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La fruta prohibida: Corrientes, de las fumigaciones a la agroecología

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Una familia fumigada. Una niña muerta por comer una mandarina. Vecinos que cuentan que la escena se encubrió. La voz del único imputado. Una historia que conecta con otra localidad donde se está empezando a transformar el dolor en vida. ▶ FRANCO CIANCAGLINI
Rocío Milagros Pared (12 años) y su sobrino Damián(10 años) salen de su casa rumbo a la clase de catequesis de todos los sábados. Viven con sus 11 hermanos y padres al lado de una chacra de limones que se fumiga día tras día.
La capilla de Santa Librada, a donde los esperan las catequistas Soledad y Ayelén, queda a unos 500 metros de distancia. En el camino, más quintas: limones, arándanos, sandías, mandarinas.
Los tractores pasan y levantan la tierra colorada; no hay vereda. Sólo pueden caminar pegaditos al paredón que marca la propiedad de Luis Ángel Brest, dueño de todas esas quintas. Es un sábado caluroso, son las 14:30, y Rocío y Damián deciden jugar una carrera.
Rocío va ganando, pero se detiene. A la altura del portón de los Brest encuentra una mandarina. La agarra. Damián, que llega desde atrás, le pregunta: “¿Me das un pedazo?”. Rocío la parte al medio y muerde su mitad.
Rocío queda paralizada. Se agarra la panza; se retuerce de dolor. Damián muerde la mandarina, pero le da asco el sabor: escupe. Luego, vomita. Con las fuerzas que le quedan, ayudado por un palito, desanda los 90 metros hasta su casa, para pedir ayuda.
La madre, Vicenta, se queda con Damián, mientras Ricardo y Ramona salen corriendo a buscar a Rocío. La escena: “Estaba paralizada, como borracha. La respiración se le iba. La cáscara de mandarina estaba ahí al lado. Y yo le dije ¿qué tomaste, Rocío? Me responde en guaraní “ha´u mandarina”. Tomé una mandarina”.
Ramona, hermana de Rocío, cuenta que se cansó de llamar a la ambulancia que nunca llegó. La explicación: “La ambulancia no está en el hospital: hace de remís”. Entonces llamaron a Laura, la remisera, que ahora recuerda: “Cuando llego veo que van saliendo con el nene y después veo a Rocío, que la llevaban en brazos. Ahí me desesperé: nunca manejé tan rápido”.
En el centro de salud de Mburucuyá los hacen esperar. Vicenta: “Eran las 3 y el doctor estaba durmiendo la siesta. Se lo fue a despertar recién cuando puse a los chicos en la camilla. Y ahí les pusieron suero, pero no les hicieron lavado de estó- mago. Dijo que no hay elementos para hacerlo. ¿Cómo no va a haber? Nos dijo que la trasladaban a Saladas. Volvimos a buscar ropa para ella y los documento. Pensamos que se iba a salvar”.
Ramona: “Llegamos a Saladas y no nos dejaron entrar. Le dije a una doctora que si no me dejaba ver a mi hermanita, que me diga qué tenía. Ahí me dice: falleció”.
Silencio.

Las mujeres Pared, en el camino a la altura donde Rocío mordió la mandarina.
Foto: Nacho Yuchark


