#NiUnaMás
#TodasSomosMelina: el reclamo para que se concrete el jucio oral
El jueves habrá una marcha en San Martín y el viernes una audiencia para que se avance en el juicio oral por el crimen de Melina Romero. Las hipótesis sobre la actitud de la justicia, los vínculos con el mundo narco y lo que está en danza para que el caso no quede impune.
“Yo tengo el deber de decirle lo que decidieron mis superiores”, fueron las palabras de la fiscal María Fernanda Billone.
“Usted y sus superiores me causan repulsión” respondió Ana María Martínez, la madre de Melina Romero, asesinada a los 17 años, en septiembre de 2014.
Ese diálogo ocurrió cuando la fiscal Billone informó a Ana, 52 años, la decisión de sobreseer la causa por el femicidio de Melina, dejando el caso en un estado de impunidad desde el 10 de febrero último.
Pero el próximo jueves a las 9 de la mañana se realizará una marcha frente a los Tribunales de San Martín, convocada por la madre de Melina y las mujeres del Movimiento Evita, para rechazar el sobreseimiento.
Y el viernes Ana María se presentará ante el Tribunal Oral Criminal N° 5 encabezado por el juez Francisco Pont Verges, para reclamar que se lleve adelante el juicio por el crimen de su hija. “Lo último que se pierde son las esperanzas. Yo no voy a hacer otra cosa en la vida que reclamar hasta que haya justicia” dice Ana.
Su abogado Marcelo Biondi explicó a lavaca.org que ese sobreseimiento del femicidio de Melina tiene que ver con una situación corporativa judicial, con una pésima investigación, y con una posible intención de tapar un caso que afecta zonas de poder relacionadas con el tráfico y venta de drogas ilegales en el oeste del conurbano bonaerense.
Los superiores
Ana explica la situación: “Los tres imputados están libres desde casi el primer momento. Pero ahora la fiscal dice ahora que el testimonio de la menor Melody no sirve porque consume estupefacientes y tiene personalidad variable. ¿Me están cargando? Eso te muestra que no hay justicia, no existe. A esa chica le hicieron pericias que demostraron que no estaba fabulando, y su testimonio fue siempre el mismo, contando todo lo que le hicieron a Melina”.
Sobre la fiscal: “No me importa que me trate con frialdad. Lo que no puede tratar con frialdad es a la memoria de mi hija. Si no soy capaz de investigar, o no quiero, me voy a mi casa a lavar los platos”.
El argumento de Ana: “Dicen que la menor que declaró consume estupefacientes. ¿Qué pasó, le tomaron declaración borracha o drogada? Todo lo que esa chica contó es consistente y coherente con el crimen de mi hija. Ya el año pasado me habían avisado que iban a querer hacerla pasar por loca, para tirar abajo la causa de Melina. Te juro que no lo voy a permitir”.
La fiscal Belloni reveló a Ana que su decisión fue por indicación de sus superiores. El fiscal general de San Martín es el doctor Marcelo Lapargo. Anuncia el abogado Marcelo Biondi: “Si esa fue la indicación, voy a reclamar públicamente la renuncia inmediata de Lapargo”.
La marca narco
Describe Biondi: “La causa es compleja desde siempre, empezando por el hecho de que se pusieron a buscar a Melina 15 días después de la denuncia de su desaparición. Y lo encontraron un mes después, en estado putrefacto. Por suerte se pudo probar que Melina fue víctima de un hecho violento, un homicidio. Pero el estado en el que estaba impidió tener datos sobre los autores salvo los dichos de variso testigos y de lo que dijo Chavito (Joel Fernández), que explicó dónde habían arrojado el cuerpo. No lo buscaron en ese momento, pero terminó apareciendo donde él decía”. El cadáver fue encontrado por mujeres del Movimiento Evita, de San Martín.
Biondi: “Primero se elevó a juicio solamente el caso de Joel Fernández porque no se encontraron pruebas que vincularan a Elías Fernández (Narigón) y César Sánchez (Pai César) con Melina. Paralelamente se abrió una causa por falso testimonio contra Melody, en la que ahora aparece una pericia que dice que la chica es consumidora, y una testigo influenciable. Con sólo eso, la fiscal desistió de acusar. Eso fue totalmente improcedente, porque ya había una pericia previa que demostraba que la chica había vivido una situación traumática, y que no fabulaba”.
