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La otra Monsanto: Radiografía de Syngenta

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Hoy el presidente Alberto Fernández visitará la planta de Syngenta para anunciar un acuerdo de venta de soja a China, el día del cumpleaños de la empresa transgénica. Flor de regalo: en Argentina la compañía inunda los campos de transgénicos y de plaguicidas prohibidos en otros lugares del mundo, mientras incentiva un marketing que abusa de la palabra “sustentabilidad”. Sus alianzas con Monsanto para ocultar los efectos de los pesticidas. Y por qué con la adquisición de Valagro, la mayor corporación global elaboradora de productos biológicos, Syngenta/ChemChina impulsa una campaña para posicionarse como la empresa que pretende liderar el agro del futuro.

Por Anabel Pomar

Con la adquisición de la mayor compañía global de productos biológicos, Syngenta/ChemChina impulsa una campaña para posicionarse como la empresa que liderará el agro del futuro. Pero sus publicidades “verdes” se licúan rápidamente ante la realidad de sus prácticas. En Argentina inunda los campos de transgénicos y plaguicidas altamente peligrosos como la atrazina, el glifosato o el paraquat. Y mientras habla de sustentabilidad comercializa sustancias prohibidas en otros lugares del mundo, que solo exporta a países empobrecidos.

Syn–gente

Cuatro empresas manejan el mercado global de insumos agrícolas. Syngenta Group es una de ellas. Las otras tres son Bayer –empresa que compró Monsanto–, Corteva –resultado de la fusión entre Dow y Dupont–, y BASF. En Argentina, Syngenta, Bayer, BASF, Corteva y FMC representan el 55 % del mercado.

Syngenta es una transnacional con sede en Suiza y propiedad china desde 2017, adquirida por ChemChina (China National Chemical Corp) por unos 43.000 millones de dólares. Es la segunda fabricante a nivel mundial de transgénicos, agrotóxicos y semillas comerciales. En enero, ChemChina se fusionó con la también china Sinochem para formar el flamante Syngenta Group.

El 8 de octubre pasado la empresa comunicó la adquisición de Valagro con el objetivo de posicionarse en el desarrollo de un mercado de productos biológicos que está previsto duplique su tamaño en los próximos cinco años. “Aprovechar el poder de la naturaleza para ofrecer soluciones innovadoras y eficaces en la nutrición y el cuidado de las plantas”, dicen en su página oficial. El grupo Syngenta informa además que sus ventas en el tercer trimestre de 2020 en América Latina crecieron un 5 % en la división protección de cultivos, un 9% en químicos y un 4% en semillas. Las corporaciones crecen mientras las tierras se concentran cada vez más, vaciando los campos de gente.

Syngenta factura según Forbes unos 750 millones de dólares anuales. Al comprar Nidera en 2018, llevó su liderazgo en agrotóxicos (tiene el 20% del mercado) al mundo de las semillas y hoy ranquea primera en girasol, segunda en maíz detrás de Dekalb (de Bayer) y segunda también en soja, detrás de la argentina GDM (Don Mario).

De los 61 eventos transgénicos autorizados en nuestro país, Syngenta tiene 9 de los productos que se usan para maíz, con resistencias a lepidópteros y a coleópteros y tolerancias a glifosato y a glufosinato de amonio; otro para soja, con tolerancia a los herbicidas a base de glufosinato de amonio e inhibidores de la enzima p–hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD); y uno más que es utilizado para la plantación de algodón, con protección contra lepidópteros.Tres de los cultivos pilares del modelo extracivo argentino.
En 2019 se produjo en el país un récord de uso de fertilizantes, que se incrementó en un 9% en relación al año previo, mostrando una tendencia siempre creciente desde el año 2015. Por su parte, la producción de agrotóxicos creció un 13% en lo que va del 2020, entre otros factores, gracias a las mayores exportaciones.

La otra Monsanto: Radiografía de Syngenta

En Europa no se consigue

Aproximadamente un tercio de los pesticidas vendidos por las principales agroquímicas del mundo están clasificados como altamente peligrosos y tienen como principal destino a los países menos desarrollados. Solo en 2018 más de 81.600 toneladas de 41 pesticidas fueron prohibidos en la Unión Europea.

