#NiUnaMás
Rosario, el narco-Estado: plomo & humo. Narcofemicidios, violencia y extractivismo
La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras revela cuánto se pagan las amenazas y muertes por encargo, entre otras confesiones sobre cómo trabaja la justicia cuando el Estado es cómplice del narco. Una ciudad sitiada por el terror, donde las mujeres y los niños pasaron de ser intocables a principales víctimas. La relación entre extractivismo, pobreza y un sistema penitenciario corrupto. Y las organizaciones feministas y ambientales que explican cómo funcionan las lógicas de una ciudad en disputa. Por Claudia Acuña.
1. Balaceras: los tiros que nadie escucha
Juez: ¿Ocupación?
Narco: Contrato sicarios para tirar tiros a jueces.
La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras Valeria Haurigot tiene el brazo apoyado en el respaldo del sillón de cuerina negro y con ese gesto, que le eleva el hombro izquierdo, otorga a sus palabras un tono sport, digamos, que acentúa chasqueando las eses. Si fuera porteña podría calificar como canchera, pero la actualidad rosarina le quita frivolidad a todo: las balas fraguan bronce.
A menos de veinte centímetros está sentado un muy joven empleado judicial, con la cara casi pegada a una pantalla enorme y con auriculares blancos XL clavados en las orejas: es el encargado de las escuchas telefónicas a las bandas narcos que intentan dominar la ciudad con ráfagas de plomo. Parece concentrado en esas conversaciones clandestinas, pero algunas preguntas, o quizá las respuestas, lo obligan a mirarme directo a los ojos.
La oficina es estrecha y contiene cinco escritorios, tres muebles para archivar expedientes, un mapa que hace falso equilibrio en la pared y un problema enorme: se calcula que este año la ciudad soportó el azote de ocho balaceras por día que dejaron un promedio de dos víctimas diarias: 524 personas baleadas, según datos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Miro alrededor y saco un cálculo simbólico: más de 500 investigaciones judiciales en 7 metros cuadrados. Es como filmar The Wire en un tupper. Pero estamos en Rosario y este tupper ya fue baleado cuatro veces.
Coraje entonces es lo que transmite la fiscal de Balaceras cuando le pregunto si tiene miedo. Responde:
–He tenido miedo en circunstancias concretas, pero lo voy pudiendo superar.
Luego responde todas las preguntas con una catarata de datos que recorren lo sistémico y lo biográfico con pinceladas precisas que describen el cuadro general y, a la vez, el alma humana. Por ejemplo:
¿Cuánto se paga una balacera?
Cuatro mil pesos la ráfaga, 150 mil el homicidio, pero la balacera a la estación de servicio, que implicó páginas y páginas de tinta, reproches políticos, produjo cambios en el sistema de patrullajes y expuso a la comunidad a una situación de pánico y peligro, se pagó con un par de zapatillas.
¿Qué desata una balacera?
Acá en Rosario tenemos a Messi y al Guille Cantero (líder de Los Monos)….
Uno hace goles…
Y Cantero ordena balaceras para pedir la revisión de su condena, por ejemplo… Es decir, las balaceras pueden hacerse para sacarle cosas al Estado, como el cambio de lugar de detención de un integrante de una banda, o para que le mejoren las condiciones de detención. Otra: la clásica extorsión a comerciantes. Te pido plata una, tres, cuatro veces, a la quinta te meto una balacera. Otra: deudas de droga. Me debés, no pagás, te baleo. Otra más: un soldadito te consume droga, vos, jefe, estás preso. ¿Cómo hacés para sancionar a tu empleado? En un trabajo formal lo suspendés o despedís, en este ordenás una balacera.
Nos relataron otra: madre e hija tienen su casa en una ochava, que parece ser la ubicación preferida para instalar un kiosco de venta de drogas. Las balearon ya tres veces para espantarlas. Buscan así que abandonen la casa y ocuparla.
Hay de esas también. Y está esta otra: la que tengo que dictaminar ahora. A la empleada de una pescadería no le gustó cómo la trató su jefa. Tenía una amiga que era conocida de alguien relacionado con un capo narco. A través de ella le pidió una balacera para asustar a su jefa. Cuando por las escuchas encontramos ese origen se lo contamos a la jefa, que es la víctima que hizo la denuncia. ¿Sabés que me pidió? Que no la encarcele: sabe que tiene dos hijas chiquitas y está sola. “Esas nenas no pueden vivir con su madre presa”. Estábamos hablando de eso con él cuando ustedes llegaron: ¿qué pena le doy?
El joven empleado judicial aparta los ojos de la pantalla y me mira.
El Estado Los Monos
Narco: Le tenemos que dar con todo a cualquiera que engachemos.
Soldadito: Sí, dale, vamos… que encima ando con unas ganas de tirar yo…
La fiscalía especializada en balaceras fue creada en septiembre de 2020: pleno coronarivurs. La ciudad ya había sufrido esa pandemia cuando en 2013 asesinaron al jefe de la narco-banda que llamaremos Los Monos si con ese nombre se comprende que en la actualidad se trata de una organización criminal integrada por civiles y agentes uniformados por el Estado provincial y nacional, que cumplen funciones en la Policía y en el Servicio Penitenciario. Apenas comenzó esta nueva ola de ataques la Fiscalía General convocó a una reunión. “Lo primero que nos preguntamos fue: ¿qué es una balacera? No hay un tipo penal que la reprima: hay abuso de armas de fuego, hay extorsión, hay homicidio, lesiones, etc., etc., pero la balacera no existe. Y el Derecho Penal es taxativo: la conducta a investigar y a sancionar tiene que estar bien determinada. ¿Y qué teníamos nosotros? Teníamos que pasaba una moto con dos ocupantes, y producía una ráfaga de tiros, a veces sin pedir nada a cambio, con lo que ni siquiera había extorsión. Entonces cambiamos la pregunta: ¿Qué están buscando? ¿Cual es el objetivo? Y ahí la respuesta fue clara: alterar el orden, producir terror. Y eso sí es un tipo penal: la intimidación pública. Así se decide crear esta unidad con un buen equipo de analistas (a cargo de las escuchas) y tres fiscales”.
