Nota

13 contagiados de coronavirus en la Villa 31, sin agua, sin luz y sin respuestas

Publicada

hace 5 años

28/04/2020

Compartimos otro texto de la organización La Poderosa que denuncia, con datos y casos concretos, cómo los discursos estatales de protección y cuidado se derriten en los barrios más vulnerados. El barrio «urbanizado», el más afectado. El hacinamiento. La auto-organización de las vacunas y el hambre. Los basurales como fuente de comida y cartón. Los escasos kits de Salud. El riesgo eléctrico, la falta de agua y el problema de la lluvia. Y la violencia policial: el detallado panorama en los barrios humildes del país que tiene en común la falta de respuesta estatal.

Texto publicado originalmente aquí.

1) El Barrio Mugica, cuya falaz «urbanización» se ocuparon de promocionar en todos los medios, no sólo tiene los casos de coronavirus que ya denunciamos, ¡ahora nos confirman otros nuevos 11 contagios! Y las medidas están a la vista. Hace dos días que la Villa 31 no tiene agua, hace 24 horas que no tiene luz y hace 70 años que no tiene respuestas.
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2) Todavía no existe ningún proceso de individualización sobre los grupos de riesgo que debieran ser aislados del aglomeramiento entre los pasillos estrechos e invisibilizados de la ciudad más rica del país, donde hoy se cumplen 40 días de Hacinamiento Barrial Obligatorio.
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3) Frente al abandono en Zavaleta y la Villa 21-24 de Barracas, las propias organizaciones sociales, junto a la Parroquia Caacupé y los trabajadores de la salud venimos haciendo un relevamiento que implica también la vacunación y el acompañamiento de los vecinos más vulnerables: en sólo 4 días, se vacunaron 930 mayores de 65 años, en 15 postas comunitarias.
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4) Seguimos enfrentando diariamente serios problemas para poder acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, por cuestiones burocráticas, por nombres inscriptos que no figuran en el registro, por las computadoras que faltan, por el acceso imposible a Internet, por la incompatibilidad con otros parientes, por los trámites del DNI o por no haber cumplido todavía los 2 años de residencia. Y aun en aquellas gestiones que lograron completar el trámite, muchos destinatarios cobrarán ese recurso recién a mediados de mayo, con dos meses de cuarentena cumplidos.
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5) De frente a la dificultad para conseguir los productos de limpieza, la Secretaría de Desarrollo Social de Paraná nos entregó un kit por única vez para los comedores oficiales, que son apenas el 50% de los informales, bien. ¿Saben qué traen? Dos litros de lavandina y 3 jabones.
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6) Ahí, en el barrio San Martín de Entre Ríos, la cola que se hace larga, pero muy larga, no es al cajero, ¡es al basural! Ahí, en el Volcadero Municipal, se acercan cada día más personas buscando comida o materiales para sobrevivir a la desocupación: se paga $4 el kilo de cartón.
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7) Las autoridades provinciales en Córdoba Capital y Mar del Plata, así como los responsables municipales en Tandil y Rosario, todavía les están adeudando los cheques alimentarios a los merenderos comunitarios.
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8) Bajo los balcones llenos de aplausos que aturden a Puerto Madryn, los empleados estatales del Hospital Isola coparon las calles este lunes, exigiendo el sueldo de marzo.
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9) Con las lluvias en Capital, cae de arriba el agua para la lucha contra el coronavirus, porque la tan promocionada «urbanización» ni siquiera garantizó los caños para que AySA pudiera llegar. Y entonces ahora llega también la temporada de pileta para el dengue, porque no hay descacharreo, ni recolección, ni fumigación: 2412 casos, sólo en tres meses, ¡sólo en 3 comunas de la zona sur!
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10) La demanda de nuestros comedores comunitarios aumentó un 40% en los últimos diez días, que se vuelve un pico del 320% en la curva ascendente del 2020.
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11) De las 90 toneladas de secos que baja bimestralmente el Ministerio de Desarrollo de Nación, para los comedores que funcionan como brazos del Estado, hay 48 que todavía no han llegado.
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12) Además de 10 compañeros con dengue, hay dos casos confirmados de Covid-19 en el barrio Los Pumitas de Rosario, donde el propio municipio nos pidió que no dejara de funcionar nuestro comedor, debido a la emergencia, pero ahí también deben dos meses de fondos. Y aun así, nos pidieron que hiciéramos tapabocas y no entregáramos comida a ninguna persona que no los utilizara, porque «para eso les mandamos la tela». Pues bien, también nos deben la tela.
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13) Como el Gobierno porteño no acondicionó ningún espacio para recibir a los grupos de riesgo, ni a los contactos estrechos de las villas y sus propias autoridades reconocen que sólo cuentan con las 300 camas de los Curas Villeros, el hotel cooperativo Bauen ofreció cien camas para los barrios, pero nos dijeron que no: afecta sus negocios inmobiliarios.
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14) A la voluntad manifiesta de ocultar la expansión del virus en los barrios pobres, porque no quieren aislar a nuestros ancianos en los mismos hoteles que hospedan a los turistas, ahora se suma el temor fundado de muchísimas familias a perder sus viviendas en caso de abandonarlas, por la desesperación que brota del hacinamiento en la pandemia. Y entonces hay gente que miente, abonando el silencio del gobierno y del televisor. Miente, porque tiene temor.