¿Cómo entender esa decisión? Biondi: “Es la primera vez que veo en mi carrera que la fiscalía desista de un juicio por homicidio, como éste. Pero se puede pensar en varias cosas: si Melody es considerada testigo veraz, se cae el sobreseimiento que se dictó a favor del menor Toto, sobreseimiento basado en descartar el testimonio de Melody. Y eso fue aprobado por el fiscal Lapargo. Si ahora surgiera que Melody es testigo válido, se tienen que ir todos los que colaboraron con ese sobreseimiento. Todo esto revela una interna judicial muy compleja”.
Agrega el abogado: “Nosotros queremos que se esclarezca la verdad, porque si esto fue tapado políticamente par no investigar el narcotráfico barrial, o alguna otra cosa, nos encontramos frente a una situación de impunidad absoluta”.
¿Puede pensarse en algún tipo de encubrimiento sobre el caso?
-Totalmente. El peligro es que este tipo de situaciones como la del testimonio de Melody esté armada para perjudicar la causa. Creo que es una línea a investigar el mecanismo de venta de estupefacientes a jovencitas para someterlas a fiestas de índole sexual donde además se consumen drogas. Esa línea no se investigó y tiene que ver con gente de la noche y la gente que maneja el tema de la droga en forma local. ¿Por qué no se investigó? Eso me hace ruido. ¿Quién provee de estupefacientes a esta gente de supuestamente bajos recursos? Ahí ya empezás a ver la figura del dealer.
¿Hay zonas de poder a las que no les interesa que este caso avance?
Totalmente. Estamos tocando a gente que proveía estupefacientes. Por eso decimos que sí o sí la causa tiene que pasar por un juicio oral. Y en esa instancia puede ser que esa línea de investigación cobre fuerza. En ese juicio oral el imputado sería Joel Fernández, y a partir de allí habría que ver si se logran poner a laluz más elementos.
Lo que viene
Biondi considera que el dictamen de la fiscal Belloni no es determinante. “Las pruebas contra Joel Fernández incluyen varios testimonios, se sabe que estaba obsesionado con Melina, que quería empastillarla para tener relaciones sexuales y ella no quería. Frente a todo lo que ocurrió no puede ser que un Fiscal como Lapargo ordene a sus inferiores que desistan de la acusación”.
Ana María razona: “Salvo que mi hija se haya violado, se haya golpeado la cabeza, se haya sacado piezas dentales. ¿Se mató sola?”
Biondi: “El viernes reclamaremos que la causa continúe en forma de juicio oral. Eso que han dicho sobre que la causa queda abierta ya sabemos qué significa: pueden pasar décadas sin que se haga absolutamente nada. Y si no aceptan que el juicio continúe, reclamaremos por todas las vías que tenemos”.
Ana: “La suerte que tuvo mi hija, y que tienen tantas chicas, no la tiene ni siquiera un perro: ni a los perros tratan así. Yo no voy a dejar esto así, aunque haya plata o poder en el medio para tapar todo. Lo que una ve es que hay gente incompetente, fiscales y jueces que están procediendo muy mal. El caso tuvo mucha repercusión y después entró en un pozo. ¿Qué hicieron en dos años y medio? ¿En qué trabajaron? Nos están asesinando a todas las chicas, te agarran, te violan, te matan como quieren. Eso es la inseguridad. Y los que tienen que hacer algo, no hacen nada. En Melina hay algo de cada piba que están asesinando. Y en cada piba hay algo de Melina. Este jueves es la protesta de las chicas del Movimiento Evita frente a los Tribunales de San Martín. Y el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Yo no puedo marchar, porque ando de bastón por una polineuropatía producida por la diabetes. Pero voy a ir a Plaza de Mayo” dice Ana, que asegura saber el momento exacto en que dejará de reclamar justicia: “Cuando me encuentre con Melina”.