Unearthed –una organización periodística independiente financiada por Greenpeace y la ONG suiza Ojo Público– realizó en febrero de 2020 un informe sobre el tema donde mencionan que Syngenta fue por lejos el mayor exportador de agroquímicos prohibidos (29.307 toneladas).
“Casi la mitad (41%) de los de los principales productos de BASF, Bayer, Corteva, FMC y Syngenta contienen al menos un plaguicida altamente peligroso (HHP, por sus siglas en inglés)”, afirma Unearthed. “Las ventas de estos productos altamente peligrosos representaron el 36% de todos los ingresos de estas cinco empresas. Más de dos tercios de esas ventas se realizaron en países de bajos y medianos ingresos”.

Syngenta Agro S.A comercializa en el país los siguientes plaguicidas: ametrina, atrazina, clorotalonil, diquat, glifosato, lambdacialotrina, paraquat, tiametoxam. Muchos son parte de una lista de 108 plaguicidas altamente peligrosas según una investigación de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (Rapal) prohibidos en algunos lugares del mundo, mayormente la Unión Europea, y de uso libre en Argentina.

Glifosato, socios y lobby

El glifosato fue condenado tres veces en Estados Unidos por ser sustancial para provocar cáncer, en los casos Johnson, en 2018, Hardeman y Pilliod en 2019.

En los Monsanto Papers se documenta cómo Monsanto, ahora Bayer, oculta los riesgos cancerígenos y genotóxicos de la sustancia. Se menciona además cómo Syngenta participó de acciones destinadas a entorpecer mecanismos de regulación e investigación científica independiente. Competidoras en el mercado son, sin embargo, socias y aliadas en el lobby científico.

Según estas investigaciones Syngenta, junto a corporaciones como Monsanto-Bayer, Basf y otras, ha interferido en lograr establecer cuáles son los límites permisibles de tóxicos en alimentos. La sospecha se confirmó durante el juicio de Dewayne Johnson, al presentarse como pruebas del accionar malicioso de la empresa una serie de correos dónde altos ejecutivos de Monsanto mantienen intercambios con sus pares de Syngenta y Cheminova, para influir sobre la determinación del Nivel sin Efecto Adverso Observado (NOAEL), índice de toxicidad que se utiliza para la evaluación de riesgos en alimentos.

También se han denunciado maniobras sobre el JMPR, el grupo que fija el límite máximo de residuos tóxicos en alimentos, a través de integrantes del ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) que se presenta como una ONG independiente pero que actúa como un grupo de lobby, del que Syngenta es parte.

Un informe encargado por tres partidos políticos del Parlamento Europeo (Socialistas, Verdes e Izquierda Unificada), publicado el 15 de enero de 2019, demuestra otro delito cometido por Syngenta: que la evaluación científica que condujo a la aprobación del glifosato por parte de la EFSA es fruto de plagio en más de un 50 % y de “copiar y pegar” en más del 70 %. Párrafos enteros del texto son una copia literal del dossier de homologación enviado a las autoridades europeas por el Grupo de Trabajo del Glifosato (Glyphosate Task Force, GTF) del que Syngenta forma parte.

También se acusa a la empresa por el hecho de que la recategorización de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS (IARC) para el glifosato (probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico) no sea asumida por otras reguladoras europeas y norteamericanas. Vía Croplife internacional y GMO Answers, entre otros grupos de lobby, buscaron detener un efecto cascada. Syngenta forma parte de ambas. En los Monsanto Papers las dos agencias de lobby figuran como TIER 1, es decir, aliados empresariales.

Atrazina, pruebas y sombras

Syngenta es hoy el principal productor de la molécula tóxica atrazina, inventada por Geigy en 1958. La compañía no la comercializa en Suiza, donde tiene su sede, pero sí en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. La denominada “República Unida de la Soja”, según un viejo anuncio publicitario de Syngenta que revela cómo conciben al Cono Sur.
A pesar de estar prohibida en más de 37 países y desde hace casi dos décadas en la Unión Europea debido a la contaminación del agua, la atrazina es el 4° plaguicida más usado en Argentina y, junto al letal paraquat (prohibido en la UE desde 1989), viene incrementando sus volúmenes de venta en los últimos años. Se aplica en producciones extensivas de maíz, soja, trigo, así como en sorgo, hortalizas y maíz para consumo en fresco (choclo).