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15) Un cuarto de las familias que recibían bolsones en el barrio Las Quintas de Santa Teresita, más precisamente 50 de las 220, ¡no recibieron ni un paquete de fideos en 40 días!
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16) La diabetes, que por supuesto representa un factor de riesgo en zonas de clase media, se vuelve más dramática aún en las barriadas populares, porque se necesitan 4 tiras reactivas diarias para medir el azúcar, una después de cada comida. Y 50 tiras cuestan 2.500 mangos, de modo que quien usa efectivamente 120 por mes, se gasta el 50% de la IFE, sólo en eso. ¿Usted cómo haría? Nuestros diabéticos se miden la sangre una vez al día.
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17) Abajo, pero muy abajo, en Tierra del Fuego, el barrio Mirador, como Escondido, como Obrero, como Kaupen, como Cañadón y como La Cumbre, no tiene agua potable, ni gas natural, ni luz, ni red cloacal. Y cuanta sólo con dos canillas comunitarias, que no siempre funcionan. Quienes no pueden comprar el agua envasada, utilizan mangueras para tomarla desde un chorrillo que baja de la montaña. Así cocinan, así curan, así beben, así lavan.
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18) Todavía sigue sin resolverse la problemática de las garrafas para los sectores populares, que no son beneficiarios del decreto 311, cuando no existe el gas natural. Una familia tipo debe gastar entonces 2 mil pesos mensuales, en promedio. Y por eso estamos gritando que, ¡por favor!, crucen urgente los datos del RENAPER con las empresas de gas, para realmente poder subsidiar a todas las viviendas afectadas, mediante el Programa Hogar.
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19) Sin excepciones, nuestros dispositivos alimentarios incrementaron su actividad durante los fines de semana, cubriendo esos días con ollas populares, transformando merenderos en comedores y creando 20 nuevas bocas de entrega. Pero aun así, en Viedma, se han reactivado los grupos de trueque, donde mucha gente lleva sus bienes más preciados. Para cambiarlos por leche.
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20) Por los humos tóxicos que genera la quema de residuos y el aglomerado de las casas, cada vez hay más niños con problemas cardíacos y respiratorios en el barrio Madres a la Lucha de Río Gallegos, donde la única salita que funciona aborda también a otros 3 barrios. Y sólo atiende por wasap, con 4 empleados y ninguna ambulancia: toda la ciudad tiene 6, para 95.700 habitantes.
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21) Desde las distintas Casas de la Mujer y las Disidencias de La Poderosa, el feminismo villero viene acompañando a 383 víctimas de violencia de género, que también conforman en muchos casos los demás riesgos que requieren resguardo frente a la pandemia. Y aun así, seguimos padeciendo inadmisibles demoras en las respuestas institucionales.
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22) De todas las vecinas acompañadas por otras vecinas de distintas asambleas, atrapadas en situaciones de violencia intrafamiliar, sólo el 35% pudo realizar la denuncia durante la cuarentena y únicamente al 53% le otorgaron las medidas de protección que fueron requeridas. De todas ellas, un 56% tiene personas a su cargo y sólo el 31% cuenta con un ingreso económico regular, que suelen ser programas de empleo social, en medio del silencio sepulcral.
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23) Una de cada 4 mujeres en nuestros barrios necesita una solución habitacional urgente, para poder romper el círculo de violencia. Y mientras tanto: 101 femicidios y transfemicidios, en 2020.
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24) ¡Una primicia que ningún medio quiso tener! En Zavaleta, decidieron remover a los jefes del servicio de Prefectura por haber liberado sus 4 consignas deliberadamente, ¡3 veces en un mismo día! Sí, esa misma zona en la que asesinaron a 4 personas en el último mes y medio, por el negocio del narco, las Fuerzas y el periodismo parapolicial. Fueron removidos cuando lo pudimos demostrar con fotos, pero si no hubiera sucedido lo mismo que sucede cuando no queda registro: nada. No salió en ningún medio.
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25) En Sierras Chicas, El Sauce no posee red de agua potable, así que depende del camión que manda la comuna, pero sin una frecuencia preestablecida: nuestro merendero llegó a estar una semana sin agua. Y ojalá fuera el problema de apenas un barrio cordobés: en el Yape, Elisa convive con 8 personas y una cloaca rebalsada, siendo hipertensa, pero no tuvo respuestas ni cuadrilla hasta que no etiquetamos a los responsables en Instagram. Y el «arreglo» duró 24 horas.
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26) Distribuidos en algunas provincias mediante cadenas de supermercados que no existen en otras regiones, los cuadernillos elaborados por el Ministerio de Educación no están llegando a donde más hacen falta, mientras Chaco y la Ciudad de Buenos Aires anuncian que podrían «empezar a evaluar de manera virtual». Mientras tanto, en la vida real, nuestra asamblea de Juella, en Jujuy, hoy debe organizarse para viajar 8 kilómetros hasta Tilcara, cada vez que necesita conexión o hacer alguna impresión… Por eso, la Edición Cuarentena de La Garganta estará dedicada íntegramente a las niñas y niños de las barriadas, traduciendo el contenido lúdico y pedagógico de los cuadernillos a nuestra impronta, nuestra identidad y nuestra realidad.