La pared
Ese es el relato que la familia Pared reconstruye recuerdo por recuerdo, sentados todos juntos a la sombra de un árbol, en su terreno en el paraje El pago, Mburucuyá. Son 13: Evaristo, Vicenta, Rita, María, Ramona, Armando, Damián, Mariana, Abigaíl, Fermín, Luana, Mariana y Caterina. Y los perros, Diablo y Pulqui. Falta Rocío.
Son padres, hijos y nietos de generaciones mezcladas: todos le dicen “mamá” a Vicenta. Los padres de los más más pequeños no viven en ninguna de estas dos casas.
Vicenta se crió en la zona, en Manantiales, probó dos veces suerte en Buenos Aires, pero regresó a El Pago para formar familia con Evaristo. Tiene la cara arrugada. Ha criado hijos de nariz repingada, pelo negrísimo, facciones que parecen delicadamente talladas y cuerpos esbeltos: guaraníes. “Les digo que tienen que hablar castellano, pero entre nosotros hablamos mucho en guaraní”. En esa lengua fue que Rocío le dijo a su madre sus últimas palabras: “Ella era muy guaranga. Le pregunté ahí en el portón qué había pasado. Ahí nomás le levanté el pelo, esperando que venga la ambulancia. Nunca llegó. Ya en el remís, cuando iba alcanzando la mitad del camino, yo la tenía con la cara en mi pecho y empezó a salirle espuma de la boca”. Vicenta hace un gesto de asco, o de bronca, o de todo eso junto, y concluye: “Ni aunque me paguen 50 mil dólares ni aunque me compren una estancia, yo lo que perdí no lo voy a recuperar: mi chinita”.
Evaristo, el padre, fue el encargado de limpiar el terreno hace 10 años para empezar a levantar una casa y una familia que aún se siguen edificando. Años después, el monte correntino del que estaba rodeado –palmeras, lagunas, animales- pasó a ser monocultivo de frutas y verduras con altas dosis de agroquímicos. “Justo acá se pusieron, con todo el monte que hay. No podés estar del veneno”. Una de las hijas, cuenta, se desmaya seguido. Otra acaba de perder un embarazo. ¿Por qué pasó lo que pasó? “Eso es lo que hasta ahora pienso y me está doliendo a mí. Tengo mis hijos, mis nietos, van a catecismo, salen por la calle y agarran frutas. ¿Cómo no van a agarrar?”. ¿Qué reclaman? “Justicia: eso es lo que estamos pidiendo”. ¿Cuál sería la justicia? “Que no vuelva a pasar”.
Evaristo trabajó en la cosecha gran parte de su vida, pero ahora ya no puede “por un problema de cintura”. Conoce muy bien a todos en la zona. “Que vengan a poner la cara, que digan qué pasó, qué fue. Nunca más aparecieron”.
La mitad de la familia Pared es de River, y la otra mitad es de Boca. Ambas hinchadas se lamentan que el fútbol ahora es pago y sacan cuentas ficticias sobre cuánto les saldría poder seguir viendo a sus ídolos por televisión. Rocío no era la excepción: “Le gustaba mucho ver televisión”.
Sus hermanos apuntan más recuerdos:
“No le gustaba salir mucho, le gustaba mirar novelas”.
“Sus novelas preferidas eran El Zorro y Pasión de gavilanes”.
“A mí me peleaba el control remoto de la cama”.
“Era de Boca”.
“Jugábamos a la pelota, a la escondida, a la rayuela. Ahora la extrañamos”.

Los niños Pared, hermanos y sobrinos de Rocío, en su casa en Mburucuyá. Detrás, la quinta de limones que es fumigada todos los días.
Foto: Nacho Yuchark