Es un disruptor endocrino que, aun en dosis muy bajas, puede causar defectos de nacimiento y daños reproductivos. También es un posible carcinógeno. Un estudio epidemiológico realizado en Francia de 2002 a 2006 por el INSERM sobre 3.500 mujeres al comienzo de la gestación puso en evidencia que quienes mostraban trazas de atrazina en la orina tenían un 70% de probabilidades de dar a luz un bebé con deficiencia de circunferencia craneana y déficit en el desarrollo neurocognitivo .
El biólogo Tyrone Hayes de la universidad de Berkeley en California, referencia mundial en el sector de la investigación del impacto de los biocidas, obtuvo los mismos resultados. En 2007, Tyrone publicó que la atrazina es la causa potencial de ciertos tipos de cáncer, como el de próstata o el de mama.

Hayes realizó parte de su investigación financiado por la propia Syngenta que, al conocer los resultados, intentó ocultarlos. La empresa, cuando Hayes hizo públicos sus hallazgos, realizó una campaña de descrédito contra el investigador y financió “papers” propios para contrarrestar ese material equilibrando la balanza a favor de sus intereses, y en detrimento de la verdad.

En noviembre de 2011, un grupo organizado por Syngenta publicó una serie de cinco artículos defendiendo la atrazina. Esos trabajos incurrieron, según un informe del Natural Resources Defense Council titulado “Economic Analysis of Atrazine” de 2013, en errores de metodología que le hacían inferir beneficios inexistentes.

Hayes en 2018 publicó un nuevo estudio que muestra que los efectos dañinos de la atrazina son consistentes en anfibios, peces, reptiles, aves, mamíferos de laboratorio, y con datos epidemiológicos humanos.
En Argentina científicos del Conicet y de varias universidades nacionales han encontrado atrazina en aguas de lagunas de llanura pampeana, en la lluvia, en aguas de pozo de escuelas rurales y de comunidades, y hasta en pejerreyes.

El pasado 30 de octubre la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) fue demandada por Pesticide Action Network, Beyond Pesticides, Center for Biological Diversity, Center for Food Safety y Rural Coalition, por reaprobar la atrazina. Las organizaciones mencionadas denuncian que el lobby es más influyente que el deber de la agencia en el cuidado de la salud.

Abejas en jaque

En su página web Syngenta promociona iniciativas como la creación de “Hoteles de insectos” y planes para cuidar a los polinizadores. Pero no cuenta que considerando la toxicidad ambiental de los plaguicidas altamente peligrosos autorizados en Argentina 47 de ellos, un 38,2 %, poseen una toxicidad muy alta en abejas, pudiendo causar la muerte a dosis mayores de 2 microgramos por abeja según la EPA de Estados Unidos. Este dato denunciado por Rapal se correlaciona con denuncias realizadas por apicultores individuales y sus organizaciones por la alta mortandad de abejas en diversas regiones.

Syngenta comercializa productos que dañan a las abejas: los herbicidas paraquat, glifosato (solo y con metacloro), atrazina e insecticidas como el tiametoxan, clorantraniliprole, clorpirifos, cipermetrina y otros piretroides.
Desde la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) señalan que existen sobradas pruebas científicas de los daños de esos tóxicos sobre los polinizadores y el perjuicio sobre la actividad apícola como sector productivo. “Las empresas tóxicas buscan eludir su responsabilidad y pretenden invertir las responsabilidades. Que seamos los apicultores quienes tengamos que demostrar la toxicidad en cada caso, ignorando así el principio precautorio. Además de sostener la pretendida inocuidad en ‘papers’ realizados por científicos financiados por las mismas empresas fabricantes. A ello hay sumarle la connivencia de las agencias regulatorias locales que, ante las denuncias reiteradas, sostienen que el modelo agroindustrial y sus químicos, en especial los neonicotonoides, pueden convivir con las abejas”.

Un contexto favorable

Syngenta tiene como portavoz argentino a Antonio Aracre, desde hace una década gerente general para Latinoamérica Sur. Aracre realiza una enorme campaña mediática para promocionar a su empresa como sustentable, preocupada por el “bienestar de la humanidad y el destino del planeta”. El propio Estado argentino le permitió proyectar esa imagen cuando le otorgó un lugar destacado dentro del “Plan contra el hambre”. El lugar en la mesa en la articulación de un plan con ese nombre fue ampliamente repudiado por organizaciones de la sociedad civil y productores que señalaron algo obvio: los commodities no son alimentos. Y quien es parte de las causas, no puede ser parte de la solución.

En primera fila, el día del anuncio allá por octubre de 2019, Aracre sonreía. No era para menos. Desde ese lugar Syngenta sigue repitiendo un mito que parecía desterrado, y que permitió el desarrollo de las corporaciones tóxicas y transgénicas desde la fracasada revolución verde: que son ellos quienes pueden terminar con el hambre del mundo.