El caso completo:
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La ley que falta: acoso sexual en contextos laborales y académicos
La colectiva Periodistas Argentinas presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene como objetivo modificar la Ley de violencia contra las mujeres, incorporando una nueva modalidad de violencia: el acoso sexual en contextos laborales y académicos. Publicamos el proyecto completo, que se originó en la situación de acoso ejercida por Pedro Brieger que generó el informe de Periodistas Argentinas presentado en la Cámara en julio de este año (foto).
El proyecto de ley de modificación a la ley 26.485, que incorpora la modalidad de violencia y acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral y académico, surgió del acompañamiento que la colectiva dio a periodistas afectadas por el acoso sexual ejercido por Pedro Brieger, y a muchas otras que también han atravesado situaciones de la misma índole y al vacio legal que notaron al hacer ese acompañamiento. Responde entonces a la urgencia de legislar sobre un problema que afecta de manera sistemática a las mujeres en los espacios laborales y de estudio.
“En vez de hacer una denuncia hicimos un proyecto de ley, en vez de ocuparnos en reparar un grupo nos ocupamos de mejorar el camino de todas”, dice en un video difundido por Periodistas Argentinas la periodista y conductora Agustina Kampfer. El proyecto además de la incorporación de la modalidad de violencia propone medidas concretas para que empleadores y autoridades académicas actúen de manera eficaz ante denuncias de acoso, creando mecanismos accesibles y confidenciales de resolución.
El camino legislativo
El proyecto lleva la firma de representantes de distintos bloques evidenciando un apoyo interpartidario. Entre quienes firmaron están:
- Mónica Macha, Paula Penacca, Gabriela Estévez, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Carolina Yutrovic, Hilda Aguirre, Leila Chaher y Ana Carolina Gaillard de Unión por la Patria.
- Silvana Giudici, Silvia Lospennato, Nancy Ballejos, Sofia Brambilla, Belén Avico y María Angel Sotolano del PRO.
- Carla Carrizo de la UCR.
- Vanina Biasi del Frente de Izquierda.
- Esteban Paulón de Encuentro Federal.
- Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
La iniciativa ya fue ingresada en la Cámara de Diputados y tendrá tratamiento en las siguientes comisiones: Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria) que impulsó el proyecto junto a Periodistas Argentinas. La comisión será cabecera del proyecto, todas las integrantes que la integran acompañan la iniciativa. Además se tratará en la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado Martin Tetaz (UCR).
La propuesta
El proyecto busca incorporar el inciso j al artículo 6° de la Ley 26.485, tipificando la violencia y el acoso sexual como conductas no consentidas que atentan contra la dignidad de las mujeres, generando entornos intimidatorios, hostiles y humillantes. De esta manera, se busca ofrecer una protección integral a trabajadoras y estudiantes que hoy enfrentan este tipo de agresiones sin un marco legislativo específico.
La iniciativa está inspirada en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la obligación de los Estados de prevenir y sancionar la violencia y el acoso en el mundo laboral. En los fundamentos el proyecto explica: “Argentina ha ratificado el Convenio, expresando su compromiso con la promoción de entornos laborales libres de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso sexual. Esto implica que nuestro país se compromete a implementar las disposiciones del Convenio en su legislación, incluyendo la adopción de medidas efectivas para prevenir, abordar y eliminar estas barbaridades, creando también mecanismos adecuados para la denuncia y la resolución de casos relacionados con acoso sexual”.
Es que la propuesta también busca erradicar la impunidad que, hasta el momento, ha permitido que los acosadores sigan violentando sin consecuencias.
La máquina abusadora
En el proyecto presentado Periodistas Argentinas da cuenta del mecanismos que identificaron en la máquina abusadora instalada tanto en ámbitos laborales como académicos. Detallan:
- “Se activa por sorpresa, busca producir asco y humillación, enmudece y coloca a las afectadas en una situación de degradación y culpa: “¿qué hice yo para provocar esto?”
- “El mecanismo incluye que luego, cuando los episodios son comentados a otras personas -responsables de poner límites o en posición de ayudar a construirlos- el daño real no es dimensionado, se naturaliza la conducta acosadora y no se hace pública, por más que el salir de lo secreto permitiría a otras mujeres prevenirse, a la vez que haría que los acosadores se limiten”.