El veneno
Damián, remera de Pokemón, jean largo y en patas, es el testigo de la muerte de su tía y el paciente de distintos hospitales correntinos, cuyos estudios viajaron al hospital Gutiérrrez de Buenos Aires, especializado en toxicología. La madre alcanza un exámen realizado en Hospital Pediátrico Juan Pablo II, de Corrientes capital, que certifica un primer diagnóstico: “Intoxicación con carbofluorado”.
La autopsia que le hicieron a Rocío le puso nombre al veneno: Furadán. Fue encontrado por el cuerpo médico forense correntino en su mano y también en su estó- mago, junto a restos de mandarina. “Damián se salva porque escupe la mandarina y vomita tres veces”, interpreta su madre, Rita. Rocío ingirió con un mordisco una cantidad fatal.
El Furadán está prohibido en la Unión Europea, Canadá y también en Corrientes, según la resolución provincial Nº 1246/12. Es un pesticida altamente tóxico que si bien se utiliza para el control de plagas, tiene otra antigua función: se le suele inyectar a las frutas para dejarlas como carnadas de veneno en las cosechas y matar así a las aves que se acercan a picotear. El abogado de la familia Pared, Francisco Pisarello, relata el método: “Con tal de evitar los gastos se utiliza esta técnica retrógada de inyectarle con jeringa a la mandarina para poner debajo de las plantas, y después encontrar el tendal de pájaros muertos”.
Esto explicaría por qué la mandarina tenía un veneno prohibido, pero no por qué estaba allí, en el portón de los Brest, al alcance de Rocío. El fiscal de instrucción de Saladas Osvaldo Ojeda coincide con la hipó- tesis del abogado Pisarello: la fruta se habría caído en el traslado de mandarinas envenenadas de una quinta a otra.
La familia también conoce ese relato desde adentro: una de las seis peones de chacra de los Brest que trabajaron ese día en la quinta donde todo sucedió es Susana Pared, 29 años, una de las hermanas de Rocío. “Costó mucho que hable, porque tiene miedo a perder el trabajo”, dice el abogado Pisarello.

La quinta de limones donde se cayó la mandarina durante un traslado. Está al lado de la casa de los Pared, en el paraje rural de Mburucuyá, camino a la parroquia.
Foto: Nacho Yuchark


La investigación
La causa judicial que investiga la muerte de Rocío fue recaratulada: de “muerte por envenanamiento” a “homicidio culposo”. El único imputado es el capataz de la estancia del paraje El Pago, Faustino Mendoza, a quien la familia conoce bien: viven al lado. Incluso después de la muerte de Rocío, las familias se siguen saludando.
El fiscal Ojeda tomó las riendas de la investigación, sin la participación de la querella familiar durante los primeros 30 días. Ordenó la autopsia que confirmó el veneno, imputó a Mendoza y llamó a declarar al empresario Luis Brest, empleador de Mendoza, como testigo. También allanó la quinta de los limones, tres días después de la muerte de Rocío.
La única casa que queda en diagonal al portón de los Brest es la de Ayelén, la profesora de catequesis que esperaba a Rocío aquel 9 de septiembre: “El lugar donde murió Rocío ya no es el mismo. Se pusieron carteles que no habían, candados que no estaban, alambres que no tenía. Es más: esa misma noche sacaron cosas. En el peritaje que se hizo hay cosas que no van a estar porque las asacaron. Los dueños de la empresa mandaron a desmantelar el escenario”.
El encubrimiento que describe Ayelén sigue la línea del relato de los hechos que intenta imponer el patrón Brest: que Rocío cruzó el alambrado.
A lo lejos, irrumpe un tractor. Vicenta y sus dos hijas tienen una enorme capacidad de ver desde lejos y anticipan: “Ahí viene Faustino”.
Faustino Mendoza es el único imputado en la causa que investiga la muerte de Rocío. Es un hombre mayor, de piel curtida por el sol y una forma de hablar que se asemeja a un ronroreo. Sin apagar el motor del tractor, y con pocas, pero precisas palabras, accede a responder las preguntas que aún no le hizo la justicia.
¿Qué pasó el 9 de septiembre?
La criatura entró a la quinta. Afuera no había nada.
¿La mandarina de dónde la agarró?
De adentro.
¿Por qué tenía Furadán?
Porque hay muchas ratas. Para las ratas. Para matar las ratas del galpón, ahí adentro.
¿Se usa Furadan para matar a las ratas?
Sí.
¿Entonces, según usted, la mandarina no estaba en la puerta?
No, no. No había nadie, los sábados salimos temprano. Ya a las 12 nos fuimos todos.
La familia dice que estaba del lado de afuera
No, no. El portón estaba abierto.
También los vecinos dicen que los carteles de “prohibido pasar” se pusieron después
Tenía cartel. Había carteles. Y había una cadena.
La familia de Rocío también cuenta que fumigan en el campo de al lado de su casa, ¿eso no puede traerles problemas?
Pero ahora fumigamos con otras máquinas.
¿Hace cuánto?
Hace un tiempo ya.
¿Qué pesticidas utiliza?
Cobre y Mango-C.
¿Usted para quien trabaja?
Para el encargado.
¿Luis Brest?
Sí.
¿Tiene miedo por la causa judicial que lo tiene como imputado?
No.