La Agencia de la Agricultura y la Alimentación de la ONU asegura que desde 1987 no faltan alimentos para la población planetaria y que desde entonces es más rápida la fabricación de productos comestibles que la reproducción de la población. El problema no es la falta de comida, sino su distribución .Al mismo tiempo denuncia la epidemia de obesidad por el aumento de ultra procesados, y otras enfermedades por el exponencial crecimiento de la utilización de agrotóxicos y la contaminación de aire, tierra y agua.
Un año después de ese acto, las políticas estatales siguen haciendo sonreír a Syngenta y al resto de las corporaciones tóxicas.

En menos de un año marcado por una pandemia que exhibe las consecuencias de alterar los equilibrios naturales, en nombre de “terminar con el hambre” y “salir de la crisis” se lanzó el Plan 200 millones de toneladas (resolución 216/2020 del ministerio de Agricultura).

Busca ampliar la superficie cultivada avanzando sobre zonas de exclusión y amortiguamiento, reinstalando la idea de “buenas prácticas agrícolas” pero esta vez de la mano de las ag-tech, o tecnologías de precisión. Se aprobó el trigo transgénico (condicionado a la autorización de Brasil) y se concedieron rebajas en las retenciones a los agroexportadores, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.

Todas medidas que profundizan o allanan el camino para que el modelo agroenvenenador siga su curso.

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Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña

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El jurado popular y el Tribunal Técnico de la Cámara 3ª del Crimen de la Ciudad de Córdoba condenaron este martes por la tarde a Diego Gustavo Concha, ex titular de Defensa Civil de la provincia (en la foto, durante la audiencia). La pena: prisión perpetua por el delito de abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña, una bombera voluntaria que se quitó la vida en enero de 2022, nueve semanas después del ataque. En el fallo se consideró que el hecho fue un caso de violencia institucional ya que Concha “abusó de su poder como jefe de un área clave del gobierno de Córdoba”. Tanto él como la provincia de Córdoba deberán indemnizar solidariamente a los padres de Luana por daños y pérdida de chance de ayuda futura.

Desde Córdoba por Bernardina Rosini

Finalmente hubo justicia.

El ex titular de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, fue condenado a prisión perpetua por el abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña. Luana era bombera voluntaria y se suicidó en enero de 2022, como efecto del ataque que había sufrido.

El Tribunal rechazó el pedido del fiscal Fernando López Villagra, quien había solicitado que se declarara inconstitucional la pena máxima en este caso y que Concha fuera sancionado con 20 años de cárcel.

En su fallo, el Tribunal reconoció el caso como un hecho de violencia institucional, señalando que Concha “abusó de su poder como jefe de un área clave del gobierno de Córdoba” para perpetrar el abuso contra la joven. Además de la pena de prisión, Concha fue inhabilitado de forma perpetua para ocupar cargos públicos. El Tribunal ordenó que Concha, en forma solidaria con la provincia de Córdoba, pague una indemnización a los padres de Luana, Cristina Caminos y Sergio Ludueña, por daños y pérdida de chance de ayuda futura.

Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña

Luana y su perro Ciro.

Hallado culpable en todos los cargos en su contra, el ex funcionario también fue sentenciado por los hechos de violencia de género cometidos contra su ex pareja. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 17 de septiembre.

Un arma en la cabeza

Diego Concha, de 53 años, llegó a juicio acusado de homicidio por abuso sexual contra Luana Ludueña, de 25 años. Ludueña, tras ser atacada por quien era entonces el Director de Defensa Civil de la provincia, intentó suicidarse en tres ocasiones. Durante su internación en una clínica de la ciudad capital, se enteró de que Concha había renunciado a su cargo y había sido detenido por otro caso en su contra. El funcionario fue arrestado el 27 de noviembre de 2021, luego de que su ex esposa, también bombera, lo denunciara por agresiones y amenazas. Según su testimonio, Concha la habría amenazado de muerte apuntándole con un arma en la cabeza, además de perseguirla en la carretera y cruzarle la camioneta, sumando estos incidentes a una serie de agresiones sufridas desde su separación.