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27) A 200 kilómetros de Posadas, en la Aldea Tacuapí Mirí, los seres humanos toman agua de un arroyo y comen lo que cazan, como por ejemplo gusanos, con arroz, fideos o polenta, porque no tiene ni un comedor comunitario. Hace 3 meses, literalmente 3 meses, que no los visita ningún agente sanitario.
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28) A la sombra de tantas falsas informaciones, 7 policías fueron desplazados en Misiones, por haber trasladado a un pibe de 19 años durante cuadras a fuerza de los «rebencazos» que le daban desde sus motos, en la Colonia Andresito. Tampoco nadie publicó su grito.
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29) Y como nunca se trata de «un caso aislado», el 18 de abril, la Infantería de la misma Policía misionera detuvo a Gustavo Quevedo en Deseado, cuando iba al almacén. Ahí nomás, le pidieron cordialmente “veinte flexiones de brazos” y se lo llevaron detenido, también a punta de rebenque. Lo cagaron a palos y lo liberaron, sin elaborar ningún acta, ¿para qué?
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30) El 1 de abril, en pleno aislamiento, el gobierno de Córdoba no tuvo mejor idea que suspender los programas de trabajo provinciales: la inclusión laboral para adultos mayores, el primer empleo e inserción profesional. Una pavadita, que sólo les cagó la vida a 27 mil personas.
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31) A mayor atrincheramiento, mayor demanda de energía y mayor riesgo eléctrico. Sólo en el último mes, el barrio porteño de Fátima padeció 3 incendios, que afectaron a 4 familias, todos por explosiones, cortocircuitos y chispazos de cables, en días de lluvia. Como hoy. Sólo una vez llegaron los bomberos.
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32) El 17 de abril, 122 efectivos penitenciarios de la Unidad Penal N°1 de Corrientes fueron testeados por ser contactos estrechos de un contagiado en San Luis del Palmar. Otros 4 agentes más resultaron positivos. Y entonces, este lunes, 20 internos del Penal iniciaron una huelga de hambre pacífica pidiendo condiciones de higiene y aislamiento para los grupos de riesgo, ahí donde se desborda un 40% de superpoblación carcelaria, porque hay 670 presos, en una unidad para 440. Al día siguiente, cerca de las 15, reprimieron, hirieron a 12 presos y asesinaron a José Candia, quien estaba terminando de cumplir una condena de 6 años por robo: 10 balazos, 7 de goma y 3 de plomo, antitumultos. «Pero debe ser información discrecional». Son datos del Ministerio de Seguridad provincial.
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33) Rehenes del mismo colapso alimentario que llegó a cuadriplicar la demanda en el barrio Pellicer de Mendoza, hace más de 25 días que nuestras asambleas correntinas debieran haber recibido el camión con la mercadería que le vienen adeudando. La seguimos esperando.
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34) La carga horaria del «personal de salud alimentaria» aumentó un 50% y también creció un 30% esa increíble planta voluntaria que nos permite sobrevivir a la emergencia, pero necesitamos reforzar una vez más el desesperado pedido por donaciones, porque quedan pocas raciones y se acabaran a la brevedad: #ContagiáSolidaridad.
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35) De los 50 casos positivos de Covid-19 en La Rioja, hoy 22 son laburantes de la salud, porque «no toman los recaudos», según el gobernador Ricardo Quintela, que no tiene nada que ver con todo eso, eh.
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36) Toda el agua que llega hasta el Barrio Cataratas, en Puerto Iguazú, sale de dos pozos en la zona alta, cuyo acceso se libera 2 días por semana. Los vecinos llevan sus baldes y se pasan interminables horas esperando en el mismo lugar. Los dengues, también.
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37) Si bien hasta recién no teníamos casos en la Villa 21-24, nos acaban de confirmar el primero, tras las alertas de los dos positivos en el Hospital Penna, la segunda casa de toda una inmensa comunidad. A esa doble villa de Barracas, el 70% del agua llega contaminada, cuando llega, porque además hay problemas de presión. Y ahí vive nuestro vecino Santos Ruiz, que tiene 59 años, diabetes, hipertensión y dificultades cardíacas: sólo tiene agua de noche. Y hoy sobrevive con los bidones que le provee su asamblea.
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38) Entre las mayores preocupaciones para la Patria Baja, sin dudas está el consumo, pero no sólo ese consumo que abordan los noticieros con sus traductores macroeconómicos, sino el consumo problemático de sustancias que llegan donde no llega todo lo demás: específicamente en Villa 20 (Lugano), Bosco II (Santiago del Estero) y San Petersburgo (La Matanza), hay muchísimos adictos sin respuesta, ni contención, porque «no están recibiendo gente los centros de rehabilitación».
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39) A esta hora, todos los centros de día están cerrados y no se oye una propuesta del SEDRONAR, ni una preocupación del periodismo. Al igual que el clorhidrato de cocaína, el consumo de paco puede causar hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, que se asocia además con rabdomiolisis y la falla renal. No por nada, quienes consumen base muestran cambios a nivel arterial que se asocian al mayor riesgo cardiovascular, sin contar el humo que afecta al sistema respiratorio. Y no se olviden, ¡el sistema hospitalario será el mismo para todos! No basta saludarse con los codos.
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40) Hasta ahora, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo al menos un caso de violencia institucional por día, desde que comenzó la cuarentena. Y no lo decimos nosotros, ni la prensa, lo dice un informe del Ministerio Público de Defensa.