- “Al sexualizar por asalto, en las relaciones laborales y académicas se produce un despojo de la dignidad de los vínculos, deprimiendo el rendimiento académico o profesional de las víctimas”
- “La reiteración deja en claro el estímulo que provoca la impunidad. ¿Qué construye esa impunidad? El silencio y la inacción cómplice, pero, sobre todo, la combinación de esos factores con el prestigio que construyen las oportunidades que, sin sanciones acordes, se les siguen dando a los acosadores”.
“Las afectadas cargan entonces con la responsabilidad de “denunciar” ante una institución ajena al ámbito donde se produce el daño: “la Justicia”. El desafío, entonces, es cómo hacer justicia para estos casos”, dice el proyecto. Es por eso que Periodistas Argentinas impulsa esta ley para legislar específicamente este tipo de conductas abusivas.
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Femicidios, huérfanxs y desaparecidas desde Jujuy a Tierra del Fuego: los nuevos datos del Observatorio Lucía Pérez sobre violencia patriarcal
El año ya tuvo 274 días. En ese tiempo se produjeron en Argentina 231 femicidios y travesticidios, 74 desapariciones de mujeres, y 150 menores quedaron huérfanxs. Tales son los datos que surgen del primer padrón autogestivo que existe sobre la violencia patriarcal en el país, elaborado por el Observatorio Lucía Pérez (observatorioluciaperez.org). Se trata una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por la Cooperativa Lavaca. Uno de sus efectos es dimensionar un problema que, salvo en contados casos, permanece oculto tanto en la información estatal como en la que se produce mediáticamente: el contexto y magnitud de los crímenes cotidianos que no aparecen en los discursos oficiales ni en los periodísticos.
En lo que va del año, los datos representan un femicidio cada 28 horas. Pero las víctimas de esta violencia en realidad son 250, ya que se debe sumar a las 19 infancias asesinadas como efecto de estas situaciones.
Y hubo además 185 tentativas de femicidio. En cada caso hay un nombre y una historia que reflejan una violencia que no cede con el correr de los años, con la responsabilidad muchas veces del Estado por la falta de investigación de los casos, por inacción y/o complicidad policial y muchas veces judicial frente a las denuncias y alertas, y por la ausencia de medidas concretas que eviten la continuidad de los crímenes. Aquí los datos hasta fin de septiembre de 2024.
En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 231 femicidios y travesticidios en todo el país.
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca, que desde 2020 elabora de modo autogestivo una serie de padrones que permiten abordar la dimensión de la violencia femicida en todo el país. En lo que va del año se registraron femicidios en todas las provincias, sin excepción, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy.
En el caso particular de septiembre, se registraron 28 femicidios y 1 travesticidio (el de Ana Paula Costas, de 43 años, en San Salvador de Jujuy).
Solo en los últimos 7 días del mes fueron 9 los crímenes en ocho provincias distintas del país. Septiembre se convirtió así en uno de los meses más sangrientos de este año, luego del período de verano en el que recurrentemente, año a año, se ve un aumento de la violencia contra las mujeres: enero registró 33 femicidios y febrero 35.
Los números no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal y muestran también sus heridas.
Un dato que casi nunca se valora en toda su dimensión: como consecuencia de estos asesinatos, los huérfanos por femicidios a lo largo del año son 150. En algunos casos además, les hijxs presenciaron los crímenes, en otros fueron quienes denunciaron que su mamá no aparecía. Recientemente, por ejemplo, fue lo que le sucedió a la hija mayor de Vilma Acosta en José C. Paz, que fue a la comisaría para denunciar que hacía dos días no sabía nada de su mamá. La policía la encontró sin vida, enterrada en el patio de la casa su pareja Fabián Real. Vilma tenía además otros tres hijxs menores de edad que se han sumado a la impactante nómina de huérfanxs.
Otro saldo estremecedor para este 2024 es que ya hubo 19 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia femicida, es decir menores de edad que terminaron siendo víctimas también de la violencia.
Y se produjeron, además, 185 tentativas de femicidios.
Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 250 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país en lo que va del año. En el último mes fueron 23 las movilizaciones.