El homo sapiens y la tarjeta de crédito

La jornada comenzó en el Palacio de Tribunales II con las palabras de Sergio Ludueña, padre de la joven bombera, quien se dirigió al jurado popular: “Tienen en sus manos la posibilidad de hacer una diferencia y que la muerte de Luana no quede impune, y que Diego Concha sea condenado para que esto sirva y no haya ninguna víctima más de abuso de poder”. Visiblemente conmovido, recordó los esfuerzos de su hija por superarse profesionalmente: “La vi nacer y me tocó verla morir. Pido justicia por Luana y por quienes no se animaron a hablar”.

Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña

Diego Concha, en el centro, durante una de las audiencias. Foto: Natalia Roca para lavaca.org.

Inmediatamente después, fue el turno del ex funcionario. Llamó la atención la omisión de la palabra “inocencia” durante los 17 minutos de su exposición. Al dirigirse al tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Ugarte, Eugenio Pérez Moreno y Marcelo Jaime, y al jurado popular, Concha declaró: “En el encuentro con Luana no pasó nada malo ni nada bueno, sencillamente no pasó absolutamente nada”.

Luego, hizo una referencia a tiempos prehistóricos: “El homo sapiens no conocía la palabra, entonces se comunicaban por señas o dibujos. Luego el hombre evolucionó y logró conseguir la palabra, y con la palabra se puede hacer el bien o el mal”, afirmó.

Continuó: “Muchas veces el hombre usa la palabra para hacer mucho daño, para tergiversar y sacarlas de contexto, y en muchos casos, mentir”. Posteriormente, mencionó su labor como Director de Defensa Civil, destacando sus años de servicio como bombero y apoyando su defensa en su ejercicio profesional. En cuanto a las denuncias de su ex pareja, mencionó que “tenía un adicional de mi tarjeta de crédito y gastaba libremente, así también con mi tarjeta de débito”.

Después de tal argumento bancario pidió perdón a sus hijos por “tal vez no estar en momentos importantes como eventos escolares” y prosiguió: “Disculpas también a mi ex pareja. Ningún hombre, bajo ningún concepto, debe discutir con su pareja, fuese el motivo que fuese. Lo tengo re claro, lo he hablado muchísimo con las psicólogas que me han ayudado en el penal de Bouwer”. Y para concluir, afirmó: “Quiero que quede bien en claro que quien les está hablando sabe perfectamente qué es la violencia de género”.

Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña
El colectivo Fuegas, brigadistas forestales, sostuvo el reclamo de justicia.

El poder en el banquillo

Después de las palabras de Concha hubo un cuarto intermedio de varias horas hasta conocerse la sentencia. Profundamente conmovida al saber que finalmente fue hallado culpable, la madre de Luana expresó:Ninguna condena es suficiente porque Luana no nos la devuelven. No puedo decir que estoy feliz pero Luana puede descansar en paz y nosotros como familia cumplimos con su pedido de justicia”.

Agradeció a los presentes, sobre todo a las Fuegas, brigadistas forestales de Sierras Chicas que acompañaron fuertemente a la familia a lo largo del proceso. Sobre Concha dijo: “No me interesa él. No escuché en el recinto lo que dijo. Yo solo rezaba. A lo largo del juicio y de las audiencias llevadas a cabo, no hubo ocasión en la que él mostrara arrepentimiento, empatía, ni reflexión alguna sobre lo que significó su conducta”.

El abogado de la familia Ludueña, Dr Carlos Nayi dijo sentirse “ampliamente conforme” con la condena. Se le ha devuelto la paz a una familia, y el honor a una joven que supo decir que prefería dar la vida que claudicar. Valió la pena”. Y dijo que este caso marca un precedente: “Se trata del poder sentado en el banquillo de acusados”.

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Daniela Calarco, presa desde hace 2 meses por manifestarse contra la Ley Bases: la criminalización de la protesta, y de la organización

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La acababan de despedir. Se fue a manifestar. Y la metieron presa. La historia corta de Daniela Calarco, hace 2 meses detenida en la cárcel desde la votación de la Ley Bases, suena a una cadena de injusticias y trampas en las que el Estado, desde el Poder Ejecutivo al Judicial, es victimario y cómplice. En esta entrevista con lavaca repasa su historia de organización, y dice que su militancia es señalada como “agravante” en la causa judicial, en otro de los peligros de su caso. El clima previo a su detención, con el Congreso militarizado mientras se sesionaba. La encerrona que hizo la policía para cazar manifestantes arbitrariamente, relato que coincide con el de Roberto y el resto de los detenidos ese día. Las torturas que siguieron: 12 horas esposadas, aislada, sin comida ni agua, luego obligada a desnudarse. La criminalización mediática, la rutina del encierro, las lecturas para pasar el rato a la espera de verdadera justicia, y su mensaje: “Nuestros reclamos son justos. Son necesarios y posibles. Entonces hay que tomar la fuerza y el ejemplo de las mejores generaciones de lucha de nuestro país, y no abandonar la calle”.