Coronavirus en la villa 31 y la grave denuncia de La Poderosa: personas hacinadas, sin servicios y con hambre

Temas:coronavirus garganta Villa 31

El oficio de sobrevivir: una mañana en un comedor de La Matanza

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Alerta Lugano: a espaldas de la comunidad, AUSA y el GCBA avanzan con el Máster Plan

Publicada

hace 1 día

05/03/2025

La obra que pretende modificar al barrio sin ningún beneficio vecinal, para colocar entre otras cosas un nuevo peaje, se estima que acabará con 70 mil metros cuadrados de espacio verde. Ayer la empresa concesionaria de la autopista Dellepiane comenzó con la tala, pese a que se había pactado una “mesa de trabajo” previo al inicio de las obras, que la comunidad rechaza. La voz de las y los vecinos, el silencio del gobierno porteño y la postura de AUSA: no dar entrevistas “en on”. Hoy por la tarde el barrio se autoconvoca a una ceremonia de reflexión y concientización: 18.30, en Cañada de Gómez y Riestra.

Por Francisco Pandolfi

Ni el gobierno porteño ni la empresa AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) cumplieron lo que habían prometido: ayer, con la luz verde del Gobierno de la Ciudad, la empresa concesionaria de la Autopista Dellepiane empezó con la tala indiscriminada de árboles, incumpliendo la promesa de no comenzar la obra del Máster Plan Autopista Dellepiane hasta iniciar una mesa de trabajo conjunta con las y los vecinos autoconvocados de Lugano, que la vienen exigiendo desde noviembre pasado.

Silencios y engaños

El pedido de diálogo primero fue en una audiencia pública. Ante el silencio como respuesta, se exigió por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. No hubo ninguna respuesta hasta el pasado jueves 20 de febrero, cuando en una reunión en la Junta Histórica de Lugano, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a iniciar las mesas de trabajo previo al inicio de la obra. Los representantes gubernamentales en la reunión fueron Facundo Echeverría, de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad, y Jorge Fiorentino, asesor de la secretaría de Ambiente y Espacios Arbolados. “La obra empezó y de las mesas de trabajo no hubo noticias, hasta que hoy vinieron y arrasaron con los primeros siete árboles”, denuncia la comunidad.

Desde AUSA, la semana pasada habían informado que hoy harían la extracción y posterior trasplante de cuatro especies (dos ceibos y dos aguaribay) en Dellepiane Sur, pero el accionar fue otro: no hubo trasplante, sino tala directa, tanto en Dellepiane Sur como en Dellepiane Norte.

‼️ Ahora, urgente. El Gobierno de la Ciudad empezó hace minutos con una tala indiscriminada de árboles, incumpliendo la promesa de no empezar la obra del Máster Plan Autopista Dellepiane hasta iniciar una mesa de trabajo conjunta con las y los vecinos autoconvocados de Lugano.
— www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-05T15:20:39.551Z

Sin beneficios

En esta nota publicada la semana pasada (https://lavaca.org/actualidad/lugano-resiste-al-master-plan-que-quiere-imponer-macri/), contamos los pormenores de una obra que modificará al barrio sin ningún beneficio vecinal, y de la que no está enterada (como figura por ley) la mayoría de los frentistas a la Dellepiane. Allí, a metros de la General Paz, el gobierno porteño pretende colocar un nuevo peaje, a sólo 4 kilómetros del ya existente en avenida Lacarra.