¿Resultados?
Hoy cada fiscal tiene unas 200 personas presas en prisión preventiva. Como es una unidad nueva todavía ningún caso llegó a juicio oral.
La cifra justifica el tono de orgullo con el que relata el método de trabajo que han sistematizado: “A través de investigaciones muy meticulosas logramos una detención, secuestramos un arma, un celular y en lugar de quedarnos ahí, en la autoría del hecho, comenzamos a tirar de ese hilo hasta llegar a quién dio la orden, quién la moto, quién el arma, quién el dinero y cuál es la red que sostiene toda esa operación”. Lograron identificar así que en Rosario actúan seis narco-bandas. “El mundo criminal no es el mismo que décadas atrás. Hay un gran nivel de violencia y un muy fácil acceso a armas de fuego. No soy socióloga, pero entiendo que ha crecido la idea de sentirse representado por una organización criminal como posibilidad de ascenso social, porque de otra manera no vas a llegar a nada. Hay una brecha social muy grande. Los excluidos encuentran en estas formas violentas la única manera de tener notoriedad, reconocimiento, poder, ingresos. En sus celulares ves eso: cuando los detenemos se autobuscan en Google.
¿Notás que en esta nueva ola de balaceras hay un componente de género?
Sin duda. Incluso vino una investigadora del Conicet a nuestra unidad para investigar ese rasgo. Eso también cambió. En los códigos narcos las mujeres y niños eran intocables, especialmente aquellos relacionados con integrantes de las bandas. Pero ahora notamos que muchos de los que están presos dan órdenes a sus mujeres, madres, parejas, hermanas, para que lleven el negocio adelante.
No parece que tengan opción de negarse…
No, pero luego y ya en funciones no podés poner todo en una misma bolsa por el rasgo de género. Tenés mujeres que tienen poder de decisión y que compiten por su trabajo como compito yo con una colega. Mujeres que quieren ser líderes porque saben, quieren, les gusta, y pueden. Y tenés otras pobrecitas que son totalmente intercambiables, cuyas vidas no valen nada. Te nombro un caso: en las extorsiones del barrio Ludueña hay involucradas muchas mujeres. ¿Por qué? Porque son las únicas que pueden ingresar el chip del celular en las cárceles desde donde los jefes narcos presos dan las órdenes. Son casos que te hacen comprender que es muy difícil construir la respuesta punitiva de una mujer que forma parte de una organización criminal.
Es la segunda vez que mencionás delitos que se cometen dentro de la cárcel, donde se supone hay agentes estatales responsables de que eso no suceda… ¿Las balaceras se ordenan desde ahí?
Sí. La logística es afuera, pero la cárcel es el principal problema que enfrentamos porque no tiene ningún tipo de freno. Y no hablo del sistema penitenciario provincial: que quede claro, porque peor es el federal. Es un espanto, un horror, lleno de comunicaciones a cualquier hora. Los presos son empresarios que 24 x 7 están digitando sus negocios. Y terminamos dictando prisiones preventivas de personas que ya están presas.
La próxima prisión preventiva debería ser la del jefe del Servicio Penitenciario…
La responsabilidad estatal la encontramos en todos lados, ya sea por acción o por omisión, como por ejemplo cuando está habilitando el poder de la organización permitiendo que se haga cargo de un sector determinado del barrio donde ejerce sus funciones de venta, pero donde también provee comida, divertimento, cierta posibilidad de abuso sexual en relación a niñas y adolescentes del entorno. Son estas acciones cotidianas las que explican el poder enorme que tiene la organización criminal y su proliferación. Pero también hay acción u omisión del Estado cuando no controla que le vendió mil balas a una persona que a la siguiente semana puede comprar otras mil.
Otros territorios dominados por bandas narcos se caracterizan por las actividades que convierten a las mujeres en mercaderías descartables, negociables. ¿Notás eso también acá?
Sí, pero creo que es porque hay una gran explotación de la vulnerabilidad en general. Lo veo más por ese lado. La organización capta porque acá las infancias sufren mucho. Veo niños y niñas totalmente desprotegidos, que cuando los llevan y los encierran para atender un búnker no se fijan en el sexo. Lo que más noto en relación a las mujeres es el manoseo enorme con imágenes, videos, fotos, que les propcionan satisfacción a los que están presos. Y no sabemos hasta qué punto hay un consentimiento de las mujeres que ahí aparecen.
Finalmente, ¿cómo terminamos con las balaceras?
En primer lugar, repensando las políticas penitenciarias. Y hay que repensar el 100 por ciento. Todo. Porque no es lo mismo una población carcelaria con mayoría de personas detenidas por robo que con dominio de población narco. La narcocriminalidad genera violencia extra e intra muros.