Por Lucas Pedulla

El teléfono del módulo 3 sector A de la cárcel de Ezeiza suena cuatro veces. 

-¿Hola?

Hola, buenas tardes, ¿se encuentra Daniela Calarco?

-Sí, soy yo.

Daniela Calarco Arredondo -39 años, militante del Movimiento Teresa Rodríguez “Votemos luchar”, trabajadora desocupada, lesbiana- atiende ella misma el teléfono del pabellón. El lunes cumplió dos meses de estar presa en Ezeiza luego de movilizarse el 12 de junio en protesta contra la sanción de la Ley Bases, cuando la detuvieron y la acusaron de terrorista.

Junto con Roberto de la Cruz Gómez , son las dos personas que siguen presas.
La única mujer de las diez detenidas en esa cacería.
Daniela habla con lavaca por primera vez tras su detención.

Trabajadora despedida

Daniela es de Mar del Plata. Empezó a militar en el MTR-Votemos Luchar contra las fumigaciones con agrotóxicos en su barrio. Su inquietud por lo ambiental la llevó a colaborar con la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Luego, su vinculación pasó al movimiento de trabajadorxs desocupadxs. 

Hace cuatro años Daniela se mudó al sur del conurbano bonaerense, en Lanús, y dedicó su militancia en Lomas de Zamora en comedores populares, en la mejora de viviendas, en cursos de capacitación. Empezó a trabajar en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: “Hacíamos el vínculo del Estado y organizaciones sociales que recibían convenios de construcción o capacitación” cuenta ahora, presa. Y conecta: “Hoy veo la persecución que se hace a organizaciones y puedo acreditar que los compañeros rendían cada peso que recibían. También se creó un show para justificar los despidos, pero puedo dar fe de cómo esa política cambiaba la calidad de vida de la gente”. 

Ella lo vivió en carne propia: “Fui una más dentro de la tanda de despidos de marzo”.

El 12 de junio, día de la Ley Bases, Daniela llegó a la Plaza ya desocupada. 

La cacería inhumana

Dice sobre ese día: “Todo empezó mucho más temprano que el momento de la represión. Había un clima: quienes somos militantes o conocemos la térmica de la movilización, sabíamos que no iba a ser una jornada tranquila. La zona del Congreso estaba absolutamente militarizada. Ese escenario dantesco nos daba la razón por la que estábamos reclamando: si necesitás militarizar así para votar una ley, claramente no es bueno para los que estamos afuera”.

Recuerda que al momento de desatarse la represión, las columnas empezaron a desconcentrar por Avenida de Mayo en dirección a 9 de Julio. “Hubo muchísimos gases, corridas, empujones. La represión en la Plaza hasta la 9 de Julio la hace la Federal. Nos desvían a todas las columnas grandes por Avenida de Mayo y la única posibilidad de doblar que teníamos era en 9 de Julio para el lado de Constitución, porque hacia el lado norte no teníamos forma porque había un cordón de motos de la Ciudad. Procesando después, empezamos a ver que estaba todo armado para salir a cazarnos en la 9 de Julio”. 

A Daniela la detienen en Chile y Lima, a la salida de un McDonalds: “Todas las motos que estaban esperándonos en Lima y Avenida de Mayo empezaron a tirar balas de goma. Había gente asustada y con una compañera empezamos a meter gente al McDonalds. Estuvimos unos minutos y después salimos. Una persona me intenta detener y la gente me ayuda, imaginate el temor de que una persona que no está uniformada ni identificada chupe a alguien de una movilización. Muchas chicas me ayudaron a zafar. Pero cuando estoy tratando de irme, se me tira en la espalda. Me mantiene ahí 2 o 3 minutos, cuando llegó más Policía de la Ciudad en moto. Recién a la media hora aparece personal femenino”. 

En la causa figura que el nombre del policía que la detuvo es Marcos Rodríguez, jefe de servicio externo de la Comisaría Vecinal 1B, en el móvil 601. ¿Le informaron por qué la detienen? “En ningún momento me dicen por qué. Solo cuando me suben al patrullero me leen mis derechos. De ahí me pasan a una camioneta en la que me hacen acta con las cosas que me secuestraron con un testigo dudosísimo, que llegó antes de los refuerzos de la policía y ya venía con el policía que me detiene. En un momento ese efectivo le explicó a las policías cómo tenía que hacer el acta. Nunca me hacen firmar nada, y el acta que figura en la causa no es la misma que hacen delante mío”.