El “Máster Plan Autopista Parque Dellepiane” se emplazará sobre la traza de la autopista Dellepiane, desde el cruce de la avenida General Paz hasta el Peaje de Lacarra, y abarcará 4,6 km. La comunidad afirma que en ese tramo se talarán cientos de árboles, entre los cuales hay álamos, ceibos, ombúes, aguaribay, algunos de más de 100 años, que ahora están marcados con una cruz, como señal de la muerte anunciada. Dice Silvina Cammarotta, vecina: “Según un ingeniero de AUSA, 121 árboles los van a arrasar con una máquina y triturar, hasta convertirlos en aserrín”.

El rediseño de la autopista incorporará dos carrilles exclusivos para metrobús y la terminación de las colectoras, por lo que se eliminarán de cada lado diez metros de espacio verde. Dice Néstor Muñoz, vecino de Villa Lugano: “El Gobierno de la Ciudad presentó esta obra de modernización de la autopista para poder cobrar un nuevo peaje, y para hacerlo, la ley obliga que cada camino con peaje debe tener un camino alternativo. La ampliación de las colectoras significa más asfalto, y la destrucción de 70 mil metros cuadrados de espacio verde”.

Policías y más policías

A sabiendas de la extracción que devino en tala, los vecinos autoconvocados fuera de toda bandera partidaria, se convocaron este miércoles a las 6 de la mañana, de manera pacífica, para registrar los movimientos de la empresa. Presagiaban que podía pasar lo que finalmente ocurrió: el aniquilamiento de los árboles. Cuando arribaron –todavía de noche–, ya había una camioneta de la Policía de Ciudad esperándolos. Luego llegó otra. Y luego otra. Y luego una más. 12 agentes uniformados y otros de civil se apostaron frente a la autopista, para garantizar que se llevara a cabo la tala, sin inconvenientes.

Enzo es frentista de la Dellepiane. Le dicen el Tano. Mira la situación, con una docena de efectivos de un lado, con máquinas del otro. Y dice: “Es lamentable que destruyan, en vez de construir”.

Recurso de amparo

Hace dos semanas, los vecinos y vecinas de Villa Lugano presentaron un amparo solicitando que el Gobierno porteño y AUSA detuvieran la obra hasta que se iniciaran las mesas de trabajo conjuntas. El amparo cuenta con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentó la Defensora Oficial, Giselle Furlong Pader, que exigió convocar a un proceso participativo institucional y vinculante, previo al desarrollo de la primera etapa de la obra.

Eso ya no se cumplió.

La Defensoría también exhortó a que el gobierno porteño convoque a una audiencia “para facilitar el diálogo entre las distintas partes del proceso judicial”. Y solicita suspender la extracción de los árboles hasta que no se dé cumplimiento “con la obligación de brindar información pública y se otorgue la debida participación en asuntos ambientales”.

Esto tampoco se cumplió.

Alerta Lugano: a espaldas de la comunidad, AUSA y el GCBA avanzan con el Máster Plan — Las y los vecinos se mantienen en alerta ante el comienzo de las obras. Hoy llaman a un encuentro de difusión, para seguir organizándose. / Foto: Elena Gorocito.

Qué democracia

Silvina tiene una angustia que se le nota en los ojos. Y en la voz: “Nos mintieron en todo y en la cara. No hicieron nada de lo que dijeron. Talaron en vez de trasplantar; dejaron los troncos al ras. Vamos a hacer una denuncia penal. Llamamos a Facundo Echeverría, de Vínculo Ciudadano de la Ciudad y nos re boludeó; dijo que la obra se iba a hacer igual y que nosotros éramos unos subversivos. Siento mucha impotencia, dolor, un nudo en el pecho, se manejan con muchísima impunidad. Hicimos todo lo que había que hacer, sin violencia, buscando todos los canales de diálogo y nada. No parece un gobierno democrático, sino una tiranía”.

Néstor: “Seguiremos exigiendo al gobierno un plan integral de ciudad, donde se contemplen espacios verdes necesarios de mantener. Internacionalmente se busca que las ciudades tengan un 12% por ciento de espacios verdes, y nosotros con suerte pasamos los 6. Nosotros no tomamos un camino de violencia para reclamar, pero en cambio, la violencia la está generando este gobierno, vallando los caminos, no conformando las mesas de trabajo y ahora talando los árboles. El artículo 1 de la Constitución lo dice muy claro, y parece que este gobierno no lo sabe: el sistema que desarrollemos en la Ciudad de Buenos Aires debe ser democrativo y participativo”

Cecilia, también vecina: “Esperamos que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, entre en razón; lo que hicieron hoy es de sinvergüenzas. Hoy se llevaron puestos siete árboles. Hoy asesinaron siete árboles”.

