El juez Guillermo Gustavo Lleral asumió la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Su primera declaración a la prensa: “No tengo ningún conocimiento de la causa”. Aún está estudiando el expediente. Desde Esquel, lavaca dialogó en exclusiva con la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia. Cuáles son ejes que debe tener en cuenta el nuevo magistrado, las pruebas que faltan, qué implica una investigación por desaparición forzada y el rol del Ministerio de Seguridad. Los antecedentes del magistrado en causas por delitos de lesa humanidad y de espionaje estatal a organizaciones sociales, periodistas y militantes. Qué pasos deberá seguir la investigación judicial ahora: “Faltan los cruzamientos telefónicos no sólo de los gendarmes, sino de Pablo Noceti (jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) y el propio juez Otranto en los días previos, sobre todo del 31. Eso es fundamental. Luego, nuestro objetivo es analizar y verificar la información retaceada, tergiversada y manipulada desde el Ministerio de Seguridad”, señala Heredia. Y explica por qué ya en la causa “hay elementos para dejar de buscar a Santiago en la Pu Lof y buscarlo en Gendarmería”.
El titular del Juzgado Federal de Rawson N°2, Guillermo Gustavo Lleral, abrió la puerta del Juzgado Federal de Esquel a las 11:50 entre un mar de fotografías, cámaras y micrófonos. La expectativa era grande ya que por primera vez estaba por hablar el nuevo magistrado que asumió la instrucción de los expedientes que investigan la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tras la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de desplazar al juez Guido Otranto. Desde temprano, Lleral estuvo reunido con Otranto para recorrer las instalaciones en las que se asentará por 60 días para tratar la causa de forma exclusiva. “Estamos abocados a tomar conocimiento del expediente. Tienen que comprender que esto lleva su tiempo. No tengo ningún conocimiento de la causa. Lo cierto es que es un caso muy sensible y se trata de encontrar a un ser humano, una persona que está desaparecida, y exige el compromiso de todos como sociedad. Hay una familia que está sufriendo y todos tenemos que estar concentrados en eso. Todo aquel que pueda presentar un dato certero, será bienvenido”.
¿Qué otras cosas dijo el nuevo juez?

