Nota

La expansión de la minería tóxica y sus consecuencias. Caso testigo: la mina de oro de Andalgalá, Catamarca

Publicada

hace 19 años

23/03/2006

Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de Catamarca. Desde hace diez años allí funciona una de las minas de oro y cobre más importante del mundo. Habitantes del lugar aseguran que el emprendimiento no trajo ningún bienestar, denuncian contaminación y un Estado cómplice. La empresa asegura que todo su accionar está sujeto a la ley. Los pobladores piden un plebiscito para evitar la instalación de otro yacimiento, que será el más importante de América y multiplicaría los problemas.
Agua para no beber. Aire que mejor no respirar. Un pueblo pobre, sobre montañas de oro. Son algunas de las contradicciones de Andalgalá, una localidad catamarqueña de 17 mil habitantes, a 240 kilómetros de la capital provincial, donde funciona desde hace diez años la mina de oro y cobre más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo. La empresa, Minera Alumbrera, de un consorcio suizo canadiense, es denunciada por los pobladores de contaminar la tierra, el aire y el agua. Espacios sociales, guber-namentales y judiciales del noroeste argentino advierten que la contaminación afectaría a tres provincias: Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, pero el mayor desastre –advierten– comenzaría en breve: una nueva mina, tres veces más grande, aún más cerca del pueblo y en las cumbres que proveen agua a toda la región. Los Vecinos Autoconvocados aseguran que será el tiro de gracia para el pueblo. Por ello, piden un plebiscito al estilo Esquel.
Los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá son docentes, jubilados, comerciantes, obreros de la construcción y amas de casa que aprendieron de fórmulas químicas, historia, procesos de extracción, leyes ambientales y bene-ficios impositivos que gozan las compañías. “Es David y Goliat”, resumen desde una de las provincias más pobres del país. Enfrente ubican a las multinacionales mineras más importante del mundo: la suiza Xstrata (50 por ciento del paquete accionario) y las canadienses Goldcorp (37,5 por ciento) y Northern Orion (12,5); al Estado en sus tres niveles –municipal, provincial y nacional– y una comunidad dividida en torno a la empresa: familias desmem-bradas, hermanos que no se hablan, amigos de toda la vida hoy distanciados, comerciantes que perdieron clientes por oponerse a la minería, vecinos que ni se miran. Un pueblo donde la minera, como la polémica, afecta a todos.
Memoria del saqueo
Octubre de 1994. Cine-Teatro Catama-rca, frente a la plaza principal de San Fernando del Valle. El gobernador Arnoldo Castillo; el entonces secretario de Minería y actual gobernador de La Rioja, Angel Maza; el ex presidente Carlos Menem y un ejecutivo, alto, rubio y asistido por traductora, anunciaron el lanzamiento de las obras de infraes- tructura del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera, ante un centenar de funcio-narios y empresarios eufóricos. “Hoy comienza el despegue, el día soñado para esta provincia tan postergada”, dijo con lágrimas el anciano gobernador. Menem, de prolijísimo traje azul, no fue menos: “Esta es la Argentina que necesitamos, que se abre al mundo, que recibe inversiones, que promete un futuro”. El ejecutivo de la multinacional, asistido por una traductora, agradeció: “Nuestra inversión se da gracias a las nuevas leyes impulsadas por el Gobierno, sin él no podríamos haber iniciado esta obra”.
Tres años después, el 31 de octubre de 1997, Carlos Menem voló con todo su gabinete a Andalgalá para inaugurar la etapa de extracción. Fiel a su estilo, fue protagonista activo de la primera explo-sión en la montaña y de la primera molienda. Luego sobrevino el fastuoso lunch en las instalaciones de la misma mina, a 2600 metros, en la exclusiva ciudad en las alturas para los profe-sionales y trabajadores de la multinacional.