Que en esta nota hablen sólo vecinas y vecinos tiene un por qué. O dos, en realidad. Comunicarse a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano es una tarea titánica, que no da resultado. Nadie atiende.

Con AUSA la cosa es distinta, aunque parecida: el prensa de la empresa le dice a lavaca que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.

Los vecindad organizada sigue en pie y para mañana jueves por la tarde (18.30, en Cañada de Gómez y Riestra) convoca a una ceremonia de reflexión y concientización ante el ombú centenario de Lugano. Es una más de las decenas de movidas que la comunidad viene haciendo desde noviembre, cuando se enteró del Máster Plan. Como la convocatoria casa por casa a los frentistas desinformados; como la repartición de volantes en los corsos de carnaval; como la juntada de firmas en los centros comerciales; como las innumerables reuniones presenciales y virtuales para organizarse; y hasta la creación de dos ideas fuera de lo común, pero bien dentro de lo comunitario: una cumbia que cuenta y canta la problemática (subir video) y un concurso donde se premiará (con una semana en San Clemente del Tuyú, gracias a una vecina que prestará su casa) a la pancarta más llamativa y original. Hay una en donde vuelan dólares, con el lema “Una obra que de verde, sólo tiene los billetes”; otra que muestra una topadora llevándose puesta un árbol; y hay otra que es una cartulina celeste, con letras rojas y negras, que dice:

No hay peor

Jorge Macri

que el que

no quiere ver.

Silvina y Néstor, dos de los guardianes de los árboles. / Foto: Elena Gorocito.

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Megaminería, patotas y Cornejo junto a Milei: la asamblea de Uspallata resiste al proyecto San Jorge

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hace 2 días

04/03/2025

En la localidad mendocina de Uspallata el gobierno provincial junto a la multinacional Solway -radicada en paraísos fiscales, con denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala- buscan imponer (otra vez) el proyecto minero San Jorge, rechazado por la comunidad desde hace más de 15 años. Esta vez la ofensiva se dio a través de la represión (patota de la UOCRA, un vecino detenido y varios allanamientos), y la censura. El rol de la Justicia, los daños y perjuicios de la megaminería en una zona cordillerana y de glaciares, y la resistencia de un pueblo que sigue de pie: “Sin licencia social no hay minería”. El agua como recurso estratégico, y la figura del gobernador Cornejo, que mientras tanto se encuentra junto a Karina Milei en la «feria minera más importante del mundo en Canadá».

Por Francisco Pandolfi

Uspallata es una localidad del departamento de Las Heras, en el norte de Mendoza, que está a 120 kilómetros de la capital provincial y a 90 del paso fronterizo con Chile. Es un sitio estratégico: pasa la ruta del Mercosur. E histórico: albergó el Paso Sanmartiniano y el Camino del Inca. Uspallata es el pueblo argentino más grande a menor distancia del cerro Aconcagua (62 km). Y es, también, el epicentro donde el gobierno mendocino junto a la empresa multinacional Solway Holding, buscan imponer (por enésima vez) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin la licencia social y pese a la vigente Ley 7.722 que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua.

Al proyecto minero San Jorge (PSJ) intentan instalarlo desde 2007, y es desde ese entonces que tiene la resistencia de la población. A inicios de este año volvió la ofensiva gubernamental y empresarial, sostenida en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Volvió con la fuerza de los millones, y también de la censura y la represión.

Megaminería, patotas y Cornejo junto a Milei: la asamblea de Uspallata resiste al proyecto San Jorge — La bandera de la asamblea: «Toda la cuenca del Río Mendoza, protegida».

¿Qué está pasando en Mendoza?

A fines de enero se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros, en un acto al que acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Nora Moyano tiene 73 años e integra la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Le dice a lavaca: “El intendente, que en un año de gestión no fue nunca a Uspallata para conocer las necesidades de la gente, apareció para este acto acompañado por la patota de la UOCRA. Vinieron a amedrentar a las vecinas y vecinos de Uspallata en contra de la minería. A uno de nuestros compañeros la patota de la UOCRA se le vino encima, le rompió el tabique, y un vecino comerciante, para evitar que le siguieran pegando agarró un matafuegos de un negocio y le tiró el polvito (sic) para que se fueran”. Agrega Nora: “Este vecino se llama Mauricio Cornejo y el lunes 24 de febrero iba caminando por la calle del pueblo y lo detuvieron. Desde ese día está preso. A eso hay que sumarle varios allanamientos a vecinos de las asambleas. Es una locura lo que está pasando. Es tal la ambición y codicia que avanzan y ya no respetan ni las mínimas leyes de nuestras libertades democráticas. Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”.