En el centro, Damián, el sobrino de Rocío que se salvó porque escupió y vomitó la mandarina.
Foto: Nacho Yuchark


Los Brest
Cuentan que los Brest arrancaron hace menos de 10 años con una estación de servicio en Saladas, a 50 kilómetros de Mburucuyá, y así –o más o menos así- edificaron una fortuna que se tradujo en tierras en éste y otros departamentos correntinos. Los Brest son “una generación de nuevos empresarios con viejas mañas”, según la definición del abogado de Pisarrello, en referencia al uso de técnicas como la del Furadán en mandarinas como cebo para espantar aves.
Los Brest son una hermana y tres hermanos de alto perfil: un ingeniero agrónomo; un abogado y político que acaba de ser electo presidente del Colegio de Abogados del departamento de Goya; y Luis Ángel Brest, el más conocido por los parajes rurales, que figura como propietario de las quintas de Mburucuyá.
Mburucuyá es un pueblo de 7 mil habitantes famoso en Corrientes por ser la tierra del chamamé. Si en Corrientes capital se hace el Festival del Chamamé, en Mburucuyá le dieron otra vuelta al marketing: La Fiesta del Auténtico Chamamé. La diferencia, explicada por un autóctono: “Acá no se enchufa nada”.
Mburucuyá es un casco urbano rodeado por distintos parajes rurales como El Pago, donde viven dispersas familias campesinas como los Pared. “En Mbucurucyá la mayoría de los habitantes trabajan en la cosecha”, relata el propio Evaristo Pared. “Limones, sandía, mandarinas, arándanos”, enumera.
Según el sindicato UATRE, el sueldo oficial de un peón rural es de 12 mil pesos al mes, a razón de 556 pesos por jornal. Pero se sabe: la gran mayoría de los peones trabajan en negro. Evaristo calcula que así el sueldo desciende hasta la mitad. Una de las hermanas de Susana, la Pared que trabaja en la cosecha, precisa: “Pagan mil quinientos por semana”. Otra cosa que no especifica el convenio son las horas y días de trabajo: “Lunes a sábado, de 7 a 12 y de 2 a 6”.
¿No hay inspecciones ni control? Todos coinciden: “Les avisan que va a venir el Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) un día antes, y te dicen: mañana no vengas”.
Desde que murió Rocío, en la chacra vecina a los Pared pasaron de trabajar 10 personas a sólo 3. “Allá están trabajando Arnaldo y José”, alcanzan a ver los Pared desde la medianera.
Los guardianes
Con un mapa de la provincia de Corrientes de fondo, Emilio Spataro traza con el dedo líneas imaginarias que conectan Mburucuyá con la localidad de Lavalle. La coincidencia no es imaginaria: es la trama que une la muerte de Rocío con la de otros casos de niños muertos por agroquímicos. Y también a los Brest: uno de los hermanos fue el abogado de Ricardo Prieto, el productor absuelto por la muerte por agrotóxicos de Nicolás Arévalo (4 años) y los daños irreversibles a Celeste Estévez (5 años), en Lavalle.
Allí estamos ahora.
Cuenta Spataro: “Lo que encontrás en Lavalle y Mborucuyá es la continuidad de ese viejo modelo en el que la familia que es dueña del establecimiento tiene nexos locales. Y el campesinado son sus peones que trabajan en negro”. El otro ingrediente que completa el paisaje del interior correntino: “El modelo de agrotóxicos acá es de altas dosis por las temperaturas. Altas dosis y de exposición muy directa a gente en poblaciones socialmente muy vulnerables”.