Concretamente, ¿qué hay que repensar?
Dónde hay que endurecer y dónde hay que aflojar.
¿Un ejemplo?
No podemos poner en la misma bolsa al que roba un estéreo que al que participa de una organización criminal narco…
Corta en seco la frase y sonríe.
“Estoy pensando que muchas cosas que te dije pueden sonar horribles… Te juro que acá estamos trabajando bien… Pero si te digo eso parecemos los directivos de una empresa fundida”.
La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras parece ahora hundida en su sillón negro y sí: el empleado judicial me mira fijo, a la espera de mi reacción o mi respuesta.
2. Femicidios territoriales: las cifras que nadie escucha
Soldadito: Ahora estoy acá, en la casa de la señora esa…
Narco: Bueno, bueno… no le cobres mucho… ¿me escuchaste?
Soldadito: Lo que dijiste…
Narco: Eso. La señora te va a dar una moneda y cuando la volvamos a visitar te va a dar otra.
La fiscal Luciana Vallarela alza su brazo para señalarnos las instalaciones de la Unidad de Violencia de Género: la fila de escritorios ocupa un pasillo. Su tarea es atender las denuncias de víctimas de violencia “que no sean delitos sexuales ni femicidios, porque esos casos los trabajan las unidades de homicidios”. Sin embargo, por interés personal, está llevando un registro que imprimió y tiene arriba de su escritorio. Es una larga lista con nombres, números de causa, fiscalía. Su actitud es la de quien espera que esa lista le importe a alguien.
Para ubicarnos, ¿en que situación estamos respecto de otros años?
Lo que cambió es que la mayoría de los asesinatos de las mujeres hasta el año pasado se daban en un contexto de relación de pareja. No tengo la estadística exacta, pero no superaban más de 10 femicidios y todos en contexto de una relación. La diferencia es que, al día de hoy, ya hay 54 asesinatos de mujeres, lo cual representa el 22 por ciento del total de las muertes de Rosario y la gran mayoría de los casos tienen otro contexto. De hecho, los que pueden clasificarse como “femicidio íntimo” son solo 4 casos. Todos los demás podrían tener que ver con estos contextos de criminalidad organizada. Es otro tipo de femicidio que no era el habitual en la ciudad de Rosario.
50 este año. ¿Y el anterior?
Cero.
¿Qué análisis hacés de esta escalada?
Hay que analizar cada caso para ver si se dan esas motivaciones de género que puedan dar cuenta de un femicidio. Quién es la mujer victima, pero también si son personas que integran las organizaciones criminales y si esa muerte puede tener como objetivo aleccionar porque, tal vez, esas mujeres fueron tildadas de infieles, traicioneras, o si tiene que ver con considerarlas objetos descartables, objetos fungibles dentro de la organización. Por ejemplo, si son los eslabones más débiles, como venta de drogas, vigilancia de búnkers: son mujeres que están consideradas algo fácilmente reemplazable. También, en otros casos, no son las que integran las bandas, son a lo mejor la familia o pareja de algún integrante de alguna organización criminal y eso tiene que ver con un “vuelto” por algo. Por venganza. Donde la venganza es al varón y eso termina victimizando a la mujer. Muchas de estas muertes que han ocurrido en las balaceras también podrían encuadrar como femicidios. Pero hay que hacer una análisis de cada caso para ser rigurosos con el concepto.
A priori, entonces, estamos ciegas porque no contamos con esa información. Pero algo sabemos: son demasiados casos y cambió la materialidad. Ya no son femicidios que se producen en contexto de una relación parental conflictiva sino de narcocriminalidad. Sin embargo, ese contexto no es nuevo para Rosario. ¿Qué cambió?
No ha habido en otros años tantas muertes de mujeres como este. Esta cifra es muchísimo más alta y por eso llama la atención. Pero también esa particular forma de violencia la vemos en nuestra oficina: en la relación de pareja también vemos balaceras o extorsiones, o mayor circulación de armas de fuego, que no eran las formas de violencia que veníamos atendiendo en los años anteriores.
La narcoviolencia impregna todo. ¿A qué te parece que responde?
A varios factores. A la violencia que vivimos últimamente: una disputa en el territorio por las bandas criminales. A que muchos jóvenes inexpertos y muy jugados en el ejercicio de la violencia sienten que su vida no vale y tampoco la de los otros. A que la pertenencia a estos grupos les da la posibilidad de cierto prestigio. A que ese sentido de pertenencia a un grupo, lamentablemente, no se los está dando el Estado o no lo consiguen en otro lugar. A que muchas mujeres se vuelcan a que su casa sea un lugar de venta de drogas porque están en una situación de extrema vulnerabilidad que hace que eso se convierta en una opción económica. Y a que la mayor participación de mujeres en la narcocriminalidad también tiene que ver con que muchos de los varones están siendo encarcelados y entonces ellas continúan con el negocio como una economía de supervivencia, siempre bajo las órdenes de la pareja que está encarcelada. Y en Santa Fe empieza a ser habitual que muchos de los hechos delictivos se ordenan desde la unidad penitenciaria.
Cuando estos casos llegan a las fiscalías, ¿toda esa información se analiza con una perspectiva de género?
Todos los funcionarios deberían estar formados para trabajar desde una perspectiva de género, no debería ser privativo de esta unidad. Pero justamente lo que proponíamos era analizar estas muertes ampliando la mirada para comprenderlas. Entiendo que producir información permite actuar. Si no, uno va a ciegas.