El artículo 213 bis

Eugenia Segura conforma la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que denuncia la persecución del gobierno provincial con Alfredo Cornejo (UCR) al mando. Alfredo y Mauricio tienen el mismo apellido, pero no son parientes. Uno es el gobernador de Mendoza. Otro, está preso. Eugenia dice que “el foco y el ojo” de lo que pasa en su pueblo “hay que ponerlo en el artículo 213 bis del Código Penal”. Explica el por qué: “La figura penal que se agarran para detener a Mauricio apunta a convertir toda forma de protesta y organización en algo que puede ser tildado de terrorista; no importa si hacés algo que esté contra la ley o no, igual te pueden imputar porque hay un otro que se supone hizo algo ilegal y es de tu organización, lo cual debería ser completamente inconstitucional. Es inadmisible que corran el arco de los derechos humanos como lo están haciendo”.

El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y refiere al delito denominado de “prepotencia ideológica”, y apunta contra quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión.

Exclama Nora Moyano: “Estamos sufriendo una persecución y en esta peligrosidad nos encontramos. No puede ser que a tantos años de recuperar la democracia todavía esté en vigencia un artículo que nos quieren aplicar a todos los que somos de las asambleas socioambientales por defender el agua y los bienes comunes”.

Censura

En el marco de un ciclo de cine y ante la ofensiva minera, el 14 de febrero se iba a proyectar en el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el documental “HAM, historia del agua en Mendoza”, sobre cómo el pueblo revirtió la derogación de la Ley 7722 en 2019, que además de la decisión del entonces gobernador Rodolfo Suárez (UCR), también contaba con el apoyo del presidente de la Nación, Alberto Fernández (PJ).

El Mendoaguazo

Se iba a proyectar, hasta que desde parte de la comisión directiva del club la dieron de baja por ser una película “politizada”. Rápidamente se consiguió otro lugar (la radio comunitaria La Mosquitera), pero no cesó el hostigamiento. Bernardo Blanco es el director de HAM y le cuenta a lavaca: “Desde temprano se empezó a presentar la policía y a preguntar si iba a realizarse una manifestación por el agua o qué íbamos a hacer. Primero vinieron dos agentes, luego cuatro y después ya eran nueve. ¡Un montón! Tenían la intención de entrar y pudrirla”. A partir de este nuevo amedrentamiento, se pensó la idea de hacer funciones simultáneas de HAM: el sábado pasado se realizaron 29 en Mendoza y 46 en todo el país. Dice Bernardo: “Fue muy fuerte la respuesta de la gente en todo el país. Esto va más allá de los nombres propios y de la película, lo interesante es el fenómeno social/cultural/político que se pone de manifiesto con tantas proyecciones simultáneas”.

HAM es un documental independiente que “cumple la ley de cine, califica apta para todo público y tuvo su estreno en salas comerciales. Esto lo digo para acentuar aún más los intentos de censura y la presencia policial”, destaca el director.

HAM puede verse de manera gratuita en la plataforma BAFilma.

El fondo de la cuestión

¿A qué se oponen quienes se oponen al proyecto San Jorge?

Nora: “Nuestra provincia tiene agua por el deshielo de los glaciares de la Cordillera de los Andes. Por ella vivimos, cultivamos; por ella ustedes conocen la vid de la que hacemos el vino. Eso defendemos: el agua, nuestros bienes comunes, nuestros glaciares. Con los explosivos que usan en la megaminería van a destrozar las vegas alto andinas (pequeños oasis en el desierto). El polvillo que generan no se auto consume y en esa zona de vientos fuertes irá hacia los glaciares. La contaminación no sólo afectará a Uspallata: el río Mendoza es una cuenca que atraviesa toda la provincia y cuyo cauce desemboca en Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires”.

Eugenia: “Uspallata es un pueblo de montaña que está en un valle. En Mendoza tenemos solamente tres oasis, el norte, el centro que es el valle de Uco y el sur. En el norte, donde está Uspallata, nace el río Mendoza que abastece al Gran Mendoza, donde vive la mayor parte de la población; más de un millón de habitantes beben de ese río, que riega las más de 250 mil hectáreas de malbec y que también sostiene el cuarto polo industrial del país. Uspallata se ubica en las nacientes de este río que el proyecto megaminero va a contaminar. Estamos protegiendo el área natural Uspallata- Polvaredas, patrimonio cultural, natural, paisajístico, un lugar bellísimo. Lo estamos haciendo desde hace más de 15 años de manera pacífica, y así seguiremos”.