Primero quisieron subir a Daniela a una camioneta donde había todos policías varones. El oficial a cargo se negó. La llevaron a otra, donde había dos mujeres y dos hombres detenidos. “Bajan a los chicos y usan esa para subir a todas las mujeres. Desde el primer momento tratamos de bancarnos con las pibas. Se armaron lazos muy buenos que fueron los que nos sostuvieron en esos días tan terribles”. 

¿Por ejemplo? “Pasamos más de 12 horas esposadas en una camioneta sin que nos bajen en la comisaría. Creo que nos bajaron una o dos veces al baño en toda la noche. Después, cuando finalmente nos bajan, nos dejan en un pasillo porque la comisaría no tenía ni una celda para nosotras. Fueron momentos muy angustiantes; cómo nos sostuvimos entre nosotras la bancamos mucho mejor”. Tampoco les llegaron la comida ni los bidones de agua que las familias les compraron. Y en Comodoro Py las hicieron desnudar y las mantuvieron esposadas con pesadas cadenas en pies y manos hasta declarar. 

Daniela observa: “De estos dos meses, los peores momentos fueron mientras estuvimos en Capital. Obvio que es una situación horrible estar en un penal de máxima seguridad, pero acá el trato cambió: por lo menos fue humano”. 

El agravante militante

Al momento de la detención, y por recomendación de sus abogados, Daniela se negó a declarar. Fue una de las detenidas más criminalizadas mediáticamente, acusada de supuestamente incendiar bicicletas del Gobierno porteño. “La criminalización se sostuvo en lo mediático, donde los medios hegemónicos jugaron un papel horrible, pero nada pudieron sostener cuando nos trataron de terroristas y golpistas. Hasta hoy solo queda una imputación de incendio agravado por ser un bien de uso público, que es lo único que pueden seguir para agarrarse y que sea federal; si no, se les caería. Sobre lo que figura en la causa, toman fotos de las cámaras de seguridad de la calle y de la plaza, y hablan de videos que no presentaron en la causa, con lo cual no tienen ningún valor”.

El lunes, al cumplirse los dos meses, organismos de derechos humanos se presentaron ante el juzgado de María Servini para presentarse como amicus curiae en la causa. A su vez, la defensa informa a lavaca que la jueza cerró la etapa de instrucción para que la causa vaya a juicio. En los próximos días presentarán un nuevo pedido de excarcelación para que Daniela espere el proceso en libertad.

Los pedidos de excarcelación de Daniela fueron rechazados porque los jueces entendían que podía entorpecer la causa: “Un supuesto delincuente puede entorpecer una causa plantando pruebas o haciendo desaparecer otras, pero las únicas pruebas que toman en mi contra son las cámaras de seguridad. No hay forma de entorpecer eso porque no hay forma de que yo pueda entrar a algún lugar a borrar esas imágenes. Incluso en la última negativa de excarcelación, la jueza le da a la fiscalía la oportunidad de presentar más pruebas, pero no presenta nada. En el fallo que sostiene mi prisión no dicen cómo yo haría eso: lo que es sumamente preocupante es que hablan que por ‘mi condición’ podría entorpecer la causa”. 

¿Cuál es su condición? “Me hace pensar que mi condición es estar organizada políticamente. Es preocupante que hoy, en Argentina, estar organizado se esté tomando como agravante en una causa. Y eso no me va a caer solo a mí sino a todas las personas que decidimos organizarnos. Es un precedente”. 

El mensaje de Daniela

Acostumbrada a la hiperactividad de la militancia en los barrios y que cada día sea ir de acá para allá, Daniela admite que la rutina del encierro le pesa. Se la escucha firme, clara, y cuenta que aprovecha el tiempo para hacer ejercicio en el patio. También para leer, mucho. Estos días está leyendo un libro sobre el abordaje de los medios de comunicación durante el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, como antesala a la invasión a Irak. Agradece los libros que le acercan. Y agradece, sobre todo, la solidaridad de ese afuera que lo siente en el alma: “Es lo que me hace seguir bancando. Una, al estar organizada, sabe que su familia y su organización va a estar, pero la verdad es que todo lo que se armó excedió esa concepción. Son cientas las organizaciones que están bancando, además de los organismos de derechos humanos que visitan, que llaman. Me emociona muchísimo”.