¿Deberían tratarse como femicidios?
Hemos hecho la propuesta a la fiscal regional. En este momento está en concurso el cargo de fiscal general y no es el momento para que tomen la decisión de tratar esas muertes desde una oficina de género.
¿Sos la primera que nota lo que estos 50 asesinatos representan?
No sé si hay alguien más. En mi caso el interés lo origina la inquietud de empezar a pensar y ubicar cuáles se podrían analizar con este contexto de femicidios producidos por la narcocriminalidad.
En nuestro Observatorio estamos aplicando el concepto de femicidio territorial que define estos casos…
El territorio es una clave. Lo que veo es que hay un abandono del Estado en territorio que deja el lugar más librado a estas bandas. Hay muchos jóvenes, chicos, de 14 años, que están jugados y el despliegue de la violencia es así, inusitado, fuerte. Sin límite.
En ese contexto, ¿con qué herramientas cuentan para detener esta escalada?
Se ha avanzado en la justicia federal en condenas a muchos miembros de organizaciones. La gran mayoría de cabecillas están detenidos. Pero muchos hechos se siguen haciendo desde el servicio penitenciario y eso requiere políticas públicas a largo plazo. Había experiencias interesantes de trabajo en territorios, pero al día de hoy esos dispositivos se han discontinuado. Hoy no se está haciendo nada en ese sentido. El programa Nueva Oportunidad no tiene la misma fuerza, está vaciado de recursos. Solo desde la justicia no se puede solucionar: requiere de acuerdos políticos a largo plazo.
En tu área, ¿tenés recursos suficientes para abordar casos de violencia?
Siempre son insuficientes para la cantidad de casos. Recibimos aproximadamente 40 denuncias diarias por violencia y somos cinco fiscales mujeres, con grupos de trabajo que son bastante reducidos para el caudal de denuncias. Y esos equipos mayoritariamente están integrados por pasantes contratadas, que tienen un tiempo de duración corto en esos trabajos y eso genera un recambio. Es difícil capitalizar formas de trabajo y modalidades, así que es complicado. Además tampoco hay muchas herramientas públicas efectivas por parte de otros poderes del Estado para abordar la situación de las mujeres. En general la mujer que viene a denunciar también sufre una situación de vulnerabilidad económica, de falta de vivienda que hace que muchas veces viva con su agresor, y esas políticas son temporarias. Existen centros de protección o refugios, pero el Estado no ayuda en temas de vivienda o conseguir un trabajo. Hay subsidios que duran seis meses y de un monto que no alcanza para sostener ni a ellas ni a sus hijos. Es todo temporario, nada efectivo ni a largo plazo, y que dificulta mucho a las mujeres sostener las denuncias. Muchas dicen que quieren retirarla porque hay falta de acompañamiento para esperar los procesos.
¿Cuánto dura ese proceso?
A veces con una abreviada logramos condena. Si tenemos que ir a juicio, lo fijan a dos años. Ese proceso en soledad es muy difícil de hacer. Ese sostén que no está lo suplen las organizaciones barriales y políticas de mujeres que haya en los barrios. Los laburos que hacen para acompañar y sostener los procesos judiciales son fundamentales para que se pueda avanzar: hacen lo que el Estado no hace.
¿Y en los barrios el Estado qué ofrece?
En algunos hay centros para recibir las denuncias. Hay situaciones que no deberían llegar a la fiscalía sino resolverse en ámbitos territoriales. El sistema es clasista, machista, burocrático, y el paso que hay que dar para llegar hasta acá no es gratuito. Más para una persona que no tiene recursos. Si tenés recursos no la pasás tan mal como si no tenés nada.
También tenés que tener tiempo…
Ni hablar. Para tramitar una restricción de acercamiento tienen que venir al centro de la ciudad. En colectivo. No es gratuito.
Tampoco obtienen generalmente lo que buscan…
Hay situaciones tan diversas y las mujeres siempre quieren que la persona que la agredió esté presa. Y hay que pensar otro abordaje de violencia porque el sistema carcelario está claro que no es la solución.
Por lo que se ve en Rosario es el problema.
La cárcel es reproductora de la violencia machista. Lo vemos nosotras con el porcentaje de reincidencia. Los que han sido condenados y recuperarn la libertad, los volvemos a encontrar con nuevas denuncias.
Quién cuida a las que cuidan
Narco: Los canas están pidiendo mucha plata.
Jefe policial: Ni ahí, boludo. Están
re-locos estos. ¿Cómo van a pedir más si no tienen nada?
Narco: Bueno, fijate; si no, vemos…
Jefe policial: Los sicologean. Aguantá, flaco. Vamos a esperar un toque.
Y si no, dale.
En un rato hay asamblea de la multisectorial feminista de Rosario, así que llega al legendario bar El Cairo con el tiempo justo para la charla y por eso va al grano. Majo Poncino es militante del Movimiento Evita, vino a Rosario hace 18 años para estudiar Ciencias Políticas y ahí vive hasta hoy, aunque su trabajo la obliga a viajar a Buenos Aires: ocupa un puesto en la Jefatura de Gabinete. Es justamente esa condición de feminista, militante y funcionaria la que le otorga a sus palabras un extraño bonus track. “Cuando empezaron la masividad de los hechos, sobre todo en agosto, algunas organizaciones nos empezamos a juntar para construir un diagnóstico sobre qué nos pasaba como ciudad. Hay un correlato político estructural acá en Rosario: hace muchos años que está inmersa en una discusión en torno a la inseguridad y lo narco, y el escenario es la disputa territorial. Recuerdo que cuando empecé a militar ya hacíamos jornadas solidarias como forma de respuesta a las disputas territoriales en el barrio Nuevo Alberdi, en Empalme.