Emilio es parte de Guardianes del Iberá, un grupo de jóvenes que se agrupó, primero, en defensa de los esteros que atraviesan la parte noreste de la provincia, enfrentándose a magnates extranjeros y mafias locales. Luego extendieron sus redes a otras localidades del interior correntino. Los Guardianes fueron una de las organizaciones que acompañaron -junto a la organización Infancia Robada, dirigida por la hermana Marta Pelloni- los juicios por la muerte de Nicolás Arévalo, los daños a Celeste. Luego, otro juicio por otra muerte agrotóxica: la de José Carlos Rivero (4 años), en mayo de 2012, también en Lavalle. “Los productores correntinos asumieron una defensa totalmente corporativa, que se expresa en la sentencia del caso de Nicolás Arévalo, donde absuelven a Prieto por falta de mérito: dicen que no se puede establecer que la contaminación fue la causal de la muerte. Lo que les preocupaba más era el impacto corporativo”.
Cortes de ruta, movilización, escraches a empresarios, jueces y políticos. Los Guardianes del Iberá siguieron y siguen gritando “paren de fumigar”. Pero en estos años no sólo han estado a la defensiva. “Después de los juicios que absolvieron a los productores hicimos la lectura de que teníamos que pasar al nivel de la producción, sino la lucha era insostenible”.
La historia puede contarse desde el principio o desde este final: el último fin de semana de octubre, más de 300 delegados de distintas localidades se reunieron en la localidad de Boquerón para discutir el plan de lucha contra las fumigaciones, y para compartir experiencias en agroecología. El encuentro fue la punta del iceberg de la flamante Federación Campesina, una organización que reúne a más de 700 familiares, entre cooperativas agropecuarias y comunidades guaraníes, que representan unas 4 mil personas en toda la provincia. “El 80% produce en forma agroecológica”, cuenta Emilio. La Federación Campesina es la contracara del modelo extractivo y del monocultivo arrocero y sojero, y también de las quintas hortícolas de medianos productores que utilizan agroquímicos.
Corrientes es una de las provincias más bellas del país. “Tiene de todo: monte, tierras altas, bajas, lagos, lagunas, ríos, animales”. Esta descripción –a la que habría que sumarle hasta monos- no es precisamente un anuncio de marketing turístico, sino un tesoro: “Tiene las condiciones perfectas para producir de manera agroecológica”. ¿Qué tiene en contra? “Sin puentes, sin caminos, sin las exenciones impositivos que favorecen a los pooles de siembra. Ahí está la decisión del Estado de favorecer a uno y dejar de forma precarizada la producción que realmente alimenta a la gente. En Corrientes no se come ni arroz ni pinos”, señala Spataro en referencia a las dos actividades fomentadas desde el gobierno: el monocultivo y la deforestación. La propuesta de cambiar el paradigma productivo queda así expuesta, en medio de una provincia azotada con 40% de pobreza, según las cifras del INDEC. “Lo que tenemos en nuestras manos es la decisión de otras formas de vida y de ser protagonistas de esas formas de vida. Eso es lo que defendemos con uñas y dientes”.