Andalgalá fue fundada un 12 de julio, hace 347 años, y siempre había estado presente el buen recuerdo de la minería. A fines del siglo XIX, y hasta principios del XX, fue una región que conoció el bienestar al abrigo de la extracción de mineral con el sistema de galerías, en pequeña escala, con enorme demanda de mano de obra, pico y pala como herramientas, lomo de burro para el transporte. Fueron años de desarrollo, cuando Catamarca se erigía como sinónimo de crecimiento; momentos grabados en las memorias familiares, transmitidos a hijos y nietos. De ahí el germen de la bienvenida y alegría por la llegada de una empresa minera. “Pero esta vez la extracción sería diferente y los beneficios repartidos en forma diferente al siglo pasado”, lamentó Roberto Cecenarro, uno de los primeros opositores a Alumbrera y pionero en ad-vertir que la luna de miel entre pobla-dores y empresa duraría poco.
La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6.000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, hoy, que emplea a 1.800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8.200 puestos laborales nuevos. Los Autoconvocados lo desmienten: dicen que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá. El resto todos “profesionales foráneos”. El intendente, aliado de la empresa, habla de cifras menores: “Se solía decir que iba haber mil, dos mil, tres mil puestos de trabajo, pero no hay más de 40 ó 50 andalgalenses efectivos”.
Aída Orellana, una mujer delgada, rubia, histriónica y de hablar firme, había creído, como todos sus vecinos, en las promesas. Invirtió todo lo que tenía, y más, para construir un pequeño hotel. Creyó que la ciudad crecería, que Alumbrera le daría huéspedes y prosperidad. Pero los cuartos rara vez alojaron visitantes. Cuando se dio cuenta del engaño comenzó su militancia contra la minera. “Fue todo una gran estafa y encima nos envenenan”, dice una y otra vez meneando la cabeza. Tanto se comprometió con la lucha que terminó distanciada con toda la familia, que aún hoy la sigue culpando por la ausencia de clientes. Alumbrera reconoce que al yacimiento le quedan diez años de vida y aún hoy sigue resaltando que el emprendimiento “es una fuente de oportunidades y beneficios económicos para la Argentina y en especial para las comunidades próximas a sus instala-ciones”. “Prometía desarrollo del lugar, comprar a proveedores locales; pero lo cierto es que de acá no compran ni el tomate o la lechuga para las ensaladas”, refuta Orellana.
La Mina de oro y cobre
El yacimiento de oro y cobre pertenece al estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el estado nacional, que conforman la sociedad Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), pero cedieron la explotación a las multinacionales. Funciona a 40 kiló-metros del casco urbano de Andalgalá, a 300 de la capital provincial, entre mon-tañas y alambrados olímpicos.
Muy pocos pueden ingresar al yaci-miento, que trabaja día y noche y donde una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde explosivos, 36 enor-mes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven 340 toneladas de roca por día. Lejos están las imágenes de las películas: no hay picos, nos palas, nos hay pepitas de oro y, ni siquiera, hay mineros.
Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan de que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explo-sivos que se requiere por año en toda la Argentina. No es casualidad que nubes de polvo llueven tierra en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas de rocas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
“Los drenajes ácidos representan uno de los principales problemas ambientales de la minería. Estos drenajes ocurren cuan-do los minerales que contienen sulfuros presenten en la roca se exponen al aire o al agua, convirtiéndose en ácido sulfú-rico. Este ácido puede disolver metales pesados (plomo, zinc, cobre, arsénico, mercurio o cadmio) presentes en la roca y en los residuos o colas hacia el agua superficial y subterránea. Producen una contaminación grave. Los drenajes áci-dos ocurren naturalmente, pero son sig-nificativamente magnificados como con-secuencia de la minería. Además, estos drenajes pueden viajar largas distancias río abajo”, explican desde Greenpeace.
Según datos de la misma empresa, el yacimiento se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo (con 190 mil toneladas anuales) y entre los 15 de oro (con 23 mil toneladas). “Minera Alumbrera es el mayor consumidor eléctrico individual de Argentina”, cuenta la misma empresa en su página de internet. Cuenta con hoteles para empleados y visitantes, 500 habitaciones, comedor, salas de juegos, gimnasio, línea de colectivo interna y tres aviones propios que hacen de taxi aéreo para ejecutivos hacia Tucumán y Catamarca.