Nora Moyano (a la izquierda) y parte de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, en una de las movilizaciones en Uspallata.

El rol de la Justicia

Otro actor clave en este conflicto es la Corte Suprema de la Nación, que en 2021 se hizo eco de la apelación de la minera San Jorge ante la ley 7.722 y declaró inconstitucional un puñado de palabras del artículo 1, que hacía referencia a la prohibición de “otras sustancias tóxicas similares”.

Este era el Artículo 1° completo:

A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

La Corte Suprema eliminó el “otras sustancias tóxicas” y consideró constitucional el resto de la ley. ¿Qué permite esa eliminación? Detalla Nora: “El fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como el xantato, la poliacrilamida y otras, que están incluidas en la ley de residuos peligrosos y son prohibidas. Son tan graves como el cianuro y el mercurio, así que ahora está abierta la puerta para que revienten nuestra cordillera, nuestra montaña, pasarla por una sopa química por el proceso de flotación a través del xantato o la poliacrilamida”.

Daños y perjuicios

¿Qué perjuicios trae el Xantato? Enumeran desde las asambleas:

-No sólo es altamente tóxico para la salud humana y de animales y plantas, sino que además es muy inflamable, explosivo y reactivo.

-Su combustión produce gases irritantes, corrosivos y/o explosivos.

-Reacciona violentamente al contacto con el agua y el dióxido de carbono, generando disulfuro de carbono, más tóxico aún.

-La inhalación de subproductos gaseosos de sus reacciones al contacto con el agua y el aire puede causar lesiones o la muerte.

-El contacto con la piel u ojos puede causar severas quemaduras.

-Las fugas pueden causar contaminación.

Retoma Nora: “El gobierno mendocino está tocando las leyes ambientales para adaptarlas a este negocio. Por ejemplo, el código de minería lo reformó Cornejo a sus intereses; tampoco cumplen la ley de glaciares, ni de bosque nativo. Sólo arrasan y arrasan. También acaban de presentar el plan maestro donde se revierten las históricas prioridades de la Ley de Agua, (que data de 1884 en Mendoza), y que establece que primero está el consumo humano, el riego agrícola, los árboles, las industrias, no la minería. Si llegaran a votarlo en la Legislatura, que es lo más probable porque casi no hay oposición, el gobernador tendrá la potestad de hacer lo que quiera y eso será gravísimo para los mendocinos. Están constituyendo, como decía Jauretche, un nuevo estatuto legal del coloniaje”.

La preocupación en Nora se le nota en su habla acelerada. “No tenemos problemas con la minería común, tanto la ripiera, como la cementera. Estamos en contra de la megaminería metalífera hidrotóxica que llevan adelante megacorporaciones internacionales como Solway, que además de estar radicada en paraísos fiscales, tiene denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala. A esa gente no la queremos. No queremos su violencia. Y como decimos junto a Víctor Jara, tenemos derecho a vivir en paz”.

Viernes 7 de febrero, Ciudad de Mendoza. Manifestación contra el proyecto minero San Jorge.

Un pueblo de pie

El pueblo mendocino dio una lección en 2019 de cómo organizarse (y vencer) al tándem lobby minero y apoyo estatal. En aquel entonces, enormes movilizaciones en toda la provincia torcieron la votación de diputados y senadores en sólo 10 días. Seis años después, Mendoza vuelve a estar en alerta. Cuenta Nora: “A raíz de todos estos atropellos volvimos a salir a la calle. Hicimos multitudinarias manifestaciones en Uspallata y en la Ciudad Capital. A mucha gente le parece increíble que nuevamente quieran hacer lo que no lograron en el 2019, pero hay motivos”. Describe: “Tenemos un gobernador lamebotas del presidente, que hasta salió a defender lo que dijo Milei sobre el saludo nazi de Elon Musk. Así de bestial. Cornejo es un alfil de Milei y hay muchos intereses económicos por encima de las necesidades y decisiones de nuestro pueblo. Volvieron a la carga porque sienten que tienen más poder aún que antes, por la ligazón con la Casa Rosada”.

Cornejo acompañó a la Ley Bases, al Rigi y al Pacto de Mayo. Ahora mismo, al cierre de esta nota, está en Canadá junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros cinco gobernadores (San Juan, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja) en la PDAC 25, la feria minera más importante del mundo.

Cierra Nora: “Cornejo durante todos estos años generó una especie de suma del poder público: tiene a su favor el poder judicial y también el legislativo, que le vota todo. Construyó una red muy fuerte de contención, y al frente de toda esa telaraña estamos nosotros, de pie, nunca arrodillados. Y así seguiremos, defendiendo nuestro patrimonio, defendiendo lo que es nuestro”.

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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 6 días

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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