¿Hoy lo siguen haciendo?
Yo lo sigo haciendo. Es por ahí, por empoderar la organización social, porque es la comunidad desde donde se pueden encontrar salidas. El tejido social es fundamental. Ahí es la discusión más fuerte. La valorización del territorio. No perder el espacio publico. Y con las balaceras nos quieren correr de la calle, de la vereda.
¿Esas disputas territoriales se expresan ahora en el cuerpo de las mujeres?
Los códigos barriales de “acá no se roba, los ancianos, niños y mujeres no se tocan”, se rompieron. Ahora es al azar. Y el blanco son las mujeres. Por un lado, porque cumplen roles en esas organizaciones, porque el que las comandaba está en la cárcel; y por el otro, porque son víctimas colaterales pero de un sistema que las expone, porque las mujeres somos las que estamos en el espacio público llevando a los chicos a la escuela o acompañando a nuestras hijas al colectivo. Por eso hay que entender el juego como un entramado entre el espacio publico, el rol de las mujeres y cómo se disputa territorio. Nosotras decimos que por eso mismo lo que produce esa violencia son femicidios.
En un contexto así, ¿qué le demanda el movimiento feminista al Estado?
¿Qué vamos a discutir con el Estado? Hay una discusión de fondo eterna sobre cuál es la intervención que debe tener el Estado en los territorios. La solución no es resolver la inseguridad con más policías, sino que una de las posibles soluciones es intervenir los barrios de una mirada socioestructural más integral: luz, zanjeo, desmalezamiento, generación de trabajo. Cuando valorizás los territorios también desnivelás la fuerza de la violencia para que el barrio genere más comunidad. Si tenemos barrios populares sin acceso a los servicios, donde ni entra el colectivo, los excluís y la única alternativa para los jóvenes que viven ahí es que sean soldaditos.
¿Cuál sería entonces la agenda feminista para Rosario?
Quiénes cuidan a las que cuidan es un interrogante que nos hacemos hoy en este contexto. No es que solo hablamos de una agenda sectorizada y de violencia por motivos de género, en la cual los femicidios y los transfemicidios siguen siendo un número vigente. No queremos quedarnos en un feminismo institucional que solo recoge demandas de género y consignas. Queremos políticas concretas integrales, que le den la accesibilidad al territorio.
¿Por ejemplo?
Queremos la ley de humedales. El humedal es territorio en términos integrales: es tierra, naturaleza, animales, cambio climático, y eso es disputa territorial. También lo que queremos discutir es el concepto de “buenas y malas víctimas”. Ninguna de las mujeres que cumplen algún rol en la organización narco o fueron víctimas colaterales de las balaceras son “buenas” o “malas”. Somos todas y todos víctimas de un mismo sistema que excluye por igual a la persona que fue baleada esperando el colectivo y a la que cumple un rol en esa organización por una necesidad. Es central discutir esto, visibilizar la violencia en sus múltiples formas en una ciudad en la que tenemos 70 mil viviendas vaciás y hay una reinversión en el proceso agroexportador.
¿Cómo integramos la discusión de lo narco, los femicidios y el humedal?
No podemos discutir agendas sectoriales. Como militante feminista quiero discutir cómo se distribuye la tierra o cómo generamos acceso a viviendas en forma igualitaria. Y voy a discutir todo eso con perspectiva de género, sí. La discusión central tenemos que hacerla en lo sociourbano, lo geoterritorial, en cómo pensamos ciudades más accesibles y feministas. Tenemos que discutir todo: la casa, la salud, el trabajo, el barrio. Tenemos que discutir el poder. Porque somos las mujeres las que todavía sostenemos el tejido social en los territorios más castigados.
La resistencia en los barrios sigue siendo una tarea de las mujeres, pero las organizaciones feministas no tienen en sus agendas estos reclamos
Hoy por hoy el movimiento transfeminista atraviesa una crisis de representación. Y en ese sentido tiene la misma complejidad de un actor político cualquiera. De todas formas la resistencia deviene de las redes que nosotras construimos. Por momentos hay un nivel de desgaste que no está mal que lo tengamos. Hay una discusión de cómo el movimiento va instalando las agendas que nos bajan, pero seguimos en las calles: en Rosario el 8 de marzo fuimos casi 50 mil. Sin embargo el 3 de junio nos pegó un cachetazo y visibilizó un síntoma: estamos atravesando una crisis política. Les decía a la compañeras: ¿cómo podemos en esta ciudad donde nos mataron más de 50 mujeres tener media plaza? La consigna Ni Una Menos ya no alcanza.
3. Ecocidio
Narco: Escuchá: pude rescatar 300 mil pesos. No conseguí más. La mina tiene dos hijos. No la arruines, porfa.
Jefe policial: Está bien. Te estoy dando una mano grandisima.
Narco: ¿La van a arrestar o puede seguir trabajando?
Jefe policial: Mejor que se haga humo.
Rosario es una ciudad bella que seduce con una combinación exquisita: la urbe y el río. Su costanera es un balcón panorámico que permite apreciar los humedales que le dan aire, horizonte, respiro. Hoy son la escena del crimen: solo este año fueron quemadas 95 mil hectáreas, según el informe satelital que realiza el CONAE. La Multisectorial en Defensa de los Humedales calcula que en los últimos dos años el fuego castigó a un millón trescientas mil hectáreas.