El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en soluciones ácidas que purifican el mineral. Esta solución viscosa es nuevamente purificada por un proceso de flotación de gran escala. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 30 hectáreas y 150 metros de alto, llamado “dique de colas”. El pro-ducto bruto es enviado por un monumental mineraloducto –un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucu-mán. Transporta un barro con ácido y mineral diluido. Llega hasta Cruz del Norte, en Tucumán, donde el “Tren Alumbrera” (la empresa cuenta con cuatro locomotoras y 182 vagones propios) transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí viaja rumbo al exterior, donde será refinado. El megaemprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros, líneas eléctricas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán.
Las obras de infraestructura requirieron una inversión de 1.200 millones de dólares. “Poco de ese gasto corre por cuenta de la empresa: el artículo 22 de la Ley 24.196 legisla que del tres por ciento que la empresa paga de regalías deben deducirse los costos de trans-porte, fletes, seguro, molienda, comercia-lización, administración, fundición y refi-nación. De esta forma, las monumen-tales obras las paga el Estado”, explica Marcos Pastrana, de la Intersectorial de Tafí del Valle, en Tucumán, donde también acusan la contaminación desde la vecina Catamarca.
Diez años después: las acusaciones
El fiscal de Tucumán Antonio Estofán denunció a la empresa por conta-minación. El juez federal de Santiago del Estero Felipe Terán investiga una denuncia de presencia de cobre y plomo en el norte provincial y una posible contaminación de llegaría hasta las turísticas Termas de Río Hondo. La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por un derrame tóxico del minera-loducuto. Organizaciones sociales de Tafí del Valle, en Tucumán, advierten sobre la contaminación del aire, radia-ciones del electroducto e invasión de cementerios indígenas. Son sólo cinco de las decenas de acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera, impul-sadas por una gran diversidad de sectores, localidades y provincias.
El titular de la empresa, Julián Rooney, respondió a las acusaciones: “No existe contaminación de ninguna índole. El importante trabajo desplegado y las conclusiones del monitoreo ambiental han servido para que la industria pueda demostrar su apego al cumplimiento de las normas ambientales.”
Los Autoconvocados exigen desde hace años estudios “independientes” de tierra y agua. Pero las únicas respuestas que obtienen son análisis a cargo de la misma empresa o esporádicos y selec-tivos relevamientos de la provincia. Descreen de esos estudios porque sindican a la empresa como cómplice de la empresa. “Alumbrera le significa al gobierno provincial el 70 por ciento de los ingresos fiscales. Conociendo a nuestra clase dirigente ¿usted cree que denunciarán a sus sostenedores económicos”, advierte Omar Ramos, vecino de lugar.
“Los especialistas recomiendan hacer seguimientos, estudios permanentes, de meses. Ellos no hacen nada de eso. Para que te des una idea: los estudios de tierra y aguas no los controla nadie: la empresa selecciona las muestras, las lleva ella misma al laboratorio y ella misma le informa a los órganos de control cuáles fueron los resultados”, denuncian los Autoconvocados.
Un estudio técnico que enarbolan variados sectores fue realizado por el perito minero Héctor Oscar Nieva. Se trata de su estudio de maestría para la Universidad de Nancy (en Francia), el cual confirmó que el dique colas (la enorme olla que hace de basurero minero) tiene filtraciones que contaminan las napas subterráneas de la zona. La empresa reconoció las pérdidas e instaló un sistema de retrobombeo para que la solución que escapa al corral minero vuelva a él. Nieva asegura que la contaminación sigue regándose por el subsuelo catamarqueño. “El problema podrá agravarse al cierre de la mina. Filtra al río Vis Vis y el destino final de toda la contaminación será la reserva de agua dulce más importante de la región. Ya hay mortandad de animales en la zona de impacto ecológico de la minera. Ellos dicen que no contaminan, pero es evidente que algo hay”, afirmó el especialista.