En Lavalle, uno de los invernaderos agroecológicos que quieren dar vuelta la historia.
Foto: Nacho Yuchark


Uñas, dientes y agroecología
En Lavalle hay más de 200 familias produciendo de manera agroecoló- gica, casi el 30% de un total de 2.000 habitantes. Josefina y Mauro son una de las parejas que formaron una familia a la vera de un brazo del Paraná, en una zona parecida al paraíso. Ellos son los tíos de Nicolás Arévalo y Celeste, y también una de las familias que se complementan con los vecinos que producen de manera agroecológica: “Nos convidan las chauchas y la lechuga, y nosotros les damos las leñas”. Paradojas de la vida en este paraíso: “Pescamos de noche, porque no dejan”.
Pilar es una de las vecinas que tiene, junto a su compañero Papu, la huerta de las chauchas: “Él trabajó hasta que se quedó rengo. Otro ingreso no teníamos. Ahora hicimos huerta. Primero afuera, ahora con tendal. Y con eso que teníamos vendíamos nomás. Hicimos con la ayuda de Guardianes”. Papu suma: “Le pongo abono de vaca, con eso lo mantenemos. Los que nos vendieron las semillas de melón nos dijeron que sin agroquímicos no iba a salir; y la chaucha, para que sea más grande la vaina, que teníamos que ponerle sí o sí. Y mirá”. El almuerzo está servido: ensalada de chaucha y papa con pescado fresco, del río.
A un costado, un balde muestra un líquido que en cualquier que en otro contexto resultaría peligroso. Checho, uno de los sabios agroecológicos que tiene Guardianes del Iberá, cuenta: “Es el purín de ortiga: sirve como abono orgánico y también como repelente, justamente para suplantar al herbicida. Tiene mucho fósforo. Y esto no es un agrotóxico que te hace daño: son ingredientes naturales”. La pauta es clara: “No usar agroquímicos”. ¿Cuál es el próximo paso? “Plantar pepino”.
Muchas de estas familias han logrado dedicar su tiempo completo a estos emprendimientos gracias a subsidios que le arrancaron al Estado. Josefina cuenta :“Vivo de mi pension”. Su marido Mauro: “de los microemprendimientos”. Y aclara: “Sabemos que va a llegar la temporada en que eso se termina. Y los empresarios siguen”.
En Lavalle, lento pero sin pausa, ha comenzado otro proceso. “Desde hace dos años los vecinos nos apoyan más, porque se dan cuenta que hay una producción que engorda a los patrones, y no al pobre. Ahora con estos microemprendimientos ellos mismos empiezan a comer de lo que producen”, conecta Josefina.
David y Eugenia son los padres del otro niño muerto en esta localidad, José Carlos Rivero (7 años), intoxicado con el agrotóxico endosulfán. En su casa mantienen desde hace años un vivero repleto de plantas originarias de la zona. Chanchos y gallinas aprovechan el resto del terreno. Desde afuera se oyen pasar los autos por la calle que ahora lleva el nombre de su hijo.
A David la tristeza le marca la mirada y las palabras le salen a borbotones para contar cómo su familia es parte de esa nueva generación agroecológica. “Se creó una confianza en el pueblo. Hoy están contando la realidad que tenían miedo de contar. Están con estudios, tienen pruebas de que el veneno les está matando, pero tenían miedo de hablar por perder el trabajo. Salieron muchas cosas a la luz… y lo que queda por salir: falta, pero está”, dice David. Eugenia suma: “Las marchas que vamos haciendo también quitan el miedo. Primero nos miraban, pero nosotros entendimos mal ese silencio: de varios vecinos nos perdimos un abrazo, un apretón de manos porque estaban con nosotros, pero tenían miedo”.
Uno de los impactos notables y concretos que ha tenido esta nueva forma de vincularse con la tierra y entre vecinos fue el electoral: en Lavalle siempre ganaba un intendente dueño de un establecimiento tomatero. En la última elección fue la primera vez que ganó una intendenta que está posicionada en contra de los agrotóxicos. David: “Mucha gente se sintió menos coercionada en su voto, gracias a que hoy ya no dependemos del tomate”. Otro de los candidatos era el productor que está procesado por homicidio por la muerte de José, su hijo. David: “Pagaba 500 pesos cada voto y sacó 133 votos. Todavía lo están buscando para cobrar”.
¿Qué puede ver en el caso de Rocío, en Mburucuyá, que ya haya visto en la muerte de su hijo?
Puedo ver el futuro de lo que va a pasar con ese juicio. Están por meter preso a un inocente, a un capataz. Y los verdaderos responsables siempre quedan libres. Los asesinos de mi hijo se presentan a elecciones y siguen trabajando como si nada hubiese pasado

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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