Sobre la ribera deslumbran las altas torres construidas en los últimos años, un boom inmobiliario financiado por el dinero de la soja y sospecha de lavado. El abogado Sebastián Sancevich completa el mapa urbano: 35.061 familias viven en 112 barrios precarios, donde solo el 1,79% accede al agua corriente, el 2,68% tiene cloacas y el 5% luz. Esa es también la escena del crimen. Otra: el puerto privatizado. En agosto de este año incautaron 1.658 kilos de cocaína que partieron de la terminal que controla la empresa agroexportadora Vicentín.
Ahora mismo mientras nos encontramos con tres integrantes de la Multisectorial en Defensa de los Humedales en una esquina céntrica –que si fuera porteña sería una top de Palermo o Recoleta– nos recibe una balacera. Hay un cadáver en medio del asfalto, cuatro o cinco patrulleros y alguna gente mirando el terror, pero a los pocos minutos lo que queda es la policía recogiendo el cuerpo y gente almorzando en el bar de esa esquina, charlando de temas diversos. En nuestro caso, el menú es pizza y resistencia.
¿Cómo es la vida en la ciudad que se puso más violenta e irrespirable?
Antonella: Invivible. Si no te matan las balas, te mata el humo. En 2020, en el mismo momento en que estábamos encerrados por la pandemia, nos estaban prendiendo fuego. Ahí comenzó la multisectorial, en esa paradoja de querer protegerte porque decían que tenías que quedarte aislado por cuestiones de salud, pero teníamos igual que salir parar exponer en un acto público y político las quemas. Tenías que quedarte en tu casa por una virus que afectaba el aparato respiratorio, pero al mismo no podías respirar aire.
¿Por qué nos acostumbramos a lo invivible?
Antonella: No hay que acostumbrarse.
Irina: Se viven ajenos algunos problemas. Nos falta de alguna manera incorporarlos a la vida propia, porque el tema de violencia, para mí, se fue metiendo de a poco. Vivo hace siete años acá, soy de Bariloche. Cuando llegué, veía y sentía que, en realidad, acá no pasaba nada. Pasaba, pero tan lejos que no lo vivenciaba. Ahora, y desde hace un año, hay balaceras a tres cuadras de mi casa, y matan gente en la esquina. Las personas que vivimos en sectores de clase media lo vemos más de cerca..
Pero el humo afectó a todos…
Irina: Funciona al revés, porque el problema de la violencia es tan fuerte que el humo queda lejos, por más que se levanten y lo respiren. El humo me afectó ayer y en diez años quizá puedo darme cuenta de cómo me está enfermando hoy, pero mañana me pueden matar en la calle. Es más inmediato.
Antonella: Hay un estudio que revela el mapa de la pobreza y el de la contaminación: coinciden. Hay un montón de población urbana que se asienta a los costados del curso de agua y son todos cursos contaminados. Hay basurales. Vierten desechos al río, siendo que hay una ley que prohíbe. Si miramos las costas tenés los dos polos: megatorres con oficinas o gente muy pobre que se fue a vivir ahí porque encontraron el recurso de la pesca.
Ivo: La violencia atraviesa esta ciudad en todo sentido. Es intencional y es sostenida: no pasa porque sí. El río nos lo advierte: vemos que hay un fuego intencional que tiene objetivos económicos, ganaderos, inmobiliarios y que no termina porque nadie lo detiene: es sostenido. El humo afecta a todos: no se salvan ni los ricos. Modifica tu día a día: tenemos que adaptarnos para no pasarla peor. Ponés un trapo húmedo abajo de las ventanas, rejillas de ventilación, tenés todo cerrado, no hacés actividad física porque te hace mal. Organizás así la resistencia al humo, pero hay una resistencia imposible de organizar que es la del cuerpo: no podemos dejar de respirar. Y recién lo vivimos cuando pasamos por la costanera: el delta ahora mismo se está prendiendo fuego y si el humo no llegó a la ciudad es porque el viento lo llevó para otro lado.
¿Qué los llevó a organizarse y salir?
Antonella: La pandemia nos trajo una paradoja: había tiempo. Eso permitió que algunes pudiéramos dedicarle tiempo a organizarnos. También teníamos miedo.
Ivo: El click lo hizo la contradicción entre enciérrense, tengan todo bien ventilado y no poder abrir las ventanas porque te asfixiaba el humo. En ese momento decidimos salir. Entendimos así que la justicia social que militábamos en tantas organizaciones es sinónimo de justicia ambiental: el agua que falta en muchos barrios es el humedal que estamos defendiendo. El desafío es lograr que la gente entienda que tenemos que defender el sustento de la vida.
¿Cómo lograron que lo entiendan?
Ivo: Lamentablemente fue el humo. Si no hay humo y convocamos a una movilización vamos mil personas, pero si hay humo llegamos a diez mil. De todas formas creo que la multisectorial logró que el ciudadano común comprenda la importancia de los humedales en contexto de crisis climática.
De nuevo: ¿cómo lograron que se comprenda la importancia de los humedales?
Irina: Con comunicación. Pudimos explicar las cosas sin mucho tecnicismo. Eso también es mucho laburo. Y hablándole a las familias, yendo a las escuelas, a los barrios.