El presidente de Alumbrera afirmó que “el estudio del ingeniero Nieva toma en cuenta datos parciales y realiza extra-polaciones que nada tienen que ver con la realidad de lo que realmente ocurre, por lo tanto carece de fundamento técnico. En nuestra página web puede encontrarse un trabajo con los argu-mentos que explican porqué son inexactas las conclusiones a las que arriba el ingeniero Nieva”.
Desde Greenpeace aseguran que “es evidente que las actividades mineras frecuentemente producen beneficios eco-nómicos a corto plazo a las comuni-dades. Pero también producen impactos ambientales y de salud a largo plazo que las compañías mineras frecuentemente evitan pagar”.
Sin embargo, en declaraciones al diario La Gaceta, el secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral –que rechazó hablar con este diario–, sorprendió a los tucumanos y catamarqueños al negar que exista un problema ambiental ligado a la actividad minera y aseguró que “algunos, con picardía, pretenden gene-rar incertidumbre”. La Federación de Organizaciones Ambientalistas de Tucu-mán no tardó en contestarle: “No puede ser que el funcionario desconozca que la actividad desarrollada por la firma no tan sólo mereció la condena de la comu-nidad, sino que, además, su principal directivo está imputado por presunta contaminación, por la Justicia Federal”, coincidieron los representantes de la entidad, Pedro Ottonello y Juan Manuel Prado Iratchet.
En los valles calchaquíes, la Intersec- torial de Tafí del Valle -que reúne a las organizaciones sociales del lugar- se declaró por el “no a la minería metalífera por los graves impactos ambientales que provoca en la comunidad”, aseguró Marcos Pastrana, referente de la Inter-sectorial, quién recordó que con las torres del electroducto se invadió espacios sagrados indígenas. Exigen que la zona de los valles tucumanos sea declarada “área protegida”.
El boca a boca en Andalgalá muestra que las enfermedades gastrointestinales se multiplicaron, pero ni el hospital local ni ningún estamento gubernamental dan cuenta de estudio alguno. Una sola vez, en 2003, se conocieron estadísticas del hospital local: confirmaron que, desde la instalación de la mina y hasta 2003, las enfermedades respiratorias en niños había aumentado de 1374 a 2244. Todos señalaron como responsable a la mina. Nunca más fueron difundidas datos de salud del lugar.
“El proyecto fue diseñado siguiendo los estándares ambientales equivalentes a los requeridos por los países líderes en producción de cobre y oro, y los linea-mientos establecidos por el Banco Mundial”, explica Alumbrera en su carpeta de presentación.
Agua, divino tesoro
El agua es el oro del futuro, advierten diversos sectores que hasta aseguran que las guerras serán por ese recurso natural. En Catamarca “el líquido no falta, pero tampoco sobra a lo bruto”, sonríe Urbano Cardozo, el jubilado militante. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. “Mejor no hacen la cuenta de cuanta agua al día se va con ese oro”, ironiza Blanca Rado, docente jubilada y estudiosa de lo que acarrea la minería a gran escala. Alumbrera cuenta con seis pozos perforados a profundidad, de donde chupa el agua subterránea durante las 24 horas.
La canadiense Northern Orion (accio- nista de Alumbrera) comenzará en breve las obras de infraestructura de otro yacimiento, tres veces más grande que Bajo Alumbrera, a sólo 17 kilómetros del pueblo, en la cima de las montañas ubicadas frente al centro de la ciudad. Planea extraer oro, plata, cobre y molibdeno. “El desarrollo de Agua Rica es técnicamente factible, y podría ser desarrollado como un yacimiento de bajo costo y de larga vida útil”, reconoce la carta de presentación de la misma empresa. Planea procesar, por día, 70.000 toneladas de roca, con una vida útil de 30 años.
Los Vecinos Autoconvocados remarcan que, además de la misma contaminación que acarrea Alumbrera, de esa montaña nacen los tres ríos -el Blanco, Candado y el Minas-, que alimentan de agua a toda la región: casi un cuarto de la provincia. Todos reconocen que ese será el último golpe al pueblo.
El agua utilizada, es irrecuperable. No hay tratamiento posible para que vuelva a ser aprovechable. De ponerse en marcha la nueva explotación la cantidad de agua utilizada será el triple. El nuevo emprendimiento minero se llama, para-dójicamente o por humor negro, “Agua rica”. Ironía del destino, la mina tomará tres veces más de un agua.