• Sobre el rol de la fiscal federal Silvina Ávila: “No conozco la causa. Tienen que dar tiempo”.
• Sobre qué medidas va a tomar: “No le puedo anticipar”.
• Sobre la actuación del juez Otranto: “No vengo a analizar lo que hizo el doctor Otranto, y todo lo que se haya hecho seguramente será de utilidad para la investigación”.
• Sobre cuánto le va a demandar leer la causa: “Sería imprudente decir. Yo estaba en mi juzgado con una gran cantidad de casos entre manos. Somos seres humanos”.
• Sobre las declaraciones de los gendarmes: “No sé quiénes declararon y quiénes no lo hicieron”.
• Sobre si siente presión de la familia: “Ninguna presión. Cualquier persona que hace más de 50 días no tiene noticias de un familiar, sentiría dolor. El punto es canalizar ese dolor y aportar los datos que sean pertinentes”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicó la creación de nuevos cargos para acompañar al juez Lleral: un secretario de juzgado y un prosecretario administrativo, personal administrativo y técnico (un jefe de despacho, un oficial mayor, un oficial, un escribiente y un escribiente auxiliar) y personal de servicio (un medio oficial). Por su parte, “ante la premura que el caso impone”, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, solicitó a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Adriana Donato, que arbitre “los medios necesarios a fin de dar respuesta a los pedidos efectuados” por el juez Lleral.
En tanto, hace 59 días que Santiago Maldonado está desaparecido.
Gendarmería, en foco
 “Nosotros pedimos que el juez reasuma la delegación de la investigación”, dice a lavaca Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, en Esquel. “Esto confunde: no estamos pidiendo que se unifiquen las causas, porque tienen dos objetos diferentes. El habeas corpus tiene por objeto encontrar a Santiago, mientras que el expediente por desaparición forzada persigue una sola hipótesis: funcionarios del Estado privando de la libertad a Santiago, que luego niegan y ocultan información”.
¿Una cuestión es la búsqueda de Santiago y otra la delimitación de las posibles responsabilidades penales e intelectuales?
-Exacto. Cada delito tiene una lógica determinada: hay que saber cuáles son las conductas que forman parte del tipo penal y, luego, saber con qué medios de prueba voy a obtener esa información relevante. Lo que nosotros sí pedimos es la unificación del expediente por desaparición forzada con la causa del despeje de ruta que ordena el juez Otranto el 31 de julio: en ese marco se adoptaron medidas en la convocatoria de los Escuadrones 35 (El Bolsón) y 36 (Esquel). Eso tiene que estar unificado para investigar el marco en el que sucedieron todos esos hechos.
¿Qué elementos tiene el juez para avanzar en la investigación?
-Nosotros pedimos que reasuma la delegación de la investigación. No es unificar, pero sí que ambas causas (habeas corpus y desaparición forzada) estén a cargo del mismo juez. Si bien el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción pública y el que tiene que llevar adelante las investigaciones -que va a seguir realizando-, entendemos que a cargo de esta fiscalía subrogante no tenemos una especialista en delitos de lesa humanidad, que sería lo que más se acerca a esta desaparición forzada. En cambio, este juez ya estuvo como secretario en la causa por la Masacre de Trelew y en la causa por espionaje de la Base Almirante Zar (espionaje de la Armada a políticos, periodistas y militantes sociales). Tiene una lógica de trabajar con varios imputados, en causas complejas, y esa experiencia va a ser beneficiosa, aunque no estamos hablando de la complejidad que tiene la desaparición de Santiago, con hechos sucedidos en democracia y que llevan ya casi dos meses.
¿Y sobre Gendarmería?
-Faltan los cruzamientos telefónicos no sólo de los gendarmes, sino de Pablo Noceti (jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) y el propio juez Otranto en los días previos, sobre todo del 31. Eso es fundamental. Luego, tener bien clara toda la información que se manejó desde el Ministerio de Seguridad. Nuestro objetivo es analizar y verificar la información retaceada, tergiversada y manipulada desde el Ministerio. Con esto no solamente se va a ampliar la mirada sobre los gendarmes que estuvieron al principio, sino también la complejidad del tipo penal de la desaparición forzada. Esto es focalizar no sólo en la privación de la libertad, sino también en la negativa a reconocer la desaparición y su posterior ocultamiento. Estamos hablando de que hubo ocultamiento de información desde el propio Ministerio de Seguridad. Por eso es preciso señalar que hay conductas que no forman parte de delitos autónomos como sería un “encubrimiento”, sino que forman parte del tipo penal de desaparición forzada. Y esa complejidad es la que en Argentina se está construyendo, pero no porque no exista: el delito está tipificado y debe leerse bajo la raigambre de los derechos humanos, pero lo que se está construyendo es jurisprudencia, en el hacer concreto de la causa.
¿Cuáles son las medidas aún pendientes?
-Faltan los análisis de las computadoras, faltan fotografías, filmaciones y entrecruzamiento de llamadas telefónicas. Hay que hacer pericias de los libros de Gendarmería, que dicen que hicieron una, pero dio que no había adulteración: es el mismo libro que nosotros denunciamos que tenía pegada una hoja con cinta scotch. Estamos pidiendo el crudo de los 63 celulares secuestrados, porque las transcripciones que tenemos no son todas.
 ¿Y qué es lo que hay hasta ahora?
-Lo que podemos decir, en base a lo que surge en el expediente hasta ahora, son algunas cuestiones.

• Que se ordenó, a partir de los hechos, que se denominara a la comunidad como RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y no como mapuche: de ocho personas tirando piedras se pasó a una construcción sobre la RAM.
• Que los gendarmes se sintieron respaldados por los dichos de la ministra de Seguridad, con lo cual el muro de impunidad que se podría haber mantenido abajo entre los propios efectivos subió hasta la ministra.
• También es evidente la discriminación que surge de los efectivos: si bien ya está instalada en la sociedad, la fuerza de seguridad la lleva delante de la peor forma. Es lo que evidencian dichos como “indios de mierda” o “maten a todos los indios”. Por eso la responsabilidad es totalmente del Estado: nunca ha trabajado en relación a los parámetros de discriminación que tienen las fuerzas de seguridad. Y ellos la utilizan de forma deliberada.
• Ninguno de los vehículos de Gendarmería tienen GPS. Eso es garantía de impunidad y no surge de este Gobierno, sino del sistema: pueden hacer lo que quieran y cuando quieran.

Con los elementos que hay ¿es posible determinar cómo fue el operativo que culminó con la desaparición de Santiago?
-Totalmente. Hubo 19 gendarmes que declararon entre el martes 12 y el sábado 16, y si bien mintieron y se contradijeron unos a otros, quedó en claro que al menos 10 llegaron hasta la vera del río, que dispararon, que tenían armas 9 mm, que ingresaron más de cuatro móviles. Todo eso queda claro en los dichos de los gendarmes.
Con estos elementos, ¿cuál es el eje a partir de ahora?
-No queda otro camino que focalizarse en las responsabilidades materiales de Gendarmería y en las responsabilidades intelectuales. Hay elementos para dejar de buscar a Santiago en la Pu Lof y buscarlo en Gendarmería. Armamos un equipo para leer la causa, escuchar los crudos y así empezar a determinar las responsabilidades para realizar imputaciones. Se pidieron muchas medidas de prueba y estamos esperando qué valoraciones hace el nuevo juez de lo que ya está y lo que falta por llevar adelante.