Ivo: La multisectorial hizo un buen trabajo de compilación de información precisa y confiable, que explica no solo el origen del humo, sino cómo se relaciona eso con la vaca o con la mansión de lujo que ves en los humedales.
Antonella: Estamos informando a los medios.
Irina: Porque no hay infomarción oficial. Y eso dice un montón del problema.
Antonella: Cesar Massi, una persona militante como nosotros, con su tiempo y su mouse, fue haciendo mediciones con el sistema satelital. Si esta persona ciudadana no se tomaba el tiempo para hacerlo no teníamos registro de lo que estaba arrasando el fuego. Eso lo tiene que hacer el Estado. Pero el Estado se encarga de ocultar, no de registrar.
Por último: ¿qué opinan sobre el estado de la ley?
Ivo: Como multisectorial estamos seguros de que queremos la ley consensuada o nada. No de capricho, sino porque es una ley que surge de un trabajo arduo y colectivo, que tiene el aval de la ciencia, la academia y más de 500 organizaciones de todo el territorio. Y hay cosas que no queremos negociar, como la moratoria, que prohíbe las nuevas actividades productivas o la extensión de las ya existentes desde que la ley se sancione hasta que se implemente, porque pueden pasar cinco años hasta que hagan los relevamientos territoriales. Y en ese lapso pueden arrasar con todo. El Delta tiene 2 millones de hectáreas y en dos años se quemó la mitad. Imaginate en cinco.
#NiUnaMás
Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo
Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.
Por Anabella Arrascaeta
Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.
La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial.
El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.
No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.
La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.
Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.
El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:
- Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
- Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
- Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
- Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
- Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).
Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”.
La familia: “Mensaje mafioso”
Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:
Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.
Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.
La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.
Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”
El fallo
El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.
La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias.
El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Narcofemicidio“
El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).
Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa.
Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.
Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.
Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.
En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/
Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”.
Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez.
El proceso
El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.
En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.
Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada.
Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.
En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.
Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.
Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
#NiUnaMás
La perspectiva del pre-juicio al banquillo: por qué el Poder Judicial debe mirar las causas de femicidio con los ojos de Lucía
Por Flavia Delmas
Este lunes y martes se desarrollaron las audiencias en el marco del jury que se le lleva adelante a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas –suspendidos desde hace tres años– acusados de mal desempeño en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Uno de los principales interrogantes del debate fue acerca de la perspectiva de género y por qué es una obligación de los jueces aplicarla.
Comencemos por desglosar los términos:
Perspectiva refiere a un punto de vista que debe tener el magistrado para evaluar las pruebas del caso.
Género refiere a las relaciones de poder entre personas de diferente sexo.
La noción de perspectiva de género nos habla de la vida cotidiana, ya que somos seres que se relacionan en un determinado contexto sociohistórico. Es por ello, por su cotidianidad y su raigambre histórica, que las llevamos adelante con naturalidad, sin advertir cómo operan las diferencias y desigualdades. Naturalizamos estereotipos que pre-juzgan: las personas debemos ser de tal o cual manera y ajustarnos a determinadas normas. Corrernos de esas reglas implica castigos sociales. Así se instalan mitos, como por ejemplo el del amor romántico por el cual el sapo se transforma en el príncipe azul o el de la pollerita corta que justifica la violencia. Un mecanismo que tiene consecuencias concretas: transitar de noche para un varón no es lo mismo que para una mujer, tampoco tienen las mismas oportunidades de acceso a trabajos y mucho menos a los niveles de poder.
Momento de la declaración del lunes pasado: Guillermo, el padre de Lucía Pérez, habla ante el jury de enjuiciamiento. Lo observan los jueces acusados. A la izquierda de la imagen, Pablo Viñas, y a la derecha, Facundo Gómez Urso. El fallo que dictaron en 2018 fue anulado por su falta de perspectiva de género. En la foto principal, Marta Montero, la madre de Lucía, habla frente a jury convocado en la ciudad de La Plata.
En nuestra sociedad no son las mismas expectativas y oportunidades para un varón que para una mujer. Estas diferencias desigualadoras, al decir de Ana María Fernández, se tornan trágicas en algunas circunstancias porque alimentan el sistema patriarcal cuya forma de supervivencia es la violencia.
Ahora bien, ¿pueden los jueces omitir diferencias como el sexo, la edad, la posición que ocupan las personas en la relación que entablan y que llevan, en este caso, a Lucía Pérez Montero a perder la vida?
La respuesta es la ley: no pueden.
Los narco femicidios
Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018.
Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO. A partir de este caso, pudimos dar cuenta de otras situaciones en las que bandas criminales captan a niñas, adolescentes y jóvenes a través de la venta de estupefacientes, generando relaciones de poder y deudas que obligan a pagar con dádivas sexuales, violencia sexual o explotación sexual.
Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima.
La ignorancia
Comencemos a repasar algunos de los tramos significativos en las audiencias del juicio a los jueces Viñas y Gómez Urso, acerca del entendimiento de la perspectiva de género.
María Elena Naddeo, en su intervención experta durante el jury acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dirá que la presentación del amicus que realizaron desde la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) se debió al “bochorno que implicaba la sentencia (…) que desconocía totalmente la Convención de los Derechos del Niño, que desconocía el plus de protección especial que requería”. Es decir: la perspectiva de los jueces debía ser la que dictan los tratados internacionales con jerarquía constitucional: tutelar a Lucía. También aseveró que en este caso“lo grave que vimos es un proceder que niega la existencia de las violaciones al poner el consentimiento como si fuera parte de la aceptación de la violencia (…). Fue una sentencia absolutamente parcial”.
