrancó hoy y continúa mañana, se juzga de la usurpación de distintos terrenos a Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Colhuan, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Se defienden desde la comunidad: “Nos encontramos frente a un contexto muy difícil alimentado por un sistema político y judicial perverso, que agudizó la persecución hacia el Mapuche con más violencia y encarcelamientos, con el fin de debilitarnos y quitarnos nuestro territorio”. 

El juez a cargo se llama Alejandro Silva y es el mismo que presidió el proceso por el fusilamiento de Rafael Nahuel y que condenó a sus responsables con penas ínfimas. 

Ataques

El contexto al que hacen referencia refiere a un gobierno que agudizó el hostigamiento preexistente hacia el pueblo mapuche, además de un avasallamiento de derechos a las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Algunos ejes de esa persecución: el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el decreto que barrió a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) que mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios y que allanó el terreno para el desarraigo de la comunidad Paillako a principio de este año; y el señalamiento sin pruebas como causantes de los incendios en la Patagonia. Por citar un caso, Victoria Heredia Núñez, integrante de Lof Pillan Mahuiza, cumple arresto domiciliario desde el 12 de febrero acusada del incendio en la Estancia Amancay, en la localidad chubutense de Trevelin, pese a demostrar mediante georreferenciación que al iniciarse el fuego estaba a más de 90 kilómetros.

La gente de la comunidad frente a la policía durante una inspección ocular en octubre de 2023. Fotos: Jaime Carriqueo

Absurdos

La defensa de la comunidad está a cargo de la Gremial de Abogadas y Abogados. Uno de ellos, Gustavo Franquet, le dice a lavaca ni bien concluida la primera audiencia: “Esto comenzó en 2017 y estamos en 2025; llevamos más de 7 años donde se supone que juzgados de instrucción federal, fiscalías federales, fuerzas federales de investigación como Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura investigaron a la comunidad y no pudieron conseguir elementos para acusarlos de otra cosa que no fuera usurpación, motivo por el que ni tendrían que estar en el banquillo. El Estado argentino, desde la Constitución de 1994, reconoce los derechos preexistentes de los pueblos originarios, por lo que no puede ni debe criminalizar el conflicto territorial; en una recuperación, no hay delito. Si esto fuera juzgado como corresponde, no pueden de ninguna manera condenar a nadie”.

En cuanto a cómo abrió el juicio, cuenta: “Sólo en un par de horas que duró, ya se cometieron varios despropósitos jurídicos, aunque estamos seguros que lo más horroroso de este juicio está por venir; vamos a escuchar cosas muchísimos más jodidas, hoy fue un precalentamiento”.

¿Qué despropósitos?

Entre las barbaridades que dijeron, hubo tres que no se pueden creer. 

A una de las mujeres, Yéssica Bonefoi, la quisieron acusar de la usurpación de una cabaña, que cuando la fiscalía pidió la elevación a juicio, ni se mencionó. Fue algo insólito, porque no pueden inventar elementos nuevos. Pidieron un cuarto intermedio y cuando volvimos retiraron ese planteo porque obviamente estaba fuera de lugar. Es tanta la voluntad de persecución, de acusación gratuita, que ni se fijaron en eso.

Un segundo despropósito es que cuando se produce lo que llaman la usurpación del ex Hotel Mascardi, una de las acusadas (la machi Betiana) seguía siendo menor. Por ley de minoridad, hay todo un proceso que en este caso no se cumplió cuando se acusa a menores de entre 16 y 18 años y que ahora imposibilita al juez a dictar sentencia contra ella. Como una cuestión lógica le exigimos al juez que no la someta al juicio, y en vez de aceptarlo, dijo que lo va a decidir al final del proceso. Algo totalmente absurdo y re victimizante para la machi.

Y un tercer punto que es la pretensión de la fiscalía y de las querellas de que consideren a la usurpación como un delito continuado. Se denomina con esta tipificación a delitos como la desaparición forzada, o un secuestro, pero no a una usurpación, que es un tipo específico de hurto o de robo, en este caso de un inmueble. Si alguien comete un robo, el delito es en ese momento, no continúa en el tiempo. Ahí hay otro absurdo.

Truchos

En 2022, antes del segundo desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, se incendió un trailer y un remolque de Gendarmería. Desde los gobiernos provinciales y nacionales se acusó al pueblo mapuche, al igual que de usurpar una cabaña. Recuerda Gustavo: “Ahí empezó toda esta farsa. Esa zona está protegida por fuerzas federales, pero señalaron a la lof y así allanaron el camino para desalojarlos”. 

Ese desalojo fue brutal, con más de 250 efectivos del Comando Unificado que irrumpieron en el territorio. Romina Rosas, una de las mapuche detenidas, estaba embarazada de ocho meses y fue golpeada y arrastrada por el piso; días después, parió a su bebé rodeada de policías. Celeste, decía esto de aquel 4 de octubre de 2022: “Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Fue una cacería”.