En 2004, Minera Alumbrera facturó 683 millones de dólares: 1.980 millones de pesos. Tomando en cuenta los últimos cuatro trimestres (los dos últimos de 2004 y los dos primeros de 2005) Alumbrera pagó, en concepto de regalías, 51 millones de pesos. Es el 2,5 de su facturación total.
Según la propia empresa, en su publi-cación “Suplemento comunitario Minera Alumbrera y la comunidad”, se acaba de pagar al municipio de Andalgalá en concepto de regalías mineras: 14 millones de pesos. Lo que representa el 0.7 por ciento del oro y el cobre que en el último año se extrajo de las montañas catamarqueñas.
La diputada Marta Maffei visitó el año pasado la zona y repitió un dato: “Las diez grandes mineras se llevarán del país minerales por 25.000 millones de dólares, de los cuales sólo 380 millones quedarán en el país”.
Es que el dinero que las mineras se llevan no tiene retención a las expor-taciones (como si pagan, por ejemplo, los productos agropecuarios).
Los Autoconvocados impulsan un plebis-cito vinculante para antes de fin de año, pero saben que es un arma de doble filo. En caso de llegar a esa instancia, la gran incógnita es saber qué pasará.
Argentina, la niña mimada de la minería global
Esquel, en Chubut, es el antes de la explotación minera. Jáchal, en San Juan, el durante. Andalgalá, el después de la extracción: cuando el oro ya no está y la montaña es un coloso agujereado. Sólo tres del medio centenar de empren-dimientos mineros metalíferos de Argentina, que tienen tantos impulsores como detractores. Estado y empre-sariado por un lado. Organizaciones sociales y pobladores por el otro. Promesas de inversiones, trabajo y desarrollo de un lado. Denuncias de degradación ambiental, pobreza y saqueos por el otro. Estado de situación de una polémica silenciada.
Las exportaciones mineras del país se multiplicaron en la última década. Según datos oficiales de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería (Sicym), en 1993 Argentina exportaba 15,8 millones de dólares. Después de aprobadas las nuevas legislaciones mineras, el cambio fue drástico: en 1999, fue de 705 millones.; en 2001 de 754 millones, en 2002 de 990; 2003, 1.100; y las proyecciones para 2006 son de 1.466 millones.
Según los mismos datos oficiales: los minerales metaliferos como el oro, la plata y el cobre representan las dos terceras partes del volumen exportado de lo denominado “boom minero”. “Es que las leyes del menemato son seductoras: ambientales e imposi-tivamente son altamente beneficiosas para las empresas”, explica Marcos Pastrana, de Tafí del Valle.
El legislador Carlos Tinnirello, espe-cializado en el tema, aseguró que “las empresas mineras recién inician la invasión en el país, pero las proyec-ciones de las mismas empresas indican que nos espera una gran invasión de empresas. Y, desde ya, nunca se pueden desarrollar este tipo de empren-dimientos sin compromisos políticos de los gobernadores y del ejecutivo nacional, que escuchan mucho a las mineras pero muy poco a las pobla-ciones que alertan sobre los riesgos, sobre todo las vertientes de aguas que se comprometen”.
“Las mineras manejan los medios, las municipalidades, las provincias, a los funcionarios aún más altos. Ejercen hostigamiento sobre las poblaciones que se oponen y engañan prometiendo un bienestar que nunca llegará. En tanto, los poderes ejecutivos, legislativos y hasta judiciales están a disposición de las empresas, que siempre tienen a mano artilugios políticos y legales para conseguir sus fines. Hay que tomar conciencia que se trata del saqueo de los recursos naturales del país”, denunció Tinnirello.
En el lujoso hotel de Toronto, Canadá, donde se desarrolló el Congreso Mun-dial de Minería, todos los especialistas prominería fijaran sus ojos en Argentina y la catalogaron como “la niña mimada” del sector. Remarcaron que la vedette del momento cuenta con 5.000 kilómetros de cordillera, un 75 por ciento de sus recursos inexploradas y una regalarías de sólo el tres por ciento. Multinacionales de Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y Europa señalaron a Argentina como la región a invertir y a Latinoamérica como del destino de la década. No dejan de fijar las ventajas de legislación vigente. En el shopping minero internacional estu-vieron, junto al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, gobernadores y autoridades mineras de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Santa Cruz.