Este trabajo de investigación que se comparte libremente en la web comenzó a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información producida por el Observatorio Lucía Pérez es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org
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Ciberacoso a periodistas mujeres: nuevo informe de Periodistas Argentinas
La facultad de Derecho de la UBA fue la sede de presentación de un informe inédito en el rubro llamado “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura” que contextualiza los ataques a periodistas mujeres vía redes sociales y reclama al Estado y a las empresas de medios medidas urgentes para parar la espiral de violencia. El 80% de las periodistas censadas se ve inhibida de manifestarse en redes y el mismo porcentaje temió o teme por su integridad física. Cómo funciona el trolling, y su objetivo: silenciar. El carácter sistemático, y los casos paradigmáticos. Lo más grave: que sea agitado (si no financiado) desde el Estado.
Por Anabella Arrascaeta. Fotos de Cleo Bouza.
La colectiva Periodistas Argentinas presentó hoy en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA el documento “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, un informe que contextualiza los ataques que soportan actualmente las profesionales, resume casos paradigmáticos y formula pedidos concretos al Estado y a las empresas de medios.
El informe enciende una alerta: “El ciberacoso se ha convertido en una práctica sistemática que afecta gravemente a las mujeres periodistas”, explicitan. Durante la presentación las periodistas Nancy Pazos, Noelia Barral Grigera, Romina Manguel y María O’Donnell dieron cuenta de cómo funciona la industria de los ataques “impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas –aunque con especial intensidad en la red X– para coordinar intimidaciones y descalificaciones con el propósito de silenciar a comunicadoras críticas. “Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia”, sintetiza la investigación presentada por Periodistas Argentinas.
Entre quienes acompañaron la presentación se encontraban la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados; la especialista en derecho Marisa Herrera; Carla Gaudensi, Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); y Agustín Lecchi, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
“Se tienen que abrir los ojos: esto es un problema, y tiene consecuencias”, dijo a lavaca la periodista Nancy Pazos, y siguió: “Se puede generar estadísticas, legislación, y hasta protección, no solo del Estado sino de las empresas periodísticas. Hay que abrir los ojos para que las empresas periodísticas se den cuenta que están atentando no contra la libertad de prensa de una periodista sino del conjunto”.
La periodista Noelia Barral Grigera explicó a lavaca que “la diferencia que encontramos en el último tiempo en el comportamiento de este tipo de cuentas es que ya no son usuarios anónimos aislados, sino que efectivamente son comunidades organizadas, rentadas, que se coordinan para atacar y hostigar a comunicadoras críticas, a personas que tienen influencia en las redes, y que opinan críticamente”.
El informe, además del diagnóstico, recomendaciones y pedidos concretos para salir de esta grave situación, da cuenta de 16 casos paradigmáticos, entre ellos los de Nancy Pazos, Romina Manguel y María O Donnell, que pusieron su voz en la presentación.
La periodista Cynthia García, en diálogo con lavaca, hace foco en que “lo que se establece es una trama sistemática” y considera que esa trama “es estatal, entonces el acoso es grave, porque es una violencia en redes sociales en un momento donde tenemos un gobierno que cree que la democracia se legitima en las redes sociales, y un Presidente que retuitea y ejerce esa violencia”. Y agrega: “El informe establece que el objetivo es el silenciamiento, que no es personal, que tiene un sesgo de género, y sobre todo que es sobre periodistas que se expresan política, socialmente en la esfera pública”.
De lo que hablamos entonces es de un ataque a la libertad de expresión entendida como un pilar de la democracia.
Trolling para silenciar
El informe da cuenta de que el término troll cambió en los últimos años. “En la actualidad, su uso está industrializado y tiene como finalidad aquello que el periodista mexicano Alberto Escorcia denomina ‘tecnocensura’: no se trata ya de alguien oculto detrás de un falso perfil, sino de un mecanismo financiado para producir desinformación. Este financiamiento puede provenir de grupos de poder o de gobiernos, tal como advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF)”, explican y agregan que en los últimos años “la industria del ciberacoso ha tenido, además, un incentivo: las nuevas tecnologías son manipuladas para que los mensajes de odio adquieran mayor magnitud”.