El abogado Esteban Viñas –primo hermano de uno de los jueces imputados e integrante y miembro honorario de la Red de Jueces Penales– al ser interrogado por los abogados de la acusación, respondió:
- ¿La vida sexual de una niña es un elemento decisivo a la hora de resolver un delito sexual?
- Entiendo que no (…).
- ¿Usted entiende que las garantías y los estándares internacionales en materia de los derechos de las mujeres y de los niños deben ser aplicadas, son obligatorias?
- Desde luego que sí (…).
Luego deviene una pregunta llamativa de la abogada defensora de Viñas y Gómez Urso
- Si el tribunal consideró que no se verificaba violencia de género ¿debe aplicar perspectiva de género?
Radica en esta formulación la cuestión nodal, ya que es un gravísimo error considerar que la perspectiva de género puede ser posterior a decidir si hubo violencia de género. ¿Por qué? Porque para delimitar qué pasó es necesario indagar los hechos con esa herramienta conceptual, algo que los jueces Viñas y Gómez Urso evitaron por completo.
Durante las audiencias de ese primer juicio que hoy está en el banquillo quedó claro que los jueces escucharon a testigos y evaluaron las pruebas sin esa obligatoria perspectiva. Así lo testimonió en el jury la experta Laurana Malacalza:
“En el momento de la declaración (…) recuerdo una vehemencia muy particular de parte del Tribunal mientras exponía el concepto de perspectiva de género. Me preguntaron si esos conceptos que estaba emitiendo los había inventado yo o los había sacado de algún lugar. Por supuesto esto me llamó muchísimo la atención, porque suponer que yo había inventado el concepto daba cuenta de un gran desconocimiento (…). Fue el doctor Viñas, específicamente, quien le preguntó a la secretaria si ella se sentía así, subordinada, dominada. La secretaria estaba justo sirviéndole un café. Respondió: ‘no, para nada’. Y él me dice entonces ‘en esa sociedad que usted describe las mujeres no se sienten identificadas. De hecho, tenemos una gobernadora y una presidenta mujer”.
La culpabilidad de la víctima
En ese primer fallo que hoy está en el banquillo el nombre de Lucía Pérez aparece 164 veces,en tantoPablo Offidaniapenas 33. Para llegar a la conclusión de la ausencia de abuso o violación sexual seguida de muerte, debieron realizar una operación de inversión de sentido: crear lo que conocemos como la figura de “la mala víctima”: una mujer dominante, no dócil. También tuvieron que “lavarle la cara a los victimarios”: crear la ilusión de una situación idílica que unió a la víctima con sus victimarios.
La defensora de Farías, María Laura Solari, declaró durante el jury que Lucía era: “Una persona muy alegre, muy dedicada a su estudio, prácticamente con una asistencia perfecta al colegio, muy cuidada inclusive muy contenida por su familia, con mucho diálogo con su hermano, una joven con proyectos, con muchas ganas de vivir (…) No tenía un consumo problemático”.
Sin embargo, en la sentencia los jueces la describirán de la siguiente manera:
“Lucía distaba mucho de ser sumisa. Tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería (…) Soberbia y orgullosa”.
Durante la segunda jornada del jury se produce este diálogo en el interrogatorio del abogado de la acusación a Laura Solari, defensora de Matías Farías:
Abogado: ¿Usted recuerda haber preguntado sobre la vida sexual de Lucia?
Dra. Solari: Si, si
Abogado: ¿Esas preguntas fueron objetadas por el tribunal?
Dra. Solari: No, porque no las objetó la parte.
El mito del amor romántico
El conocimiento de Farías con Lucía fue de 24 horas, “una relación de conocimiento incipiente”, dirá el juez Viñas. Según surge en el primer juicio, Farías tenía al menos dos relaciones anteriores en Mar del Plata. La primera, con una mujer con 5 hijos. El sexto es de Farías y nació con una discapacidad. Offidani declaró que era su padrino. Ahora está a cargo de su tía. Los otros cinco quedaron a disposición del juez de menores, dado el contexto de abandono familiar en el que se hallaban. La segunda pareja es una joven que fue recordada en las audiencias por la enfermera que estaba a cargo de la sala de salud el día que llevaron ahí el cuerpo de Lucía. La recordó al preguntarle los jueces, como es rutina, si conocía a alguno de los imputados. La enfermera señaló a Farías: “Lo conocí cuando llevó a la salita a una chica a parir. No somos una sala preparada para eso. La chica además llegó al parto sin ningún control durante el embarazo”.
A los jueces esos antecedentes de relaciones marcadas por el abandono, el consumo problemático y las consecuencias en la salud y la vida de las mujeres y niños implicados no les pareció un contexto significativo para evaluar la conducta previa de los implicados. ¿Por qué? Porque los jueces tuvieron una perspectiva: la mirada pre-juiciosa de la discriminación.
Es esa perspectiva discriminatoria la que les impidió ver lo evidente: ser una niña-adolescente y sufrir una muerte violenta no constituyó para ellos un delito.
En febrero de este año la Corte Suprema bonaerense aprobó una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género. Cita el fallo que anuló la sentencia que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez y, entre otras directivas, señala: “la estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional. Por eso, al momento de decidir sobre un caso no sólo deben ser suprimidos, sino que al observarse su utilización esa práctica debe ser señalada y sancionada”.
Que así sea.
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