Luego de la feria minera, el secretario de Minería viajó a Washington para man-tener un encuentro con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, quién impulsa la minería como “desarrollo para toda la región”. “Por solicitud del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, Mayoral se reunió con Iglesias a fin de evaluar planes de apoyo para impulsar la actividad minera de Argentina y fomentar el desarrollo sustentable de la pequeña, mediana y gran minería”, informó la gacetilla de prensa oficial de la Secretaría.
En ese congreso, la minera estatal YMAD –propietaria del Yacimiento Alumbrera– ofreció a compañías internacionales un conjunto de “áreas ricas en cobre, oro, plata y molibdeno, de Catamarca”. En una reseña comercial titulada “YMAD, A Great Opportunity (La Gran Oportunidad)”, la empresa explicó a los ejecutivos de las multinacionales: “Se han alumbrado nuevas reservas y se ha desarrollado un ambicioso plan de perforaciones. Hay un área con estructuras de oro, plata y manganeso”.
El Plan Bianual 2004-2005 de la Secretaría de Minería nacional insiste con que Argentina cuenta con opor-tunidades mayores que otras regiones por el “replanteo de marcos tributarios y jurídicos” con los que cuenta (las leyes de la década del 90).
Desde la Cámara de Empresas Mineras (CAEM) publicitan que el sector exporta casi tanto como el trigo. Pero las diferencias radicales son tres: el agro, a pesar de su industrialización, emplea mucha mayor mano de obra; tiene retenciones a las exportaciones (por cada tonelada que sale, un porcentaje queda en el país) y, sobre todo, la tierra sufre una degradación, pero que puede ser tratada; mientras que los minerales son un recurso no renovable: lo que se va, no vuelve. Resulta una zona impro-ductiva, empobrecida -ya sin su riqueza mineral- y contaminada.
Una legislación a medida
“Las leyes mineras son beneficiosas, al extremo para las empresas”, resumen desde la Red de Comunidades Afec-tadas por la Minería, que nuclea a habitantes de San Juan, Chubut, Córdo-ba, Tucumán, Río Negro y Catamarca. SI bien corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos, éstas (dueña del mineral) no pueden cobrar más del tres por ciento del precio internacional de venta de los metales. Pero a ese tres por ciento las compañías deducen los costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación. “Las multinacionales no tienen reten-ciones a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos de ingresos brutos, ni a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta), ni sellos, ni tasas para la importación; deducen gastos al doble a los fines del impuesto a las ganancias, en los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales. Por ejemplo, no pagan impuestos a las ganancias ni ingresos brutos. No pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias”, explican desde la Red de Comunidades. Además, gozan de estabilidad fiscal por 30 años. Esto es: cualquier modificación – por ejemplo: el impuesto al cheque, que pagan todos los argentinos- no los afecta. Eufemís- ticamente lo llaman: “régimen minero confiable”.
Contacto:
Vecinos Autoconvocados de Andalgalá Edgardo Salas 03835-1552-0051 – [email protected]
Mariana Bettanin 02944-429-441 – [email protected]
Dario Aranda
[email protected]

Temas:Andalgalá contaminación medio ambiente megamineria

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Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

Publicada

hace 4 días

16/11/2024

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:

Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

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Nota

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

Publicada

hace 2 semanas

10/11/2024

En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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Hasta siempre, Mirta

Publicada

hace 3 semanas

02/11/2024

Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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