En ese contexto plantean que “la relación de las campañas de trolling y el periodismo es estratégica porque representa el campo difusor de los temas de actualidad: es blanco de los ataques para forzar la agenda de la conversación social”. La red social que identifican como más agresiva es X -ex twitter- y encuentran como explicación que es la red donde se disputa el control de la conversación política.
A esto se suma que “en términos generales, la cultura digital tiende a invisibilizar a las mujeres o desplazarlas hacia la periferia. Esto quiere decir que todas aquellas acciones orientadas a reivindicar una posición de mayor centralidad en la sociedad (como las que realiza históricamente el feminismo) han tenido una violenta contestación en Internet”.
Las mujeres con voz pública se vuelven así especial foco de ataque. El informe de Periodistas Argentinas retoma un material realizado por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información que luego de estudiar ataques a periodistas señala:
- La visibilidad las expone a la violencia en línea por el solo hecho de ser mujeres con voz pública.
- Hay sesgos de género en los ataques que reciben.
- La violencia sistemática en línea tiene por objeto silenciarlas.
Dice Periodistas Argentinas: “Trolls para dirigir ataques contra algún actor específico, bots para viralizar rápidamente un hashtag, difusión de datos personales o creación de fake news son algunas de las estrategias visibles que se usan en las redes sociales para dañar la reputación de una persona, atemorizarla y desplazarla del debate”. Y señalan las particularidades que encuentran en los casos que analizaron de violencia dirigida hacia mujeres con voz pública:
- Son ataques sistemáticos. No se trata de hechos aislados.
- Hay ataques reactivos –a un posteo, una cobertura, una nota– y hay otros que se perciben como azarosos, “porque sí”, que pueden llegar en cualquier momento y que las entrevistadas relacionan con el ensañamiento y la intención de correrlas del debate público.
- A menudo, se sospecha, y en ocasiones, se comprueba que existe una coordinación.
Esta violencia tiene consecuencias, todas las periodistas entrevistadas para el informe elaborado manifestaron impactos en su participación en la conversación pública. Los datos:
- El 80% limitó su participación en las redes: ha omitido opinar o manifestarse sobre determinados temas.
- El 40% manifestó haberse autocensurado, evitando escribir o hablar sobre un tema de su pertinencia en el medio o ámbito en el que se desempeña.
- Un tercio cambió de puesto laboral.
- Una cuarta parte experimentó despidos o la no renovación de sus contratos. Y la mitad tiene miedo de perderlo.
- Un 80% temió o teme por su integridad física.
Otros datos que retoma el informe de Periodistas Argentinas:
- El informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”, publicado por Reporteros Sin Fronteras muestra que, entre las principales víctimas de los ataques digitales, se encuentran las periodistas.
- Una investigación realizada en el Reino Unido por el think tank Demos, tras estudiar miles de tuits, reveló que las reporteras reciben en promedio tres veces más comentarios inapropiados o insultantes que sus colegas varones. “Mentirosa” y “prostituta” son algunos de los insultos más comunes, también la amenaza de violación.
- La amenaza de agresión sexual, también fue detectado como algo recurrente por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
- Reporteros Sin Fronteras también informa que el trauma sufrido conduce al silencio y reduce el pluralismo de la información.
- En todos estos informes se identifica un mismo mecanismo: a partir de un mensaje posteado o retuiteado por una persona “real” –generalmente, funcionarios de gobierno o personalidades que forman parte de la red de comunicación y propaganda oficialista– se desata el ataque.
Casos paradigmáticos
Sobre la situación en nuestro país Periodistas Argentinas detalla que “en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones ya no solo provienen de usuarios no verificados o bots, sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”.
La colectiva relevó y da detalles de 16 casos de periodistas que han sufrido ciberacoso, y encontró características en común:
- Son comunicadoras que informan, comentan y opinan sobre política y economía.
- Generalmente, los ataques no los originan sus opiniones personales sino la información que producen en sus medios y comparten en sus redes sociales.
- En la mayoría de los casos que citamos en este informe, el ataque ha sido iniciado o replicado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X, lo cual ha derivado en una campaña de trolling muy agresiva en el día del posteo, que se mantiene a lo largo del tiempo con menor intensidad.