Al mes de su detención, sus compañeras leyeron en Plaza de Mayo una carta que había escrito de puño y letra. Decía: “Somos hijes de un pueblo que sobradamente sabe de ganar y defender sus derechos con lucha. Somos hijes y nietes de la plaza, y si las madres y las abuelas siguen en ella, lo mínimo que tenemos que hacer es honrar su lucha luchando”. 

Le pregunto, entonces, si tiene miedo.

 Piensa unos segundos en la respuesta.

Y dice, del otro del teléfono del módulo 3 sector A de la cárcel de Ezeiza: 

“No sé si es miedo la palabra que usaría. Sí mucha preocupación. Para quienes nos tomamos en serio, desde el primer día, un proyecto de cambio social real, y cuando el capitalismo no tiene nada más para ofrecer al pueblo trabajador, entendemos que el adversario es grande y terminar preso o herido es una posibilidad obvia, que no tomamos a la ligera, pero sí sabemos conscientemente que los derechos se ganan en las calles. Hoy hay un nivel de ataque y de violencia mucho más explícito y profundo que lamentablemente ha encontrado asidero en una parte de la sociedad. Que muchos diputados hayan venido a visitar a genocidas donde yo estoy, en otro momento se hubiese generado un repudio como fue el 2×1, masivo. Lo preocupante, cuando hablamos de discursos de odio, es entender que no queda solo en el discurso, porque hay gente que pasa a la violencia explícita. Tenemos que entender eso como un cambio de época para poder combatirlo. Vamos a tener que ser creativos, ingeniosos, pero no dejar de luchar, porque todo lugarcito que cedamos lo van a ocupar con la porquería que militan. Nuestros reclamos son justos. Son necesarios y posibles. Entonces hay que tomar la fuerza y el ejemplo de las mejores generaciones de lucha de nuestro país, y no abandonar la calle”.

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Chaco: continúa la Marcha Multisectorial desde el Impenetrable hasta Resistencia

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Una larga marcha que va del Impenetrable chaqueño a la Capital -casi 300 kilómetros- reclama la entrega urgente de comida para merenderos, comedores y programas sociales al gobierno provincial. Además, señala al nacional bajo la consigna “Milei: basta de hambre, ajuste, entrega y represión”. Hoy dos columnas que provenían de distintas comunidades se unieron y dormirán en Castelli; mañana siguen, mientras arman los petitorios y conforman una Multisectorial de campesinos, comunidades originarias, sindicatos, productores y hasta la Iglesia.

Informe: Luchas del Chaco

https://twitter.com/lavacatuitera/status/1823479023533539607?s=48

El hambre y la falta de respuestas impulsan la larga marcha de las comunidades del Impenetrable chaqueño. Hoy y luego de recorrer a pie 50 kilómetros las dos columnas en que se organizó esta marcha acamparon en Castelli, a casi 300 kilómetros de Resistencia, a donde se dirige esta protesta para exigir que el gobierno provincial entregue comida para los merenderos, para los comedores escolares y para los programas de asistencia alimentaria.

Este jueves 8 de agosto una columna partió desde Miraflores y otra desde Bermejito. Cada una se nutrió de comunidades del Impenetrable. Hoy y en un emotivo encuentro, las dos columnas se abrazaron en la entrada de Juan José Castelli, luego de caminar durante casi dos días. Denuncian así la dura situación que se vive en el Chaco: el hambre y la falta de comedores escolares y comunitarios. La multitud, que provenía de diversas comunidades, marchó por la ciudad bajo la consigna: “Milei: basta de hambre, ajuste, entrega y represión”.

La columna de Miraflores estuvo compuesta por personas de Fortín Belgrano, Sauzalito, Sauzal, Vizcacheral, Misión Nueva Pompeya, Wichí, entre otras, mientras que la columna de Villa Río Bermejito reunió a habitantes de El Espinillo, La Leonesa, Las Palmas, Pampa del Indio, parajes rurales y localidades aledañas.

Ahora se encuentran acampando en el acceso de Castelli y se preparan para armar los petitorios y convocar a la Mesa Intersectorial, que estará integrada por campesinos, originarios, asociaciones comunitarias, asociaciones sociales, iglesias, pequeños productores, intendentes, etc..

El objetivo es claro: que se abran las negociaciones con el gobierno de la provincia y se de respuesta urgente a las demandas alimentarias.

Continuará…

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