Retoma Gustavo Franquet: “A las seis personas que están enfrentando el juicio jueces federales les dictaron su falta de mérito, porque no hay ningún elemento que los ligue a lo que se los acusa. Toda esta causa es trucha porque fue creada para criminalizar, para desalojar y para allanar a la comunidad. Y por ende, todo este juicio es trucho”.

Lafken, en mapudungún, significa espejo de agua. Winkul, espíritu guardián de la montaña. Y Mapu, tierra. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, concluyen: “Seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (creencia) y esencia mapuche. A enfrentar al winka con nuestra verdad, por más que el aparato estatal utilice todos los medios a su alcance para difamarnos pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones. Pero tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.

Matías Santana, la Machi Betiana, Luciana Jaramillo y Romina Rosas son cuatro de los seis acusados, durante la primera audiencia del juicio en su contra.

En una jornada histórica, la comunidad de Concepción del Uruguay salió a la calle a defender la situación laboral de 400 personas de la Granja Tres Arroyos ante la amenaza de despidos masivos. Reproducimos la crónica y las fotos de la Cooperativa de Comunicación y Cultura El Miércoles (www.elmiercolesdigital.com.ar), que reflejan un conflicto que empezó en noviembre cuando la empresa faenadora de pollos resolvió quitarles a los trabajadores un pago que representaba el 21 por ciento del salario. El Miércoles informa que la manifestación de este domingo se produjo por la conciencia “del impacto que se provocará en la ciudad si se producen esos despidos masivos”.

Por J.R.D. de El Miércoles

Fotos El Miércoles

Este domingo 23 de febrero se produjo en Concepción del Uruguay la concentración y movilización de trabajadores de la empresa frigorífica avícola Granja Tres Arroyos (GTA).

La jornada calurosa no impidió que miles de personas  se trasladen desde el bulevard Montoneras por la calle 9 de Julio hasta la plaza principal Francisco Ramírez. A esta movida se sumaron familiares, amigos y la sociedad en general, logrando un marco multitudinario.

Fue a horas que venza la Conciliación Obligatoria entre la empresa avícola y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), que fue dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación el 27 de enero, con varias reuniones infructuosas hasta el día de hoy.

Hay amenazas concretas de la empresa de despedir a 400 trabajadores de la planta La China, por la negativa gremial de firmar un preventivo de crisis solicitado por la  patronal, ya que estos entienden que los adicionales salariales que perciben los trabajadores  -los cuales fueron otorgados hace muchos años– ponen en riesgo la viabilidad de la empresa y según las palabras de uno de sus dueños, Joaquín De Grazia, las demás plantas que tienen en el país ya firmaron aceptando esas condiciones.

Obviamente desde el gremio local rechazan de cuajo este planteo, niegan que haya crisis y planean que solo se trata de un intento de aumentar aún más sus ganancias a costa de la precarización laboral.

Incluso este medio supo que, pese a que rige la Conciliación Obligatoria, GTA estuvo enviando telegramas de despidos.

Soledad y malestar de los trabajadores

También entre los trabajadores rige un cierto recelo hacia la Federación que nuclea a los  afiliados a STIA, porque desde el año pasado en otras provincias firmaron ese preventivo de crisis, dejando prácticamente aislado a la seccional Uruguay. De hecho en un momento hubo cantos y reproches contra la Federación, pese a los  intentos del secretario general local, Miguel Klenner, de contenerlos y apaciguarlos en su discurso micrófono en mano. mientras se sostenía arriba de una baranda del Centro Cívico, apoyado sobre los mástiles.

Un dato no menor es que entienden que el clima de época y árbitraje del Estado no es precisamente favorable para sus intereses. Por lo que el presidente Javier Milei también estuvo presente en la dedicatorias de los cánticos de protestas.

Sueldos: -21%

El conflicto empezó a gestarse en noviembre de 2024, cuando la empresa de la familia De Grazia resolvió quitarles a los trabajadores un pago adicional que cobraban desde hace casi 40 años, lo que representaba en la liquidación final el 21 por ciento del sueldo. En las negociaciones la patronal intimó a que aceptasen la reducción salarial o despedían gente.

Después se agravó cuando pidieron a  los trabajadores que firmen los llamados “preventivos de crisis», que implicaban descuentos y renuncias a derechos adquiridos por los trabajadores de la planta faenadora de pollos desde hace muchos años.

Ante la negativa gremial, el directorio de Tres Arroyos amenazó con despedir a 400 trabajadores, lo que empezó a cumplir parcialmente. Llevaban 80 telegramas enviados cuando el gremio decretó el paro general en la planta el 27 de enero. Ello derivó en la Conciliación Obligatoria dictada por  el organismo laboral estatal.

Lo sucedido este domingo fue notable desde varios lugares. El acompañamiento social de varios sectores de la comunidad  uruguayense, conscientes del impacto que provocará en la ciudad si se producen esos despidos masivos, la presencia de sectores gremiales, incluso de los antagónicos tanto externos como internos al gremio convocante. Tal vez  lo de esta jornada fue el comienzo de algo distinto. El tiempo  lo dirá.

Una hora antes, mientras la movilización avanzaba por la 9 de Julio, ya había personas esperándolos en la plaza Ramírez.