- En muchos de los casos, el ataque ha afectado también la relación periodística de estas profesionales con funcionarios y fuentes oficiales.
- La violencia escala tanto y tan rápido que deciden alejarse de las redes o no responder.
- Algunas decidieron usar sus redes sociales de manera unidireccional, solo para informar a su comunidad, pero sin mantener interacciones.
- No creen que sea personal, aunque sí disciplinador.
- Coinciden en que hay un impacto sobre la libertad de expresión.
Los casos paradigmáticos que detallan son los de Luciana Peker, periodista y escritora feminista; Ivy Cángaro, periodista de investigación; Paula Moreno Román, presidenta de Fopea; Marina Abiuso, exeditora de género de TN; Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas; María O´Donnell, conductora de radio y televisión; Romina Manguel, conductora de radio y televisión; Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación; Silvia Mercado, periodista del diario El Cronista; Sofía Diamante, periodista del diario La Nación y columnista del canal LN+; Jesica Bossi, periodista de TN; Ángela Lerena, periodista especializada en deportes; Cecilia Boufflet, periodista de TN y Radio Mitre; Julia Mengolini, periodista y fundadora de FutuRöck; Mónica Gutiérrez, periodista, conductora de radio y televisión; y Delfina Celichini, periodista del diario La Nación.
Los pedidos
Como conclusión del informe desde Periodistas Argentinas solicitan:
-Al Estado:
- Refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente.
- Imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos.
- Instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso (indemnización financiera, ayuda médica y psicológica, etc).
- Prohíba financiar este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea; en otras palabras, que no se permita ni al Estado ni a los partidos políticos pagar ejércitos de robots para manipular a los usuarios ni para acosar a periodistas.
-A las empresas de medios:
- Asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan. Los medios de comunicación deben capacitar, tanto a los periodistas como al resto de sus empleados, para que enfrenten este tipo de amenazas, y crear dispositivos de urgencia internos para garantizar que los y las periodistas víctimas de acoso cuenten con apoyo y protección. No deben tomarlo como un ataque personal que debe enfrentar la o el periodista en forma individual, sino como un daño a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios y, por tanto, asumir la responsabilidad de contener, responder, litigar si fuera el caso, capacitar y prevenir.
- Aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas: que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades, sobre este desafío que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión.
-A su vez dan recomendaciones de cómo responder a un ataque:
- El primer paso es guardar pruebas: hacer capturas o fotos de pantalla con las muestras del acoso.
- Reporteros Sin Fronteras aconseja denunciar los contenidos en las plataformas y bloquear las cuentas que participan del ataque; hacerlo todas las veces que se requiera.
- La guía Acoso y violencia digital. Herramientas de acción para periodistas –una iniciativa de UNICEF, UNFPA, PNUD y ONU Mujeres–, advierte que al denunciar ante la red social ”el cierre de la cuenta puede interpretarse como la pérdida de evidencia”, por eso “el primer paso es ubicar las pruebas y preservarlas (por ejemplo, hacer capturas de pantalla de los mensajes recibidos)”. Recomienda también diseñar un plan de acción, que incluya el resguardo de la seguridad, realizar la denuncia judicial y poner en conocimiento a organismos de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión.
- Informar del ataque a jefes, compañeras/os de trabajo y organizaciones periodísticas y sindicales.
- Recurrir a la solidaridad periodística. Colegas que han sido víctimas de acoso en redes pueden emprender una contraofensiva manifestando su apoyo a través de sus redes.
- Dice la guía Acoso y violencia digital: “Muchas veces se considera que responder a un ataque es transformarlo en una noticia, un hecho que se agranda al darle entidad. Las soluciones no son universales, pero frente a las estrategias de desinformación es importante considerar el alcance de no tomar acciones para aclarar los hechos que generan el hostigamiento y la violencia. El periodismo tiene un compromiso con la verdad y corresponde también frenar y rectificar las fake news (noticias falsas). Dar cuenta del hostigamiento desde el propio medio es una forma de respaldar a las periodistas agredidas”.
- Por lo general, los ataques son violentos, pero de duración limitada. Desconectarse algunas horas si se considera necesario.
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